UMBRAL, MARCAMOS TENDENCIA
La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán ha entrado en un peligroso punto de estancamiento. Tras meses de ataques, represalias y negociaciones fallidas, el conflicto demuestra que la superioridad militar no garantiza la paz y que solo una solución diplomática podrá evitar una catástrofe regional de mayores proporciones. Una guerra sin vencedores que exige una paz urgente El conflicto que hoy enfrenta a Estados Unidos, Israel e Irán no nació de un día para otro. Es la consecuencia de décadas de desconfianza, rivalidades estratégicas, disputas por la influencia regional y un programa nuclear iraní que Israel considera una amenaza existencial, mientras Teherán insiste en defender como parte de su soberanía. A ello se suma el histórico respaldo político, económico y militar de Washington al Estado israelí, elemento que ha convertido cualquier confrontación en un problema de alcance internacional. Las tensiones se agravaron tras los enfrentamientos indirectos que durante años protagonizaron ambos países mediante grupos aliados en Líbano, Siria, Irak, Gaza y Yemen. Lo que comenzó como una guerra por intermediarios terminó evolucionando hacia una confrontación directa, con ataques sobre territorio iraní y una respuesta de Teherán mediante misiles y drones contra Israel, bases estadounidenses y rutas estratégicas para el comercio mundial. La participación abierta de Estados Unidos modificó completamente el equilibrio del conflicto. Washington justificó su intervención en la necesidad de proteger a sus aliados, impedir el avance del programa nuclear iraní y garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz, una arteria por la que transita una parte esencial del petróleo que consume el planeta. Sin embargo, conforme avanzaron los meses quedó demostrado que una campaña militar, por intensa que fuera, difícilmente lograría imponer una solución definitiva. Israel, por su parte, ha sostenido que la ofensiva busca neutralizar una amenaza permanente contra su seguridad nacional. Irán, en cambio, presenta su respuesta como un acto de legítima defensa frente a ataques contra su territorio y sus principales dirigentes. Mientras ambos gobiernos reivindican sus posiciones, las consecuencias recaen sobre millones de civiles que viven bajo el temor constante de bombardeos, desplazamientos forzados y una creciente incertidumbre económica. El conflicto ha alcanzado ahora un evidente punto de encallamiento. Ninguna de las partes ha conseguido los objetivos que se propuso al inicio. Estados Unidos ha comprobado que su inmenso poder militar no basta para imponer un cambio político o eliminar por completo las capacidades militares iraníes. Israel continúa enfrentando ataques que mantienen en tensión a su población. Irán, aunque ha demostrado capacidad de resistencia, soporta enormes pérdidas humanas, económicas y de infraestructura derivadas de la guerra y las sanciones internacionales. El resultado es un equilibrio precario donde todos pierden. Los mercados internacionales reaccionan con volatilidad cada vez que aumenta la tensión en el estrecho de Ormuz. Los precios de la energía afectan a economías desarrolladas y emergentes por igual. Las rutas marítimas siguen amenazadas y la estabilidad de Oriente Medio permanece en permanente riesgo. La comunidad internacional tampoco puede sentirse satisfecha. Las Naciones Unidas han visto limitada su capacidad de mediación, mientras las principales potencias continúan divididas respecto a la estrategia para contener la crisis. Las negociaciones impulsadas por mediadores regionales han logrado pausas temporales en los combates, pero ninguna ha conseguido resolver el problema de fondo: la ausencia de garantías de seguridad mutua y la falta de un acuerdo político duradero. Persistir en la lógica de la guerra solo prolongará el sufrimiento humano y aumentará el riesgo de un enfrentamiento regional de consecuencias imprevisibles. Ningún arsenal puede sustituir a la diplomacia. Ningún bombardeo puede construir la confianza necesaria para una paz estable. Y ninguna victoria militar tendrá verdadero significado si deja tras de sí una región devastada y generaciones enteras marcadas por el odio. La historia demuestra que los conflictos más complejos terminan resolviéndose en una mesa de negociación, no en el campo de batalla. El desafío consiste en encontrar un equilibrio que garantice la seguridad de Israel, preserve la soberanía de Irán, reduzca el riesgo nuclear y permita a Estados Unidos abandonar una dinámica de confrontación permanente sin renunciar a sus intereses estratégicos. El mundo necesita menos discursos de confrontación y más liderazgo político. La paz nunca será fruto de la imposición absoluta de una parte sobre otra, sino del reconocimiento de que la seguridad colectiva depende de acuerdos verificables, respeto al derecho internacional y voluntad de convivencia. Cada día que esta guerra se prolonga aumenta el costo humano, económico y político para toda la comunidad internacional. No existen vencedores en un conflicto que consume recursos, destruye vidas y alimenta la inestabilidad global. La verdadera victoria será detener la guerra antes de que el precio de la paz resulte todavía más alto.
La madrugada del 14 de junio de 1959 no fue una fecha más en el calendario patrio. Fue el instante en que 198 hombres —dominicanos, cubanos, puertorriqueños, guatemaltecos, nicaragüenses, norteamericanos y españoles— desafiaron con el pecho descubierto la maquinaria de terror de la dictadura trujillista. Bajo el mando del comandante Enríquez Jiménez Moya, aquellos combatientes del Ejército de Liberación Dominicana plantaron la bandera de la liberación en las montañas de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Fue una gesta que, aunque derrotada en sangre por el régimen, encendió la llama de la insurrección popular y demostró que la unidad del exilio anti-trujillista, nutrida por el espíritu internacionalista de la Revolución Cubana, era posible. El significado histórico de aquella expedición no se agota en el heroísmo de sus protagonistas. Aquellos 198 luchadores no solo combatían contra un tirano. Luchaban por una patria soberana, independiente y solidaria con los demás pueblos de América y el mundo. Luchaban por una República Dominicana que no se arrodillara ante potencias extranjeras, que no permitiera que sus territorios fueran usados como base de operaciones contra naciones hermanas. Esa fue su bandera. Ese fue su legado. Hoy, a 67 años de aquella gesta, el país que ellos soñaron parece más lejano que nunca. El gobierno que preside Luis Abinader ha optado por un camino diametralmente opuesto al de aquellos mártires. Mientras los combatientes del 14 de junio daban su sangre por una nación libre y soberana, el gobierno actual ha convertido la soberanía en una mercancía de cambio. No se puede entender la posición de la administración Abinader frente al criminal bloqueo que Estados Unidos mantiene contra Cuba sin sentir una profunda vergüenza histórica. Y no se puede aceptar que el territorio dominicano sea utilizado como plataforma para que el gobierno estadounidense golpee al gobierno y al pueblo venezolano. El 14 de junio es un testigo incómodo. Su memoria nos interpela. Aquellos 198 hombres no murieron para que hoy tengamos un gobierno que entrega la dignidad nacional a cambio de migajas diplomáticas o favores económicos. Ellos lucharon por una patria que no se doblega, que no se presta al juego de las potencias imperiales, que no traiciona a sus hermanos latinoamericanos. Y el gobierno de Luis Abinader, con su política entreguista, los deshonra y los traiciona. Por eso, tener presente el 14 de junio no es solo un acto de memoria. Es un acto de exigencia. Hoy, más que nunca, la lección de aquellos 198 combatientes debe guiar la conducta de un pueblo que se niega a ser cómplice del bloqueo contra Cuba y de la agresión contra Venezuela. La dignidad que ellos ofrecieron en el altar de la patria no puede ser mancillada por gobernantes que han olvidado que la verdadera soberanía no se negocia, se defiende. Que el ejemplo de Constanza, Maimón y Estero Hondo sea la brújula que marque el rumbo de la República Dominicana. Que su memoria nos recuerde que un país que traiciona sus ideales de independencia y solidaridad está condenado a ser, para siempre, un país sin honor.
El presidente de Estados Unidos anunció este jueves la cancelación de una nueva ronda de ataques contra Irán, asegurando que ambas partes han aprobado un memorando de entendimiento. Sin embargo, Teherán niega que haya nada finalizado y acusa a Washington de cambiar constantemente sus posiciones. Los mercados reaccionaron con euforia al anuncio: el petróleo cayó por debajo de los 90 dólares y Wall Street disparó sus principales índices. No es la primera vez que Trump proclama un acuerdo inminente que luego se desvanece. Hay gobernantes que toman decisiones con la gravedad que exige el pulso de la historia. Y luego está Donald Trump, que maneja la paz y la guerra como si fueran piezas de un videojuego doméstico: hoy lanza misiles, mañana los cancela con un tuit, y pasado proclama acuerdos que solo existen en la vorágine de su ego. La comunidad internacional, una vez más, asiste boquiabierta al espectáculo de un presidente que parece haber confundido el Despacho Oval con una sala de juegos infantiles. El anuncio de esta semana —la cancelación de una tercera ronda de bombardeos sobre Irán, seguida de la proclamación triunfal de un memorando de entendimiento— huele a cortina de humo. No es la primera vez, y probablemente no será la última. Trump desea la paz más que nadie. No por amor al prójimo, sino porque la guerra se le ha escapado de las manos. Es el mismo hombre que se metió en un conflicto que nunca debió iniciar, empujado por el aliado eterno, Benjamín Netanyahu, y ahora no encuentra la puerta de salida. Pero desear la paz no es suficiente. El principal responsable de una guerra —sobre todo de una guerra tan estúpida como evitable— tiene la obligación de ponerle fin con hechos, no con tuits triunfalistas. El mundo no necesita anuncios que parecen sacados de una feria de las vanidades. Necesita gestos reales: cese al fuego verificable, mesas de negociación serias, levantamiento de sanciones y, sobre todo, el fin de esa costumbre insultante de tomarle el pelo a la comunidad internacional. Porque los intereses en juego son enormes. El precio del petróleo, la inflación que castiga a las familias estadounidenses, y todo el planeta, la estabilidad de Medio Oriente, el fantasma de una escalada nuclear. Y allí, en medio del humo y los escombros, miles de civiles iraníes e israelíes que pagan con sus vidas los caprichos de los poderosos. Estados Unidos se lanzó a esta aventura de la mano de Israel y Netanyahu, convencido de que podría controlar las llamas. Hoy, el fuego le quema las manos y no sabe cómo apagarlo. Basta ya. Basta de simulaciones. Basta de anuncios que se desmoronan antes de que termine la rueda de prensa. Trump debe dejar de jugar a la guerra y empezar a terminarla. Si realmente tiene la autoridad que dice tener, si realmente el líder supremo iraní ha dado el visto bueno, que convoque a sus pares, que firme documentos vinculantes, que retire las flotas y los bombarderos. Que demuestre que no es un volatinero de la política, sino un estadista. El mundo, cansado de fuegos artificiales y falsas promesas, exige hechos. Ojalá este bandazo no sea uno más. Ojalá, por una vez, el niño que juega a la guerra decida crecer.
El Mundial FIFA 2026 está a punto de alzar el telón. Tres naciones —Estados Unidos, México y Canadá— se preparan para recibir el torneo más grande del planeta fútbol. Pero antes de que ruede el balón, algo huele mal en el aire. No es el césped recién cortado ni la pólvora de los festejos. Es el olor a oportunismo político, a control migratorio disfrazado de organización, a un evento deportivo que la administración de Donald Trump ha comenzado a desnaturalizar antes incluso del pitido inicial. El Mundial, desde su esencia más pura, ha sido una tregua. Una cada cuatro años donde las guerras, los discursos de odio y las fronteras se difuminan detrás de una camiseta, un gol y un abrazo entre extraños. Pero la Casa Blanca, fiel a su manual de estilo, parece haber entendido el torneo al revés: no como una oportunidad para abrir puertas, sino como una vitrina para reforzar muros. Las alarmas se encendieron hace meses, cuando comenzaron a circular filtraciones sobre planes migratorios restrictivos durante la cita mundialista. Visas denegadas sin justificación razonable a periodistas, aficionados y hasta delegaciones de países considerados \»sospechosos\» por el gobierno estadounidense. Controles migratorios que, en lugar de agilizarse para recibir al mundo, se endurecen como si el Mundial fuera una amenaza y no una fiesta. Y luego está el discurso. Mientras México y Canadá han apostado por presentar el torneo como un espacio de integración regional, Trump ha aprovechado cada aparición pública para vincular la organización del evento con su narrativa de \»seguridad nacional\». En lugar de exaltar la diversidad, ha insinuado que el Mundial es un imán para \»indeseables\». En lugar de celebrar el encuentro de culturas, ha insistido en que el control fronterizo será más importante que la hospitalidad. Pero si el comportamiento de Trump es previsible —casi un espejo de su ideario—, lo que resulta imperdonable es la actitud de la FIFA. El organismo que preside Gianni Infantino, tan veloz para sancionar a un jugador por un tuit políticamente incorrecto o para exigir garantías a países sede cuando los dólares no fluyen, ha optado por el silencio más cómplice ante el atropello sistemático del gobierno estadounidense. Ni una declaración firme. Ni una exigencia de garantías migratorias para aficionados y trabajadores del fútbol. Ni un recordatorio de que el Mundial es, por esencia, un espacio de libre circulación y encuentro. La pusilanimidad de la FIFA es tan evidente como vergonzosa. La misma institución que no dudó en presionar a Brasil, Sudáfrica o Rusia con pliegos de condiciones innegociables, ahora dobla la rodilla ante el poder económico y político de Estados Unidos con un mutismo que solo puede interpretarse como complicidad. Infantino, ese funcionario que ha hablado de \»fútbol para todos\» y de \»unidad global\», desaparece del mapa cada vez que Trump endurece el discurso antiinmigrante. Su silencio no es neutralidad: es una toma de posición. Pero el silencio cómplice de la FIFA no se limita a las bravuconadas migratorias de Trump. Ha llegado más lejos, hasta el terreno de lo absurdo y lo cruel. Baste recordar la deportación del mejor árbitro africano del continente, un hombre cuya trayectoria impecable le había ganado un lugar en el panel arbitral del Mundial. Su pecado: haber sido incómodo para ciertas firmas comerciales que manejan los hilos del gran negocio en que han convertido la cita mundialista. La FIFA, lejos de defender a uno de los suyos, optó por la complacencia más servil. No hubo comunicado de respaldo, ni gestión diplomática, ni siquiera un gesto simbólico. Solo el silencio. Ese silencio que habla más alto que cualquier discurso y que revela la verdadera naturaleza de una organización donde la corrupción y el oscurantismo campan a sus anchas, protegidos por la opacidad de contratos millonarios y alianzas inconvenientes. Porque no nos engañemos: el Mundial ya no es un torneo de fútbol. Es una máquina de hacer dinero, un circo de patrocinadores, una vitrina donde los derechos humanos y la dignidad de las personas pesan menos que un contrato de televisión. Y la FIFA, lejos de ser la guardiana del espíritu del deporte, se ha convertido en su principal sepulturera. Cada escándalo de corrupción, cada decisión opaca, cada veto artero a quienes se atreven a cuestionar el orden establecido, confirma que el balón ya no rueda por amor al juego: rueda por amor al dólar. Esta no es una crítica ingenua. El deporte nunca ha sido ajeno a la política, y sería absurdo pretenderlo. Pero hay una diferencia abismal entre aceptar que el fútbol convive con el poder y permitir que el poder secuestre al fútbol mientras el ente rector mira hacia otro lado. Lo que estamos viendo es lo segundo: un gobierno que utiliza el escenario global del Mundial para reforzar su imagen de dureza migratoria, y una FIFA que se hace la distraída —o la cómplice— con tal de no incomodar a su anfitrión más rentable. El Mundial 2026 debía ser el de la reconciliación trinacional, el de la vuelta del torneo a Norteamérica después de tres décadas, el del fútbol como lenguaje común entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero la administración Trump, con su obsesión por distinguir entre \»bienvenidos\» y \»no bienvenidos\», ha logrado manchar ese espíritu antes de que nazca. Y la FIFA, con su silencio de cartón piedra y su complicidad activa, ha validado cada mancha. No se trata de pedir ingenuidad. Se trata de recordar lo obvio: un Mundial no es una cumbre política. Es un estadio lleno de banderas distintas que, por 90 minutos, deciden no odiarse. Es un niño saltando junto a un extraño que habla otro idioma. Es la prueba de que la humanidad puede, si quiere, encontrar puntos de encuentro. Defender eso no es radicalismo: es el mandato mínimo de una federación que dice representar el \»espíritu del fútbol\». Un espíritu que, bajo la era Infantino y sus socios comerciales, ha sido vendido al mejor postor. La administración estadounidense aún está a tiempo de corregir el rumbo. De recordar que ser
Las voces ambientales del país han vuelto a alzarse con claridad meridiana. En el reciente panel “Luces y Sombras de la Minería”, celebrado en San Pedro de Macorís, el padre Ramón Rogelio Cruz y el profesor Enrique de León no solo denunciaron un “festival” de permisos mineros que ya duplica el territorio nacional, sino que pusieron el dedo en la llaga de una política gubernamental que, bajo la administración del presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha preferido el camino fácil de los combustibles fósiles y la minería depredadora en lugar de apostar por un desarrollo limpio, sostenible y verdaderamente soberano. Los números son escalofriantes y no admiten eufemismos: 210 permisos de exploración, 118 de explotación, cuatro contratos especiales y 700 expedientes mineros activos. Lejos de aplicar el rigor que exige nuestra condición insular, frágil y vulnerable, el Gobierno ha actuado como un facilitador del gran capital transnacional, convirtiéndose en cómplice de la depredación sistemática de nuestros recursos naturales. Mientras Monte Plata, San Juan y la Cordillera Septentrional son desangradas por concesiones a diestra y siniestra, el Ejecutivo mira hacia otro lado, tolerando la explotación a cielo abierto y poniendo en riesgo el agua, la biodiversidad y la vida misma de las comunidades. Pero la complicidad oficial no termina en la minería. La obsesión del presidente Abinader y su equipo económico por el gas natural y el petróleo resulta, cuando menos, inexplicable a la luz de la evidencia. Los estudios, como el realizado por la empresa APA en la cuenca marítima de San Pedro de Macorís, han demostrado la ausencia de reservas comerciales de hidrocarburos. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas, en una maniobra que huele a ocultamiento, se niega a publicar esos informes. ¿Qué teme revelar? ¿Acaso la verdad científica que desmonta el sueño fósil de un gobierno atrapado en el pasado? Mientras el mundo avanza hacia las energías renovables, aquí el 80% de nuestra matriz eléctrica sigue dependiendo de combustibles fósiles, con el gas natural (38%) y el carbón (29%) como protagonistas vergonzosos. En lugar de impulsar la energía fotovoltaica y eólica —tecnologías accesibles, limpias y cada vez más baratas—, el PRM ha optado por megaproyectos a gas natural licuado, como los de Manzanillo, que no solo atentan contra la mayor concentración de manglares del Caribe Insular y contra humedales protegidos por el Acuerdo Ramsar, sino que nos condenan a una dependencia externa y a una volatilidad energética que pagamos caro los dominicanos. La pregunta es obligada: ¿defiende este gobierno los intereses del pueblo dominicano o los de las grandes trasnacionales mineras y energéticas? Las evidencias se acumulan en contra del discurso oficial. Mientras los ambientalistas, los religiosos y los académicos claman por una nueva ley minera que prohíba la explotación a cielo abierto, reserve el 40% de las ganancias para las comunidades afectadas y proteja nuestras cordilleras y áreas protegidas, el silencio desde el Palacio Nacional es ensordecedor. El padre Rogelio Cruz lo recordó con justicia: San Juan de La Maguana enseñó que el pueblo en las calle es la mejor garantía para defender la vida. La ciudadanía no puede seguir esperando que un gobierno cómodo con el extractivismo y los fósiles cambie su rumbo por voluntad propia. Corresponde a la sociedad civil, a las universidades, a las iglesias y a todos los que aún creemos en un país vivible, alzar la voz y exigir un viraje inmediato. No más permisos sin control. No más complicidad con la depredación. No más obsesión fósil. El futuro de la isla, su agua, sus montañas y su gente están en juego. Y la historia no perdonará a quienes, teniendo la oportunidad de elegir entre el progreso limpio y el atajo sucio, prefirieron hipotecar la patria al mejor postor.
Los Estados Unidos han sido, desde hace décadas, una potencia que no solo observa los procesos políticos y electorales del mundo, sino que los moldea a su conveniencia. Golpes de Estado, servicios secretos puestos al servicio de dictadores afines, embajadas que funcionaron como cuarteles de coordinación para sostener regímenes leales a Washington: esa es la historia real que late tras el discurso oficial de la democracia exportada. Lo hicieron ayer mediante operaciones encubiertas en América Central, con la tristemente célebre Escuela de las Américas como semillero de represores; lo hicieron en Chile con Salvador Allende, en Argentina con las dictaduras del Cono Sur, en Nicaragua financiando a la contra, y lo hacen hoy, en la era de la hiperconectividad digital, con una maquinaria aún más sutil pero igualmente letal. Hoy, sin embargo, las balas han dejado paso a los algoritmos. Las redes sociales, ese nuevo tablero planetario, se han convertido en el territorio fértil donde la administración norteamericana teje una red de desinformación para influir en los procesos políticos y electorales de naciones soberanas. No son conjeturas: participaron activamente en las elecciones de Brasil impulsando la candidatura de Jair Bolsonaro mediante campañas de desinformación orquestadas desde cuentas falsas; en Honduras lograron la liberación de Juan Orlando Hernández, un expresidente condenado por narcotráfico por las propias leyes de Washington, en una muestra cínica de cómo se juzga a unos y se absuelve a otros según la conveniencia geopolítica. En Chile dieron su respaldo explícito a sectores de ultraderecha durante el proceso constituyente; en Ecuador apoyaron sin pudor a Daniel Noboa mientras señalaban de \»autoritarios\» a gobiernos progresistas. A esta lista se suman los intentos de desestabilización en Bolivia tras la caída de Evo Morales, las presiones constantes sobre México en materia energética y migratoria, y la reciente reactivación de sanciones contra Nicaragua bajo argumentos que esconden un claro propósito de asfixia política. La lista se alarga como un rosario de injerencias. Y el más reciente capítulo de esta intromisión ha tenido como escenario a Colombia. Luego de los resultados de la primera vuelta electoral del pasado 31 de mayo, el presidente republicano Donald Trump, sin ambages ni rubor, salió públicamente a respaldar al aspirante de la ultraderecha. Lo hizo como si el destino de un país latinoamericano fuera una extensión natural de sus designios. Nada casual. Nada inocente. Es el mismo guion de siempre, pero con nuevos actores y plataformas. Ya no se trata de tanques ni de cuartelazos. Se trata de miles de cuentas falsas sembradas en plataformas digitales —X, Facebook, Instagram, TikTok—, de propietarios de redes sociales plegados a la policía intervencionista de Washington, de mentiras repetidas hasta convertirlas en verdades virtuales. La fachada de adalides de la democracia se desmorona ante cada nueva injerencia. Porque no hay libertad electoral cuando un imperio elige al candidato, no hay soberanía cuando los algoritmos obedecen a intereses extranjeros y no hay dignidad cuando se normaliza que una potencia extranjera ponga a sus embajadas a coordinar apoyos a dictadores y a afines a sus intereses económicos. Desde Umbral, alzamos la voz para denunciar estas groseras prácticas. No por nostalgia de un pasado que nunca fue limpio, sino por la urgencia de un presente que exige soberanía, verdad y respeto a los pueblos. No aceptamos lecciones de democracia de quienes manipulan voluntades populares con ejércitos de bots y mentiras. América Latina merece elecciones libres, sin interferencias del norte. Merece elegir sin que desde Washington se dicte el nombre del \»adecuado\». La soberanía no se subasta en tuits ni se negocia en servidores extranjeros. La injerencia extranjera, vista en su rostro digital, sigue siendo lo que siempre fue: una afrenta a la voluntad popular. Y como tal, debe ser nombrada, resistida y repudiada. Basta de injerencia. Basta de la farsa del imperio.
27 abatidos en mayo. En lo que va de año, 108 ciudadanos caen bajo fuego policial. Las cifras no solo duelen: repiten un patrón que el Estado no ha sido capaz de desmontar. Mayo de 2026 ha dejado una estela de sangre que difícilmente puede atribuirse solo a la delincuencia. La propia estadística oficial revela que la Policía Nacional ejecutó en ese mes la misma cantidad de personas que en mayo de 2025. Ni un año de promesas, ni un año de depuraciones anunciadas, ni un año de discursos sobre derechos humanos han logrado modificar un mecanismo que se repite con escalofriante regularidad: ciudadanos abatidos en supuestos “intercambios de disparos” de los que nadie —nunca nadie— escucha los disparos del otro lado. Esa ausencia de balazos enemigos es la primera grieta del relato oficial. La segunda es la complicidad tácita de autoridades gubernamentales y judiciales que, una y otra vez, asumen como cierta la versión policial sin exigir peritajes independientes, sin practicar autopsias forenses con perspectiva de derechos humanos, sin interrogar a testigos que no pertenezcan a la uniformada. En la práctica, se ha instalado una metodología letal: matar y declarar después que hubo enfrentamiento. Así se silencian testigos incómodos. Así se ejecutan ajustes de cuentas. Así se elimina a cómplices que podrían señalar a agentes involucrados en narcotráfico u otros delitos. El código es simple y funciona porque nadie lo interrumpe. Pero no todo es responsabilidad exclusiva de quienes aprietan el gatillo. Hay una cadena de permisividad que comienza en la falta de control interno y termina en la pasividad de fiscales, jueces y superiores jerárquicos. Cuando un agente sabe que su versión será aceptada sin contrastación rigurosa, el mensaje que recibe es claro: matar, dentro de ciertos límites, no tiene costo. Esa lógica debe romperse. Umbral sostiene, con la claridad que exige el momento, que la Policía Nacional no es un cuerpo ejecutor. Su deber es detener, no ejecutar. Su obligación es poner a los presuntos delincuentes a disposición de los tribunales, no abatirlos en callejones sin testigos ni registros creíbles. La justicia penal corresponde a los jueces, no a los agentes en patrullaje. El problema no es nuevo, pero la paciencia de la ciudadanía se agota. Ciento ocho abatidos en cinco meses es una cifra de guerra, no de seguridad ciudadana. Y la repetición mecánica de las mismas excusas institucionales es, a estas alturas, una forma de complicidad. Basta ya de los asesinatos sumarios de la Policía. Basta ya de versiones oficiales que nunca se confrontan con la realidad. Las autoridades que aún no han puesto freno a esta sangría tienen en sus manos la posibilidad de ordenar investigaciones independientes, de exigir protocolos de uso de la fuerza ajustados a derecho y de enviar a la justicia ordinaria a todo agente que convierta su placa en una patente de matar. El país merece policías que protejan vidas, no que las cuenten como trofeos. Y las víctimas —los 108 caídos— merecen algo más que una estadística. Merecen que un día ese número sea cero.
Hace 65 años, un puñado de valientes ajustició a Rafael Leónidas Trujillo en una carretera polvorienta. Esa noche del 30 de mayo de 1961, la República Dominicana creyó haber matado al tirano para siempre. Pero la historia se empeña en recordarnos una verdad incómoda: las élites económicas que lo sostuvieron no solo sobrevivieron, sino que mantienen su dominio intacto. Los fusiles de Antonio de la Maza, Pedro Livio Cedeño y sus compañeros derribaron al hombre, pero no al sistema que lo hizo posible. Hoy el país crece, sí. Los rascacielos de la avenida Winston Churchill, los centros comerciales de lujo y el paraíso turístico de Punta Cana deslumbran al visitante. El discurso oficial celebra décadas de crecimiento económico sostenido, y los organismos internacionales aplauden las cifras macroeconómicas. Pero debajo del espejo brillante, la brecha entre ricos y pobres se ensancha sin piedad. El índice de Gini no para de subir desde 2022, y la pobreza, aunque disminuya en cifras oficiales, no oculta que los ingresos de los más acomodados avanzan a velocidad de crucero mientras una madre en Santo Domingo Este sigue eligiendo entre medicinas o comida. Los apellidos que controlaban el azúcar, el cemento y la banca en 1961 siguen en los directorios del poder. Cambiaron de chaqueta, no de bolsillos. De la dictadura de Trujillo a los doce años de Balaguer, de ahí a los gobiernos turnantes del PRD, PLD y PRM, la sangre llegó al río pero los peces gordos siguieron nadando. No hubo una desposesión real de las fortunas construidas al amparo del terror, ni una reforma agraria profunda, ni una democratización de la propiedad. El poder cambió de rostro, pero no de dueños. Y la libertad conquistada por aquellos héroes —que fueron cazados, torturados y fusilados por Ramfis Trujillo en la Hacienda María— sigue siendo a medias: criticar al gobierno ya no cuesta la vida, los periódicos pueden publicar sin miedo al plomo, existen partidos de oposición y sindicatos. Eso es un triunfo inmenso que no debemos menospreciar. Pero la libertad no es solo no tener miedo a ser detenido. La libertad también es poder comer tres veces al día, llevar a tu hijo al médico sin endeudarte, y no tener que emigrar a Nueva York o Madrid para encontrar un salario digno. En eso, la República Dominicana del 2026 arrastra una deuda histórica. La informalidad laboral, herencia maldita de aquellos años donde no había sindicatos ni derechos, sigue siendo un lastre estructural. Millones de trabajadores carecen de seguridad social, pensiones dignas y estabilidad. Las familias humildes destinan casi todo lo que ganan lo dedican al pago de la vivienda, comida, transporte y electricidad, y una simple subida en el precio del aceite o el combustible puede tirar por la borda el presupuesto de un hogar entero. Mientras tanto, las grandes empresas gozan de paraísos fiscales corporativos, evasión de impuestos y leyes hechas a su medida. Este 30 de mayo, no basta con las ofrendas florales ni los discursos emotivos ante el obelisco de la avenida George Washington. Aquellos fusiles no apuntaban solo a un hombre: apuntaban a un sistema de opresión que convertía al país en una finca privada. Y ese sistema, aunque sin bigotes ni uniforme de generalísimo, sigue vivo en la concentración de la riqueza, la debilidad de los salarios mínimos y la falta de justicia social. La deuda de los héroes del 30 de Mayo no se salda con monumentos ni con nombres de autopistas. Se salda con salarios dignos, acceso universal a la salud, educación pública de calidad y un país donde el hijo del campesino tenga las mismas oportunidades que el hijo del empresario. Mientras eso no ocurra, la noche del tirano muerto seguirá siendo una herida abierta. Y cada 30 de mayo, lo que debería ser una celebración plena seguirá siendo, también, un recordatorio doloroso de lo mucho que nos falta.
Santo Domingo. – El acuerdo de cooperación suscrito entre República Dominicana y Estados Unidos ha generado una aguda polarización entre los sectores políticos y sociales del país.
Hay una verdad incómoda que el poder prefiere no mirar: en la República Dominicana, quienes administran justicia viven en condiciones indígenas. Y no es una metáfora. Es la descripción cruda de un abandono que lleva años institucionalizado, silenciado bajo el peso de discursos huecos y árboles de Navidad de once millones de pesos. 450 jueces y juezas —450— han dicho basta. No lo hicieron desde el estrado, ni con la solemnidad de una sentencia. Lo hicieron en la calle, frente a sus propios palacios de justicia, con un paro indefinido que ha sacudido los cimientos de un Poder Judicial que se ufana de tener como lema: “Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas”. Pero, ¿qué dignidad puede garantizarse cuando quienes la sirven trabajan de noche en sus casas, enferman de cáncer o sufren derrames cerebrales por la presión laboral, y renuncian en masa porque el salario no alcanza? La respuesta es ninguna. El Consejo del Poder Judicial y, por extensión, el gobierno que lo tutela y lo financia, han convertido la administración de justicia en una fachada. Mientras los tribunales se caen a pedazos, mientras faltan jueces y personal de apoyo, mientras la seguridad es una ficción y la carga laboral aplasta a magistrados y servidores, las altas instancias derrochan el presupuesto en viajes, hospedajes, restaurantes, publicidad, eventos, influencers y un árbol navideño que costó lo que cientos de familias ganan en un año. Esa no es solo una contradicción. Es una ofensa. Y, peor aún, es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción. Porque cuando un juez no tiene condiciones dignas, cuando su salario es precario, cuando su infraestructura es un cascarón abandonado y su carga laboral es inhumana, el sistema entero queda expuesto. No hace falta maldad intencionada para que la justicia se corrompa. Basta con el abandono. Basta con que el Estado le diga a quienes imparten justicia: “Ustedes no importan”. En ese vacío, en esa indiferencia, germinan los sobornos, los favores, las presiones silenciosas y la complicidad del cansancio. Un juez agotado, mal pagado y sin respaldo institucional es un juez vulnerable. Un personal administrativo que trabaja en la precariedad es un personal fácilmente presionable. Y un Poder Judicial que gasta millones en superficialidades mientras sus bases se desangran es un Poder Judicial que ha perdido la brújula moral. Los jueces manifestantes lo dijeron con claridad meridiana: “No puede haber justicia verdadera donde quienes la sirven son tratados con indiferencia. No puede haber Estado de Derecho donde el derecho se aplica a todos menos a quienes lo custodian”. Esas no son palabras de un gremio enojado. Son la constatación de un fracaso institucional. El gobierno y el Consejo del Poder Judicial tienen ahora una encrucijada. Pueden seguir apostando por las evasivas, las promesas sin fecha, las hojas de ruta sin plazos y los diagnósticos interminables. O pueden entender que la paciencia de quienes cargan el sistema en sus hombros se ha agotado. Los jueces no piden lujos. Piden lo mínimo: personal, salarios dignos, infraestructura, seguridad. Piden que no se gasten once millones en un árbol de Navidad mientras ellos trabajan de noche en sus casas. Desde umbral.local/ lo decimos sin ambages: el abandono de los jueces y servidores judiciales no es un problema gremial. Es un problema de Estado. Y mientras no se resuelva, la justicia dominicana seguirá cojeando, y la corrupción encontrará siempre una puerta entreabierta. Los 450 jueces que paralizaron los tribunales no están pidiendo un favor. Están exigiendo un derecho. Y la sociedad entera debería respaldarlos, porque una justicia digna no es un privilegio de quienes la imparten: es la única garantía de que algún día, todos los dominicanos podamos creer en ella. El silencio ya se rompió. Ahora falta que los hechos hablen.
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La delegación dominicana vivió una jornada memorable en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar cuatro medallas de oro...
Los nuevos ataques verbales del presidente argentino Javier Milei contra su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, han desencadenado la mayor crisis diplomática...
Bernardo Pie hizo historia al conquistar su tercera medalla de oro consecutiva en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, consolidándose como...
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llega nuevamente a la Casa Blanca en un contexto político complejo, marcado por el debilitamiento de su...
La República Dominicana dio apertura oficial a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una ceremonia que combinó deporte, historia,...
La transición presidencial en Colombia, previa a la toma de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto, ha...
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró que el Tribunal Superior Electoral (TSE) debió asumir el conocimiento del recurso presentado contra el reglamento de...
El Colegio Dominicano de Bioanalistas expresó su rechazo a la extensión de las jornadas laborales en los hospitales y pidió al director nacional de...
La judoca Ana Rosa García conquistó este sábado la primera medalla de oro para la República Dominicana en los XXV Juegos Centroamericanos y del...
A propósito de las elecciones del próximo 17 de junio para elegir las nuevas autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el periodista...
San Francisco de Macorís se erige en altavoz de la memoria patriótica: Organizaciones sociales rinden solemne homenaje a los héroes del 14 de junio...
Restricciones absurdas en las salas de prensa del Mundial 2026 en Estados Unidos desatan una tormenta diplomática: prohíben preguntas en castellano, humillan a periodistas...
La madrugada del 14 de junio de 1959 no fue una fecha más en el calendario patrio. Fue el instante en que 198 hombres...
Con una actuación legendaria de Jalen Brunson, quien firmó 45 puntos para sellar el 94-90 definitivo, los Knicks completan una remontada épica en San...
El Partido Unificado de los Comunistas Dominicanos (PUCD), a 67 años de la Gesta Heroica de Constanza, Maimón y Estero Hondo, reivindica el legado...
A 67 años de la expedición del 14 de Junio de 1959, seguimos su lucha. Eddy, en el barrio de Villa Juana, contaba a...
A 67 años de la gesta de Constanza, Maimón y Estero Hondo, la histórica expedición del 14 de junio de 1959 sigue siendo el...
La secretaria general de Podemos anuncia en la Fiesta de la Primavera que encabezará la candidatura a la Comunidad de Madrid en 2027, emulando...
La violencia desatada esta semana en Belfast se cuenta con la historia de Lendrick Street, una línea recta de 200 metros en el este...
No se hagan en la primera vuelta heridas que no sean capaces de cicatrizar en la segunda vuelta, o la segunda vuelta se vuelve...
DEFENSA CIVIL La Defensa Civil de la República Dominicana se encamina a cumplir, este próximo 17 de junio, 60 años de existencia. Esta trayectoria...
El economista y miembro del Comité Político del PLD alerta que el país enfrenta la crisis internacional del petróleo desde una posición de debilidad,...
La verdeamarela pisa Nueva York con el peso de la historia y la fragilidad del presente. Tros meses de incertidumbre, clasificación al borde del...
El tiempo, en Toronto, se detuvo un instante antes del grito inicial. No fue el silencio previo al pitazo, sino el murmullo de un...
Este 12 de junio, cuando la Red de Medios Libres convocó al cadenazo internacional “Amor con amor se paga”, no estará realizando simplemente una...
Con diseño trinacional, cuatro paneles revolucionarios y un sensor de alta tecnología, el esférico oficial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 ya rueda...
La Asociación Dominicana de Líneas Aéreas alerta sobre el impacto negativo que tendría el nuevo cargo propuesto por el Gobierno ante el alza internacional...
El ex procurador y dirigente político cuestiona la “modernización fiscal” del Ejecutivo y exige rendición de cuentas, austeridad y eficiencia en el gasto público...
El 16 agosto de 1930 fue juramentado como presidente de la República el General Rafael Leónidas Trujillo Molina y como vicepresidente el Licenciado Rafael...
El presidente de la Fuerza del Pueblo, desde Madrid, rechaza las medidas del Gobierno dominicano como una \»reforma encubierta\» y asegura que el pueblo...
