UMBRAL, MARCAMOS TENDENCIA
No es asunto que atañe únicamente a la oposición. No es una disputa entre colores políticos ni un forcejeo por la cuota del descontento. El contenido de la ampliación del acuerdo \»Escudo de las Américas\», ese que permite a aeronaves militares de Estados Unidos operar desde aeropuertos y bases dominicanas, debe ser conocido por cada dominicano que respira este suelo. Porque lo que se firma en silencio, lo que se oculta tras la clasificación de \»confidencial\», deja de ser un acto de gobierno para convertirse en una sombra que pesa sobre la soberanía de todos. \»Opacidad\» e \»incertidumbre\» fueron las palabras que escogieron este miércoles el ex canciller Andrés Navarro y el diputado Rafael Castillo. Dos voces de la oposición, sí, pero que en este reclamo no hacen otra cosa que traducir el malestar que recorre silencioso los barrios y los campos de República Dominicana. Porque el pueblo —ese que no aparece en las resoluciones selladas— tiene derecho a saber hasta dónde llega la cesión de su territorio, cuánto dura el permiso, qué vuelos aterrizan y cuáles despegan, y sobre todo, qué compromisos se adquieren a cambio de nada. El gobierno del Partido Revolucionario Moderno, encabezado por Luis Abinader, lleva tiempo transitando un camino que huele a entreguismo. No es una exageración, es una lectura de los hechos. Primero fue la sumisión diplomática a los dictados del Departamento de Estado, después el alineamiento vergonzante con las fuerzas de ultraderecha que hoy sacuden Latinoamérica, y ahora este paso adicional: ceder instalaciones estratégicas a la administración de Donald Trump, convirtiendo al país en una suerte de quinta columna que sirve sin rechistar los intereses de un imperio. El argumento oficial es conocido: no se trata de bases permanentes, sino de un refuerzo al \»anillo de protección\» contra el narcotráfico. Pero el disfraz no oculta la desnudez del hecho. Un día antes de anunciarse el acuerdo, el canciller Roberto Álvarez suscribió una resolución que declara confidenciales todos los documentos de la negociación. Es decir: hablemos de transparencia, pero no enseñemos las letras pequeñas. Ese proceder no es digno de un gobierno que dice defender la soberanía; es más bien el protocolo de quien tiene algo que esconder. El componente migratorio, que permite el traslado temporal de deportados de terceros países, añade otra capa de preocupación. La embajadora Leah F. Campos jura que se respetarán las leyes dominicanas. Pero la historia enseña que la letra menuda de estos acuerdos siempre favorece al más fuerte. Y aquí el más fuerte no es Santo Domingo. Lo que debió ser llevado al Congreso Nacional, debatido en sus dos cámaras, votado por los representantes del pueblo, se resuelve ahora en despachos cerrados y clasificaciones convenientes. La Constitución dominicana establece procedimientos para la aprobación de tratados internacionales. Saltarse ese mandato no es eficiencia gubernamental; es desprecio por el orden institucional y por la voluntad popular. El silencio cómplice del Legislativo, ese que no cita al canciller ni exige los documentos, completa el cuadro de una democracia que se pliega ante el poder extranjero. No es casualidad. Es la consecuencia de un gobierno que ha preferido alinearse con las peores corrientes de la derecha continental, abandonando cualquier vestigio de una política exterior autónoma y digna. Por eso levantamos esta voz: ni la oposición ni el gobierno son los dueños de la verdad. El dueño de la verdad es el pueblo dominicano, y ese pueblo exige saber. Exige que se le presente el acuerdo íntegro, en sus dos capítulos, militar y migratorio. Exige que se someta a la deliberación del Congreso. Exige que cesen las cláusulas secretas y los tratados de espaldas a la ciudadanía. Más dignidad. Menos entreguismo. Porque ceder soberanía no es gobernar, es rendirse antes de combatir. Y este país, que tanto costó liberar, no merece gobernantes que lo arrodillen en silencio.
No hubo domingo más redondo en el templo azulgrana. El Barcelona, con la autoridad de los elegidos, derribó al Real Madrid (2-0) y se abrazó a su estrella número 29 cuando aún quedan tres jornadas por disputar. La Liga 2025-2026 ya tiene dueño y el graderío lo celebró como si el cielo se hubiera vuelto azulgrana. Pero la fiesta, como las grandes gestas, necesitó su segundo acto. El lunes, Barcelona amaneció con olor a champán y confeti. La rúa clásica, ese desfile de dioses sobre carrozas que convierte las calles en ríos de multitudes, desbordó todas las previsiones. Miles de gargantas coreaban el nombre de los nuevos campeones. Todo parecía escrito conforme al libreto de los días grandes: la alegría sin fisuras, el trofeo invisible saludando a su pueblo. Hasta que apareció un adolescente con la rebeldía justa y la conciencia entera. Lamine Yamal, la joya que desequilibra partidos y desarma defensas, tomó entonces una bandera palestina. Y la ondeó. Durante casi todo el recorrido. Sin calcular gestos, sin medir escándalos, sin pedir permiso a los patrocinadores ni esperar el visto bueno de los diplomáticos. Solo con la verdad de quien se niega a jugar en otro mundo, de quien entiende que la gloria deportiva no es una coartada para el silencio. Mientras las murgas coreaban cánticos de campeón, el extremo de 18 años convertía la celebración en un altavoz silencioso pero demoledor: más de 60 mil palestinos asesinados en Gaza, un genocidio que muchas estrellas prefieren no ver para no tener que contarlo. El domingo, Yamal había celebrado con sus compañeros sobre el césped. El lunes, sobre la carroza, decidió que su voz no sería la del conformismo. En una época donde el deportista vive a menudo encapsulado en su burbuja de contratos millonarios y neutralidades cobardes, este chaval agitó la tela herida de un pueblo que agoniza. Y lo hizo en medio de la fiesta más grande del año, porque quizás entendió que es precisamente en los momentos de máxima visibilidad donde el compromiso duele y resuena. Bravo, Yamal. Por los goles, sí, pero sobre todo por recordarnos que el fútbol también puede ser un campo minado de conciencia. Que no todo es una estadística. Que detrás del campeonato hay un mundo que arde, y que un muchacho con pelota en los pies puede, con un simple gesto, devolverle el pulso a la verdad. Mientras Barcelona celebra su 29º título, la imagen de estos días no es el trofeo que levantaron el domingo en el estadio, ni las plazas repletas de aficionados ebrios de felicidad. La imagen es esa bandera palestina ondeando el lunes sobre una carroza, en medio de la rúa, como una herida que no se cierra, pero también como una esperanza que no se rinde.
La decisión del presidente Luis Abinader de paralizar definitivamente el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan no fue un acto de iluminación súbita ni una concesión generosa del poder. Fue, en los hechos, una derrota política del gobierno, forzada por la resistencia indoblegable de un pueblo que se negó a vender su agua y su futuro por el espejismo del oro. No nos dejemos engañar por el discurso oficial que ahora se envuelve en la Ley 64-00 y en el principio de “escuchar a la ciudadanía”. La verdad es que el gobierno de Abinader, al igual que las administraciones del PLD que le precedieron, había dado luz verde a los intereses mineros durante años. Es cierto que las primeras concesiones de exploración se otorgaron entre 2005 y 2010, bajo el gobierno de Leonel Fernández, y que entre 2015 y 2018, con Danilo Medina en el poder, se definieron los estudios técnicos y se solicitó formalmente la licencia de explotación. Pero también es cierto que el actual gobierno, desde 2020 hasta este 2026, mantuvo el expediente vivo, permitió la evaluación técnica y nunca puso freno hasta que el clamor popular se volvió insostenible. Abinader también dio su venia, en los hechos, para que el proyecto avanzara. Si hoy el mandatario anuncia la detención definitiva, no es porque de pronto haya renunciado al flujo de dinero que ya se venía recibiendo —directa o indirectamente— por concepto de concesiones, estudios y expectativas de regalías. No es porque su corazón haya despertado ecologista. Es porque el pueblo de San Juan se empoderó. Ese empoderamiento no fue un hecho aislado. La provincia de San Juan, el “Granero del Sur”, dijo basta. Y con ella se levantó toda la región sur. Y con toda la región sur se solidarizó, sin reservas, el pueblo dominicano en su conjunto: desde las comunidades campesinas de Elías Piña hasta los barrios de Santo Domingo, desde las asociaciones de agricultores hasta las juntas de vecinos, desde la Diócesis de San Juan de la Maguana hasta la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con sus estudios técnicos y su rotunda opinión opuesta a la exploración minera. Frente a esa marea humana, solo se escucharon las voces pagadas. Aquellas que, a sueldo de intereses foráneos, dirigieron sus baterías argumentales contra el pueblo y su legítimo derecho a rechazar la minería depredadora en la Cordillera Central. Esas voces hablaron de desarrollo, de empleos, de progreso. Pero el pueblo entendió que sin agua no hay agricultura, sin agricultura no hay comida y sin comida no hay país. La lección es clara: cuando el poder económico y político creen tener atado un negocio, es la organización popular la que viene a recordarles que la soberanía reside en la gente. El proyecto Romero no cayó por un artículo de la ley. Cayó porque miles de dominicanos y dominicanas salieron a defender su tierra. Abinader no cedió por convicción. Cedió porque no le quedó otro camino. Y eso, aunque tarde, es un triunfo del pueblo sobre la codicia. Queda advertido: ningún gobierno, sea del color que sea, podrá imponer una minería letal en la Cordillera Central mientras el sur esté de pie y el país entero respalde. Ese es el verdadero editorial que hoy escribimos con la tinta de la resistencia.
El gobierno no puede, bajo ningún argumento, permitir la explotación minera en San Juan de la Maguana y la Cordillera Central. No es una cuestión de ideología, sino de supervivencia territorial y justicia social. La empresa canadiense que promueve este proyecto ha intentado vender una falsa narrativa de desarrollo y responsabilidad ambiental, pero los datos la desmienten rotundamente. Hablan de crear empleos y riqueza, pero ocultan el historial de devastación que dejan a su paso. Miren los ejemplos de Bonao y Cotuí: ríos envenenados, comunidades con enfermedades respiratorias y cutáneas, tierras agrícolas estériles y pueblos fantasmas que antes vivían del cultivo y el agua limpia. Allí, la promesa de progreso se convirtió en pasivos ambientales que hoy pagamos todos los dominicanos. ¿Ese es el modelo que quieren repetir en San Juan? La Cordillera Central no es un yacimiento más. Es la fábrica de agua de la región Sur, el pulmón que alimenta nuestros cultivos y el sustento de miles de familias campesinas. Permitir la minería a cielo abierto allí es condenar a la sequía y la pobreza a toda una provincia. El gobierno tiene la obligación constitucional de proteger los recursos naturales y la salud de la población. Ceder ante los intereses foráneos sería un acto de traición. Ya escuchamos las voces de algunos “periodistas” pagados, que desde sus escritorios intentan confundir y desmovilizar. Pero que quede claro: sus artículos a sueldo no detendrán la lucha. Muy por el contrario, cada intento de manipulación fortalece la oposición a la minería y despierta más aún la conciencia nacional. Hoy, San Juan reclama lo suyo, y el país entero debe apoyar esa lucha. No se trata de una provincia contra otra, sino de defender nuestra casa común. La resistencia no claudicará. Ni las concesiones ni los comunicados de prensa comprados callarán a un pueblo que ha visto el desastre minero en Bonao y Cotuí. Exigimos al presidente y al Congreso: declaren la Cordillera Central como zona de protección hídrica y agrícola, y rechacen de plano cualquier proyecto de extracción metálica. San Juan de la Maguana no será el próximo Bonao, ni Cotuí. Por nuestros ríos, por nuestras montañas y por el futuro de nuestras hijas e hijos: minería no, bajo ninguna circunstancia.
La noche cubana ya no es la de los bares de La Habana ni la de los malecones iluminados por la luna. Es una noche densa, total, impuesta. Una oscuridad que no nace de la voluntad de sus habitantes ni de un capricho de la naturaleza, sino de la maquinaria más implacable que haya conocido la política exterior moderna: el bloqueo de Estados Unidos, ese cerco criminal que durante más de sesenta años ha pretendido rendir por hambre a un pueblo que solo defiende su derecho a existir con dignidad. Lo que ocurre hoy en Cuba no es una crisis energética más. Es una ejecución programada. Desde que el pasado 29 de enero la administración Trump declarara la "emergencia nacional" para la isla, amenazando con sanciones a cualquier país que se atreva a proveerle combustible, el grifo del mundo se ha cerrado para los cubanos. Tres meses sin que entre una sola gota de petróleo. Tres meses de asfixia calculada, de apagones que superan las veinte horas diarias, de hospitales operando a tientas, de niños estudiando a la luz de velas, de abuelos muriendo en silencio porque la oscuridad también apaga los respiradores. Este lunes, el sistema eléctrico colapsó por completo. Un apagón total sumió a la isla en la Edad Media mientras, al otro lado del estrecho, el presidente de Estados Unidos fantaseaba desde su escritorio con "tomar Cuba" porque, según sus propias palabras, "tiene una tierra linda y vistas lindas". La frivolidad del poderoso que observa el hambre ajena como quien contempla un atardecer desde su balcón. No nos engañemos. El bloqueo no es una medida política. Es un acto de guerra en tiempos de paz. Es la negación deliberada del derecho más básico: el derecho a vivir. Durante seis décadas, Washington ha perfeccionado este mecanismo de destrucción masiva, blindándolo con leyes extraterritoriales, intimidando a gobiernos, persiguiendo barcos, congelando cuentas y castigando a empresas que osen comerciar con la isla. El objetivo nunca ha sido "promover la democracia", como repiten los voceros de turno. El objetivo ha sido, y sigue siendo, doblegar la dignidad de un pueblo que cometió el imperdonable pecado de querer ser libre. Y ahora, en su arrogancia, pretenden además decidir quién debe gobernar la isla. Las filtraciones a la prensa neoyorquina hablan de exigencias inaceptables: la cabeza del presidente Miguel Díaz-Canel como condición para cualquier acuerdo. Como si los cubanos fueran marionetas cuyo hilo puede ser cortado desde el norte. Como si la historia de resistencia de una nación entera pudiera resumirse en un cambio de nombre en la tarjeta de presentación de La Habana. Desde este medio dominicano, que conoce bien el peso de las intervenciones y el sabor amargo de las imposiciones, hacemos un llamado a los pueblos y gobiernos del mundo. No se trata de simpatías ideológicas. Se trata de humanidad elemental. Se trata de mirar a once millones de seres humanos condenados a la oscuridad por la soberbia de un imperio que no tolera la desobediencia. América Latina y el Caribe tienen una deuda histórica con la solidaridad. No podemos permitir que, en nuestro propio patio, se consume un crimen de lesa humanidad con la complicidad del silencio. Los puertos de la región deben abrirse al combustible que Cuba necesita. Los cancilleres deben alzar la voz en todos los foros internacionales. La Organización de Naciones Unidas, que año tras año condena el bloqueo por mayoría abrumadora, debe pasar de las resoluciones simbólicas a las acciones concretas. Porque lo que está en juego no es un gobierno ni un modelo económico. Lo que está en juego es la vida misma. La vida de una madre que no puede cocer los frijoles porque no hay gas. La vida de un enfermo que depende de un respirador eléctrico. La vida de un niño que merece crecer sin que la oscuridad sea su única maestra. El bloqueo es un crimen. Y los crímenes, cuando son prolongados en el tiempo, no se convierten en política. Se convierten en barbarie. Es hora de que el mundo despierte y diga basta. Es hora de que la luz vuelva a Cuba. No como concesión, sino como derecho. Que la comunidad internacional actúe. Que los pueblos se movilicen. Que la dignidad cubana no sea apagada por la fuerza bruta de quienes solo entienden el lenguaje del dominio. umbral.local/ se suma a la voz de los que exigen justicia. Por Cuba. Por el Caribe. Por la humanidad.
No se trata, como pretenden vender los voceros oficiales, de una mera gestión de relaciones internacionales para posicionar al país como \»socio estratégico\». Se trata de algo más hondo y, para quienes creemos en una política exterior basada en principios y no en alineamientos automáticos, profundamente preocupante. Lo que ocurrió este fin de semana en Miami no fue una cumbre diplomática convencional. Fue una concentración de la derecha radical del continente en la propiedad privada de un presidente estadounidense que ha hecho de la exclusión, el agravio y la visión neoimperialista su sello de identidad. Y allí estaba el mandatario dominicano, en primera fila, flanqueado por Javier Milei, Nayib Bukele y José Antonio Kast, mientras las principales potencias democráticas de la región —México, Brasil, Colombia— brillaban por su ausencia. El contraste no puede ser más elocuente. Recordemos la historia reciente. La Cumbre de las Américas que debió celebrarse en diciembre pasado en República Dominicana fue cancelada porque Donald Trump no asistiría y porque las divisiones continentales resultaron insalvables. En aquel momento, Abinader se vio atrapado entre las presiones de Washington para excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela, y las amenazas de boicot de los gobiernos progresistas. Finalmente, optó por la cancelación. Hoy, el escenario es otro. Trump, el mismo que desairó al país, ha construido su propio foro a la medida, y Abinader acude dócilmente a su finca. La lección es brutal: las reglas las dicta Washington, y los líderes de la región se adaptan. Así de simple. Así de triste. Pero vayamos al fondo. La agenda del \»Escudo de las Américas\» no es inocente. Bajo la retórica de la cooperación contra el narcotráfico y la migración masiva, se esconde un proyecto de militarización de la política exterior estadounidense hacia la región. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo expresó con una claridad escalofriante al vincular la migración con la supervivencia de la civilización \»occidental y cristiana\». Ese lenguaje, que evoca las teorías del gran reemplazo y las pulsiones más oscuras de la ultraderecha global, es el mismo que Abinader suscribe con su presencia. ¿Es ese el socio estratégico que quiere ser República Dominicana? ¿El que aplaude, desde la primera fila, discursos que estigmatizan a los migrantes y criminalizan la pobreza? Y luego está China. El \»Escudo\» apunta directamente a reducir la influencia del gigante asiático en la región. Para un país como el nuestro, donde Pekín se ha convertido en un socio comercial relevante, alinearse acríticamente con esta postura implica riesgos que el gobierno parece no haber calculado. Mientras China ofrece comercio e inversión sin condicionamientos ideológicos, la administración Trump ofrece aranceles, deportaciones y un discurso de guerra fría. Abinader ha elegido bando. Es su derecho. Pero que no pretenda venderlo como una simple gestión diplomática. Es una definición ideológica de manual. La República Dominicana construyó durante décadas una política exterior basada en el diálogo y la apertura. Fuimos capaces de relacionarnos con todos sin someternos a ninguno. Eso se llamaba dignidad. Hoy, esa tradición parece haberse diluido en la alfombra roja de un club de golf en Miami. El \»Escudo de las Américas\» no protege a nadie. Es, más bien, un escudo que oculta la sumisión de quienes prefieren el abrazo del pugilista a la incomodidad de mantener la dignidad en un continente dividido. Abinader calcula, quizás, que los beneficios económicos o migratorios que pueda obtener de Washington compensan el costo ideológico. Quizás cree que esta es la nueva normalidad y que no hay alternativa. Pero al sentarse en esa mesa, sin distancia crítica, sin matices, sin preguntas, está renunciando a algo que no tiene precio: la capacidad de definir el rumbo del país con autonomía. La historia juzgará esta foto. Y cuando lo haga, no verá a un estadista defendiendo los intereses nacionales. Verá a un mandatario sonriente, en la finca del patrón, formando parte de una coalición que excluye a más de la mitad del continente y que abraza la visión más radical de la derecha hemisférica. Sin rubor. Sin distancia. Sin dignidad. Y eso, aunque duela decirlo, es lo que queda para el registro.
La noticia judicial que hoy conmociona al país trasciende el mero dato financiero de un desfalco. La solicitud de prisión preventiva contra el exdirector del Senasa, Santiago Hazim, y su séquito no es solo la crónica de un robo, sino la exposición de un acto de profunda traición ética y humana. Aquí no hubo un error de gestión, sino un plan meticuloso y gélidamente ejecutado para convertir el sistema de salud de los más pobres en una máquina de hacer dinero para unos pocos. Es la corrupción en su expresión más perversa: la que se nutre del sufrimiento ajeno. El expediente de la PEPCA, de 537 páginas, no describe a simples administradores corruptos, sino a una organización criminal que operaba desde el corazón del Estado. Santiago Hazim, el médico ortopeda, no fue un director negligente; fue el arquitecto y capo de un esquema diseñado para saquear. Su papel fue axial, vertebrador. Desde antes de asumir, ya pactaba en oficinas políticas los compromisos que luego cobraría, ya recibía sus primeras dadivas –un lujoso Lincoln Navigator– como adelanto de la rapiña por venir. Una vez instalado, no gestionó salud; gestionó fraude, soborno y cinismo. Pero lo que eleva este caso a la categoría de infamia nacional son los medios que utilizaron. Esta red no desvió fondos de una obra pública abstracta; jugó con la vida y la muerte de los ciudadanos. Fabricaron tratamientos de cáncer que nunca se aplicaron, facturaron diálisis a cadáveres, implantaron stents innecesarios en corazones vivos e inventaron cirugías de piel sobre piel sana. Cada factura falsa, cada sesión de quimioterapia fantasma, representa un medicamento que no llegó, una esperanza defraudada, un posible deterioro en la salud de un ser humano. Convirtieron el derecho a la salud, consagrado en la Constitución, en una mercancía sangrienta para su enriquecimiento. El mecanismo, descrito con crudeza, muestra su desprecio por la nación: maletas de efectivo convertidas a dólares en encuentros callejeros, transferencias que se transformaban en fajos de billetes entregados en apartamentos de Airbnb. Mientras, en los hospitales y centros de salud, los recursos escaseaban. Esta es la dualidad obscena del caso Hazim: la opulencia clandestina de unos pocos financiada con el presupuesto destinado a aliviar el dolor de millones. Por ello, la decisión del Ministerio Público de solicitar prisión preventiva y declarar el caso complejo es no solo correcta, sino imperativa. Es un primer paso firme hacia la rendición de cuentas. La justicia tiene ante sí una prueba de fuego: debe actuar con celeridad y contundencia para que este no sea otro expediente más que duerma en los tribunales. La sociedad exige ver a los responsables enfrentar el peso de la ley, pero también exige la recuperación total de lo robado. Este caso debe ser un punto de inflexión. Una llamada de atención a todos los partidos políticos para que purguen de sus filas a los trepadores sin escrúpulos que ven la función pública como un botín. Un recordatorio al empresariado de que la connivencia con funcionarios corruptos no es \»gestoría\», es complicidad criminal que corroe el país. Y, sobre todo, un mensaje a la ciudadanía: la defensa de la salud pública es innegociable. La verdadera magnitud de este crimen no se mide solo en quince mil millones de pesos. Se mide en la confianza erosionada, en el dolor potencialmente agravado y en la vida pública envenenada por la codicia. Santiago Hazim y su grupo no solo defraudaron al Senasa; traicionaron el juramento de servir y protegieron únicamente sus propios bolsillos, a costa de los más vulnerables. Que la justicia, en su nombre, sea implacable.
Un editorial a contracorriente El reciente acuerdo que concede a Estados Unidos el uso de espacios aéreos estratégicos dominicanos bajo el pretexto de la lucha antidrogas no es una simple cooperación bilateral: es la consolidación de un entreguismo histórico que atraviesa los últimos gobiernos y compromete la soberanía nacional en proyectos geopolíticos ajenos. No hay otra forma de calificarlo: lo firmado por Luis Abinader con el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, es la claudicación institucionalizada. Bajo la máscara de la “Operación Southern Spear”, se autoriza el uso de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas para operaciones logísticas extranjeras. Se nos pide creer que esto es “cooperación”, cuando la historia demuestra que tales concesiones siempre han sido la antesala de mayores injerencias. Resulta revelador —y patético— que esta decisión cuente con el beneplácito de expresidentes como Danilo Medina y Leonel Fernández, y sea celebrada por la ultraderecha local. Es la confirmación de que existe una clase política unificada en su servilismo hacia Washington, incapaz de defender los intereses nacionales cuando estos chocan con los dictados del Norte. ¿De qué lucha contra el narcotráfico nos hablan, cuando es notoria la infiltración de dineros obscenos en campañas electorales y la impunidad de que gozan testaferros y lavadores en altas esferas? ¿Cómo se explica que Estados Unidos proclame su alianza con “gobiernos ejemplares” en esta lucha, mientras indulta a narcotraficantes confesos como Juan Orlando Hernández y legitima a figuras siniestras en otros países? La verdadera agenda tras la “Lanza del Sur” no es el combate al tráfico de drogas, sino la consolidación del control militar estadounidense sobre una región rica en recursos naturales. Es la misma lógica que justifica el bloqueo criminal contra Cuba, las amenazas de invasión a Venezuela, y el ofrecimiento de recompensas por jefes de Estado soberanos. El Caribe se ha convertido en el patio trasero de una estrategia hemisférica que busca frenar cualquier avance progresista y garantizar el saqueo de nuestros recursos. No es casualidad que este acuerdo se enmarque en el Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea firmado por Joaquín Balaguer en 1995 —el mismo presidente impuesto por la intervención yanqui de 1966—. Es la misma línea de continuidad que explica el envío de tropas dominicanas a Irak por Hipólito Mejía, o el retiro del embajador en Venezuela por Danilo Medina. Es la herencia maldita de una clase política que ha gobernado para intereses extranjeros. La prensa tradicional que responde a los intereses del gran capital, presentan esta sumisión como “diplomacia madura”. Nosotros la llamamos por su nombre: traición. Traición a la soberanía por la que lucharon Duarte, los trinitarios y Luperón. Traición a un pueblo que merece relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo, no en la subordinación. Frente a esta farsa, solo cabe la resistencia consciente. Denunciar este acuerdo no es anti estadounidense: es la defensa elemental de nuestra dignidad como nación. Es el rechazo a convertirnos en complices de una estrategia de agresión contra pueblos hermanos. Es honrar la memoria de quienes soñaron una República Dominicana libre, no un protectorado disfrazado. El momento exige claridad: o somos soberanos o somos colonia. No hay términos medios.
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