La decisión del presidente Luis Abinader de paralizar definitivamente el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan no fue un acto de iluminación súbita ni una concesión generosa del poder. Fue, en los hechos, una derrota política del gobierno, forzada por la resistencia indoblegable de un pueblo que se negó a vender su agua y su futuro por el espejismo del oro.
No nos dejemos engañar por el discurso oficial que ahora se envuelve en la Ley 64-00 y en el principio de “escuchar a la ciudadanía”. La verdad es que el gobierno de Abinader, al igual que las administraciones del PLD que le precedieron, había dado luz verde a los intereses mineros durante años.
Es cierto que las primeras concesiones de exploración se otorgaron entre 2005 y 2010, bajo el gobierno de Leonel Fernández, y que entre 2015 y 2018, con Danilo Medina en el poder, se definieron los estudios técnicos y se solicitó formalmente la licencia de explotación. Pero también es cierto que el actual gobierno, desde 2020 hasta este 2026, mantuvo el expediente vivo, permitió la evaluación técnica y nunca puso freno hasta que el clamor popular se volvió insostenible. Abinader también dio su venia, en los hechos, para que el proyecto avanzara.
Si hoy el mandatario anuncia la detención definitiva, no es porque de pronto haya renunciado al flujo de dinero que ya se venía recibiendo —directa o indirectamente— por concepto de concesiones, estudios y expectativas de regalías. No es porque su corazón haya despertado ecologista. Es porque el pueblo de San Juan se empoderó.
Ese empoderamiento no fue un hecho aislado. La provincia de San Juan, el “Granero del Sur”, dijo basta. Y con ella se levantó toda la región sur. Y con toda la región sur se solidarizó, sin reservas, el pueblo dominicano en su conjunto: desde las comunidades campesinas de Elías Piña hasta los barrios de Santo Domingo, desde las asociaciones de agricultores hasta las juntas de vecinos, desde la Diócesis de San Juan de la Maguana hasta la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con sus estudios técnicos y su rotunda opinión opuesta a la exploración minera.
Frente a esa marea humana, solo se escucharon las voces pagadas. Aquellas que, a sueldo de intereses foráneos, dirigieron sus baterías argumentales contra el pueblo y su legítimo derecho a rechazar la minería depredadora en la Cordillera Central. Esas voces hablaron de desarrollo, de empleos, de progreso. Pero el pueblo entendió que sin agua no hay agricultura, sin agricultura no hay comida y sin comida no hay país.
La lección es clara: cuando el poder económico y político creen tener atado un negocio, es la organización popular la que viene a recordarles que la soberanía reside en la gente. El proyecto Romero no cayó por un artículo de la ley. Cayó porque miles de dominicanos y dominicanas salieron a defender su tierra.
Abinader no cedió por convicción. Cedió porque no le quedó otro camino. Y eso, aunque tarde, es un triunfo del pueblo sobre la codicia.
Queda advertido: ningún gobierno, sea del color que sea, podrá imponer una minería letal en la Cordillera Central mientras el sur esté de pie y el país entero respalde. Ese es el verdadero editorial que hoy escribimos con la tinta de la resistencia.
