Amparado en la ley ambiental y frente a una ciudadanía que advertía efectos devastadores para la región, el mandatario aclaró que su gestión no otorgará autorizaciones de explotación donde la población exprese un rechazo mayoritario.
Por Julio Guzmán Acosta
SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader puso fin anoche a la larga incertidumbre que envolvía a la provincia de San Juan al anunciar la detención definitiva del proyecto minero Romero. En una declaración realizada desde el Palacio Nacional, el mandatario fue claro: su Gobierno no autorizará la explotación minera en zonas donde la comunidad manifieste un rechazo mayoritario.
“Si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo”, sentenció Abinader, quien subrayó que la decisión se fundamenta en el cumplimiento estricto de la Ley 64-00 de Medio Ambiente y en los principios de prudencia y transparencia. “Este Gobierno escucha con atención, respeto y responsabilidad; cuando la ciudadanía expresa inquietudes, nuestro deber es actuar”, agregó.
El proyecto Romero, ubicado en la parte alta de la cuenca del río San Juan, específicamente en el área de Hondo Valle, al norte de la provincia, había sido durante casi veinte años un punto de fricción entre los intereses extractivistas y la defensa de los recursos hídricos del sur del país. La principal preocupación de ambientalistas, agricultores y sectores productivos radica en su cercanía a la presa de Sabaneta: temen que la actividad minera contamine las aguas del río San Juan y sus afluentes, fuente vital del “Granero del Sur” y del abastecimiento de agua potable para miles de familias.
Contrario a la percepción popular, el mandatario aclaró que el proyecto no es reciente. Sus orígenes se remontan a concesiones de exploración otorgadas entre 2005 y 2010 a la empresa canadiense GoldQuest. Entre 2015 y 2018 se renovaron dichas concesiones y se autorizaron estudios técnicos para definir el alcance del yacimiento de oro, cobre y plata. Durante la gestión de Abinader (2020-2026), el expediente permaneció estrictamente en fase de evaluación ambiental, “sin haber recibido nunca una autorización de explotación”, recalcó el presidente.
Aunque la empresa promotora defendía un modelo de “minería subterránea” sin uso de cianuro y con bajo impacto superficial, el proyecto jamás logró obtener la licencia social. La Diócesis de San Juan de la Maguana, asociaciones agrícolas, la Academia de Ciencias y diversos movimientos populares mantuvieron una resistencia firme, argumentando que el beneficio económico del oro no compensa el riesgo de perder la seguridad hídrica de la provincia.
Con el anuncio de esta noche, el Poder Ejecutivo cierra la puerta a la explotación basándose en el artículo 1 de la Ley 64-00, que prioriza la preservación del medio ambiente y el bienestar social sobre los intereses económicos particulares cuando existe un rechazo comunitario masivo. “Este Gobierno actúa escuchando el clamor de la ciudadanía”, reiteró Abinader, sellando así un capítulo decisivo para el futuro de San Juan y reafirmando la soberanía de la opinión pública en temas de impacto ambiental.
