El triunfo electoral del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no puede entenderse sin el profundo descontento que amplios sectores de la sociedad dominicana acumulaban frente a los excesos, la arrogancia y el desgaste institucional que caracterizaron los últimos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Ese respaldo ciudadano fue, en buena medida, un voto a favor del cambio, pero también una exigencia de una forma distinta de gobernar: más abierta, más participativa y más respetuosa de las demandas sociales.
Precisamente por esa razón, resulta contradictorio que el actual Gobierno asuma una actitud defensiva o minimice las críticas cuando diversos sectores expresan preocupación por iniciativas legislativas impulsadas desde el poder o respaldadas por su mayoría congresual.
Los acontecimientos de los últimos días son ilustrativos. La decisión del Congreso Nacional de modificar, bajo la presión de protestas ciudadanas y de múltiples cuestionamientos, varios artículos del nuevo Código Penal constituye un reconocimiento implícito de que la legislación aprobada contenía disposiciones que requerían una revisión más amplia y un debate más profundo.
La experiencia deja una enseñanza evidente: cuando las leyes nacen sin suficiente consenso social, terminan regresando al Congreso para ser corregidas.
La República Dominicana necesita un nuevo Código Penal. Pocos discuten esa necesidad. El vigente pertenece a otra época y resulta insuficiente para responder a las nuevas modalidades del crimen, la corrupción, la violencia digital, los delitos tecnológicos y otras realidades del siglo XXI.
Sin embargo, modernizar la legislación penal no puede significar retroceder en materia de derechos fundamentales.
Un Código Penal verdaderamente moderno debe fortalecer la seguridad jurídica, proteger las libertades públicas, garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, preservar el debido proceso y respetar los derechos que la sociedad dominicana ha ido conquistando durante décadas de luchas democráticas.
La calidad de una democracia no se mide únicamente por su capacidad para sancionar delitos, sino también por la forma en que protege las libertades de sus ciudadanos.
El mismo principio debe aplicarse al debate sobre la reforma del Código de Trabajo.
La advertencia formulada por la Unión Clasista de Trabajadores (UCT), que considera que la propuesta promovida por el Gobierno amenaza conquistas históricas de la clase trabajadora, merece ser atendida con seriedad y no descalificada de manera automática.
Las reformas laborales deben procurar mayor productividad, competitividad y generación de empleos, pero nunca a costa de reducir derechos adquiridos, debilitar garantías jurídicas o trasladar el peso de las dificultades económicas exclusivamente sobre quienes viven de su trabajo.
Los derechos laborales no constituyen privilegios. Son el resultado de décadas de organización sindical, negociación colectiva y evolución democrática.
Gobernar exige tomar decisiones difíciles, pero también escuchar.
Escuchar a los trabajadores, a los empresarios, a los gremios profesionales, a la academia, a las organizaciones sociales y a la ciudadanía fortalece las instituciones y legitima las reformas. Ignorar esas voces conduce, inevitablemente, a conflictos innecesarios y a correcciones apresuradas.
El Gobierno aún está a tiempo de convertir estos debates en una oportunidad para demostrar que el cambio prometido no consistía únicamente en sustituir un partido por otro, sino en construir una cultura política donde el diálogo prevalezca sobre la imposición y el consenso sustituya a la simple mayoría parlamentaria.
Las grandes reformas nacionales solo perduran cuando nacen del equilibrio entre la voluntad política y el respaldo de la sociedad. Esa sigue siendo la mejor garantía para fortalecer la democracia dominicana y preservar los derechos que tanto esfuerzo ha costado conquistar.
