Por Servicios Umbral
Santo Domingo. A solo 24 días de la entrada en vigor de la Ley 74-25, que sustituye el Código Penal dominicano, el Congreso Nacional inició un proceso acelerado para modificar 18 de sus artículos, en respuesta a la creciente presión de diversos sectores sociales, profesionales y ciudadanos que han cuestionado el contenido de la nueva legislación.
La decisión fue adoptada en un ambiente marcado por las protestas públicas, los recursos de inconstitucionalidad sometidos ante el Tribunal Constitucional y el estrecho margen de tiempo que enfrenta el Poder Legislativo, cuya actual legislatura concluye dentro de 16 días.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, remitió este viernes el proyecto de modificación sometido por el Poder Ejecutivo a una comisión bicameral, con el compromiso de que las reformas sean aprobadas antes del 3 de agosto, fecha prevista para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.
Ejecutivo impone la ruta de modificar la ley después de su aprobación
Con esta decisión prevalece la estrategia impulsada por el Poder Ejecutivo, a través del ministro de Justicia, Antoliano Peralta, quien propuso permitir que la Ley 74-25 entre en vigor en la fecha prevista y, paralelamente, introducir una iniciativa correctiva para atender las observaciones planteadas por distintos sectores.
Esta posición difiere de la defendida por entidades como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), que había recomendado extender el período de vacatio legis para analizar con mayor amplitud las objeciones y consensuar las modificaciones antes de la aplicación de la norma.
Libertad de expresión y ejercicio médico concentran las principales críticas
Desde su promulgación, la nueva legislación ha generado fuertes cuestionamientos, especialmente por disposiciones relacionadas con la libertad de expresión, la actividad periodística y el ejercicio de la medicina.
A ello se suman las acciones constitucionales promovidas por organizaciones sociales y colectivos de mujeres que buscan la revisión de las disposiciones relativas a la penalización del aborto y reclaman la incorporación de las tres causales.
En paralelo, comunicadores, juristas y organizaciones civiles han solicitado la eliminación o modificación de artículos que, a su juicio, podrían restringir derechos fundamentales o generar interpretaciones excesivamente amplias.
Protestas y cacerolazos aceleraron la revisión
El proceso de revisión ocurre tras una creciente movilización ciudadana que incluyó una concentración en la Plaza de la Bandera el pasado jueves y varios cacerolazos realizados esta semana en distintos sectores del Distrito Nacional y otras provincias.
Estas manifestaciones reclamaron la revisión inmediata de diversos artículos considerados lesivos para derechos fundamentales y libertades públicas.
Los 18 artículos que serán modificados
Según explicó el Senado mediante un comunicado, la propuesta incorpora observaciones formuladas por juristas, académicos, representantes de los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos interesados.
Las modificaciones abarcan materias relacionadas con:
- Libertad de expresión y de prensa.
- Derecho a la información.
- Protección de la intimidad.
- Protección de niños, niñas y adolescentes.
- Administración de justicia.
- Lucha contra la corrupción.
- Perfeccionamiento técnico de diversos tipos penales.
Entre los cambios más relevantes figuran los artículos 123, sobre ciberbullying; 192, relativo a la difusión de audios e imágenes sin consentimiento; 208, referente a la difamación; 211, sobre actos no considerados difamatorios o injuriosos; y 310, relativo al delito de ultraje, uno de los más cuestionados por comunicadores, juristas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
Asimismo, serán revisadas las disposiciones sobre hostigamiento e intimidación (artículos 121 y 122), exhibicionismo sexual (142), acoso agravado (144), abandono de menores (214 y 215), perjurio (207), bancarrota simple (248), autosecuestro (170) y otras figuras penales cuya redacción será ajustada.
Recursos continúan en el Tribunal Constitucional
Mientras el Congreso inicia el proceso de reforma, continúan llegando recursos de revisión al Tribunal Constitucional.
Diversos grupos y comunicadores solicitaron la nulidad del artículo 310, relativo al ultraje, así como del artículo 208 sobre difamación, por considerar que podrían vulnerar derechos constitucionales vinculados a la libertad de expresión y de información.
De igual forma, el Colegio Médico Dominicano interpuso una acción contra los artículos 8, 9, 12 y 354 de la Ley 74-25.
El gremio sostiene que la legislación criminaliza el ejercicio de la medicina, incrementa significativamente las sanciones penales y podría generar un clima de temor entre los profesionales de la salud, especialmente quienes laboran en hospitales públicos, al exponerlos a procesos judiciales incluso por errores clínicos no intencionales.
Congreso enfrenta una carrera contra el tiempo
Con apenas dos semanas de trabajos legislativos por delante y la entrada en vigencia del nuevo Código Penal fijada para el próximo 3 de agosto, el Congreso Nacional enfrenta una intensa carrera contra el reloj para consensuar y aprobar unas modificaciones que buscan corregir los aspectos más controvertidos de una legislación cuya aprobación reabrió uno de los debates jurídicos y sociales más importantes de los últimos años en la República Dominicana.
