UMBRAL, MARCAMOS TENDENCIA
El nuevo Código Penal dominicano entra en vigencia este 3 de agosto con penas de hasta 40 años de prisión y 60 años por acumulación de condenas, además de nuevos delitos. Las modificaciones realizadas recientemente a 27 artículos deberán esperar su publicación oficial para adquirir efecto legal. Por Servicios Umbral Santo Domingo.– El nuevo Código Penal de la República Dominicana entra en vigencia este lunes 3 de agosto con un endurecimiento de las penas y la incorporación de nuevas figuras delictivas. Sin embargo, las modificaciones aprobadas recientemente a 27 de sus artículos todavía no tienen efecto legal, debido a que está pendiente su publicación oficial. La legislación establece penas máximas de hasta 40 años de prisión y permite alcanzar los 60 años cuando se trate de condenas acumuladas. También incorpora delitos vinculados con nuevas formas de criminalidad, violencia y el uso de tecnologías. Las modificaciones posteriores, contenidas en la Ley 44-26, deberán cumplir el procedimiento de publicación y los plazos previstos por la legislación dominicana antes de comenzar a aplicarse. Modificaciones aún no tienen efecto legal El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, explicó que las reformas realizadas a los 27 artículos no entran automáticamente en vigencia junto con el nuevo Código Penal. De acuerdo con el jurista, para que esos cambios produzcan efectos jurídicos deben ser publicados oficialmente y cumplirse posteriormente los plazos establecidos en el artículo 1 del Código Civil. La Ley 74-25 es la normativa mediante la cual fue promulgado el nuevo Código Penal, mientras que la Ley 44-26 contiene las modificaciones introducidas posteriormente a 27 de sus artículos. En consecuencia, hasta que se complete el procedimiento legal correspondiente, el Código comienza a aplicarse sin esas reformas recientes. Penas de hasta 60 años por acumulación de condenas Uno de los cambios de mayor alcance de la nueva legislación penal es el incremento de las penas de prisión. El Código establece una pena máxima de 40 años para determinados delitos y permite que las condenas acumuladas alcancen hasta los 60 años, ampliando considerablemente los límites previstos por la legislación anterior. Para los casos de feminicidio, la nueva normativa contempla penas que pueden alcanzar los 40 años de prisión. Nuevos delitos incorporados al Código Penal La legislación actualiza además el catálogo de infracciones para responder a conductas delictivas que habían adquirido relevancia durante los últimos años y que no estaban adecuadamente contempladas por el antiguo Código Penal. Entre las nuevas figuras se encuentran el ciberacoso, sicariato, fraude piramidal, desaparición forzada y chantaje mediante fotografías o contenidos íntimos. También se establecen sanciones severas para los ataques perpetrados mediante sustancias corrosivas, particularmente los asociados al denominado “ácido del diablo”, una modalidad de agresión que ha provocado preocupación social por sus graves consecuencias para las víctimas. La publicación determina la entrada en vigencia El artículo 1 del Código Civil establece que las leyes, después de ser promulgadas por el Poder Ejecutivo, deben ser publicadas oficialmente para que puedan surtir sus efectos. La disposición establece además plazos diferenciados para que las normas se reputen conocidas: en el Distrito Nacional, al día siguiente de su publicación, y en las demás provincias, el segundo día, salvo que exista una disposición legislativa expresa que establezca otro procedimiento. Este requisito explica por qué las modificaciones contenidas en la Ley 44-26 no comienzan a aplicarse simultáneamente con el Código Penal este 3 de agosto. Comisión dará seguimiento a la aplicación del Código La entrada en vigencia de la nueva legislación estará acompañada por una Comisión de Seguimiento creada por el presidente Luis Abinader para observar su implementación. La comisión está presidida por el expresidente del Tribunal Constitucional Milton Ray Guevara e integrada, entre otros juristas, por Leyda Margarita Piña Medrano, Julio César Castaños Guzmán y Pedro Balbuena. La puesta en marcha del nuevo Código Penal representa una de las transformaciones de mayor alcance del sistema jurídico dominicano en décadas, tanto por el endurecimiento de determinadas sanciones como por la incorporación de delitos vinculados con fenómenos criminales contemporáneos.
El diputado de Pedernales abandona Fuerza del Pueblo en medio de una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, sin ofrecer explicaciones sobre los motivos de su salida ni revelar si se integrará a otra organización política o actuará como independiente. Por Thiago Núñez G. Santo Domingo.- El silencio de la Cámara de Diputados se rompió este miércoles no con un debate ni con una moción, sino con una renuncia. Desde su curul, sin aspavientos pero con la firmeza de quien sabe que cada palabra pesa, el diputado Rafael Pérez, más conocido como “Rafelito”, representante de la provincia Pedernales, anunció su salida definitiva del partido Fuerza del Pueblo. Ocurrió durante una sesión ordinaria. La sorpresa se esparció entre los colegas como un rumor que no tarda en volverse certeza. Frente a un hemiciclo que atestiguaba el quiebre, Pérez no ofreció razones, no adelantó destinos, no esbozó gesto de despedida hacia la organización que lidera el expresidente Leonel Fernández. Solo comunicó el hecho. Luego, el vacío. Hasta el cierre de esta edición, el legislador no ha revelado si su futuro inmediato lo llevará a integrarse a otra fuerza política o si ejercerá el resto de su gestión como independiente, al filo de una bancada que ya no será la suya. La ausencia de detalles no hace más que alimentar las especulaciones en un momento en que el escenario político dominicano se mueve con la fluidez de una corriente subterránea. La renuncia de “Rafelito” no es un hecho aislado. Se inscribe en un período de reconfiguración constante de alianzas y lealtades, donde los mapas partidarios se reescriben con la rapidez de un editorial de última hora. Su salida, en medio del hemiciclo y sin red de contención visible, deja más preguntas que respuestas. Se espera que en los próximos días el diputado amplíe su postura. Mientras tanto, la curul que ocupó durante tantas sesiones sigue allí, testigo muda de una decisión que, aunque dicha en voz baja, resuena con la fuerza de un primer aviso. La política dominicana, una vez más, demuestra que sus movimientos más profundos no siempre ocurren en los palacios, sino a veces en el escaño de un diputado que decide hablar para decir adiós.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, respondió este martes a los cuestionamientos del legislador opositor Eduard Espíritusanto sobre la aprobación de US$600 millones en financiamientos. Afirmó que el Gobierno del PRM ha reducido la deuda pública del 61.8 % al 59 % del PIB y que eso demuestra que “sabe gobernar”. Los recursos se destinarán a acción climática y agua potable en Punta Cana-Bávaro. Por Redacción National SANTO DOMINGO. – El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defendió la aprobación de dos contratos de préstamos por un monto de US$600 millones y aseguró que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha logrado reducir la deuda pública en relación con el Producto Interno Bruto (PIB). De los Santos respondió a cuestionamientos del senador Eduard Espíritusanto, de la Fuerza del Pueblo (FP), quien criticó los nuevos endeudamientos aprobados por la Cámara Alta durante la sesión de este martes. “Con esa cantidad de préstamos, honorable senador, si yo le digo a usted que han sido para inversión, por el simple hecho de que este Gobierno encontró la deuda rondando el 61.8 % del PIB y hoy está alrededor de 59 %, eso se llama un partido en el Gobierno que sabe gobernar”, expresó el presidente del Senado. Las declaraciones se produjeron durante el conocimiento de dos contratos de financiamiento que totalizan US$600 millones, destinados a programas de acción climática y al desarrollo de proyectos de agua potable, saneamiento y reúso en la zona turística de Punta Cana-Bávaro. Uno de los préstamos, por US$200 millones, fue suscrito entre la República Dominicana y la Corporación Andina de Fomento (CAF); recursos que serán utilizados para apoyar iniciativas relacionadas con la acción climática y la sostenibilidad ambiental. El segundo financiamiento será destinado a fortalecer la infraestructura de agua potable y saneamiento en la región este del país, especialmente en Punta Cana-Bávaro, una de las zonas de mayor crecimiento turístico. La aprobación de los préstamos generó un intercambio de opiniones entre legisladores oficialistas y de oposición en torno al manejo de las finanzas públicas y la política de endeudamiento del Estado.
Desde Ginebra, el presidente de la CNUS respondió a empresarios y diputados que insisten en modificar el punto sobre la cesantía, advirtiendo que el tema fue cerrado tras más de una década de discusiones y 140 votos en la Cámara de Diputados. Por Alejandro Feliu G. Ginebra / Santo Domingo – El presidente de la Confederación Nacional de Unidades Sindicales (CNUS), Pepe Abreu, envió este miércoles un mensaje claro a los sectores empresariales y a los diputados que aún pretenden reabrir el debate sobre la cesantía en el marco de la reforma laboral: “Esa discusión ya fue decidida y no hay espacio para volver a ella”. En declaraciones ofrecidas desde Ginebra, donde participa en la Conferencia Internacional del Trabajo, Abreu subrayó que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma sin modificar el régimen de cesantía, un aspecto que calificó como “línea roja” para las organizaciones sindicales desde el inicio de las negociaciones. “Cualquier consideración que modifique lo aprobado en primera lectura está de más. Lo que corresponde ahora es concluir la segunda lectura, enviar el proyecto al Senado y cerrar definitivamente este proceso de reforma laboral”, sentenció el dirigente sindical. Abreu recordó que la revisión del Código de Trabajo se ha extendido por trece años, atravesando distintos gobiernos y acumulando más de un centenar de reuniones entre trabajadores, empleadores y autoridades. En ese lapso, los sindicatos aceptaron modificaciones en aspectos administrativos, procedimentales y de jornadas laborales, pero nunca en la cesantía. “Los empresarios deben comprender que la estabilidad laboral de la que ha disfrutado el país ha sido beneficiosa para todos. Si esa estabilidad se altera, no solo perderían los trabajadores; también perderían quienes han desarrollado sus empresas y sus inversiones en un clima de relaciones laborales estable y predecible”, advirtió. El dirigente sindical consideró que la votación de 140 diputados a favor del proyecto refleja un consenso suficiente y calificó de innecesario insistir en aspectos ya resueltos. “La cesantía siempre fue una línea roja”, enfatizó. Abreu concluyó que el Congreso debe concentrarse ahora en completar el trámite legislativo pendiente para la aprobación definitiva de la reforma laboral, sin que el sector empresarial ni los legisladores opositores logren reintroducir un debate que, a su juicio, quedó clausurado.
El senador reelecto por Santo Domingo abandona el bloque oficialista en medio de un discurso que cuestiona el rumbo del gobierno de Abinader. Advierte reformas estancadas, lucha anticorrupción a medias y una “pérdida del rumbo estratégico del país”, aunque tiende puentes para apoyar iniciativas institucionales. Por: Thiago N. Guzmán Desde el mismo hemiciclo donde se forjan las leyes, el senador Antonio Taveras Guzmán ejecutó el miércoles un gesto de honda significación política: anunció su separación del bloque senatorial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), la tienda oficial que lo cobijó durante seis años. La metáfora, ya en boca de observadores, es náutica y dramática: “se tira del barco”, pero sin aspavientos, con la parsimonia de quien dice haberlo pensado demasiado. El legislador reelecto por la provincia Santo Domingo no eligió el estruendo. Prefirió un discurso sobrio, reflexivo, hilvanado con razones más que con rencores. Explicó que su salida no es un divorcio pasional, sino la consecuencia inevitable del estancamiento en reformas estructurales, la persistencia de viejas prácticas clientelares y, en sus propias palabras, “la pérdida del rumbo estratégico del país”. Taveras Guzmán evocó entonces el año 2020, cuando formó parte de la coalición democrática que impulsó la candidatura de Luis Abinader. Enarbolaban entonces banderas claras: lucha frontal contra la corrupción, fin del clientelismo, transformación institucional. Reconoció que hubo avances puntuales —mencionó la independencia del Ministerio Público—, pero el balance, a su juicio, se empaña. La educación, el sistema eléctrico, la salud pública y la seguridad social siguen siendo deudas sin saldar. Y la lucha anticorrupción, denunció, transita “a medio camino”, generando una percepción dañina: la de indulgencia hacia ciertos actos. No obstante, el senador fue meticuloso al trazar una línea divisoria entre su crítica sistémica y el trato personal con el mandatario. Agradeció a Abinader el respeto recibido durante seis años y aseguró que apoyará toda iniciativa —sea del Ejecutivo o del Legislativo— que fortalezca la institucionalidad, combata la corrupción sin favoritismos y mejore las condiciones de vida de los dominicanos. Antes de retirarse del estrado, Taveras Guzmán dirigió una última palabra a los habitantes de Santo Domingo: agradeció la confianza depositada en su gestión y reafirmó su compromiso de seguir luchando por la profundización del cambio. “Una visión de largo plazo —dijo— que permita al país superar el círculo de pobreza y clientelismo”. El barco oficialista navega ahora con una baja sensible. Queda por ver si el senador que saltó al agua logra nadar contra la corriente o si, como algunos analistas anticipan, su gesto es apenas el primer coletazo de una temporada de tormentas políticas.
Santo Domingo. – El acuerdo de cooperación suscrito entre República Dominicana y Estados Unidos ha generado una aguda polarización entre los sectores políticos y sociales del país.
El presidente del Senado dominicano, Ricardo de los Santos, y el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, acordaron impulsar un marco regulatorio regional frente a nuevas sustancias psicoactivas y el crimen organizado transnacional. Por:Alejandro F. Guzmán Washington. Con la sobriedad que exigen los momentos de definición hemisférica, el presidente del Senado de la República Dominicana, Ricardo de los Santos, sostuvo en esta capital un encuentro con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, para trazar rutas de cooperación regional ante una de las amenazas más insidiosas del presente: el auge de las drogas sintéticas y la proliferación de nuevas sustancias psicoactivas en el continente. El diálogo, desarrollado en un clima de franca cordialidad institucional, permitió al legislador dominicano presentar los pormenores del programa “Parlamentos y Prosperidad”, una iniciativa concebida para robustecer los marcos legislativos con sustento en evidencia científica, fomentar el intercambio de buenas prácticas y consolidar un foro de alto nivel entre los congresos de las Américas. De los Santos subrayó la urgencia de armonizar normativas comunes que permitan una respuesta coordinada ante la escalada de sustancias emergentes y el impacto corruptor del crimen organizado transnacional. Por su parte, Ramdin valoró la propuesta dominicana como un modelo ejemplar de articulación legislativa y cooperación hemisférica. Expresó, además, el decidido interés de la OEA en colaborar en la construcción de un marco mínimo regulatorio que sirva como referente regional para enfrentar las drogas emergentes y fortalecer la seguridad colectiva. En el transcurso de la reunión, se reconoció asimismo la valiosa labor que en esta materia realiza la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), particularmente en los ámbitos de cooperación técnica, prevención y fortalecimiento institucional. Acompañaron al presidente del Senado en este encuentro la embajadora Mayerlyn Cordero, representante permanente de la República Dominicana ante la OEA; el embajador Alexander De La Rosa, asesor del Senado; y Enmanuel Lora, consejero de la misión dominicana ante el organismo hemisférico. La reunión concluyó con el compromiso de avanzar en los próximos meses hacia una hoja de ruta concreta que articule voluntades políticas y capacidades técnicas en la lucha contra un fenómeno que no reconoce fronteras.
El legislador del PLD advierte que República Dominicana no debe asumir la carga de deportados de otras naciones, al tiempo que enfrenta la crisis haitiana. Considera “inaceptable” que el país se convierta en receptor temporal de personas expulsadas desde territorio estadounidense. Por Arturo Feliu G. SANTO DOMINGO. – El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz, manifestó su rotundo rechazo al acuerdo suscrito entre la República Dominicana y Estados Unidos, mediante el cual el país aceptaría la estadía temporal de deportados procedentes de la nación norteamericana, mientras se completan sus procesos de retorno a sus países de origen. El legislador opositor sostuvo que la República Dominicana ya enfrenta suficientes desafíos derivados de la crisis haitiana y del flujo migratorio irregular proveniente de la vecina nación, por lo que consideró desacertado asumir nuevas responsabilidades vinculadas a personas expulsadas desde terceros países. “República Dominicana tiene ya suficientes problemas con la situación haitiana como para agregarle otra carga de esta naturaleza”, expresó Díaz en declaraciones ofrecidas a la prensa local. El congresista advirtió que mezclar ambas problemáticas –la presión migratoria haitiana y la llegada de deportados de otras nacionalidades– podría agravar aún más la situación migratoria y de seguridad en el país. Aseguró que esta decisión equivaldría a “dinamitar un problema” que, a su juicio, podría generar consecuencias negativas para la nación. Asimismo, calificó como “inaceptable” que la República Dominicana se convierta en receptora de deportados de otros países, insistiendo en que cada Estado debe asumir la responsabilidad de sus ciudadanos. “Cada quien tiene que resolver su problema; migratoriamente eso se resuelve en el país de origen del afectado o en el país donde cometió el delito”, manifestó el legislador peledeísta. Las declaraciones de Díaz surgen luego de que el canciller Roberto Álvarez informara sobre el alcance del acuerdo suscrito con Estados Unidos, mediante el cual el país aceptaría de manera temporal a personas deportadas mientras se completa su proceso de retorno a sus respectivas naciones. Álvarez explicó que el convenio forma parte de mecanismos de cooperación migratoria impulsados por Washington con varios países de la región, y aseguró que la República Dominicana mantendrá controles y condiciones específicas dentro de ese proceso. Sin embargo, el tema ha generado reacciones encontradas en distintos sectores políticos y sociales, especialmente en medio del debate nacional sobre la presión migratoria que enfrenta el país debido a la profunda crisis que atraviesa Haití. Por ahora, el acuerdo sigue en pie, mientras voces como la de Danilo Díaz insisten en que el gobierno dominicano debe priorizar la soberanía y la capacidad de respuesta interna antes de asumir compromisos internacionales que, a su entender, agravan una situación ya de por sí compleja.
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