UMBRAL, MARCAMOS TENDENCIA
El expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, pidió al presidente Luis Abinader actuar sin presiones en la renovación de la Suprema Corte de Justicia y afirmó que, si dependiera de él, solo mantendría a cuatro de los actuales once magistrados. Por César Dalmasi Guzmán Santo Domingo.– En momentos en que el Consejo Nacional de la Magistratura entra en una etapa decisiva para definir el futuro inmediato de la Suprema Corte de Justicia, el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, lanzó una advertencia directa al presidente Luis Abinader: que no se deje presionar a la hora de escoger a los nuevos jueces y, sobre todo, a quien tendrá la responsabilidad de encabezar el máximo tribunal judicial del país. La exhortación no fue formulada entre líneas. Ray Guevara habló con la franqueza que suele caracterizar sus intervenciones sobre asuntos constitucionales y puso el debate allí donde entiende que debe estar: en las facultades del Consejo Nacional de la Magistratura y en la necesidad de dotar al Poder Judicial de un liderazgo renovado. “Yo le recomiendo públicamente al presidente de la República Dominicana que no se deje presionar ni mortificar, porque el esquema constitucional está establecido muy claramente”, expresó durante su participación en el programa Hoy Mismo. El pronunciamiento se produce mientras el CNM desarrolla la evaluación de siete jueces de la Suprema Corte y mantiene abierta una convocatoria para cubrir cuatro vacantes, además de aquellas que eventualmente pudieran surgir como resultado de las evaluaciones en curso. El Consejo tiene previsto continuar las deliberaciones el próximo 8 de septiembre. Una “campañita” que cuestiona El antiguo presidente del Tribunal Constitucional dirigió buena parte de sus críticas contra los sectores que promueven la idea de que el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia debe provenir necesariamente de la carrera judicial. Ray Guevara calificó esa corriente de opinión como una “campañita” destinada, según su interpretación, a reducir el margen de decisión del presidente de la República y del propio Consejo Nacional de la Magistratura. “Evidentemente quieren presionarlo”, afirmó. Para el jurista, convertir la procedencia de la carrera judicial en una condición prácticamente obligatoria supone desconocer la arquitectura constitucional bajo la cual funciona el CNM y limitar anticipadamente las posibilidades de selección. Su argumento descansa también en la experiencia comparada. Sostuvo que en otros sistemas democráticos, entre ellos el estadounidense, la presidencia de una alta corte no ha estado reservada exclusivamente a magistrados surgidos de una carrera judicial tradicional. Más que el origen profesional del candidato, dijo, lo fundamental debe ser su capacidad para conducir institucionalmente uno de los poderes fundamentales del Estado. Reclama un liderazgo capaz de reencaminar la Justicia Ray Guevara entiende que el Poder Judicial dominicano atraviesa un momento que demanda capacidad de gestión, apertura al diálogo y autoridad institucional. En ese contexto recurrió a la figura de Jorge Subero Isa, quien presidió durante años la Suprema Corte de Justicia y encabezó una etapa de profundas transformaciones dentro de la judicatura dominicana. “Aquí se necesita un liderazgo de tipo Subero para reencaminar el Poder Judicial”, sostuvo. La frase resume una de las principales tesis de su intervención: el debate sobre la Suprema no debería limitarse a la continuidad o sustitución de determinados magistrados, sino alcanzar también al modelo de dirección que necesita la Justicia dominicana para los próximos años. “De los actuales 11, solo dejaría cuatro” Fue, sin embargo, al referirse a la actual composición de la Suprema Corte cuando Ray Guevara formuló una de sus afirmaciones más contundentes. “Si fuera por mí, de los actuales 11 jueces de la SCJ, solo dejaría cuatro”, afirmó. La razón, explicó, es que la Suprema necesita “sangre nueva”. El expresidente del Constitucional se mostró particularmente crítico con la posibilidad de mantener en el tribunal a magistrados que hayan completado 14 años, equivalentes a dos períodos de siete años. En su razonamiento puso sobre la mesa una comparación con los límites temporales establecidos para otras posiciones de elevada responsabilidad pública. Recordó que un presidente de la República puede ejercer un máximo de ocho años consecutivos, mientras un juez del Tribunal Constitucional permanece nueve años en funciones. Otras autoridades constitucionales, como las vinculadas a los órganos electorales, también están sujetas a períodos definidos. Desde esa perspectiva, Ray Guevara planteó que la permanencia prolongada dentro de la Suprema no debe convertirse en un criterio automático de continuidad y defendió una renovación considerable de la alta corte. Defiende la entrada de juristas externos Otro de los puntos abordados fue la composición misma de la Suprema Corte y la posibilidad de incorporar profesionales procedentes de fuera de la carrera judicial. Ray Guevara defendió ese modelo porque, según explicó, permite combinar la experiencia de quienes han desarrollado toda su trayectoria dentro de los tribunales con la visión de abogados y académicos procedentes del ejercicio profesional. A su entender, esa integración contribuye a evitar una excesiva visión corporativa de la Justicia. El jurista insistió en que las dificultades institucionales no siempre tienen su origen en las normas o reglamentos. Muchas veces, razonó, el resultado depende de los hombres y mujeres encargados de aplicarlos y de la interpretación que realizan de los mecanismos jurídicos disponibles. Cuestiona presencia del ministro de Justicia en el CNM Ray Guevara también abrió otro frente de discusión al cuestionar la presencia del ministro de Justicia en reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura. “Yo no entiendo por qué el ministro de Justicia puede estar sesionando en el CNM”, señaló. Su planteamiento parte de que el Ministerio de Justicia forma parte del Poder Ejecutivo y que este dispone de otras instancias técnicas, entre ellas la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, para ofrecer asesoría en asuntos institucionales. Para Ray Guevara, la composición y funcionamiento del Consejo deben mantenerse estrictamente dentro de los límites establecidos por el orden constitucional. Considera que el proceso “va bien” Pese a sus advertencias y cuestionamientos, el expresidente del Tribunal Constitucional ofreció una valoración favorable de la marcha de las evaluaciones que lleva adelante el CNM. Aseguró que el proceso “va bien”, aunque
Los horarios para la venta de bebidas alcohólicas en colmados, bares, discotecas, casinos y otros centros de diversión permanecerán sin cambios durante los próximos dos años, pese a que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el Decreto 308-06. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que el Gobierno acatará la decisión y colaborará con el Congreso Nacional en la elaboración de una nueva legislación. Por Virtudes Álvarez Sampedro Santo Domingo. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró este miércoles que el Gobierno respetará y acatará la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional el Decreto 308-06, el cual regula los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas en establecimientos de diversión. No obstante, la funcionaria aclaró que la propia alta corte dispuso que el decreto continúe vigente durante un período de dos años, con el propósito de otorgar tiempo suficiente al Congreso Nacional para aprobar una nueva legislación que regule la materia conforme a los principios constitucionales. A través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), Raful expresó que el Ministerio de Interior y Policía acompañará el proceso legislativo y promoverá el diálogo con los distintos sectores de la sociedad. “Respetamos y acatamos su decisión. Al mismo tiempo, acompañaremos al Congreso y escucharemos a la sociedad para construir una normativa moderna, efectiva y acorde con las necesidades del país”, manifestó la funcionaria. Asimismo, reiteró que la prioridad de la institución seguirá siendo preservar la seguridad ciudadana, proteger la vida y garantizar la convivencia pacífica en todo el territorio nacional. Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el decreto La reacción de Raful se produjo un día después de que el Tribunal Constitucional emitiera la sentencia TC/0689/26, del 28 de julio de 2026, mediante la cual declaró inconstitucional el Decreto 308-06, promulgado por el Poder Ejecutivo en 2006. La decisión respondió a una acción directa de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Víctor Eddy Mateo Vásquez. El alto tribunal concluyó que, aunque la regulación de los horarios de venta de bebidas alcohólicas persigue un objetivo legítimo vinculado al orden público y la seguridad ciudadana, el decreto permaneció vigente de manera indefinida sin el soporte legal exigido por la Constitución. Horarios se mantienen mientras el Congreso legisla Pese a la declaratoria de inconstitucionalidad, el TC moduló los efectos de su decisión y mantuvo temporalmente la vigencia del decreto para evitar un vacío normativo. En consecuencia, continuarán aplicándose los horarios establecidos desde 2006: De domingo a jueves, la venta de bebidas alcohólicas está permitida hasta las 12:00 de la medianoche. Los viernes y sábados, el expendio podrá realizarse hasta las 2:00 de la madrugada. La normativa también contempla sanciones para los establecimientos que incumplan las restricciones, incluyendo el cierre temporal o definitivo de los negocios. Durante los próximos dos años, el Congreso Nacional deberá debatir y aprobar una ley que sustituya el decreto y establezca un marco jurídico acorde con la Constitución y las necesidades actuales del país.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró que el Tribunal Superior Electoral (TSE) debió asumir el conocimiento del recurso presentado contra el reglamento de la Junta Central Electoral (JCE) que restringe la publicación de encuestas electorales en períodos no previstos por la ley, al advertir que la decisión de declararse incompetente altera el diseño institucional establecido por la Constitución. Por: Virtudes Álvarez Sampedro Santo Domingo.– La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) sostuvo que el Tribunal Superior Electoral (TSE) debió conocer y decidir el recurso interpuesto contra la Resolución 14-2026 de la Junta Central Electoral (JCE), que prohíbe la publicación de encuestas electorales fuera de los períodos establecidos por la legislación vigente. En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la entidad afirmó que la decisión del TSE de declararse incompetente y remitir el caso al Tribunal Constitucional debilita la vía jurídica prevista para resolver controversias propias de la jurisdicción electoral. “La decisión jurídicamente más consistente habría sido que el Tribunal Superior Electoral asumiera el conocimiento del recurso y resolviera la controversia”, expresó Finjus. La organización explicó que, si durante el conocimiento del expediente los jueces del TSE hubieran identificado una cuestión de constitucionalidad que excediera sus atribuciones, el ordenamiento jurídico dispone de mecanismos adecuados para atender esa situación sin que el tribunal renuncie a la competencia que le asignan la Constitución y la ley. Defensa del diseño institucional Finjus advirtió que convertir al Tribunal Constitucional en el destinatario habitual de las impugnaciones contra reglamentos administrativos desnaturaliza la función de esa alta corte y altera el equilibrio institucional concebido por el constituyente. La entidad sostuvo que el debate trasciende la validez de un reglamento electoral, ya que involucra el alcance de las competencias constitucionales de la jurisdicción electoral y la preservación del modelo institucional diseñado por la Carta Magna. En ese contexto, recordó que el Tribunal Superior Electoral fue creado como el órgano especializado para conocer los conflictos contencioso-electorales. “La especialización del TSE perdería contenido si cada vez que un reglamento electoral fuera impugnado bajo el argumento de infringir la Constitución o la ley, el juez electoral declinara su competencia en favor del Tribunal Constitucional”, señaló la fundación. Asimismo, enfatizó que la sola invocación de disposiciones constitucionales no convierte automáticamente un litigio contencioso-electoral en una acción directa de inconstitucionalidad, por lo que corresponde al TSE ejercer las funciones que le atribuye el ordenamiento jurídico. Controversia por el reglamento sobre encuestas El pronunciamiento de Finjus se produce en medio del debate generado por la Resolución 14-2026 de la Junta Central Electoral, que regula la publicación de encuestas electorales y cuya legalidad ha sido cuestionada mediante un recurso sometido ante la jurisdicción electoral. Para la organización, preservar la competencia del Tribunal Superior Electoral resulta esencial para garantizar la especialización de la justicia electoral y mantener el equilibrio institucional previsto por la Constitución de la República.
SUFRAGIO La segunda vuelta presidencial peruana vuelve a colocar ese país en una situación de máxima incertidumbre política. No se ha podido declarar, en un tiempo razonable, ni siquiera provisionalmente, un ganador, debido a la reducidísima diferencia entre los candidatos Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Sin duda, cuando ocurre este tipo de fenómeno electoral, la competencia política se traslada desde las urnas hacia los organismos encargados de administrar y calificar el proceso, por lo que, además de una disputa entre dos aspirantes, Perú enfrenta una prueba de resistencia para sus instituciones democráticas. En ese sentido, la Enciclopedia ACE Project sostiene que, cuando la diferencia entre los candidatos es mínima, la administración del proceso se encuentra sometida a una presión excepcional, debido a que cada decisión técnica que tome adquiere una dimensión política y cualquier retraso o error puede afectar la percepción pública de imparcialidad. Asimismo, la experiencia comparada demuestra que las elecciones cerradas incrementan la tensión también en los tribunales que deben resolver las impugnaciones, ya que, lejos de ser un problema exclusivamente jurídico, se trata de un fenómeno político que pone a prueba la credibilidad del sistema democrático, no obstante que las misiones de observación internacional de la OEA y de la Unión Europea hayan señalado que la jornada electoral se desarrolló adecuadamente y que se deben respetar los procedimientos legales para garantizar la legitimidad del resultado final. El proceso oficial confirmó la extraordinaria estrechez de los resultados cuando, con más del 97 % de las actas contabilizadas, la diferencia entre ambos candidatos se reducía a apenas unas décimas porcentuales, mientras cientos de miles de votos observados o impugnados debían ser revisados por las autoridades competentes, un procedimiento que podría extenderse durante semanas. La situación adquiere una dimensión aún más delicada, debido a que Perú cuenta con uno de los sistemas presidenciales más débiles del mundo, motivo por el cual en la última década ha experimentado una sucesión de presidentes, vacancias, renuncias, destituciones y gobiernos transitorios. Desde la perspectiva de la ciencia política, un presidente elegido por un margen ínfimo inicia su mandato con una legitimidad electoral formalmente incuestionable, pero políticamente frágil. Si además enfrenta un Congreso fragmentado y altamente confrontacional, la posibilidad de construir mayorías estables disminuye considerablemente. Por su lado, la destacada politóloga Pippa Norris ha señalado que la confianza en la integridad electoral constituye un activo democrático indispensable, especialmente cuando los resultados son estrechos y el perdedor dispone de incentivos para cuestionar el proceso. La principal lección que ofrece hoy Perú es que la legitimidad democrática no depende únicamente del número de votos obtenidos por un candidato, sino de la credibilidad de las instituciones encargadas de contarlos. En una elección donde unos pocos miles de sufragios pueden decidir el futuro de un país de millones de habitantes, la independencia, la transparencia y la profesionalidad de la administración electoral representan el verdadero fundamento de la estabilidad política. Más allá de quién resulte finalmente vencedor, el mayor desafío será reconstruir la confianza ciudadana y garantizar la gobernabilidad de un sistema presidencial que, una vez más, enfrenta la difícil tarea de demostrar que la democracia puede administrar pacíficamente la incertidumbre y transformar un resultado ajustado en una decisión legítima y aceptada por toda la nación.
A solo semanas de que entre en vigor el nuevo Código Penal, el próximo 3 de agosto, un temor recorre la sociedad dominicana como pólvora: ¿acaso esta esperada normativa, gestada durante más de dos décadas en el Congreso, terminará por amordazar a quienes alzan su voz? El fantasma de la censura vuelve a rondar, y no faltan quienes aseguran que el país se prepara para vivir bajo el filo de una ley que castigará hasta el último insulto en Facebook. Por Redacción Nacional Santo Domingo. –La interrogante no es menor. Mientras la Constitución proclama en su artículo 49 el derecho sagrado a expresar pensamientos sin censura previa, el nuevo texto punitivo introduce penas que harían temblar al más osado de los periodistas o al ciudadano que osa criticar en Twitter. El honor y la reputación, dicen los legisladores, también merecen protección. Pero la ciudadanía se pregunta: ¿a qué costo? El artículo 208 del flamante código no deja lugar a dudas: quien impute públicamente un hecho capaz de manchar el honor, la dignidad o el buen nombre de una persona —sea física o jurídica— se expone a penas de dos a cinco años de prisión menor y multas de hasta quince salarios mínimos del sector público. Y cuidado, porque el medio no importa: redes sociales, transmisiones en vivo, plataformas digitales, todo queda bajo la lupa. Pero eso no es todo. El artículo 210 castiga la injuria, esas expresiones ultrajantes que, sin señalar un hecho concreto, hieren la dignidad ajena. Y el 310, quizás el más polémico, establece que ultrajar a un funcionario público —con palabras, gestos o escritos, aunque sean en privado— merece de quince días a un año de prisión, más multa del doble o triple de su salario. Los más avispados recordarán la vieja Ley 6132 de 1962, que hasta ahora regía la materia. En aquel entonces, difamar a un particular costaba apenas quince días a seis meses de prisión y multas de 25 a 200 pesos. Hoy, los valores se han multiplicado y el plazo para que prescriba el delito se ha extendido. La mano dura, dicen, es la nueva firma de la justicia. Sin embargo, no todos cantan malas nuevas. Juristas alertan que el Tribunal Constitucional, mediante su sentencia TC/0075/16, ya dejó claro que la crítica a funcionarios públicos, el debate de interés general y las denuncias verificables están blindadas por la libertad de expresión. Ese fallo, recuerdan, tumbó artículos completos de la vieja ley. ¿Hará lo mismo con el nuevo código? Mientras tanto, el reloj avanza. El 3 de agosto, la espada caerá. Los periodistas, los comentaristas de redes y hasta el ciudadano que suelta un improperio en un grupo de WhatsApp deberán pensarlo dos veces. Porque en la República Dominicana, a partir de esa fecha, la lengua tendrá dueño. O al menos, un juez.
El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios alerta que artículos como el 208, que castiga con dos a cinco años de cárcel a quienes difamen a través de medios tradicionales o digitales, amenazan con generar autocensura y contradicen criterios previos del Tribunal Constitucional. Por: Brendalis Reyes SANTO DOMINGO. – El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, lanzó una severa advertencia sobre las implicaciones que el nuevo Código Penal, cuya vigencia está prevista para agosto próximo, tendría sobre el ejercicio del periodismo, la libertad de expresión y el derecho ciudadano a denunciar asuntos de interés público. En una intervención medida pero de hondo calado, Maldonado señaló que ciertas disposiciones del texto legal reintroducen figuras punibles que el país había dejado atrás por considerarlas lesivas a la democracia. El directivo concentró su inquietud en los artículos relativos a la difamación y la injuria, al advertir que la restitución de penas privativas de libertad para estos delitos —eliminadas en el pasado por mandato constitucional— podría sembrar el temor en redacciones, plataformas digitales y voces ciudadanas que denuncian actos de corrupción o irregularidades. “Una ley excesivamente severa no protege el honor; lo que hace es silenciar”, sentenció Maldonado durante un encuentro con periodistas. El artículo 208 del nuevo cuerpo normativo contempla sanciones de dos a cinco años de prisión, además de multas económicas, para quienes resulten culpables de difamación cometida a través de medios de comunicación tradicionales, plataformas digitales, redes sociales u otros soportes electrónicos. A juicio de Maldonado, esta disposición no solo resulta desproporcionada, sino que además entra en contradicción con criterios previamente establecidos por el Tribunal Constitucional dominicano, el cual en decisiones anteriores había suprimido la cárcel como castigo para estos casos al entender que afecta directamente el ejercicio de la libertad de expresión. “El efecto será la autocensura. El periodista pensará dos veces antes de investigar, y el ciudadano dudará antes de alzar la voz”, advirtió el también veterano comunicador, quien abogó por un modelo de sanciones centrado en la reparación del daño y no en la privación de libertad. Maldonado recordó que la prensa libre no es un privilegio, sino un pilar del Estado de derecho, y que poner en riesgo su función fiscalizadora —en un país donde la corrupción y el manejo opaco de lo público siguen siendo asignaturas pendientes— equivale a debilitar la propia democracia. A solo meses de que entre en vigor la nueva legislación penal, el debate nacional se intensifica. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión, colegios de periodistas y universidades han comenzado a sumar sus voces a la de Maldonado, exigiendo una revisión profunda de los artículos que limitan derechos fundamentales. Mientras tanto, el Congreso y el Poder Ejecutivo guardan silencio, y el país observa con cautela si el nuevo Código Penal será una herramienta de justicia o, por el contrario, una espada sobre la cabeza de quienes se atreven a contar la verdad.
La magistrada Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio contra el exdirector del Intrant y una decena de acusados, además de varias empresas, por la presunta adjudicación fraudulenta del contrato para modernizar los semáforos del Gran Santo Domingo. El Ministerio Público los señala por delitos que incluyen lavado de activos, estafa al Estado, sabotaje tecnológico y terrorismo. Por: Thiago N. Guzmán Santo Domingo, D.N. –El tribunal que encabeza la jueza Yanibet Rivas decidió elevar a juicio de fondo el expediente del denominado caso Camaleón, una trama de corrupción que, según las investigaciones, desvió millonarios recursos públicos destinados a la modernización del sistema semafórico del Gran Santo Domingo. Entre los procesados que deberán sentarse en el banquillo de los acusados figuran Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), señalado como el presunto cerebro de la red; así como exfuncionarios y empresarios vinculados a una docena de compañías que, de acuerdo con el expediente acusatorio, operaron como fachada para extraer fondos del Estado, espiar infraestructuras críticas y manipular tecnológicamente los semáforos de la capital. La magistrada Rivas sustentó su decisión en el cúmulo de pruebas presentadas por el Ministerio Público, que demostraron, a su juicio, la existencia de indicios razonables sobre los ilícitos imputados. “Los elementos de convicción aportados por la acusación son suficientes para presumir que los encartados pudieron haber cometido los hechos que se les atribuyen, por lo que corresponde su juzgamiento en un tribunal de fondo”, estableció la jueza en su resolución. Un entramado de contratos irregulares y empresas pantalla Según la tesis fiscal, el corazón del entramado corrupto giraba en torno a la empresa Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., mediante las cuales se habrían otorgado accesos privilegiados a contratos públicos sin que dichas compañías demostraran capacidad técnica o financiera para ejecutarlos. La investigación determinó que, a través de convenios irregulares, se desviaron fondos del Intrant y se operó un esquema de lavado de activos que vulneró los principios de transparencia y legalidad administrativa. José Ángel Gómez Canaán aparece como el eje central de la presunta organización criminal. De acuerdo con el expediente, este hombre mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con todas las empresas implicadas, y bajo su dirección se habría consolidado una estructura dedicada a la estafa contra el Estado, el sabotaje tecnológico y el control ilegítimo de infraestructuras críticas. Medidas de coerción y caso complejo En octubre de 2024, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, declaró el caso como complejo y dictó medidas de coerción contra Hugo Beras, Gómez Canaán y otros siete imputados. Ahora, con la apertura a juicio, se abre la fase contradictoria donde defensa y acusación debatirán ante un tribunal colegiado la responsabilidad penal de cada uno. Además de los dos principales implicados, irán a juicio Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Feliz Casso. En el plano corporativo, deberán comparecer como personas jurídicas acusadas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L. Delitos graves: desde sabotaje hasta terrorismo El Ministerio Público imputa a los acusados una batería de delitos que incluye coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco, estafa contra el Estado, sabotaje, robo de identidad, crímenes contra la nación, actos de terrorismo y delitos de alta tecnología, todos contemplados en el ordenamiento jurídico dominicano. El caso, que ha conmocionado a la opinión pública por la magnitud de los recursos involucrados y la presunta afectación a un servicio crítico como los semáforos de la capital, promete ser uno de los juicios por corrupción más complejos y seguidos de los últimos años en la República Dominicana. La fecha para el inicio del debate oral y público aún no ha sido fijada por el tribunal competente.
Santo Domingo. – El acuerdo de cooperación suscrito entre República Dominicana y Estados Unidos ha generado una aguda polarización entre los sectores políticos y sociales del país.
El Consejo del Poder Judicial recibió a tres voceros y cinco jueces en un encuentro de alto voltaje. Prometen atender mejoras salariales, ascensos y sobrecarga laboral, pero los convocantes del paro denuncian una estrategia para simular diálogo. Advierten: “No nos han llamado, nos preparamos para contraatacar”. Por Thiago N. Guzmán El reloj marcaba las nueve de la mañana cuando las puertas del Consejo del Poder Judicial (CPJ) se abrieron para un encuentro que, en el papel, pretendía coser las heridas abiertas por el paro del jueves. Pero en los pasillos de la judicatura, donde la toga a veces oculta más de lo que revela, pocos creen que la puntada baste para cerrar el tajo. Luis Henry Molina, presidente del organismo, recibió a tres voceros del colectivo huelgario y a cinco jueces elegidos para representar a sus instancias. Juntos, con la solemnidad que exige el templo de la justicia, se sentaron a hablar de mejoras salariales, ascensos y esas reivindicaciones que los magistrados y servidores judiciales llevan tatuadas en la piel de su desgaste diario. Al final, una calificación: “fructífera”. Pero la palabra, en el lenguaje judicial, admite varias interpretaciones. El magistrado Alexis Gómez Geraldino —invitado a la mesa pese a no pertenecer a ninguno de los colectivos en pie de guerra— salió con un mensaje optimista. “Las reivindicaciones serán atendidas”, declaró. Y citó un acta del 19 de mayo, esa misma que los manifestantes calificaron como “vaga” y carente de soluciones reales cuando el CPJ intentó con ella neutralizar el paro. “Confiamos en que este proceso de diálogo fortalezca la institucionalidad”, añadió Gómez Geraldino, en un mensaje dirigido a jueces y juezas que aún esperan acciones concretas, no promesas de mármol. Sin embargo, en el otro lado del mostrador, la temperatura es otra. Entre quienes convocaron al paro —aquel éxito del jueves que solo se levantó ayer— nadie comparte el entusiasmo del magistrado. Lo miran con recelo: Gómez Geraldino, dicen, nunca ha sido parte del movimiento. Alguien murmura que incluso se opuso abiertamente a la huelga. Y ahora, convertido en vocero de un diálogo que muchos consideran un espejismo, levanta suspicacias. “El CPJ solo ha querido dar la percepción de que hay diálogo”, afirman los convocantes desde la trinchera del anonimato. Y la frase no es menor: porque percepción no es realidad, así como un acta no es un salario. Nadie del Consejo, denuncian, se ha acercado al colectivo. Las promesas vuelan, pero los pies siguen firmes en el suelo. Y advierten: se preparan para contraatacar. En la reunión también estuvieron presentes Franchesca Potentini y Pablo Imbert (jueces de Paz), Luis Carrera (Primera Instancia) y Claudia Peña (de Corte). Fueron elegidos por las consejeras Keila González y Karen Mejía, bajo la encomienda del presidente Molina, a quien acompañan en el CPJ las magistradas Karen Josefina Mejía, Keila González y Katherine Rubio. El próximo martes, dicen, continuarán las medidas. Algunas ya están. Otras vendrán. Pero mientras tanto, en los pasillos de Palacio, la justicia no descansa: espera. Y cuando la espera se vuelve paciencia de plomo, el paro vuelve a crujir en los quicios de la puerta.
Hay una verdad incómoda que el poder prefiere no mirar: en la República Dominicana, quienes administran justicia viven en condiciones indígenas. Y no es una metáfora. Es la descripción cruda de un abandono que lleva años institucionalizado, silenciado bajo el peso de discursos huecos y árboles de Navidad de once millones de pesos. 450 jueces y juezas —450— han dicho basta. No lo hicieron desde el estrado, ni con la solemnidad de una sentencia. Lo hicieron en la calle, frente a sus propios palacios de justicia, con un paro indefinido que ha sacudido los cimientos de un Poder Judicial que se ufana de tener como lema: “Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas”. Pero, ¿qué dignidad puede garantizarse cuando quienes la sirven trabajan de noche en sus casas, enferman de cáncer o sufren derrames cerebrales por la presión laboral, y renuncian en masa porque el salario no alcanza? La respuesta es ninguna. El Consejo del Poder Judicial y, por extensión, el gobierno que lo tutela y lo financia, han convertido la administración de justicia en una fachada. Mientras los tribunales se caen a pedazos, mientras faltan jueces y personal de apoyo, mientras la seguridad es una ficción y la carga laboral aplasta a magistrados y servidores, las altas instancias derrochan el presupuesto en viajes, hospedajes, restaurantes, publicidad, eventos, influencers y un árbol navideño que costó lo que cientos de familias ganan en un año. Esa no es solo una contradicción. Es una ofensa. Y, peor aún, es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción. Porque cuando un juez no tiene condiciones dignas, cuando su salario es precario, cuando su infraestructura es un cascarón abandonado y su carga laboral es inhumana, el sistema entero queda expuesto. No hace falta maldad intencionada para que la justicia se corrompa. Basta con el abandono. Basta con que el Estado le diga a quienes imparten justicia: “Ustedes no importan”. En ese vacío, en esa indiferencia, germinan los sobornos, los favores, las presiones silenciosas y la complicidad del cansancio. Un juez agotado, mal pagado y sin respaldo institucional es un juez vulnerable. Un personal administrativo que trabaja en la precariedad es un personal fácilmente presionable. Y un Poder Judicial que gasta millones en superficialidades mientras sus bases se desangran es un Poder Judicial que ha perdido la brújula moral. Los jueces manifestantes lo dijeron con claridad meridiana: “No puede haber justicia verdadera donde quienes la sirven son tratados con indiferencia. No puede haber Estado de Derecho donde el derecho se aplica a todos menos a quienes lo custodian”. Esas no son palabras de un gremio enojado. Son la constatación de un fracaso institucional. El gobierno y el Consejo del Poder Judicial tienen ahora una encrucijada. Pueden seguir apostando por las evasivas, las promesas sin fecha, las hojas de ruta sin plazos y los diagnósticos interminables. O pueden entender que la paciencia de quienes cargan el sistema en sus hombros se ha agotado. Los jueces no piden lujos. Piden lo mínimo: personal, salarios dignos, infraestructura, seguridad. Piden que no se gasten once millones en un árbol de Navidad mientras ellos trabajan de noche en sus casas. Desde umbral.local/ lo decimos sin ambages: el abandono de los jueces y servidores judiciales no es un problema gremial. Es un problema de Estado. Y mientras no se resuelva, la justicia dominicana seguirá cojeando, y la corrupción encontrará siempre una puerta entreabierta. Los 450 jueces que paralizaron los tribunales no están pidiendo un favor. Están exigiendo un derecho. Y la sociedad entera debería respaldarlos, porque una justicia digna no es un privilegio de quienes la imparten: es la única garantía de que algún día, todos los dominicanos podamos creer en ella. El silencio ya se rompió. Ahora falta que los hechos hablen.
El expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, pidió al presidente Luis Abinader actuar sin presiones en la renovación de la Suprema Corte de...
El gigantesco acuerdo petrolero alcanzado entre el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez y la administración de Donald Trump ha abierto una fractura que trasciende...
La Fuerza del Pueblo pidió investigar las denuncias sobre aumentos en las facturas eléctricas y reclamó explicaciones para los consumidores, al tiempo que cuestionó...
Dos décadas después de que Hugo Chávez advirtiera que las enormes reservas petroleras de Venezuela podían convertirse en el verdadero objetivo de una ofensiva...
Abogado, investigador y especialista en regulación financiera, Enmanuel Cedeño Brea llega a la Superintendencia de Bancos con una trayectoria construida dentro del propio sistema...
El petróleo WTI rompió nuevamente la barrera de los US$90 por barril después de una nueva escalada entre Estados Unidos e Irán, que ha...
La educación dominicana registra avances importantes en cobertura y finalización de primaria y secundaria, pero los resultados de aprendizaje continúan rezagados, especialmente en matemáticas...
Dan Driscoll presentó su renuncia como secretario del Ejército de Estados Unidos después de 18 meses en el cargo. Aunque la Casa Blanca no...
A menos de seis meses del plazo para solicitar reconocimiento ante la Junta Central Electoral, nuevas organizaciones aceleran sus trabajos con la mirada puesta...
Los teléfonos inteligentes ocupan un espacio cada vez mayor en la vida de adolescentes y jóvenes. Su utilización abre enormes posibilidades para estudiar, informarse...
Francia estrena el curso escolar con una de sus medidas educativas más ambiciosas frente a la sobreexposición digital: alumnos sin teléfonos móviles durante la...
Lionel Messi puso fin a su etapa con la selección argentina y desató una ola de mensajes de despedida de compañeros, familiares y deportistas....
En un escenario internacional marcado por guerras, tensiones geopolíticas y nuevas barreras comerciales, los bancos centrales enfrentan un desafío cada vez más difícil: contener...
El expresidente Hipólito Mejía puso en perspectiva las posibles aspiraciones políticas de Santiago Matías al recordar que la política exige mucho más que popularidad...
Luis Abinader ratificó a Héctor Valdez Albizu hasta 2028. Al finalizar el nuevo período habrá acumulado 30 años como gobernador del Banco Central dominicano....
El director general de la Policía Nacional, Ernesto Rodríguez García, realizó una amplia reorganización de mandos en áreas estratégicas, regionales y especializadas para fortalecer...
En octubre de 1967, en pleno auge de la Revolución Cultural china y en un escenario internacional atravesado por profundas tensiones ideológicas, un grupo...
El nuevo Código Penal dominicano entra en vigencia este 3 de agosto con penas de hasta 40 años de prisión y 60 años por...
El histórico dirigente del Partido Comunista del Trabajo, Manuel Salazar, propone abandonar la fragmentación que ha limitado electoralmente a la izquierda dominicana y construir...
La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán ha entrado en un peligroso punto de estancamiento. Tras meses de ataques, represalias y negociaciones...
Los horarios para la venta de bebidas alcohólicas en colmados, bares, discotecas, casinos y otros centros de diversión permanecerán sin cambios durante los próximos...
El ministro de Turismo, David Collado, inspeccionó este martes los trabajos finales de la remodelación de la playa El Faro, en San Pedro de...
Un informe de IQVIA 2026 sitúa a República Dominicana entre los países de Centroamérica y el Caribe con mayor proporción de recetas médicas “viajeras”,...
La delegación dominicana vivió una jornada memorable en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar cuatro medallas de oro...
Los nuevos ataques verbales del presidente argentino Javier Milei contra su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, han desencadenado la mayor crisis diplomática...
Bernardo Pie hizo historia al conquistar su tercera medalla de oro consecutiva en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, consolidándose como...
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llega nuevamente a la Casa Blanca en un contexto político complejo, marcado por el debilitamiento de su...
La República Dominicana dio apertura oficial a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una ceremonia que combinó deporte, historia,...
La transición presidencial en Colombia, previa a la toma de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto, ha...
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró que el Tribunal Superior Electoral (TSE) debió asumir el conocimiento del recurso presentado contra el reglamento de...
El Colegio Dominicano de Bioanalistas expresó su rechazo a la extensión de las jornadas laborales en los hospitales y pidió al director nacional de...
La judoca Ana Rosa García conquistó este sábado la primera medalla de oro para la República Dominicana en los XXV Juegos Centroamericanos y del...
A propósito de las elecciones del próximo 17 de junio para elegir las nuevas autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el periodista...
San Francisco de Macorís se erige en altavoz de la memoria patriótica: Organizaciones sociales rinden solemne homenaje a los héroes del 14 de junio...
Restricciones absurdas en las salas de prensa del Mundial 2026 en Estados Unidos desatan una tormenta diplomática: prohíben preguntas en castellano, humillan a periodistas...
La madrugada del 14 de junio de 1959 no fue una fecha más en el calendario patrio. Fue el instante en que 198 hombres...
Con una actuación legendaria de Jalen Brunson, quien firmó 45 puntos para sellar el 94-90 definitivo, los Knicks completan una remontada épica en San...
El Partido Unificado de los Comunistas Dominicanos (PUCD), a 67 años de la Gesta Heroica de Constanza, Maimón y Estero Hondo, reivindica el legado...
A 67 años de la expedición del 14 de Junio de 1959, seguimos su lucha. Eddy, en el barrio de Villa Juana, contaba a...
