Hay una verdad incómoda que el poder prefiere no mirar: en la República Dominicana, quienes administran justicia viven en condiciones indígenas. Y no es una metáfora. Es la descripción cruda de un abandono que lleva años institucionalizado, silenciado bajo el peso de discursos huecos y árboles de Navidad de once millones de pesos.
450 jueces y juezas —450— han dicho basta. No lo hicieron desde el estrado, ni con la solemnidad de una sentencia. Lo hicieron en la calle, frente a sus propios palacios de justicia, con un paro indefinido que ha sacudido los cimientos de un Poder Judicial que se ufana de tener como lema: “Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas”. Pero, ¿qué dignidad puede garantizarse cuando quienes la sirven trabajan de noche en sus casas, enferman de cáncer o sufren derrames cerebrales por la presión laboral, y renuncian en masa porque el salario no alcanza?
La respuesta es ninguna.
El Consejo del Poder Judicial y, por extensión, el gobierno que lo tutela y lo financia, han convertido la administración de justicia en una fachada. Mientras los tribunales se caen a pedazos, mientras faltan jueces y personal de apoyo, mientras la seguridad es una ficción y la carga laboral aplasta a magistrados y servidores, las altas instancias derrochan el presupuesto en viajes, hospedajes, restaurantes, publicidad, eventos, influencers y un árbol navideño que costó lo que cientos de familias ganan en un año.
Esa no es solo una contradicción. Es una ofensa. Y, peor aún, es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción.
Porque cuando un juez no tiene condiciones dignas, cuando su salario es precario, cuando su infraestructura es un cascarón abandonado y su carga laboral es inhumana, el sistema entero queda expuesto. No hace falta maldad intencionada para que la justicia se corrompa. Basta con el abandono. Basta con que el Estado le diga a quienes imparten justicia: “Ustedes no importan”. En ese vacío, en esa indiferencia, germinan los sobornos, los favores, las presiones silenciosas y la complicidad del cansancio.
Un juez agotado, mal pagado y sin respaldo institucional es un juez vulnerable. Un personal administrativo que trabaja en la precariedad es un personal fácilmente presionable. Y un Poder Judicial que gasta millones en superficialidades mientras sus bases se desangran es un Poder Judicial que ha perdido la brújula moral.
Los jueces manifestantes lo dijeron con claridad meridiana: “No puede haber justicia verdadera donde quienes la sirven son tratados con indiferencia. No puede haber Estado de Derecho donde el derecho se aplica a todos menos a quienes lo custodian”.
Esas no son palabras de un gremio enojado. Son la constatación de un fracaso institucional.
El gobierno y el Consejo del Poder Judicial tienen ahora una encrucijada. Pueden seguir apostando por las evasivas, las promesas sin fecha, las hojas de ruta sin plazos y los diagnósticos interminables. O pueden entender que la paciencia de quienes cargan el sistema en sus hombros se ha agotado. Los jueces no piden lujos. Piden lo mínimo: personal, salarios dignos, infraestructura, seguridad. Piden que no se gasten once millones en un árbol de Navidad mientras ellos trabajan de noche en sus casas.
Desde Umbral.com.do lo decimos sin ambages: el abandono de los jueces y servidores judiciales no es un problema gremial. Es un problema de Estado. Y mientras no se resuelva, la justicia dominicana seguirá cojeando, y la corrupción encontrará siempre una puerta entreabierta.
Los 450 jueces que paralizaron los tribunales no están pidiendo un favor. Están exigiendo un derecho. Y la sociedad entera debería respaldarlos, porque una justicia digna no es un privilegio de quienes la imparten: es la única garantía de que algún día, todos los dominicanos podamos creer en ella.
El silencio ya se rompió. Ahora falta que los hechos hablen.
