Decenas de jueces, servidores judiciales, Ministerio Público y abogados paralizaron audiencias en San Pedro de Macorís. En un manifiesto leído frente al Palacio de Justicia, denunciaron falta de personal, salarios precarios, carga laboral excesiva, infraestructura abandonada y renuncias masivas. Una jueza advirtió que la presión ha provocado enfermedades graves y renuncias, y calificó de “prostituido” el ideal del sacerdocio judicial.
Por Virtudes Álvarez Sampedro
San Pedro de Macorís.– No hubo voces de alguaciles anunciando audiencias, ni pasos apresurados de secretarios, ni el rumor contenido de los pasillos. Este jueves, el Palacio de Justicia de esta ciudad amaneció en un silencio que no era quietud, sino deliberación. Decenas de jueces, juezas y servidores judiciales, respaldados por el Ministerio Público y la seccional local del Colegio de Abogados, cancelaron todas las audiencias de las diferentes salas y se congregaron frente a la sede judicial.
No portaban togas para juzgar a otros. Vinieron a pedir justicia para sí mismos.
La magistrada Andrea Corcino Cueto, jueza en funciones de la Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, fue la voz designada para leer el manifiesto. Con la cadencia de quien ha repetido estas carencias en informes y solicitudes, enumeró los males que bordean la realidad actual: falta de personal y de jueces, baja remuneración salarial, carga de trabajo excesiva, renuncia masiva del personal administrativo, deterioro y abandono de la infraestructura de muchos tribunales del país, y la ausencia de seguridad tanto en los palacios de justicia como para quienes los sirven.
“Se configura así una larga lista de carencias que debemos sortear día a día en el ejercicio de nuestras funciones”, sostuvo Corcino Cueto, “carencias que se entrelazan entre sí, provocando otras situaciones cada vez más graves y alarmantes”.
Detrás de esas palabras hay historias que los expedientes no registran. La jueza Gissel Fernández, de la Segunda Sala Civil del Departamento Judicial de esta ciudad, las trajo a la luz con una crudeza que no admite indiferencia.
“Esta es una situación difícil”, dijo Fernández. “Hemos tenido jueces que han sido declarados con cáncer, otros han tenido derrame cerebral. Muchos han renunciado por la presión de las malas condiciones de trabajo”.
La magistrada describió una realidad que el ciudadano común no alcanza a ver: jueces que para mantener sus tribunales al día trabajan de noche en sus casas, robándole horas al sueño y tiempo a sus familias. “Para nosotros, mantener nuestros tribunales al día, tenemos que trabajar de noche en la casa, quitándole ese tiempo a nuestra familia”, expresó con la voz entre la denuncia y la fatiga.
Uno de los puntos más álgidos del paro en esta jurisdicción fue la reacción ante la propuesta institucional de retirar del Poder Judicial a 322 jueces. Fernández fue contundente: “Eso no funciona. Las máquinas no pueden analizar un proceso y dar decisiones. Esas son funciones de los jueces. Somos nosotros quienes cargamos el sistema en nuestros hombros, y lo hacemos porque nos debemos a nuestros usuarios”.
Reconoció que la labor judicial ha sido vivida tradicionalmente como un sacerdocio, una entrega que trasciende el horario y el salario. Pero agregó, con una palabra que resonó con fuerza entre los presentes: “En esta administración, eso se ha prostituido”.
La protesta, que se replicó a nivel nacional, tuvo en San Pedro de Macorís un matiz de unidad poco común. No solo jueces y servidores: el Ministerio Público y el Colegio de Abogados se sumaron al paro de audiencias, enviando una señal clara a las altas instancias del Poder Judicial de que el malestar ha dejado de ser gremial para convertirse en sistémico.
Las necesidades, resumió Fernández, están radicadas en mejores condiciones de trabajo, personal de apoyo y más jueces para hacer más efectivas sus labores. Exigen ser escuchados. Exigen soluciones a todas las necesidades que, según dijeron, vienen presentando desde el 2022.
El silencio de los estrados de San Pedro de Macorís fue, este jueves, elocuente. Y mientras los jueces se mantenían firmes frente a su propio templo de justicia, quedó en el aire la advertencia implícita: el sacerdocio tiene un límite, y la dignidad, un precio que ya no están dispuestos a seguir pagando en silencio.
