UMBRAL, MARCAMOS TENDENCIA
La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán ha entrado en un peligroso punto de estancamiento. Tras meses de ataques, represalias y negociaciones fallidas, el conflicto demuestra que la superioridad militar no garantiza la paz y que solo una solución diplomática podrá evitar una catástrofe regional de mayores proporciones. Una guerra sin vencedores que exige una paz urgente El conflicto que hoy enfrenta a Estados Unidos, Israel e Irán no nació de un día para otro. Es la consecuencia de décadas de desconfianza, rivalidades estratégicas, disputas por la influencia regional y un programa nuclear iraní que Israel considera una amenaza existencial, mientras Teherán insiste en defender como parte de su soberanía. A ello se suma el histórico respaldo político, económico y militar de Washington al Estado israelí, elemento que ha convertido cualquier confrontación en un problema de alcance internacional. Las tensiones se agravaron tras los enfrentamientos indirectos que durante años protagonizaron ambos países mediante grupos aliados en Líbano, Siria, Irak, Gaza y Yemen. Lo que comenzó como una guerra por intermediarios terminó evolucionando hacia una confrontación directa, con ataques sobre territorio iraní y una respuesta de Teherán mediante misiles y drones contra Israel, bases estadounidenses y rutas estratégicas para el comercio mundial. La participación abierta de Estados Unidos modificó completamente el equilibrio del conflicto. Washington justificó su intervención en la necesidad de proteger a sus aliados, impedir el avance del programa nuclear iraní y garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz, una arteria por la que transita una parte esencial del petróleo que consume el planeta. Sin embargo, conforme avanzaron los meses quedó demostrado que una campaña militar, por intensa que fuera, difícilmente lograría imponer una solución definitiva. Israel, por su parte, ha sostenido que la ofensiva busca neutralizar una amenaza permanente contra su seguridad nacional. Irán, en cambio, presenta su respuesta como un acto de legítima defensa frente a ataques contra su territorio y sus principales dirigentes. Mientras ambos gobiernos reivindican sus posiciones, las consecuencias recaen sobre millones de civiles que viven bajo el temor constante de bombardeos, desplazamientos forzados y una creciente incertidumbre económica. El conflicto ha alcanzado ahora un evidente punto de encallamiento. Ninguna de las partes ha conseguido los objetivos que se propuso al inicio. Estados Unidos ha comprobado que su inmenso poder militar no basta para imponer un cambio político o eliminar por completo las capacidades militares iraníes. Israel continúa enfrentando ataques que mantienen en tensión a su población. Irán, aunque ha demostrado capacidad de resistencia, soporta enormes pérdidas humanas, económicas y de infraestructura derivadas de la guerra y las sanciones internacionales. El resultado es un equilibrio precario donde todos pierden. Los mercados internacionales reaccionan con volatilidad cada vez que aumenta la tensión en el estrecho de Ormuz. Los precios de la energía afectan a economías desarrolladas y emergentes por igual. Las rutas marítimas siguen amenazadas y la estabilidad de Oriente Medio permanece en permanente riesgo. La comunidad internacional tampoco puede sentirse satisfecha. Las Naciones Unidas han visto limitada su capacidad de mediación, mientras las principales potencias continúan divididas respecto a la estrategia para contener la crisis. Las negociaciones impulsadas por mediadores regionales han logrado pausas temporales en los combates, pero ninguna ha conseguido resolver el problema de fondo: la ausencia de garantías de seguridad mutua y la falta de un acuerdo político duradero. Persistir en la lógica de la guerra solo prolongará el sufrimiento humano y aumentará el riesgo de un enfrentamiento regional de consecuencias imprevisibles. Ningún arsenal puede sustituir a la diplomacia. Ningún bombardeo puede construir la confianza necesaria para una paz estable. Y ninguna victoria militar tendrá verdadero significado si deja tras de sí una región devastada y generaciones enteras marcadas por el odio. La historia demuestra que los conflictos más complejos terminan resolviéndose en una mesa de negociación, no en el campo de batalla. El desafío consiste en encontrar un equilibrio que garantice la seguridad de Israel, preserve la soberanía de Irán, reduzca el riesgo nuclear y permita a Estados Unidos abandonar una dinámica de confrontación permanente sin renunciar a sus intereses estratégicos. El mundo necesita menos discursos de confrontación y más liderazgo político. La paz nunca será fruto de la imposición absoluta de una parte sobre otra, sino del reconocimiento de que la seguridad colectiva depende de acuerdos verificables, respeto al derecho internacional y voluntad de convivencia. Cada día que esta guerra se prolonga aumenta el costo humano, económico y político para toda la comunidad internacional. No existen vencedores en un conflicto que consume recursos, destruye vidas y alimenta la inestabilidad global. La verdadera victoria será detener la guerra antes de que el precio de la paz resulte todavía más alto.
Santo Domingo. – El acuerdo de cooperación suscrito entre República Dominicana y Estados Unidos ha generado una aguda polarización entre los sectores políticos y sociales del país.
República Dominicana figura entre los países de América y el Caribe en el que existen políticas públicas de prevención contra la incidencia del virus del papiloma humano (VPH), que está estrechamente vinculado con el cáncer cervicouterino, convertido en segunda causa de muerte en las mujeres de esta nación. Las estadísticas son reveladoras sobre la necesidad de que haya más conciencia entre las madres, los padres y, en sentido general, en el seno completo de la familia sobre la obligación de proteger la salud de sus integrantes desde las primeras etapas de la vida. De acuerdo a datos de organismos de salud locales e internacionales, cada año en República Dominicana son diagnosticadas con cáncer cervicouterino alrededor de mil mujeres, de las cuales fallecen aproximadamente 714 personas a causa de esa enfermedad. Es un escándalo sanitario, cuyos efectos pueden minimizarse a tal punto que, en un período relativamente corto, como en el año 2030, por ejemplo, fecha meta para el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pueda reducirse la incidencia del cáncer uterino en el país. Aunque los 17 ODS, promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), son transversales al bienestar y al desarrollo de las personas, el tercero de éstos se refiere en forma directa a la salud y al bienestar integral, lo que se constituye en un estímulo importante para que la sociedad en su conjunto se haga compromisaria con los propósitos de alcanzar esos objetivos. El Ministerio de Salud Pública, mediante su Programa Ampliado de Inmunización (PAI), ofrece la vacunación gratuita contra el VPH a niñas de entre 9 y 14 años de edad, con el interés de contribuir a disminuir la incidencia del cáncer cervicouterino y que en caso de que, se produzca la enfermedad, de todos modos, el desenlace no sea catastrófico. La meta de los ODS y de las propias autoridades de salud de República Dominicana es lograr una inmunización del 90 % de las niñas en el rango etario ya antes mencionado, para lo cual se requiere de conciencia, disposición y participación de las familias, así como de tutores y orientadores. Lamentablemente, creo que la sociedad no ha estado cónsona con el interés de los organismos sanitarios nacionales e internacionales en la lucha contra la incidencia del cáncer cervicouterino. Estimo que prejuicios sociales, religiosos y culturales han obstaculizado el flujo adecuado de la conciencia humana para que las niñas de entre 9 y 14 años de edad sean favorecidas con la inmunización necesaria, que les evitaría en el futuro ser una víctima más de la ignorancia, la obnubilación y la sinrazón, más que del cáncer mismo. En estos tiempos de avances tecnológicos, científicos, culturales, es importante que cada quien haga conciencia sobre el papel que se debe jugar frente a cada caso. Las vacunas han demostrado a lo largo de su historia que son instrumento efectivo de prevención de cualquier enfermedad y eso está hartamente demostrado. Ojalá que ya para el 26 de marzo próximo, que es el “Día Mundial de Prevención del Cáncer Uterino”, haya más conciencia y mucho más compromiso en el seno de la sociedad dominicana sobre la necesidad de luchar contra todas las enfermedades que puedan diezmar la población, y en torno a las cuales, desde el Estado, hay voluntad y mecanismos para combatirla, como es el caso del VPH, que provoca cáncer cervicouterino.
A la caída del largo gobierno de Bashar Al-Asad, en Siria, una coalición de grupos islamitas ha tomado el control de ese país. El líder de esa coalición ha hecho pronunciamientos que lucen sensatos, razonables y dignos de atención. En el Oriente Medio nada es predecible, menos para quienes como yo, conocen poco las interioridades y los grandes intereses que allí se mueven. Habrá que esperar a ver cuál orientación le darán los nuevos gobernantes a Siria, pero Abud Mohamed Al-Joni, el nuevo líder, ha dado algunas señales de que no viene a alimentar los conflictos ni en su país ni con sus vecinos. La suya no es la imagen del fanático. Ha dicho que desea la reconciliación, que serán respetadas todas las etnias raciales y la libertad de creencias de todas las sectas religiosas; ordenó detener los saqueos que empezaron a producirse al colapso del régimen caído; no se han visto matanzas ni desmanes en la dimensión que pudieron producirse, ha buscado una transición ordenada del poder, liberó los presos políticos, ha prometido el fin de la impunidad del crimen y ha dicho que le tiende la mano a todos los sirios, menos a aquellos que las tienen manchadas de sangre. Reitera que necesita la paz y descarta la guerra. Palabras, pero palabras distintas a las que uno está habituado a oír en los dirigentes de esa región. Merecen al menos una observación y una espera cautelosas. Pero Israel descarta todo eso y aprovecha para adelantar sus propios planes expansionistas y su pretensión de erigirse en dueño de toda la región. Aunque primero tenga que destruirlo todo. Ya, a costa de cincuenta mil muertos, destruyó Gaza y demolió media Beirut, y ahora empiezan los bombardeos, también demoledores, contra Siria, con cientos de incursiones aéreas, al tiempo de ocupar la zona desmilitarizada de los Altos del Golán, territorio sirio, que Israel usurpa por la fuerza desde 1967, y ocupar una franja de catorce kilómetros más al interior de Siria. A los gestos iniciales de los nuevos gobernantes, y en una interpretación torcida del derecho a la defensa, Israel responde con esas agresiones de típico corte expansionista, y así, por nueva vez, liquida de antemano cualquier esperanza, por mínima que sea, de encontrar una solución justa y estable con sus vecinos, que le dé un respiro siquiera a unos pueblos martirizados por unos conflictos bélicos que parecen no tener fin.
Desde hace años venimos denunciando el crecimiento del gasto de bolsillo, contraviniendo uno de los objetivos de la Ley de Seguridad Social, que persigue reducir esa importante barrera, que erosiona el carácter universal del sistema y bloquea el acceso regular a la atención médica de las familias más pobres y vulnerables. Seguridad Social para todos Por Arismendi Díaz Santana Anualmente, las familias dominicanas cargan entre el 41% y el 44% del gasto total en salud. En el 2015, el mismo ascendió a 72,570 millones de pesos, según revelan Magdalena Rathe y Pamela Suero, en su libro Salud Visión de Futuro, 20 años después, de acuerdo a una cuantificación exhaustiva realizada. Pero, si le agregamos otro 10% en que incurren las familias para contratar planes de salud complementarios y voluntarios, por un monto de 17,700 millones, entonces estamos hablando de un gasto privado total de 90,270 millones, que recae directamente sobre el presupuesto familiar. En el 2024 este gasto superará los 142,000 millones. En contraposición, y de acuerdo a la publicación, el gasto público apenas alcanzó el 49%, equivalente a 87,000 millones de pesos, lo que no deja lugar a dudas de que el Estado, lejos de asumir una cuota mayor de acuerdo a la Ley de Seguridad Social, está eludiendo su responsabilidad, a pesar del crecimiento sostenido de la economía. “En efecto, el gasto de los hogares sigue representando una proporción demasiado elevada del financiamiento del sistema dominicano de salud, lo que hace pensar que no se están cumpliendo los propósitos de equidad y protección financiera que se proponía la reforma de salud”. El gasto de los hogares, de representar 47% del gasto total del 2008, pasó al 48% en 2015, lo que implica que prácticamente se mantuvo al mismo nivel. De hecho, también el financiamiento público se mantuvo casi sin variación en términos porcentuales, aunque aumentó en términos absolutos”. A pesar de un crecimiento del PIB muy superior, nuestro país es uno de la región “con mayor desprotección financiera en salud, medida por el gasto directo del hogar, junto con Venezuela, con un gasto del 64%, Guatemala con 52%, Paraguay, República Dominicana y Ecuador, con 49%”. Un alto costo por la ausencia de la atención primaria Desde hace años venimos denunciando el crecimiento del gasto de bolsillo, contraviniendo uno de los objetivos de la Ley de Seguridad Social, que persigue reducir esa importante barrera, que erosiona el carácter universal del sistema y bloquea el acceso regular a la atención médica de las familias más pobres y vulnerables. Además, hemos indicado que los copagos constituyen una consecuencia directa de la vigencia de un modelo de atención centrado en la curación, a pesar de que el diseño del Seguro Familiar de Salud (SFS) presupone la atención primaria como puerta de entrada al sistema nacional de salud. Además, el gasto de bolsillo se acentúa debido a las notables deficiencias de los centros públicos de salud que obligan, incluso, a las familias más pobres y vulnerables a demandar, con grandes sacrificios, servicios básicos de diagnósticos y atención médica en clínicas privadas. Con el agravante de una asignación de los recursos y contratación del personal, sin garantía de calidad y desempeño. Las autoras concluyen que 20 años después el país ha avanzado muy poco en el logro de las metas propuestas. Y señalan que “aunque el marco legal pudiera ser perfectible en muchos aspectos, no es indispensable modificar las leyes para lograr las metas. Más bien podría ser peligrosa una vuelta atrás, sin tener todavía la fortaleza institucional necesaria”. Aunque es necesario introducir algunas reformas puntuales importantes, concordamos con las autoras que “en el país lo que se requiere es voluntad política, expresada en la asignación de los fondos y en la decisión de hacer que las leyes y normativas sean cumplidas”. En memoria de la inolvidable Magdalena Rathe (QEPD).
La corrupción en la República Dominicana: Un mal arraigado que exige cambio La corrupción es un fenómeno que no solo se observa en el ámbito global, sino que tiene raíces profundas en la República Dominicana, donde se ha convertido en una de las principales barreras para el desarrollo y el bienestar de la población. A medida que se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, es fundamental reflexionar sobre cómo este flagelo ha permeado todos los niveles de la sociedad dominicana, afectando no solo a las instituciones, sino también a la calidad de vida de millones de ciudadanos. Desde hace más de dos décadas, la ONU ha establecido esta efeméride no para celebrar, sino para crear conciencia sobre la urgencia de combatir la corrupción. En un país donde el soborno y la impunidad parecen ser prácticas comunes, la necesidad de erradicar este fenómeno se vuelve más apremiante que nunca. Según datos de la ONU, cada año se pierden billones de dólares en sobornos y robos a nivel mundial; sin embargo, en la República Dominicana, estas cifras se sienten de manera aún más dramática. La corrupción no solo afecta la economía, sino que también deteriora la confianza en las instituciones y en el sistema democrático. En el contexto dominicano, la corrupción está interrelacionada con otros delitos graves, como el narcotráfico y el contrabando, que prosperan en un entorno donde los controles son débiles y la venalidad de las autoridades es más evidente. Esta situación crea un ciclo vicioso que enriquece a unos pocos a expensas de las mayorías, provocando un daño irreparable a la educación, la salud y la seguridad de la ciudadanía. La burocracia engordada y la falta de inversión extranjera son solo algunas de las consecuencias de un sistema que se alimenta de la corrupción. Es alarmante observar cómo los recursos que deberían destinarse a mejorar la calidad de vida de la población se desvían hacia bolsillos corruptos, dejando a la sociedad en un estado de vulnerabilidad extrema. La corrupción, por lo tanto, no es solo un problema ético, sino una cuestión de justicia social y desarrollo sostenible. Conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción en la República Dominicana debe ser un llamado a la acción. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante un fenómeno tan arraigado. La población tiene el deber de transformarse en portavoces del cambio, denunciando los actos corruptos y exigiendo la rendición de cuentas. Es imperativo que los responsables de actos de corrupción enfrenten penas severas y que se garantice la independencia de los poderes del Estado. La educación juega un papel crucial en este proceso. Integrar valores de honestidad y transparencia en los sistemas educativos desde una edad temprana puede ser la clave para cultivar una nueva generación que rechace la corrupción como norma. La lucha contra la corrupción en la República Dominicana es un desafío monumental, pero no es insuperable. Requiere un compromiso colectivo que trascienda fronteras políticas y sociales. Solo así podremos aspirar a un futuro donde la justicia y la equidad prevalezcan, y donde la corrupción deje de ser un mal arraigado en nuestra sociedad.
Por Rafael Chaljub Mejía Importante que, en su artículo de ayer, el compañero Freddy González recordará que la cesantía laboral se le arrebató hace ochenta años a la tiranía de Trujillo. Porque, al recordarlo, González nos convida a pensar en el valor histórico que hay envuelto en ella, en el elevado precio en sangre, sudor y lágrimas que debía pagarse por lograrla y denuncia implícitamente, que quienes pretenden anularla tratan de llevarnos mucho más atrás del régimen de Trujillo. La ley de la cesantía se promulgó en medio de las grandes movilizaciones de la clase obrera y de las fuerzas de la resistencia interna contra Trujillo. Como la gran huelga del 27 y 28 de enero de 1942, de los obreros de la caña en el este, por la jornada de ocho horas y aumento salarial. En medio de las influencias de los exiliados republicanos españoles, gracias a la conciencia de dirigentes obreros que eran verdaderos monumentos a la vergüenza y el valor, la fundación en septiembre de 1943, del primer partido de izquierda revolucionaria, en fin, en medio de una larga jornada de luchas, organizadas desde la más cerrada clandestinidad, que culminó en la huelga del 7 de enero de 1946 en los ingenios extranjeros del este, pero que se estremeció al gobierno. Y había que ver qué gobierno era ese. Trujillo maniobraba hipócritamente. Promulgó la ley de la jornada de ocho horas, del pago de las horas extras, creó la Secretaría de Estado de Trabajo, en mayo de 1945. Pero todo aquello se quedaba en el papel. Él hacía la ley y al mismo tiempo, hacía la trampa. Autorizó la formación de gremios en las provincias, pero el vocero de las mismas tenía que ser el gobernador provincial. Creó la Directiva Nacional de Gremios, pero presidida por un abogado de los grandes empresarios, el doctor Pedro Troncoso Sánchez. Y, sobre todo, utilizamos el crimen político. La sangre de Mauricio Báez y de otros líderes obreros asesinados, el exilio de por vida de Nando Hernández, todo eso y muchísimo más está envuelto en la conquista de la cesantía, que ha sobrevivido a todas las reformas laborales, y ahora el patronal quiere anularla. . Envalentonada por la marea antiobrera que recorre el mundo y por la debilidad de nuestro movimiento sindical. Pero esta batalla de opinión hay que librarla. Y espero que el presidente de la República se nigue a cargar con la culpa histórica de que bajo su gobierno se les arrebate a los obreros una conquista tan peleada como esa.
Seguridad Social para todos Por Arismendi Díaz Santana El presidente del Colegio Médico Dominicano, Dr. Waldo Ariel Suero, recalcó la necesidad de incrementar el presupuesto público de salud al 5% del Producto Interno Bruto (PIB). Esa es una demanda reiterada por todos los estudios e informes, tanto de expertos nacionales como internacionales. Lo que Waldo no dijo es que todos los estudios e informes también hacen un hincapié muy especial en la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público para elevar la calidad y satisfacción. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre el 30% y el 40% del gasto público en salud constituye una pérdida, ya que no mejora la salud de la población. De acuerdo a reputados médicos y epidemiólogos: 1) más del 35% del gasto médico actual carece de impacto real en la salud; 2) el 40% de los análisis y estudios son repetitivos e innecesarios; 3) el 13% de la hospitalización general es evitable; y 4) el 80% de la mortalidad materno- infantil puede eliminarse, extendiendo la jornada de los especialistas y cumpliendo con los protocolos de atención. Tenemos 1.3 médicos por enfermera, en vez de 3 enfermeras por médico como recomienda la OMS. El exceso de médicos y la falta de enfermeras determina una baja productividad y costos elevados. Resulta imperativo una auditoría independiente sobre los recursos humanos en salud, para definir una política que eleve el perfil y priorice la calidad sobre la cantidad. La Ley 42-01, General de Salud, modernizó el sistema, pero no introdujo ninguna reforma estructural. Según ADESA, “Las reformas e inversiones se han orientado a una modernización técnica, pero han quedado atrapadas en las modalidades tradicionales de gestión y prestación de los servicios”. Sin modificar el sistema de salud, tanto los recursos actuales como cualquier aumento, sólo servirían para continuar haciendo más de lo mismo, como durante las últimas seis décadas. A pesar de que las principales reformas fueron formuladas hace más de tres décadas, todavía ninguna ha sido iniciada. La Ley 87-01 decidió superar la política tradicional del IDSS y del MISPAS de “ofrecer todos los servicios, pero sin garantía real de ninguno”. Además, maximizar la eficiencia en la prestación de los servicios, mediante una reforma de la asignación de los recursos y de la contratación del personal. Ningún sistema universal ha sido sostenible sin reducir la brecha entre lo público y lo privado. Mientras la demanda del cuidado de la salud se expande de manera sostenida, la calidad de la medicina pública tiende a ralentizarse, salvo excepciones, forzando hasta a los más pobres a acudir a centros privados, elevando el gasto familiar de bolsillo. En el 2015 las ARS Contributivas destinaron el 87.5% a pagar a las PSS privadas, aumentando al 92.9% en el 2019. Según la Fundación Juan Bosch, la demanda de los servicios públicos descendió del 12.5% al 7.1%, en sólo cuatro años. El 72% del gasto en salud del SENASA fue consumido en clínicas y centros privados. Según CAPITAL PLUS más de 10,000 profesionales cobran sin trabajar Si el 80% son médicos públicos-privados, ¿cómo se explica la gran diferencia entre la atención pública y la privada? Por la CONTRATACIÓN: el ingreso del médico privado depende de la cantidad de pacientes atendidos: horarios extendidos, trato considerado y cero interrupciones. El salario público fijo de ese mismo médico desalienta la dedicación, el desempeño y el trato considerado, fomentando paros, ausentismo, clientelismo y mediocridad. Por la ASIGNACIÓN: los ingresos de las clínicas dependen de la demanda, lo cual induce a un trato más considerado, a horarios más amplios y a mantenimiento y suministros continuos. Los presupuestos históricos se fijan sin tomar en cuenta la cantidad, ni la calidad de los servicios. Y fomentan las carencias y el deterioro. ¿Cuál es la garantía real del derecho universal a la salud (DUS), ASEGURANDO A PRIORI los salarios y los presupuestos de los hospitales, independientemente de los servicios prestados, sin ningún control ni fiscalización, y sin una rendición de cuenta, ni evaluación de los resultados obtenidos? Para reducir los copagos, el gasto familiar de bolsillo y la mortalidad materno infantil no se requiere de cambios en la Ley. Solo voluntad política para eliminar las distorsiones e iniciar las reformas. Todo aumento del presupuesto público en salud debería dedicarse a la contratación de los RRHH según su dedicación y desempeño, y al pago a los hospitales de acuerdo a la demanda de los afiliados, única forma de asegurar “en salud, primero la gente”. Apreciado Waldo recuerda que el mantenimiento de los presupuestos históricos a los hospitales y el pago fijo al personal contravienen la Ley de Seguridad Social, porque no estimulan la calidad ni la oportunidad de los servicios, acentúan la brecha entre lo público y lo privado y alimentan el clientelismo, el ausentismo y la mediocridad.
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