UMBRAL, MARCAMOS TENDENCIA
Santo Domingo. – El acuerdo de cooperación suscrito entre República Dominicana y Estados Unidos ha generado una aguda polarización entre los sectores políticos y sociales del país.
El economista Luis Reyes Santos exdirector de Presupuesto. Por Theo N. Guzmán Santo Domingo. El economista Luis Reyes Santos, exdirector del Presupuesto, ha advertido que la propuesta de reforma fiscal presentada por el presidente Luis Abinader recaerá mayoritariamente sobre la clase media dominicana, principalmente debido a la ampliación de la base del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), que pasará a denominarse IVA. Durante su participación en el programa En Troya TV, conducido por los periodistas Emilia Pereyra y Miguel Ángel Rodríguez, Reyes Santos analizó el impacto que esta reforma tendrá en diversos sectores productivos y culturales del país. “¿Cuáles son los efectos para la clase media? Eso es muy sencillo. Usted va a pagar ahora por el tomate, la lechuga, el pepino, la remolacha, el ñame, la mantequilla, por los productos del agro que estaban exceptos”, explicó el economista, resaltando la carga adicional que significará la nueva ley en la vida cotidiana de los dominicanos. Reyes Santos recordó que, conforme a lo indicado por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, solo siete productos del sector manufacturero y agropecuario permanecerán exentos de este nuevo gravamen: pan, pollo, huevo, arroz, plátano y yuca. “Todos los demás estarán gravados a la tasa del 18%”, agregó, dejando en claro que la medida implica un aumento significativo en el costo de los alimentos y otros productos esenciales. El economista también criticó otros aspectos de la reforma, como el aumento en el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI) y el costo del marbete. “Me parece una aberración que un carro chino que vale 5,000 dólares, por ser nuevo, pague 6,000 pesos igual que una yipeta de 150,000 dólares. ¿Pero señores, y qué criterio es ese?” se cuestionó, invitando a la reflexión sobre la lógica detrás de estas políticas impositivas. Finalmente, Reyes Santos destacó que la clase media también enfrentará cargas impositivas adicionales a los servicios de internet y plataformas digitales. Esta situación genera un panorama preocupante para un sector que ya enfrenta desafíos económicos y donde el incremento de los impuestos podría traducirse en un mayor costo de vida. Las declaraciones del economista van en la misma línea de amplios sectores políticos, empresariales y de la sociedad civil, que se han opuesto a esas reformas y reclaman un debate amplio sobre las implicaciones de la reforma fiscal en la estructura económica del país, y subrayan la necesidad de evaluar cuidadosamente cómo las políticas fiscales afectan a los diferentes estratos sociales. A medida que se desarrollan las discusiones sobre esta reforma, la voz de expertos como Reyes Santos se vuelve esencial para informar a la ciudadanía sobre los posibles impactos que podrían surgir en el corto y mediano plazo.
Aseguró que durante su gestión al frente de Edesur no hubo un solo escándalo de corrupción, ni de temas de compras, y que nadie puede señalarle vínculos con suplidores. SERVICIOS umbral.local/ Milton Morrison, exgerente de la Empresa Distribuidora de Electricidad Edesur, ha salido al paso de las críticas defendiendo su gestión al frente de la entidad. En un comunicado reciente, Morrison destacó la eficiencia y transparencia de su administración, enfatizando que, bajo su liderazgo, Edesur no experimentó escándalos de corrupción ni controversias en sus procesos de compra. La polémica gira en torno a la adquisición de transformadores en 2023, un proceso que, según Morrison, se vio afectado por desacuerdos entre el proveedor ganador de la licitación y su fabricante en China, un incidente que él asegura está desconectado de su gestión. Morrison, quien ahora dirige el Intrant, ha reiterado que las compras se realizaron de manera abierta y participativa, con la intención de evitar una crisis por el retraso en la entrega de los transformadores y promoviendo su suministro local en caso de necesidad. Además, ha subrayado que, durante su tiempo en Edesur, los peritos técnicos realizaron visitas regulares a las fábricas para asegurar la calidad de los productos importados. El funcionario se ha declarado agraviado por las acusaciones que cuestionan su eficiencia y profesionalismo, lo que le ha llevado a emitir estas declaraciones públicas. En un tono personal, Morrison ha defendido su integridad y la de su familia, afirmando que su verdadera riqueza radica en la dignidad, la moralidad y la honestidad, valores que considera fundamentales para mantener un buen nombre en la República Dominicana. Estas declaraciones fueron realizadas durante su participación en el programa \\\»Esto no es Radio\\\» y posteriormente citadas en un comunicado de prensa.
Todo eso ocurre cuando la mayoría de los funcionarios públicos tienen salarios por debajo del costo de la canasta familiar y en los ayuntamientos, otra administración del estado, tienen sueldos de miserias. JULIO GUZMÁN ACOSTA Las discrepancias salariales en el sector público dominicano, son un verdadero escándalo y un día si y el otro también son generadoras de polémica. Asistentes técnicos que ganan más que ministros y directores con salarios superiores al del presidente de la República. La nómina estatal, que registra entre 700,000 y un millón de empleados, debería estar bajo escrutinio, pero las iniciativas para esos fines no han prosperado, como un anteproyecto de ley para normalizarla, que no termina de despacharse desde la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Un asistente técnico de Edesur Dominicana tiene un salario superior al de cualquier ministro, y un director del Banco Central de la República Dominicana gana más que el presidente Luis Abinader. Estas discrepancias en los salarios del Estado son un tema espinoso que no ha desembocado en una discusión profunda. Algunos puestos, como los relacionados con el Banco Central y los organismos de regulación financiera y fiscal, justifican salarios acordes debido a sus requerimientos académicos y técnicos elevados. Sin embargo, otros parecen prescindir de un perfil preciso y son ocupados por políticos del partido de turno, sin criterio profesional alguno. La Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado establece los sueldos para el Gobierno Central y las entidades descentralizadas. Estos salarios varían desde menos de 10,000 pesos, como el de un obrero de las alcaldías, hasta más de 1,600,000 pesos, que gana la máxima autoridad del Banco Central. A pesar de esta normativa, el ministro de Administración Pública, Darío Castillo, considera que es defectuosa debido a los topes salariales establecidos. Actualmente, el presidente de la República gana 450,000 pesos mensuales, mientras que la vicepresidenta, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, y los magistrados del Tribunal Constitucional ganan 400,000 pesos. Otros funcionarios, como los ministros, la procuradora general de la República, el contralor y el defensor del pueblo, reciben 300,000 pesos. Sin embargo, la misma ley permite que las instituciones descentralizadas establezcan su régimen de remuneraciones. Por ejemplo, dos asistentes técnicos de Edesur Dominicana tienen salarios de 335,000 pesos, más altos que el de cualquier ministro, que por ley gana 300,000 pesos. Además, los directores de Aduanas e Impuestos Internos ganan 630,919 y 598,772 pesos, respectivamente, superando el salario de su superior inmediato, el ministro de Hacienda, y el del presidente de la República. En el 2021, Participación Ciudadana analizó las “diferencias abismales” en los salarios públicos e instó al Estado a corregir estas anomalías, argumentando que vulneran el derecho de los trabajadores a tener sueldos dignos y de calidad. Años después, parece que poco ha cambiado en este aspecto.
SERVICIOS umbral.local/ La salida de la República Dominicana de la Lista de Vigilancia Especial sobre Protección y Observancia de la Propiedad Intelectual por parte de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) es un hito significativo para el país. Según el ministro Víctor –Ito– Bisonó, esta acción envía una señal poderosa de estabilidad jurídica y respeto a las leyes, lo que a su vez proporciona seguridad a los inversionistas extranjeros interesados en la República Dominicana. La decisión de remover al país de la lista es el resultado de un esfuerzo sostenido durante tres años, incluyendo la emisión de decretos por parte del Poder Ejecutivo para regular los ilícitos de propiedad intelectual y combatir la falsificación de productos como medicamentos y alcohol, según la Ley 17-19. La viceministra de Comercio Exterior del MICM, Vilma Arbaje, señaló que el informe 301, preparado anualmente por la USTR, evalúa a los países miembros del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos en función de su propia legislación de propiedad intelectual. La eliminación de la República Dominicana de la lista, por primera vez desde 1996, refleja una clara estabilidad jurídica y seguridad para los inversionistas. Estar en la lista anteriormente afectaba negativamente la imagen del país y la percepción de seguridad para los inversionistas, ya que sus derechos de propiedad intelectual y sus productos podían estar en riesgo de ser falsificados. Para abordar estos problemas, se creó el Consejo Interministerial de Propiedad Intelectual (CIPI), que incluye a varias entidades gubernamentales y ha trabajado para fortalecer el marco jurídico y perseguir los delitos relacionados con la propiedad intelectual en la República Dominicana. Como resultado, se han logrado avances significativos, incluido un aumento en la recaudación de impuestos sobre el cigarrillo debido a la reducción de la evasión fiscal. Este progreso demuestra el compromiso del gobierno dominicano con la protección de la propiedad intelectual y la creación de un entorno más seguro y atractivo para la inversión extranjera.
SERVICIOS umbral.local/ El Banco de Reservas ha destinado más de 7 mil millones de pesos (equivalentes a más de 100 millones de dólares) para que los dominicanos residentes en Estados Unidos puedan financiar la adquisición de propiedades inmobiliarias en República Dominicana. Esta iniciativa se llevará a cabo durante la Feria Inmobiliaria, que se celebrará desde el viernes 22 al domingo 24 en Nueva York y en Lawrence. El administrador general del Banco, Samuel Pereyra, anunció que se ofrecerán tasas preferenciales para diferentes tipos de viviendas: 8% para viviendas de bajo costo, fijas a tres años. 10% fijas a cinco años. 12% fijas a diez años, entre otras facilidades. Previamente a la inauguración de la feria, ya se habían aprobado más de RD$5,000 millones para viviendas pertenecientes a distintos proyectos, de los cuales se han desembolsado alrededor de RD$3,000 millones. Esto demuestra la confianza en este tipo de eventos. El equipo del Banco de Reservas ha logrado más de dos mil quinientas citas confirmadas para Nueva York y Lawrence. Estas interacciones se realizan a través de inmobiliarias depuradas y empresas promotoras con una larga trayectoria en el país. Más del 80% de las unidades que se exhiben en la feria están bajo el fideicomiso, lo que garantiza un seguimiento estricto a la terminación de los proyectos y procesos de entrega. La feria, la primera de este tipo realizada en el extranjero, estará abierta desde el 22 al 24 de marzo en Washington Heights, Nueva York, específicamente en el Hotel Radio, próximo a la Oficina de Representación del Banco. Además, en Lawrence, Massachusetts, se llevará a cabo del 23 al 24 de marzo. El Banco de Reservas siempre ha tenido muy presente a los compatriotas residentes en el exterior, quienes mantienen muy vivo el vínculo con su país de origen. Esta iniciativa busca facilitar la inversión y la adquisición de viviendas en República Dominicana para aquellos que residen fuera del país.
SERVICIOS umbral.local/ El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, ha anunciado que la Superintendencia de Electricidad (SIE) está finalizando los detalles para terminar el nuevo “Reglamento para la aprobación, interconexión y operación de instalaciones de generación distribuida de energía” en el mercado de paneles solares. Según Almonte, se publicarán las resoluciones consensuadas, evaluadas y asesoradas internacionalmente antes de que finalice este semestre. La iniciativa surge en medio de un debate público generado por un estudio técnico reciente que señala que las instalaciones de paneles solares (generación distribuida) generan costos operativos que las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) asumen. La razón detrás de modificar el marco normativo es la creciente demanda de paneles solares, lo que ha llevado a una masificación del mercado. Por lo tanto, es necesario adaptar la normativa vigente de 2012 para regular de manera más efectiva esta forma de generación de energía renovable. A pesar del crecimiento en el negocio de los paneles solares, las distribuidoras enfrentan pérdidas debido al uso de las líneas de distribución por parte de los usuarios conectados al sistema. El desafío ahora es encontrar un equilibrio para garantizar la sostenibilidad del sector eléctrico.
Servicios umbral.local/ El indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró una expansión del 4,6 % durante enero, en consonancia con la tendencia creciente que viene exhibiendo la economía desde los últimos meses de 2023, informó este miércoles el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) Según los resultados preliminares de la actividad económica a enero de 2024, esta tendencia positiva viene registrándose desde la segunda mitad del pasado año y fue más acentuada entre octubre y diciembre cuando el crecimiento alcanzó el 4,2 %, resultado consecuencia de la variación interanual del 4,7 % en diciembre de 2023. Este comportamiento se encuentra en línea con las proyecciones de los diferentes organismos internacionales y de las firmas calificadoras de riesgo, las cuales ubican a la República Dominicana como una de las economías de mayor crecimiento de la región para el cierre del presente año. La variación interanual de enero se explica principalmente por el desempeño de las actividades de hoteles, bares y restaurantes (8,3 %), construcción (6,4 %), otros servicios (5,7 %), servicios financieros (5,6 %), transporte (5,3 %), comercio (4,8 %), manufactura local (2,2 %), entre otras. Este desempeño de la economía es consistente con la operación favorable del mecanismo de transmisión de la política monetaria y con el mayor nivel de gasto de capital público registrado desde 2023, principalmente en la segunda mitad del año, contribuyendo así a que sectores como la construcción, de significativo efecto multiplicador y arrastre de otros sectores económicos, continúe registrando tasas de variación positivas. A su vez, el Banco Central ha colocado más de 190.000 millones de pesos (3.220 millones de dólares) a tasas no mayores al 9,0 % anual, canalizados a través de los intermediarios financieros para facilitar préstamos a los sectores productivos y los hogares. La mayoría de las actividades económicas registraron un desempeño positivo en el primer mes de 2024, con excepción de la Minería, cuya caída de 17,4 % se explica en gran parte por el cese de operaciones de la empresa de extracción de ferroníquel desde el pasado mes de diciembre de 2023. Igualmente, ha impactado en el comportamiento de la actividad la ralentización en el proceso de extracción de oro y plata, debido al plan de readecuación de facilidades requeridas para la continuidad de la actividad minera en el principal yacimiento del país. Se espera que dicho proceso se normalice en los próximos meses y que se regularicen los niveles de producción.
El presidente Luis Abinader se reunió ayer en la tarde con la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman, con quien insistió en que no hay una solución dominicana para el problema haitiano y reiteró que la comunidad internacional debe llegar a un consenso para pacificar y frenar la crisis en Haití.
El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Trabajo y el Comité Nacional de Salarios (CNS), anunció un aumento de un 20% sobre el salario mínimo nacional para los trabajadores del sector de zonas francas industriales.
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