La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró que el Tribunal Superior Electoral (TSE) debió asumir el conocimiento del recurso presentado contra el reglamento de la Junta Central Electoral (JCE) que restringe la publicación de encuestas electorales en períodos no previstos por la ley, al advertir que la decisión de declararse incompetente altera el diseño institucional establecido por la Constitución.
Por: Virtudes Álvarez Sampedro
Santo Domingo.– La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) sostuvo que el Tribunal Superior Electoral (TSE) debió conocer y decidir el recurso interpuesto contra la Resolución 14-2026 de la Junta Central Electoral (JCE), que prohíbe la publicación de encuestas electorales fuera de los períodos establecidos por la legislación vigente.
En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la entidad afirmó que la decisión del TSE de declararse incompetente y remitir el caso al Tribunal Constitucional debilita la vía jurídica prevista para resolver controversias propias de la jurisdicción electoral.
“La decisión jurídicamente más consistente habría sido que el Tribunal Superior Electoral asumiera el conocimiento del recurso y resolviera la controversia”, expresó Finjus.
La organización explicó que, si durante el conocimiento del expediente los jueces del TSE hubieran identificado una cuestión de constitucionalidad que excediera sus atribuciones, el ordenamiento jurídico dispone de mecanismos adecuados para atender esa situación sin que el tribunal renuncie a la competencia que le asignan la Constitución y la ley.
Defensa del diseño institucional
Finjus advirtió que convertir al Tribunal Constitucional en el destinatario habitual de las impugnaciones contra reglamentos administrativos desnaturaliza la función de esa alta corte y altera el equilibrio institucional concebido por el constituyente.
La entidad sostuvo que el debate trasciende la validez de un reglamento electoral, ya que involucra el alcance de las competencias constitucionales de la jurisdicción electoral y la preservación del modelo institucional diseñado por la Carta Magna.
En ese contexto, recordó que el Tribunal Superior Electoral fue creado como el órgano especializado para conocer los conflictos contencioso-electorales.
“La especialización del TSE perdería contenido si cada vez que un reglamento electoral fuera impugnado bajo el argumento de infringir la Constitución o la ley, el juez electoral declinara su competencia en favor del Tribunal Constitucional”, señaló la fundación.
Asimismo, enfatizó que la sola invocación de disposiciones constitucionales no convierte automáticamente un litigio contencioso-electoral en una acción directa de inconstitucionalidad, por lo que corresponde al TSE ejercer las funciones que le atribuye el ordenamiento jurídico.
Controversia por el reglamento sobre encuestas
El pronunciamiento de Finjus se produce en medio del debate generado por la Resolución 14-2026 de la Junta Central Electoral, que regula la publicación de encuestas electorales y cuya legalidad ha sido cuestionada mediante un recurso sometido ante la jurisdicción electoral.
Para la organización, preservar la competencia del Tribunal Superior Electoral resulta esencial para garantizar la especialización de la justicia electoral y mantener el equilibrio institucional previsto por la Constitución de la República.
