UMBRAL, MARCAMOS TENDENCIA
Entre rifas, lágrimas y el eco de una bachata, la institución convirtió el Jalisco Kitchen Bar en un altar laico para las mujeres que crían a sus hijos con acento caribeño en tierras inglesas. La noche del último domingo de mayo, Coldharbour Lane fue durante unas horas un pedazo de Barahona, Azúa, Baní, Salcedo, El Seibo, Samaná y Villa Mella, con un reconocimiento especial a las madres migrantes que construyen patria desde la distancia. Por: JULIO GUZMÁN ACOSTA Londres, 31 de mayo. — El humo del sancocho subía en espiral mientras las primeras madres cruzaban la puerta del Jalisco Kitchen Bar, en el número exacto de Coldharbour Lane donde la memoria se vuelve olfato. Adentro, el Index había dispuesto guirnaldas rosadas, una mesa larga para las rifas y un micrófono que parecía esperar confesiones. Y las hubo. Porque cuando una madre dominicana baila pegada a su hija en un rincón de Londres, el tiempo se rompe y regresa al patio de infancia, a la hamaca de macramé, al primer merengue escuchado en una radito de pilas. La convocatoria fue exacta: decenas de madres —algunas con sus crías en brazos, otras con hijos ya hombres de bigote que las sostenían del brazo como si el asfalto inglés pudiera traicionarlas— respondieron al llamado de la directiva del Index. La presidenta, Lucía Rosseel, tomó la palabra con la templanza de quien sabe que un homenaje sin corazón es apenas una foto. Dijo: “Estas mujeres dejaron su ombligo en la otra orilla para que aquí creciera la esperanza”. Y el salón entero se vino abajo en aplausos. Luego llegó el turno del maestro de ceremonias, Viktor —con K, como él mismo puntualizó al tomar el micrófono—, cuya voz grave y pausa teatral supo sostener el ritmo de una noche que alternaba la risa con el nudo en la garganta. Viktor anunció cada rifa, cada número musical y, sobre todo, cada reconocimiento con la solemnidad de quien entiende que detrás de un nombre hay una historia de navegante. Fue entonces cuando Miguel Almonte, encargado de asuntos comunitarios del Index, subió al pequeño escenario con una carpeta color marfil. No leyó apresurado: nombró uno a uno los perfiles de madres que trabajan en limpieza, en cuidados, en cocinas ajenas, que envían remesas a Baní y a La Romana y que nunca piden nada para sí mismas. “Esto es más grande que la lotería”, dijo entre risas una señora de Samaná mientras Miguel le entregaba un ramo de girasoles y un diploma bordado por voluntarias del club. Rodolfo Méndez, encargado de finanzas del Index, también tomó la palabra, con una libreta en la mano y la voz rota al sumarse a las menciones especiales. No eran trofeos de cartón, subrayó, sino abrazos hechos materia. Las madres migrantes —las que dejaron hijos en la isla para criar otros hijos ajenos en Londres— recibieron la ovación más larga de la noche. La fiesta tuvo ritmo de domingo dominicano: una actualización de sonidos con artistas de la isla —desde Juan Luis Guerra hasta la nueva ola del dembow, cortesía del DJ invitado— y, como plato bendito, el sancocho de siete carnes que la cocinera del Jalisco preparó con receta prestada por una abuela de La Vega. Hubo rifas con premios que iban desde estuches de maquillaje hasta un vuelo con descuento hacia Santo Domingo. Pero el verdadero premio, lo dijo una abuela de Higüey al final de la noche, fue ver a sus dos hijos —que no se hablaban desde hacía meses— brindar juntos por ella. Cuando el reloj marcó la hora del cierre y las últimas madres salieron vieron en mayo que Londres vivía una noche de verano. Alguien dejó sonar “Amor de Madre” en un teléfono y varias rompieron en llanto. El Index, con sus rifas, sus discursos, su sancocho generoso y la mano firme de Rodolfo Méndez, Viktor y de Miguel Almonte, no solo había servido comida: había servido patria. Afuera, en Coldharbour Lane, el calor parecía una noche de calor caribeño. Las madres dominicanas se fueron cantando, sabiéndose vistas. Y eso, en el exilio, es casi un milagro.
Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso de EE.UU., exige investigación inmediata tras recibir reportes sobre uso de agentes químicos contra inmigrantes en huelga en Delaney Hall; más de 300 detenidos protestan por condiciones inhumanas. Por: Ángel Feliu G. El presidente del Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos, Adriano Espaillat, divulgó ayer, jueves, reportes “profundamente inquietantes” sobre el uso de agentes químicos contra inmigrantes recluidos en el centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, donde más de 300 detenidos mantienen una huelga de hambre y laboral desde el pasado viernes en protesta por las condiciones inhumanas del lugar. “Los informes procedentes de Delaney Hall hoy son profundamente inquietantes”, afirmó el congresista en un comunicado, en el que exigió una investigación “inmediata” de lo ocurrido. La huelga, que comenzó el viernes, ha derivado en una creciente tensión en los alrededores del centro. Activistas de diversas organizaciones y manifestantes solidarios mantienen una vigilia permanente frente a Delaney Hall, donde se han registrado al menos tres enfrentamientos entre agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que custodia el edificio, y los manifestantes. Este jueves, diversas organizaciones denunciaron que los detenidos fueron agredidos y rociados con gas lacrimógeno. El colectivo Eyes on ICE, que monitorea las actividades de la agencia migratoria, confirmó haber recibido informes sobre las agresiones químicas dentro de las instalaciones. Hasta el cierre de esta edición, ICE no había emitido declaración oficial sobre los señalamientos. La huelga de hambre y trabajo continúa mientras crece la presión de legisladores y grupos defensores de derechos humanos para esclarecer los hechos.
Santo Domingo. – El acuerdo de cooperación suscrito entre República Dominicana y Estados Unidos ha generado una aguda polarización entre los sectores políticos y sociales del país.
Una investigación de umbral.local/ revela las redes de corrupción que vinculan a funcionarios públicos, empresarios agroindustriales y grupos de ultraderecha en la perpetuación de la crisis migratoria haitiana, mientras sectores extremistas utilizan Telegram para incitar a la caza de migrantes bajo la teoría conspirativa del "gran reemplazo". Por la Redacción de Investigación umbral.local/ Por: JULIO GUZMÁN ACOSTA La historia oficial suele ocultar las costuras. Debajo del discurso de orden fronterizo, de las patrullas militares en la línea divisoria y de los operativos de migración que aparecen en los noticieros, existe una estructura compleja donde confluyen intereses económicos, complicidades estatales y un emergente entramado de odio que ha encontrado en las redes sociales su campo de batalla. La inmigración haitiana en República Dominicana, fenómeno estructural que data de la ocupación de 1822, no es un accidente: es un sistema funcional para unos pocos, un calvario para muchos y un combustible electoral para los extremos. Un fenómeno estructural, no una coyuntura Para entender la magnitud de lo que ocurre en la frontera y los barrios populares de Santo Domingo, Santiago y las principales provincias de la República Dominicana, es necesario alejarse del sensacionalismo que domina las conversaciones digitales. La presencia haitiana en territorio dominicano no comenzó con el terremoto de 2010 ni con el colapso institucional posterior al asesinato de Jovenel Moïse en 2021. Es una relación que viene desde la ocupación haitiana de 1822-1844, pasó por la expansión azucarera de finales del siglo XIX y se institucionalizó bajo el régimen de Ulises Heureaux y la posterior intervención estadounidense (1916-1924), cuando los ingenios azucareros importaron braceros haitianos en condiciones de semiesclavitud. La paradoja trujillista resume la ambivalencia dominicana: en 1937, el régimen ordenó la masacre de miles de haitianos en la frontera; al día siguiente, los mismos ingenios de la familia Trujillo continuaron contratando mano de obra haitiana para mantener la producción azucarera. Esa contradicción —el discurso xenófobo como herramienta política y la dependencia económica silenciada— se ha perpetuado hasta nuestros días. El empresariado: el \»empleador ausente\» La investigación documenta cómo el sector empresarial dominicano, particularmente el vinculado a la agroindustria del arroz, el banano, el cacao y la construcción, ha sido históricamente un actor clave en la perpetuación del flujo migratorio. Mientras las cámaras empresariales emiten comunicados abogando por el \»orden migratorio\», en la práctica existe una complicidad tácita para mantener un statu quo de informalidad. Los salarios ofrecidos para labores agrícolas y de albañilería —tareas que la población dominicana, en condiciones de empleo formal, rechaza realizar— crean un mercado laboral dual que es funcional al capital pero desastroso para la cohesión social. Miles de trabajadores haitianos laboran sin seguro médico, sin pensiones y fuera de cualquier protección legal. Este sistema de \»mano de obra barata\» opera con el conocimiento de las autoridades laborales y migratorias, que históricamente han mirado hacia otro lado. La paradoja es evidente: el mismo discurso que exige deportaciones masivas proviene, en ocasiones, de quienes se benefician directamente de la vulnerabilidad del migrante. Las mafias y la corrupción institucional La existencia de un flujo migratorio no regulado de entre 500,000 y 800,000 personas, según estimaciones extraoficiales, ha creado un lucrativo negocio ilegal que opera en ambos lados de la frontera. La investigación revela la existencia de redes transnacionales que incluyen \»coyotes\» haitianos que cobran por cruzar la frontera, funcionarios dominicanos de la Dirección General de Migración y del Ejército que permiten el paso a cambio de sobornos —las llamadas \»mordidas\»—, y redes de \»clandestinos\» que conectan a los recién llegados con empleos informales en ciudades y zonas rurales. El negocio de la falsificación de documentos es quizás la punta del iceberg más visible de esta estructura. Actas de nacimiento, cédulas y pasaportes dominicanos falsificados circulan en un mercado ilegal que involucra a empleados públicos de alto rango. Esta corrupción permite la integración de migrantes irregulares al sistema formal, pero también es utilizada por sectores de ultraderecha para justificar campañas de odio bajo la premisa del \»robo de identidad\», alimentando un ciclo de estigmatización que oculta el verdadero problema: la complicidad estatal. La fuerza pública: entre la contención y la facilitación El papel de la Policía Nacional y el Ejército de República Dominicana en este contexto es contradictorio. Por un lado, el ejército opera como contención fronteriza con un muro perimetral y patrullajes constantes. Por otro, sus efectivos —afectados por bajos salarios y una corrupción sistémica— son a menudo los facilitadores del paso ilegal. Fuentes consultadas dentro de la institución castrense confirmaron que existen \»peajes\» establecidos en puntos ciegos de la frontera donde se negocia el cruce de personas y mercancías. En las ciudades, la policía ha sido señalada por organismos de derechos humanos por realizar \»operativos de limpieza\» en barrios populares donde se practican detenciones masivas basadas en el perfil fenotípico —el racial profiling—. Esta práctica criminaliza no solo a los migrantes indocumentados, sino también a dominicanos de ascendencia haitiana, generando un ambiente de terror comunitario que ha sido documentado en Villa Juana, Los Guandules y otros sectores de Santo Domingo. El factor distorsionador: redes sociales y ultraderecha En los últimos años, el debate migratorio ha sido secuestrado por sectores de ultraderecha que utilizan las redes sociales para propagar discursos de odio y desinformación. La investigación de umbral.local/ ha tenido acceso a conversaciones en plataformas como Telegram donde grupos con más de 400 miembros instan a sus militantes a comprar armas de fuego y actuar como \»lobos solitarios\» en zonas de alta concentración migrante. \»Hay que limpiar el barrio\», \»defiende tu tierra con plomo si es necesario\», son algunos de los mensajes que circulan en estos foros, donde se difunden manuales de tácticas urbanas y se comparten ubicaciones de asentamientos informales de migrantes. Estos grupos han importado teorías conspirativas propias del neonazismo europeo, como el \»gran reemplazo\», adaptándolas al contexto local: la supuesta existencia de un plan para \»desplazar\» a la población dominicana mediante la inmigración masiva. A través de influencers anónimos y cuentas automatizadas (bots), saturan el debate público con
Un análisis sociológico sobre las raíces históricas, las responsabilidades estatales y empresariales, las mafias fronterizas y el papel de la ultraderecha en la distorsión del debate migratorio en República Dominicana Redacción de Investigación umbral.local/ Por: Julio Guzmán Acosta Resumen La inmigración haitiana en República Dominicana no es un fenómeno reciente ni circunstancial, sino una estructura histórica que ha definido el entramado social, económico y político de la nación. Este trabajo de investigación periodística, con enfoque sociológico, aborda el fenómeno desde sus orígenes, desmontando las narrativas fanáticas y estigmatizantes que circulan en el debate público. Analizamos la responsabilidad compartida de los gobiernos dominicano y haitiano, el rol extractivista del empresariado dominicano, la operación de mafias transfronterizas y la actuación ambivalente de las fuerzas del orden. A través de una mirada que reconoce la migración como un fenómeno universal y el aporte histórico de la mano de obra haitiana, proponemos soluciones basadas en la institucionalidad y los derechos humanos, confrontando el papel distorsionado de las redes sociales y los sectores de ultraderecha que buscan radicalizar el conflicto. — 1. Introducción: Más allá del fanatismo En la República Dominicana, la migración haitiana ha sido reducida por discursos hegemónicos a una \»crisis de seguridad\» o un \»problema de identidad\». Sin embargo, desde la sociología, entendemos que la movilidad humana es un fenómeno estructural, no una anomalía. Abordar este tema exige liberarse del fanatismo que, tanto desde la izquierda acrítica como desde la derecha radical, impide ver la complejidad del asunto. La presencia masiva de ciudadanos haitianos en territorio dominicano es el resultado de siglos de interacción, expoliación y dependencia asimétrica. Ignorar esta base histórica para centrarse únicamente en los síntomas del presente es un ejercicio de miopía intelectual que favorece a los sectores que se lucran con la irregularidad y la xenofobia. — 2. Los orígenes: Una relación forjada en la colonización y el auge azucarero La relación entre ambas naciones no empieza con el actual flujo migratorio. Tiene sus raíces en la ocupación haitiana de 1822-1844, un periodo que, aunque efímero en términos de control político, sembró en el imaginario nacional dominicano la semilla del rechazo al \»otro\», utilizado posteriormente como herramienta de construcción de la identidad nacional. No obstante, el verdadero parteaguas migratorio ocurrió a finales del siglo XIX y principios del XX con la consolidación del modelo agroexportador azucarero. Tras la independencia de Haití y la abolición de la esclavitud en la isla, los ingenios dominicanos necesitaban una fuente masiva de mano de obra que la población local no estaba dispuesta a proveer en las condiciones de semiesclavitud ofrecidas. El dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina (1930-1961), paradójicamente el máximo exponente del antihaitianismo político, fue quien institucionalizó la migración laboral. Si bien en 1937 perpetró el genocidio conocido como \»El Corte\» (asesinato de miles de haitianos en la frontera), su régimen estableció el sistema de contratación masiva de haitianos para la zafra azucarera. Bajo su gobierno, la industria azucarera nacional se consolidó gracias a los braceros haitianos, sujetos a condiciones de aislamiento y explotación que marcaron el modelo de precariedad laboral que persiste hasta hoy. — 3. La responsabilidad de los gobiernos: Complicidad y abandono La situación migratoria actual es el resultado directo de la negligencia y la instrumentalización por parte de los Estados involucrados. República Dominicana: El Estado dominicano ha transitado por una política de \»péndulo\»: momentos de apertura extractivista seguidos de brotes de restricción violenta para desviar la atención de crisis internas. La Ley de Migración 285-04, aunque avanzada en su letra, ha sido aplicada de manera discrecional. La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que despojó de la nacionalidad a descendientes de inmigrantes haitianos nacidos en el país (retroactivamente hasta 1929), representa el punto más alto de esta política de exclusión institucional. La creación de la Estrategia Nacional de Regularización fue un intento fallido que terminó en deportaciones masivas y la generación de un limbo legal para miles de personas que llevaban décadas radicadas en el país. Los gobiernos recientes han apostado por una estrategia de contención militar en la frontera, construyendo un muro perimetral y aumentando las deportaciones. Sin embargo, esta política no aborda las causas estructurales ni regula el flujo de manera humanitaria, limitándose a una gestión reactiva y mediática. Haití: El Estado haitiano es el principal responsable de la crisis. Su colapso institucional, exacerbado por el asesinato del presidente Jovenel Moïse (2021), la violencia de las pandillas que controlan gran parte del territorio y la ausencia de servicios básicos, convierten a la emigración en la única vía de supervivencia para millones de haitianos. La comunidad internacional y los sucesivos gobiernos haitianos no han logrado construir un proyecto de nación que retenga a su población. La incapacidad de ofrecer documentación accesible ha forzado a sus ciudadanos a vivir en la irregularidad, externalizando el \»problema\» hacia la República Dominicana, que utiliza esa misma falta de documentos para justificar la exclusión. —— 4. El empresariado dominicano: El socio silencioso Mientras los discursos políticos echan la culpa a los migrantes por el desempleo y la delincuencia, el sector empresarial, particularmente el de la construcción, la agricultura (plátano, arroz, café, cacao, entre otros ) y las zonas francas, ha sido el principal demandante de la mano de obra haitiana. Existe una complicidad estructural: el empresariado ha preferido mantener a los trabajadores haitianos en la informalidad para evadir el pago salarios dignos, la seguridad social y cesantías. La contratación de haitianos indocumentados se ha convertido en un subsidio encubierto para sectores productivos que, de otro modo, no serían competitivos en el mercado internacional si pagaran la mano de obra haitiana con arreglo a las leyes laborales dominicanas. Estos mismos grupos, paradójicamente, suelen ser los mayores financiadores de campañas políticas de partidos que promueven discursos antiinmigrantes. Es el cinismo del capitalismo rentístico: explotar la fuerza laboral en la sombra mientras se financia al político que promete \»limpiar\» el país de esos mismos trabajadores. 5. Las mafias y la corrupción institucional La existencia de un flujo migratorio no regulado de aproximadamente 500,000 a 800,000
Medidas migratorias, tensiones judiciales y protestas civiles definen una semana crucial en la política interna estadounidense, mientras el presidente intensifica su ofensiva contra la inmigración legal e irregular Por Julio Guzmán Acosta WASHINGTON.— En un movimiento que consolida su cruzada contra la inmigración, el presidente Donald Trump firmó este viernes un decreto que impone una tarifa de 100 dólares a las solicitudes de visas H-1B para trabajadores altamente especializados, argumentando la necesidad de frenar el \»uso excesivo\» de este programa. Desde el Despacho Oval, el mandatario aseguró que la medida asegurará la llegada de \»grandes trabajadores\» y anunció, en una orden paralela, la creación de una vía de \»tarjeta dorada\» para acelerar visas selectivas a cambio de tarifas elevadas. Estas acciones representan el más reciente esfuerzo de una administración que ha convertido la restricción migratoria en sello de su política interior. La semana, sin embargo, estuvo marcada por reveses judiciales y tensiones sociales. El juez federal Timothy Kelly frenó el intento del gobierno de repatriar a menores guatemaltecos bajo custodia en Estados Unidos, tras una demanda del Centro Nacional de Leyes de Inmigración que alega violaciones a derechos constitucionales. Los diez niños involucrados, cuyas edades oscilan entre los 10 y 17 años, permanecerán en el país mientras continúan sus procesos legales. Las calles de Manhattan fueron escenario de otra batalla: al menos 71 personas, incluidos funcionarios de la ciudad y el estado de Nueva York, fueron arrestadas durante una protesta frente al centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Federal Plaza. El incidente refleja la creciente polarización en torno a las políticas migratorias, que han convertido al ICE en símbolo de controversia nacional. En un giro sombrío, el asesinato del activista conservador Charlie Kirk impregnó el debate público. Tyler Robinson, de 22 años, fue acusado de homicidio agravado por el crimen cometido el pasado 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah. Trump anunció que el Departamento de Estado investiga a extranjeros que celebraron el hecho, mientras aerolíneas como Delta, American y United suspendieron a empleados por comentarios inapropiados en redes sociales. El panorama económico añadió complejidad a la semana: el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunció el primer recorte del año en las tasas de interés —un cuarto de punto porcentual—, en línea con las expectativas de mercado pero bajo la presión constante de una Casa Blanca que exige medidas más audaces para estimular el crecimiento. Entre decretos, fallos judiciales y protestas, la administración Trump afronta un momento definitorio: su política migratoria choca con barreras legales y sociales, mientras el fantasma de la violencia política y los ajustes económicos plantean interrogantes sobre el rumbo de una nación profundamente dividida.
Miguel Franjul, presidente de la Comisión Ejecutiva del OPM y director de Listín Diario, encabeza primera reunión de planificación y organización del foro. Por Virtudes Álvarez Sampedro Santo Domingo.- El Comité Técnico del Observatorio de Políticas Migratorias (OPM) inició los preparativos para la celebración del Gran Foro sobre Migración, que se llevará a cabo antes de que finalice el presente año. Este evento busca convertirse en un espacio de participación plural para la sociedad civil y los diversos sectores vinculados al tema migratorio, así como para evaluar el cumplimiento de las quince medidas anunciadas por el gobierno dominicano en abril pasado. La primera reunión de planificación, encabezada por el presidente de la Comisión Ejecutiva del OPM y director de Listín Diario, Miguel Franjul, tuvo lugar en la sede del periódico. En ella participaron miembros del Comité Técnico y representantes de las instituciones vinculadas al organismo. Durante el encuentro, se acordó estructurar el foro en torno a cuatro grandes temas, los cuales serán debatidos mediante paneles y mesas de trabajo integradas por equipos multidisciplinarios de expertos. Estas mesas tendrán la misión de analizar en profundidad los ejes centrales y presentar propuestas concretas. El foro se concibe como un ámbito abierto y participativo, destinado a fomentar el diálogo entre la ciudadanía y los actores clave en la implementación de las políticas migratorias. Además, se afinaron los detalles para la próxima apertura del centro de datos del OPM, que funcionará en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). El Observatorio de Políticas Migratorias fue creado mediante el Decreto núm. 215-25, emitido por el presidente Luis Abinader, con el objetivo de fortalecer la vigilancia ciudadana, la transparencia y la participación social en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas migratorias del Estado dominicano. Desde su instalación, el OPM ha mantenido encuentros con diversos sectores y realizado visitas de campo para supervisar la ejecución de las medidas anunciadas. Medidas para enfrentar la migración irregular El Observatorio forma parte de las quince medidas presentadas por el gobierno para enfrentar la inmigración irregular y garantizar la seguridad nacional. Entre estas se incluyen: ampliar la capacidad de supervisión en la frontera, reforzar la vigilancia con mayor presencia militar, acelerar la construcción del muro fronterizo, incorporar nuevos agentes migratorios y instalar oficinas de control en todas las provincias. Asimismo, se busca eficientizar las repatriaciones, establecer un protocolo para regular el acceso a hospitales públicos de personas en condición migratoria irregular e impulsar la dominicanización del empleo en el marco de la discusión salarial tripartita. Estas acciones reflejan la determinación del Estado de abordar el fenómeno migratorio de manera integral, combinando control fronterizo con políticas sociales y de inclusión laboral. El Gran Foro sobre Migración se erige así como una plataforma esencial para la reflexión colectiva y la construcción de consensos en uno de los temas más sensibles y complejos de la agenda nacional.
La CNDH denuncia que el Estado viola la Constitución al incautar propiedades de migrantes sin orden judicial y prepara un amparo para frenar lo que califica como \»despojo sistemático\». Por Julio Guzmán Acosta Santo Domingo.— Entre leyes rotas y maletas vacías, la Dirección General de Migración opera un mercado gris de confiscaciones que ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expone con documentos en mano. Manuel María Mercedes Medina, su presidente, desgrana ante la prensa una paradoja jurídica: mientras la Constitución dominicana borró en sus reformas los obstáculos para que extranjeros adquieran propiedades, el Estado arrebata bienes a migrantes detenidos —desde relojes hasta viviendas— sin sentencia que lo avale. \»El Código Civil exige una orden judicial para legitimar estas apropiaciones. Aquí hay un *Estado que actúa como juez y verdugo*\», sentencia Mercedes, mientras anuncia un recurso de amparo para paralizar lo que define como saqueo institucionalizado. La advertencia llega con filo: quienes compren en subastas estos bienes \»quedarán atrapados en un laberinto legal sin títulos válidos\». El caso revela grietas más profundas. Muchas propiedades incautadas pertenecen a terceros —familiares o socios dominicanos— que, según la CNDH, enfrentan un vacío procesal para reclamarlas. La institución urge crear mecanismos de devolución o custodia temporal, pero la sombra de la ilegalidad ya salpica la imagen internacional del país. Mientras Migración calla, los expedientes de amparo podrían convertir esta batalla en un juicio histórico sobre cuánto pesan, realmente, los derechos humanos en las fronteras.
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