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La Fuerza del Pueblo pidió investigar las denuncias sobre aumentos en las facturas eléctricas y reclamó explicaciones para los consumidores, al tiempo que cuestionó el creciente déficit y las pérdidas de las empresas distribuidoras.
Santo Domingo.– La Fuerza del Pueblo (FP) reclamó a las autoridades del sector eléctrico una investigación objetiva y transparente sobre las denuncias de ciudadanos que aseguran haber experimentado aumentos significativos en sus facturas de electricidad, mientras continúan las interrupciones del servicio en distintos puntos del país.
La organización opositora sostuvo que las autoridades deben determinar si los montos cobrados corresponden efectivamente al consumo registrado por los usuarios y garantizar mecanismos de reclamación capaces de ofrecer respuestas oportunas y verificables.
La posición fue expuesta por Juan Gómez, secretario de Energía de la Fuerza del Pueblo, durante una rueda de prensa en la que también cuestionó la situación financiera de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) y los niveles de pérdidas que, según las cifras presentadas por la organización, mantiene el sistema.
Gómez aclaró que la FP no parte de la premisa de que toda reclamación ciudadana constituye necesariamente una irregularidad, pero consideró que el aumento de las quejas obliga a las instituciones competentes a ofrecer explicaciones convincentes.
La Fuerza del Pueblo entiende que los usuarios tienen derecho a conocer las razones de cualquier variación considerable en sus facturas y a disponer de procedimientos efectivos cuando consideren que el monto cobrado no se corresponde con su consumo.
“¿De qué sirve tener un mecanismo de reclamación si el ciudadano termina sintiendo que reclamar no vale la pena?”, cuestionó la organización al referirse a los procedimientos disponibles ante las empresas distribuidoras y posteriormente ante la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom).
El planteamiento se produce en un contexto en el que, según la FP, continúan registrándose apagones, circunstancia que incrementa el descontento de usuarios residenciales y establecimientos comerciales.
Gómez consideró indispensable que cualquier incremento de la facturación pueda sustentarse en mediciones, registros y procedimientos técnicamente verificables.
Además de las reclamaciones relacionadas con las facturas, la Fuerza del Pueblo puso bajo cuestionamiento el desempeño financiero de las empresas distribuidoras.
Según los datos presentados por Gómez, el déficit de las EDE pasó de aproximadamente US$578 millones en 2020 a US$1,659 millones en 2025, una cifra cercana al triple de la registrada al inicio del período señalado por la organización.
La FP afirmó igualmente que las distribuidoras presentan pérdidas cercanas al 40 %, mientras que EDEESTE alcanzaría aproximadamente el 56 %. Las cifras corresponden a los datos divulgados por la organización política durante la rueda de prensa.
Gómez sostuvo, además, que entre 2020 y mayo de 2026 el Estado habría destinado alrededor de US$8,450 millones en transferencias para cubrir el déficit de las distribuidoras, equivalente, según los cálculos presentados por la FP, a cerca de RD$500,000 millones.
Para la Fuerza del Pueblo, esos niveles de déficit y pérdidas requieren una revisión profunda de la gestión del sistema eléctrico dominicano, así como mayores inversiones destinadas a mejorar la distribución, combatir las pérdidas técnicas y comerciales y elevar la calidad del servicio.
La organización también reclamó una protección más efectiva para los consumidores y pidió evitar que las denuncias por facturación sean atribuidas automáticamente a mayores niveles de consumo sin que previamente se realicen las comprobaciones correspondientes.
A juicio de la FP, el problema eléctrico no debe ser abordado únicamente desde la perspectiva de las tarifas y los cobros, sino mediante una política integral que combine inversión, reducción de pérdidas, eficiencia administrativa y rendición de cuentas.
El partido opositor llamó finalmente a las autoridades a explicar públicamente las causas de las variaciones experimentadas en las facturas eléctricas y a responder las reclamaciones de los usuarios, especialmente en momentos en que amplios sectores de la población denuncian que los aumentos en los cobros coinciden con interrupciones recurrentes del suministro.

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