Desde Londres votaré por Pedro Sánchez y apoyo las candidaturas del Frente Amplio. En las elecciones generales de España del 29 de noviembre se decide quién tendrá en sus manos la sanidad, la educación y el patrimonio público, y qué respuesta dará el país cuando Donald Trump vuelva a pedir el uso de sus bases militares.
Cuando escucho a un compañero de izquierda decir que «todos son iguales», pienso en tres decisiones que alguien tendrá que tomar después del 29 de noviembre. ¿Quién gestionará el próximo hospital que se construya con nuestros impuestos? ¿Cómo votará España cuando haya que sostener el embargo de armas a Israel? ¿Qué le responderá el presidente del Gobierno a Donald Trump si Washington quiere volver a utilizar Rota y Morón para atacar a otro país? Tengo diferencias con Pedro Sánchez. También tengo una idea bastante clara de cómo respondería a esas preguntas un gobierno de Alberto Núñez Feijóo sostenido por Santiago Abascal.
En Brasil apoyé a Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro. En las elecciones de medio mandato en Estados Unidos llamé a votar contra los candidatos republicanos que respaldaban a Trump. Lula ganó la segunda vuelta y los demócratas conquistaron la mayoría en ambas cámaras del Congreso estadounidense. Celebré los dos resultados. Mis diferencias con el Partido Demócrata siguen siendo profundas, pero sé lo que habría significado para millones de personas que Trump saliera de las urnas con las manos más libres. Con ese mismo criterio miro hoy a España.
La sanidad, la escuela y las empresas que eran de todos
Un derecho puede seguir escrito en la ley y resultar cada vez más difícil de ejercer. Lo sabe la trabajadora que tiene que elegir entre esperar una consulta o pagarla de su bolsillo. Lo sabe la familia que necesita una plaza escolar cerca de casa. Cuando se discuten los presupuestos, para esas familias importa mucho dónde acaba cada euro y quién decide cómo se gasta.
Hay ejemplos de lo que hace el PP allí donde gobierna. En la Comunidad de Madrid, cuatro hospitales de la red pública tienen concedida a empresas privadas la gestión de los servicios sanitarios y no sanitarios. La misma comunidad destina fondos públicos a becas para cursar el bachillerato en centros privados. A mi juicio, la prioridad debería ser que el hospital público tenga personal suficiente y que cualquier muchacho pueda cursar el bachillerato que desea en un instituto público de su zona. Esa es la libertad de elección que merece el respaldo de nuestros impuestos.
También conviene recordar qué ocurre cuando se vende una empresa estatal. En 1998, bajo el gobierno de José María Aznar, culminó la privatización de Endesa. En la última oferta se puso a la venta el 30 % de su capital. La compañía siguió produciendo electricidad. Lo que perdió la ciudadanía fue la propiedad de una empresa estratégica y, con ella, un instrumento para intervenir en un sector del que depende hasta el último hogar. Una mayoría parlamentaria puede autorizar una venta en una legislatura. Recuperar lo vendido puede costar generaciones.
Por eso me preocupa que el PP regrese al Gobierno de la mano de Vox. Y por eso también reconozco las conquistas alcanzadas durante los gobiernos de Sánchez. En 2026, el salario mínimo llegó a 1.221 euros mensuales en catorce pagas. Como afiliado a Comisiones Obreras desde 1989, sé cuánta organización obrera hay detrás de una mejora que termina publicada en el Boletín Oficial del Estado. Sé también que el alquiler puede comerse buena parte de la subida. Precisamente por eso apoyo las candidaturas del Frente Amplio. Quiero que quienes reclaman una vivienda asequible, una sanidad pública más fuerte y mejores salarios tengan fuerza propia en el Congreso para exigírselos al próximo gobierno.
Gaza, Rota y Morón también entran en las urnas
Mi voto tiene además una razón internacionalista. En octubre de 2025, cuando llegó al Congreso el decreto de medidas contra el genocidio en Gaza, que incluía el embargo de armas a Israel, el PP y Vox votaron en contra de convalidarlo. Ahí tenemos una decisión concreta por la que juzgar a ambos partidos. A la vista de ese voto, mi conclusión es que, con Feijóo y Abascal en el Gobierno, el genocidio en Gaza tendría un nuevo valedor en Europa. Para el pueblo palestino importa, y mucho, que un país mantenga un embargo cuando llegan las presiones para levantarlo.
La cuestión de las bases militares también ha pasado ya por la mesa del presidente. En marzo de 2026, el Gobierno de Sánchez negó a Estados Unidos el uso de Rota y Morón para sus operaciones contra Irán. Respaldo aquella decisión. Temo que un gobierno de Feijóo y Abascal le serviría a Donald Trump esas bases en bandeja de plata para su próxima escalada bélica. Y me parece que tenemos derecho a exigirles a ambos, antes de votar, una respuesta tan clara como la que tuvo que dar España cuando llegó la petición de Washington.
A los compañeros de la izquierda revolucionaria y progresista que discrepan conmigo les propongo pensar en el día siguiente. Bajo un nuevo gobierno de Sánchez tendremos que seguir peleando por la vivienda, por los servicios públicos y por una política exterior consecuente con la paz. Creo que tendremos mejores condiciones para hacerlo. Bajo un gobierno del PP dependiente de Vox, buena parte de ese esfuerzo habría que dedicarlo a impedir que se venda lo que todavía es de todos y a defender derechos que costó décadas conquistar.
El 29 de noviembre votaré desde Londres pensando en quienes el día 30 tendrán que abrir la escuela, atender la consulta y volver a negociar el convenio. Quiero que encuentren en su gobierno un interlocutor al que puedan arrancarle nuevas conquistas. Y si Pedro Sánchez vuelve a gobernar, ahí estaré también, del lado de quienes le exijan cumplir.




