El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios alerta que artículos como el 208, que castiga con dos a cinco años de cárcel a quienes difamen a través de medios tradicionales o digitales, amenazan con generar autocensura y contradicen criterios previos del Tribunal Constitucional.
Por: Brendalis Reyes
SANTO DOMINGO. – El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, lanzó una severa advertencia sobre las implicaciones que el nuevo Código Penal, cuya vigencia está prevista para agosto próximo, tendría sobre el ejercicio del periodismo, la libertad de expresión y el derecho ciudadano a denunciar asuntos de interés público. En una intervención medida pero de hondo calado, Maldonado señaló que ciertas disposiciones del texto legal reintroducen figuras punibles que el país había dejado atrás por considerarlas lesivas a la democracia.
El directivo concentró su inquietud en los artículos relativos a la difamación y la injuria, al advertir que la restitución de penas privativas de libertad para estos delitos —eliminadas en el pasado por mandato constitucional— podría sembrar el temor en redacciones, plataformas digitales y voces ciudadanas que denuncian actos de corrupción o irregularidades. “Una ley excesivamente severa no protege el honor; lo que hace es silenciar”, sentenció Maldonado durante un encuentro con periodistas.
El artículo 208 del nuevo cuerpo normativo contempla sanciones de dos a cinco años de prisión, además de multas económicas, para quienes resulten culpables de difamación cometida a través de medios de comunicación tradicionales, plataformas digitales, redes sociales u otros soportes electrónicos. A juicio de Maldonado, esta disposición no solo resulta desproporcionada, sino que además entra en contradicción con criterios previamente establecidos por el Tribunal Constitucional dominicano, el cual en decisiones anteriores había suprimido la cárcel como castigo para estos casos al entender que afecta directamente el ejercicio de la libertad de expresión.
“El efecto será la autocensura. El periodista pensará dos veces antes de investigar, y el ciudadano dudará antes de alzar la voz”, advirtió el también veterano comunicador, quien abogó por un modelo de sanciones centrado en la reparación del daño y no en la privación de libertad. Maldonado recordó que la prensa libre no es un privilegio, sino un pilar del Estado de derecho, y que poner en riesgo su función fiscalizadora —en un país donde la corrupción y el manejo opaco de lo público siguen siendo asignaturas pendientes— equivale a debilitar la propia democracia.
A solo meses de que entre en vigor la nueva legislación penal, el debate nacional se intensifica. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión, colegios de periodistas y universidades han comenzado a sumar sus voces a la de Maldonado, exigiendo una revisión profunda de los artículos que limitan derechos fundamentales. Mientras tanto, el Congreso y el Poder Ejecutivo guardan silencio, y el país observa con cautela si el nuevo Código Penal será una herramienta de justicia o, por el contrario, una espada sobre la cabeza de quienes se atreven a contar la verdad.
