No es asunto que atañe únicamente a la oposición. No es una disputa entre colores políticos ni un forcejeo por la cuota del descontento. El contenido de la ampliación del acuerdo «Escudo de las Américas», ese que permite a aeronaves militares de Estados Unidos operar desde aeropuertos y bases dominicanas, debe ser conocido por cada dominicano que respira este suelo. Porque lo que se firma en silencio, lo que se oculta tras la clasificación de «confidencial», deja de ser un acto de gobierno para convertirse en una sombra que pesa sobre la soberanía de todos.
«Opacidad» e «incertidumbre» fueron las palabras que escogieron este miércoles el ex canciller Andrés Navarro y el diputado Rafael Castillo. Dos voces de la oposición, sí, pero que en este reclamo no hacen otra cosa que traducir el malestar que recorre silencioso los barrios y los campos de República Dominicana. Porque el pueblo —ese que no aparece en las resoluciones selladas— tiene derecho a saber hasta dónde llega la cesión de su territorio, cuánto dura el permiso, qué vuelos aterrizan y cuáles despegan, y sobre todo, qué compromisos se adquieren a cambio de nada.
El gobierno del Partido Revolucionario Moderno, encabezado por Luis Abinader, lleva tiempo transitando un camino que huele a entreguismo. No es una exageración, es una lectura de los hechos. Primero fue la sumisión diplomática a los dictados del Departamento de Estado, después el alineamiento vergonzante con las fuerzas de ultraderecha que hoy sacuden Latinoamérica, y ahora este paso adicional: ceder instalaciones estratégicas a la administración de Donald Trump, convirtiendo al país en una suerte de quinta columna que sirve sin rechistar los intereses de un imperio.
El argumento oficial es conocido: no se trata de bases permanentes, sino de un refuerzo al «anillo de protección» contra el narcotráfico. Pero el disfraz no oculta la desnudez del hecho. Un día antes de anunciarse el acuerdo, el canciller Roberto Álvarez suscribió una resolución que declara confidenciales todos los documentos de la negociación. Es decir: hablemos de transparencia, pero no enseñemos las letras pequeñas. Ese proceder no es digno de un gobierno que dice defender la soberanía; es más bien el protocolo de quien tiene algo que esconder.
El componente migratorio, que permite el traslado temporal de deportados de terceros países, añade otra capa de preocupación. La embajadora Leah F. Campos jura que se respetarán las leyes dominicanas. Pero la historia enseña que la letra menuda de estos acuerdos siempre favorece al más fuerte. Y aquí el más fuerte no es Santo Domingo.
Lo que debió ser llevado al Congreso Nacional, debatido en sus dos cámaras, votado por los representantes del pueblo, se resuelve ahora en despachos cerrados y clasificaciones convenientes. La Constitución dominicana establece procedimientos para la aprobación de tratados internacionales. Saltarse ese mandato no es eficiencia gubernamental; es desprecio por el orden institucional y por la voluntad popular.
El silencio cómplice del Legislativo, ese que no cita al canciller ni exige los documentos, completa el cuadro de una democracia que se pliega ante el poder extranjero. No es casualidad. Es la consecuencia de un gobierno que ha preferido alinearse con las peores corrientes de la derecha continental, abandonando cualquier vestigio de una política exterior autónoma y digna.
Por eso levantamos esta voz: ni la oposición ni el gobierno son los dueños de la verdad. El dueño de la verdad es el pueblo dominicano, y ese pueblo exige saber. Exige que se le presente el acuerdo íntegro, en sus dos capítulos, militar y migratorio. Exige que se someta a la deliberación del Congreso. Exige que cesen las cláusulas secretas y los tratados de espaldas a la ciudadanía.
Más dignidad. Menos entreguismo. Porque ceder soberanía no es gobernar, es rendirse antes de combatir. Y este país, que tanto costó liberar, no merece gobernantes que lo arrodillen en silencio.
