Por Theo N. Guzmán
SANTO DOMINGO. — “Opacidad” e “incertidumbre” son las palabras que marcaron este miércoles el reclamo de dos voces opositoras ante el silencio del Gobierno dominicano sobre los acuerdos suscritos con la administración del presidente estadounidense Donald Trump. La controversia no solo involucra el memorando migratorio que permite el traslado temporal de extranjeros deportados, sino también la reciente autorización para que fuerzas militares de Estados Unidos utilicen aeropuertos y bases aéreas dominicanas.
El ex canciller Andrés Navarro García (PLD) y el diputado Rafael Castillo (Fuerza del Pueblo) coincidieron en un punto: los convenios, que abarcan desde el combate al narcotráfico hasta la admisión transitoria de migrantes, deben ser conocidos a fondo por la ciudadanía.
«En la medida en que haya opacidad en este acuerdo se va a generar el caldo de cultivo para miles de especulaciones», advirtió Navarro, al tiempo que instó al presidente Luis Abinader a transparentar el contenido por los cauces institucionales.
Castillo fue más lejos: «El canciller tampoco ha dado la cara. República Dominicana no puede ser sede para recibir personas que hayan cometido delitos de un tercer país».
Doble filo de la cooperación militar
El detonante del malestar opositor es un acuerdo firmado bajo la iniciativa «Escudo de las Américas», mediante el cual República Dominicana concedió un permiso temporal para que aeronaves estadounidenses accedan, se estacionen y sobrevuelen instalaciones nacionales. Según reportes, las facilidades comprenden el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) y la Base Aérea de San Isidro, espacios que han sido utilizados previamente en operaciones de vigilancia e interdicción.
El presidente Abinader ha defendido la medida argumentando que no se trata del establecimiento de bases militares permanentes, sino de un refuerzo al «anillo de protección aérea y marítima» para combatir el narcotráfico. Sin embargo, la controversia se profundizó al conocerse que el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró como confidenciales todos los documentos relacionados con estas negociaciones. Mediante una resolución suscrita por el canciller Roberto Álvarez, se restringió el acceso a «todas las piezas documentales generadas o procesadas en el marco de las conversaciones», un día antes del anuncio oficial del acuerdo.
El componente migratorio
Junto al componente militar, el memorando incluye un capítulo migratorio que permite el ingreso temporal de un «número limitado» de nacionales de terceros países deportados desde Estados Unidos, bajo estrictas condiciones: estarán en tránsito, no poseer antecedentes penales, y quedarán excluidos los haitianos y los menores no acompañados. El gobierno estadounidense proporcionará respaldo financiero y operativo para su retorno ordenado.
La embajadora de Estados Unidos, Leah F. Campos, salió al paso de las críticas asegurando que el proceso respetará la soberanía dominicana y las leyes locales. No obstante, la oposición insiste: sin información clara y acceso público a los textos completos, no hay respaldo posible.
