Editorial – Página 5 – MAQUETA UMBRAL

La urgente necesidad de reformar el sistema penitenciario en la República Dominicana

Cuando se menciona el “viejo modelo carcelario” en la República Dominicana, se corre el riesgo de caer en la trampa de pensar que se trata de una situación marginal, un remanente de prácticas obsoletas que ya no tienen cabida en la sociedad moderna. Sin embargo, la cruda realidad es que este modelo retrógrado sigue predominando en nuestro sistema penitenciario. De los 35 centros de reclusión en el país, 23 continúan operando bajo condiciones que son, en el mejor de los casos, inhumanas. Esta situación no solo es un reflejo de la falta de progreso en la administración de justicia, sino un claro incumplimiento de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Los datos son alarmantes: más de 14 mil personas se encuentran recluidas en lo que puede describirse como un auténtico infierno carcelario. No estamos abogando por que los convictos sean alojados en lujosas celdas, donde las únicas privaciones sean la libertad de movimiento y la vida social. Pero tampoco podemos permitir que nuestras cárceles sean auténticas pocilgas, como han señalado tanto familiares de reclusos como el Defensor del Pueblo. Esta brutal realidad contraviene el derecho a la dignidad, consagrado en el artículo 38 de nuestra Constitución, y el principio de presunción de inocencia, especialmente en el caso del 52% de la población carcelaria que se encuentra en prisión preventiva, un hecho que debería avergonzar a toda la sociedad. Es hora de que la opinión pública tome conciencia de la magnitud de esta crisis. En un país donde a menudo se alzan voces en defensa de los derechos civiles y políticos, resulta incomprensible que la situación de los reclusos no genere la misma indignación. La reinserción social de las personas privadas de libertad solo es posible a través de un proceso sostenido de educación y rehabilitación. Ignorar esta realidad es seguir alimentando un ciclo de violencia y desesperanza que, evidentemente, no es efectivo. Desde umbral.local/, hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se tomen medidas urgentes y efectivas que transformen el sistema penitenciario dominicano. La reforma debe ser integral y enfocarse en la dignidad de las personas, en lugar de perpetuar un modelo que solo genera sufrimiento y marginación. La sociedad merece un sistema de justicia que no solo castigue, sino que también eduque y rehabilite. La verdadera justicia no se mide solo por la retribución, sino por la capacidad de reintegrar a los individuos a la sociedad de manera digna y constructiva. Es hora de que el país despierte a esta realidad y actúe en consecuencia.

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13 de diciembre de 2024 No hay comentarios

Editorial

La corrupción en la República Dominicana: Un mal arraigado que exige cambio La corrupción es un fenómeno que no solo se observa en el ámbito global, sino que tiene raíces profundas en la República Dominicana, donde se ha convertido en una de las principales barreras para el desarrollo y el bienestar de la población. A medida que se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, es fundamental reflexionar sobre cómo este flagelo ha permeado todos los niveles de la sociedad dominicana, afectando no solo a las instituciones, sino también a la calidad de vida de millones de ciudadanos. Desde hace más de dos décadas, la ONU ha establecido esta efeméride no para celebrar, sino para crear conciencia sobre la urgencia de combatir la corrupción. En un país donde el soborno y la impunidad parecen ser prácticas comunes, la necesidad de erradicar este fenómeno se vuelve más apremiante que nunca. Según datos de la ONU, cada año se pierden billones de dólares en sobornos y robos a nivel mundial; sin embargo, en la República Dominicana, estas cifras se sienten de manera aún más dramática. La corrupción no solo afecta la economía, sino que también deteriora la confianza en las instituciones y en el sistema democrático. En el contexto dominicano, la corrupción está interrelacionada con otros delitos graves, como el narcotráfico y el contrabando, que prosperan en un entorno donde los controles son débiles y la venalidad de las autoridades es más evidente. Esta situación crea un ciclo vicioso que enriquece a unos pocos a expensas de las mayorías, provocando un daño irreparable a la educación, la salud y la seguridad de la ciudadanía. La burocracia engordada y la falta de inversión extranjera son solo algunas de las consecuencias de un sistema que se alimenta de la corrupción. Es alarmante observar cómo los recursos que deberían destinarse a mejorar la calidad de vida de la población se desvían hacia bolsillos corruptos, dejando a la sociedad en un estado de vulnerabilidad extrema. La corrupción, por lo tanto, no es solo un problema ético, sino una cuestión de justicia social y desarrollo sostenible. Conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción en la República Dominicana debe ser un llamado a la acción. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante un fenómeno tan arraigado. La población tiene el deber de transformarse en portavoces del cambio, denunciando los actos corruptos y exigiendo la rendición de cuentas. Es imperativo que los responsables de actos de corrupción enfrenten penas severas y que se garantice la independencia de los poderes del Estado. La educación juega un papel crucial en este proceso. Integrar valores de honestidad y transparencia en los sistemas educativos desde una edad temprana puede ser la clave para cultivar una nueva generación que rechace la corrupción como norma. La lucha contra la corrupción en la República Dominicana es un desafío monumental, pero no es insuperable. Requiere un compromiso colectivo que trascienda fronteras políticas y sociales. Solo así podremos aspirar a un futuro donde la justicia y la equidad prevalezcan, y donde la corrupción deje de ser un mal arraigado en nuestra sociedad.

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10 de diciembre de 2024 No hay comentarios

Editorial

La insaciable avidez del empresariado dominicano y la amenaza a los derechos laborales como la Cesantía En la actual coyuntura dominicana, se manifiesta una insaciable avidez por parte del empresariado que, lejos de conformarse con las exenciones fiscales y las evasiones que les permiten operar con mayores márgenes de beneficio, ahora se agrupan como avispas en procura de despojar a los trabajadores de un derecho fundamental: La cesantía laboral. Este intento de eliminar un derecho adquirido, en el marco de la discusión del nuevo código laboral en el Congreso, es una clara señal de que el respeto hacia los logros sociales de los trabajadores está en peligro. La cesantía no es un regalo ni una concesión de los empleadores; es el resultado de largas luchas de los trabajadores dominicanos y sus familias. Instituida en 1944 durante la dictadura de Trujillo, esta medida ha sido un pilar fundamental en la defensa de los derechos laborales en el país. Al garantizar una prestación económica a quienes ven finalizado su contrato de trabajo por decisión unilateral del empleador, se asegura una mínima protección para aquellos que, tras años de esfuerzo, se encuentran despojados de su fuente de ingreso. La argumentación de que el cumplimiento de este auxilio incrementa los costos laborales y actúa como una traba para la competitividad es, cuando menos, engañosa. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha demostrado que el nivel de rigidez del mercado laboral dominicano no es significativamente distinto al de otras economías de la región. Los verdaderos obstáculos para la competitividad se encuentran en factores estructurales como la corrupción, la burocracia ineficiente y el costo de servicios esenciales como la electricidad. El clamor del empresariado por despojar a los trabajadores de sus derechos laborales no solo representa un retroceso en la lucha por la justicia social, sino que también pone en riesgo la estabilidad y la cohesión social del país. Los legisladores deben resistir la presión de un sector que, en su búsqueda de maximizar ganancias, está dispuesto a vulnerar los derechos que costaron largas jornadas de lucha, pagadas con la sangre de los trabajadores y trabajadoras. Es imperativo que tanto los trabajadores y trabajadoras, sindicalizados o no, se unan en la defensa de las conquistas laborales. La cesantía es un derecho que no puede ser despojado sin una lucha decidida. Los distintos sectores de la sociedad, encabezados por los trabajadores, debe poner resistencia al despojo pretendido y que goza con el beneplácito del gobierno. Recordemos que fue precisamente contra la tiranía de Trujillo que tantos dieron su vida para asegurar un futuro mejor para las generaciones venideras. Hoy, enfrentamos una nueva amenaza que busca borrar esos logros. La historia nos enseña que la lucha por la dignidad y el respeto a los derechos es un camino que debemos andar con determinación y unidad. El gobierno de Luis Abinader y el PRM deben reflexionar sobre las implicaciones de apoyar tales movimientos empresariales. La verdadera fortaleza de una nación se mide por su capacidad de proteger a los más vulnerables, no por su disposición a sacrificar derechos fundamentales en el altar de la competitividad. Es hora de que el país defienda sus conquistas y garantice que los derechos laborales sigan siendo un pilar de nuestra sociedad.

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5 de diciembre de 2024 No hay comentarios