Las voces ambientales del país han vuelto a alzarse con claridad meridiana. En el reciente panel “Luces y Sombras de la Minería”, celebrado en San Pedro de Macorís, el padre Ramón Rogelio Cruz y el profesor Enrique de León no solo denunciaron un “festival” de permisos mineros que ya duplica el territorio nacional, sino que pusieron el dedo en la llaga de una política gubernamental que, bajo la administración del presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha preferido el camino fácil de los combustibles fósiles y la minería depredadora en lugar de apostar por un desarrollo limpio, sostenible y verdaderamente soberano.
Los números son escalofriantes y no admiten eufemismos: 210 permisos de exploración, 118 de explotación, cuatro contratos especiales y 700 expedientes mineros activos. Lejos de aplicar el rigor que exige nuestra condición insular, frágil y vulnerable, el Gobierno ha actuado como un facilitador del gran capital transnacional, convirtiéndose en cómplice de la depredación sistemática de nuestros recursos naturales. Mientras Monte Plata, San Juan y la Cordillera Septentrional son desangradas por concesiones a diestra y siniestra, el Ejecutivo mira hacia otro lado, tolerando la explotación a cielo abierto y poniendo en riesgo el agua, la biodiversidad y la vida misma de las comunidades.
Pero la complicidad oficial no termina en la minería. La obsesión del presidente Abinader y su equipo económico por el gas natural y el petróleo resulta, cuando menos, inexplicable a la luz de la evidencia. Los estudios, como el realizado por la empresa APA en la cuenca marítima de San Pedro de Macorís, han demostrado la ausencia de reservas comerciales de hidrocarburos. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas, en una maniobra que huele a ocultamiento, se niega a publicar esos informes. ¿Qué teme revelar? ¿Acaso la verdad científica que desmonta el sueño fósil de un gobierno atrapado en el pasado?
Mientras el mundo avanza hacia las energías renovables, aquí el 80% de nuestra matriz eléctrica sigue dependiendo de combustibles fósiles, con el gas natural (38%) y el carbón (29%) como protagonistas vergonzosos. En lugar de impulsar la energía fotovoltaica y eólica —tecnologías accesibles, limpias y cada vez más baratas—, el PRM ha optado por megaproyectos a gas natural licuado, como los de Manzanillo, que no solo atentan contra la mayor concentración de manglares del Caribe Insular y contra humedales protegidos por el Acuerdo Ramsar, sino que nos condenan a una dependencia externa y a una volatilidad energética que pagamos caro los dominicanos.
La pregunta es obligada: ¿defiende este gobierno los intereses del pueblo dominicano o los de las grandes trasnacionales mineras y energéticas? Las evidencias se acumulan en contra del discurso oficial. Mientras los ambientalistas, los religiosos y los académicos claman por una nueva ley minera que prohíba la explotación a cielo abierto, reserve el 40% de las ganancias para las comunidades afectadas y proteja nuestras cordilleras y áreas protegidas, el silencio desde el Palacio Nacional es ensordecedor.
El padre Rogelio Cruz lo recordó con justicia: San Juan de La Maguana enseñó que el pueblo en las calle es la mejor garantía para defender la vida. La ciudadanía no puede seguir esperando que un gobierno cómodo con el extractivismo y los fósiles cambie su rumbo por voluntad propia. Corresponde a la sociedad civil, a las universidades, a las iglesias y a todos los que aún creemos en un país vivible, alzar la voz y exigir un viraje inmediato.
No más permisos sin control. No más complicidad con la depredación. No más obsesión fósil. El futuro de la isla, su agua, sus montañas y su gente están en juego. Y la historia no perdonará a quienes, teniendo la oportunidad de elegir entre el progreso limpio y el atajo sucio, prefirieron hipotecar la patria al mejor postor.
