Durante el panel “Luces y Sombras de la Minería” en la UASD de San Pedro de Macorís, el padre Ramón Rogelio Cruz y el profesor Enrique de León denunciaron el “festival” de permisos mineros que superan dos veces el territorio nacional, exigieron una nueva ley que prohíba la explotación a cielo abierto y priorice el agua, y advirtieron sobre la obsesión del gobierno por los combustibles fósiles en detrimento de las energías renovables.
Por César Dalmasi Guzmán
San Pedro de Macorís. – En ocasión de celebrarse este el Día Mundial del Medio Ambiente, el padre Ramón Rogelio Cruz y el profesor Enrique de León, principal vocero del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), abogaron por el establecimiento de mayores regulaciones a la minería.
Los pronunciamientos se produjeron en el panel “Luces y Sombras de la Minería”, efectuado el viernes 5 de junio en el Salón de Conferencias Dra. Evangelina Rodríguez de la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en esta ciudad.
Los panelistas coincidieron en denunciar el “festival” de permisos y licencias otorgados para la exploración y explotación de minerales, que superan dos veces el territorio nacional. Denunciaron que a la fecha se han expedido 210 permisos de exploración, 118 permisos de explotación y cuatro contratos especiales, contenidos en 700 expedientes mineros en República Dominicana, según datos ofrecidos por el Ministerio de Energía y Minas.
Señalaron que las provincias con más licencias de exploración y explotación minera son Monte Plata con 14 concesiones, San Juan con 8 concesiones, Sánchez Ramírez, y la Cordillera Septentrional que figura con tres permisos de explotación (Cobre de El Hoyazo II, Lluvia de Oro y Monte Hoyazo).
El padre Rogelio destacó que de continuar el ritmo de los permisos y licencias mineros concedidos, “en poco tiempo perderemos la gran biodiversidad y los encantos naturales de esta isla y del país, así como las condiciones imprescindibles para la vida”.
Ambos expositores estuvieron de acuerdo en impulsar una nueva ley minera que contenga estrictas regulaciones, como la prohibición de la explotación a cielo abierto, que se priorice el agua sobre la minería, que no haya actividad minera en las Cordilleras Central y Septentrional ni en las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, planes efectivos de cierre de minas, y un 40% de las ganancias de la explotación minera para las comunidades directamente afectadas, entre otras medidas.
Igualmente reclamaron que las autoridades cumplan las leyes y las hagan cumplir, y no se transformen en facilitadores y cómplices de la depredación del país por el gran capital.
Por su parte, el profesor de León insistió en que la actividad minera y los pasivos ambientales que esta deja incrementan la emergencia climática, haciéndonos más vulnerables a los efectos extremos del clima. Indicó que nuestra condición insular, muy sensible y vulnerable, obliga a que la explotación minera sea excepcional y bajo estrictos controles.
El padre Rogelio exhortó a seguir el camino de San Juan de La Maguana, que nos enseñó que la intervención del pueblo en la calle es la mejor vía para proteger nuestros recursos naturales, el medio ambiente y los derechos a la vida, la salud y a un medio ambiente sano.
Superar el extractivismo y los fósiles
En su exposición, el profesor de León expuso que el actual gobierno tiene una obsesión por el gas natural y por el petróleo que le impide dedicarse a crear una matriz eléctrica cien por ciento en base a energías renovables, especialmente fotovoltaica y eólica, a bajos costos.
Explicó que de enero a mayo de este año, la composición y aporte por combustible al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) fue de alrededor de 80% de fósiles y 20% de fuentes renovables, siendo el gas natural el combustible predominante con 38%, seguido por el carbón con 29%.
Manifestó que, a pesar de que las rondas petroleras y los estudios realizados han demostrado que no existen en el país reservas comerciales de hidrocarburos, el Gobierno insiste en conceder permisos de exploración. Planteó que la empresa APA entregó hace un par de años el estudio que realizó en la cuenca marítima de San Pedro de Macorís, y en una maniobra de ocultación de información, el Ministerio de Energía y Minas no lo ha publicado, porque evidencia que en ese lugar carece de reservas comerciales de hidrocarburos.
Señaló que igualmente el Gobierno está fomentando la instalación de grandes plantas a gas natural licuado en vez de la generación eléctrica con fuentes renovables, acentuando las emisiones de carbono y de otros gases contaminantes, y haciendo al país dependiente de un combustible importado con gran volatilidad en los mercados internacionales.
Observó que el proyecto de 860 megavatios a gas natural licuado financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Manzanillo se está construyendo en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Manglares Estero Balsa, poniendo en inminente peligro de muerte a la mayor concentración de manglares en el Caribe Insular.
Dijo que este proyecto y la planta Energía 2000, de 414 megavatios también a gas natural licuado, son una amenaza al ecosistema de la Bahía de Manzanillo, que además de manglares cuenta con un sistema único de lagunas y humedales protegidos por el Acuerdo Internacional Ramsar, que acoge una rica biodiversidad de especies, muchas de las cuales son endémicas y están en peligro de extinción.
El evento fue conducido por la comunicadora Mirian Rumiu y organizado por un equipo de ambientalistas integrado por Adriano Pérez, Dorito Romano, José Montilla, Teodoro Romano Mota, Andrés Rivera, Ernesto Nolasco y por David Montes de Oca, coordinador de la Coalición Ambiental del Este.
