UMBRAL, MARCAMOS TENDENCIA
Amparado en la ley ambiental y frente a una ciudadanía que advertía efectos devastadores para la región, el mandatario aclaró que su gestión no otorgará autorizaciones de explotación donde la población exprese un rechazo mayoritario. Por Julio Guzmán Acosta SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader puso fin anoche a la larga incertidumbre que envolvía a la provincia de San Juan al anunciar la detención definitiva del proyecto minero Romero. En una declaración realizada desde el Palacio Nacional, el mandatario fue claro: su Gobierno no autorizará la explotación minera en zonas donde la comunidad manifieste un rechazo mayoritario. “Si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo”, sentenció Abinader, quien subrayó que la decisión se fundamenta en el cumplimiento estricto de la Ley 64-00 de Medio Ambiente y en los principios de prudencia y transparencia. “Este Gobierno escucha con atención, respeto y responsabilidad; cuando la ciudadanía expresa inquietudes, nuestro deber es actuar”, agregó. El proyecto Romero, ubicado en la parte alta de la cuenca del río San Juan, específicamente en el área de Hondo Valle, al norte de la provincia, había sido durante casi veinte años un punto de fricción entre los intereses extractivistas y la defensa de los recursos hídricos del sur del país. La principal preocupación de ambientalistas, agricultores y sectores productivos radica en su cercanía a la presa de Sabaneta: temen que la actividad minera contamine las aguas del río San Juan y sus afluentes, fuente vital del “Granero del Sur” y del abastecimiento de agua potable para miles de familias. Contrario a la percepción popular, el mandatario aclaró que el proyecto no es reciente. Sus orígenes se remontan a concesiones de exploración otorgadas entre 2005 y 2010 a la empresa canadiense GoldQuest. Entre 2015 y 2018 se renovaron dichas concesiones y se autorizaron estudios técnicos para definir el alcance del yacimiento de oro, cobre y plata. Durante la gestión de Abinader (2020-2026), el expediente permaneció estrictamente en fase de evaluación ambiental, “sin haber recibido nunca una autorización de explotación”, recalcó el presidente. Aunque la empresa promotora defendía un modelo de “minería subterránea” sin uso de cianuro y con bajo impacto superficial, el proyecto jamás logró obtener la licencia social. La Diócesis de San Juan de la Maguana, asociaciones agrícolas, la Academia de Ciencias y diversos movimientos populares mantuvieron una resistencia firme, argumentando que el beneficio económico del oro no compensa el riesgo de perder la seguridad hídrica de la provincia. Con el anuncio de esta noche, el Poder Ejecutivo cierra la puerta a la explotación basándose en el artículo 1 de la Ley 64-00, que prioriza la preservación del medio ambiente y el bienestar social sobre los intereses económicos particulares cuando existe un rechazo comunitario masivo. “Este Gobierno actúa escuchando el clamor de la ciudadanía”, reiteró Abinader, sellando así un capítulo decisivo para el futuro de San Juan y reafirmando la soberanía de la opinión pública en temas de impacto ambiental.
El presidente Abinader encabeza el 57º Consejo de Ministros donde se aprueba una batería de medidas de contención del gasto público, reducción operativa y ajustes en transferencias, para hacer frente al alza del petróleo y sus efectos sobre la inflación y el costo de vida. Por Virtudes Álvarez Sampedro Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña presidieron este jueves el quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros en el Palacio Nacional, con el fin de afinar la respuesta gubernamental ante el impacto de la crisis en Medio Oriente sobre la economía dominicana. En una sesión marcada por la urgencia geopolítica y la disciplina fiscal, el Gobierno anunció la implementación de un paquete de austeridad que permitirá liberar cerca de RD$40,000 millones, sin afectar los compromisos contractuales ya suscritos. Las partidas presupuestarias aún no comprometidas serán revisadas, ajustadas o reduidas conforme a las prioridades nacionales. El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, detalló que entre las acciones figuran la reducción de gastos operativos, la contención en la compra de vehículos —salvo en áreas sensibles como asistencia social y seguridad alimentaria—, la disminución de reparaciones menores, la racionalización de servicios y contrataciones, así como ajustes en viáticos, pasajes, combustible y publicidad. De igual modo, se recortará en un 50% el presupuesto destinado a los partidos políticos y se limitarán los eventos a costos mínimos. Presbot subrayó que estas decisiones buscan postergar todo gasto no prioritario para fortalecer la respuesta estatal ante el contexto internacional, preservar la estabilidad económica y concentrar los recursos en los sectores más vulnerables. Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que el principal canal de transmisión del choque externo es el aumento del petróleo. Advirtió que cada incremento sostenido de US$10 por barril supone unos US$763 millones adicionales en la factura petrolera anual del país, lo que eleva las presiones fiscales y los subsidios. Pese a ello, destacó que República Dominicana ha contenido el impacto mejor que la mayoría de sus pares regionales. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, calificó la situación como uno de los mayores choques de precios de la historia reciente nacional, con un alza superior al 80% en el crudo. No obstante, aseguró que la estrategia gubernamental se sostiene en tres ejes: estabilidad macroeconómica, fiscal y social; mitigación del impacto en alimentos y la canasta básica; y continuidad de la inversión pública. Apuntalado en reservas internacionales que superan los US$16,000 millones, estabilidad cambiaria y un fortalecimiento de los programas sociales, el Gobierno mantiene su apuesta por la austeridad como escudo protector de las familias dominicanas.
A pesar del discurso presidencial que promete proteger a los más vulnerables, las medidas anunciadas consolidan un modelo donde los ajustes recaen sobre los hombros de las familias trabajadoras, mientras los sectores concentrados de la economía no solo no contribuyen, sino que se perfilan como los grandes beneficiarios de una crisis gestada en los tableros geopolíticos de Estados Unidos e Israel. Por: JULIO GUZMÁN ACOSTA Santo Domingo. – Hay momentos en que los discursos oficiales, por más bien hilvanados que estén, terminan revelando aquello que pretenden ocultar. La cadena nacional del presidente Luis Abinader, concebida como un ejercicio de transparencia y liderazgo en medio de la tormenta geopolítica desatada en Irán, dejó entre líneas una verdad incómoda que ningún barniz retórico puede disimular: la factura del conflicto, una vez más, será pagada por los mismos de siempre. El mandatario habló de sacrificios “no desproporcionados, no indiscriminados, pero sí inevitables”. Reconoció presiones en las tarifas eléctricas, en los costos de transporte y en los precios de los alimentos. Y si bien anunció la reasignación de 10,000 millones de pesos y un subsidio a los fertilizantes, lo cierto es que el grueso del ajuste —el incremento de los combustibles, el encarecimiento de la canasta básica, la contracción del consumo popular— terminará inscribiéndose en la cotidianidad de quienes menos tienen. No se trata de un fenómeno fortuito. La estructura de la economía dominicana ha sido diseñada para que, en momentos de crisis externa, el costo se socialice y las ganancias se privatizan. Mientras el Estado recorta subsidios que hasta hace pocos meses mantenían estabilizados los precios de los carburantes, los grandes conglomerados empresariales —especialmente los vinculados a la distribución de combustibles, la generación eléctrica y la intermediación financiera— no solo no enfrentan cargas extraordinarias, sino que ven en la volatilidad una oportunidad para ensanchar sus márgenes. El presidente insistió en que el conflicto en Irán es un choque externo. Y lo es, en apariencia. Pero omite señalar que ese conflicto responde a una escalada bélica promovida por Estados Unidos e Israel en una región clave para los flujos energéticos globales. La guerra no es un fenómeno natural; es una decisión política de potencias que históricamente han utilizado el Medio Oriente como tablero de intereses geoeconómicos. Y en ese tablero, la República Dominicana —país sin petróleo, pero con una dependencia absoluta del crudo importado— paga un precio que sus élites locales se cuidan muy bien de no asumir. Mientras el ciudadano común verá cómo su salario rinde menos ante cada nuevo aumento en el diésel que mueve el transporte público y los alimentos, los grandes capitales nacionales han encontrado en esta coyuntura un aliado silencioso: la inflación selectiva, los subsidios que se desvanecen y un discurso oficial que normaliza el sacrificio como si fuera una virtud cívica. El llamado a la “corresponsabilidad” que hizo Abinader suena entonces a una invitación desigual. Porque no es lo mismo pedirle a una familia de escasos recursos que “optimice el uso del combustible” que exigirle a una corporación que absorba parte del impacto sin trasladarlo a los precios finales. El trabajo remoto no es una opción para la trabajadora doméstica, el chofer de concho o el vendedor ambulante. Pero sí lo es para el ejecutivo bancario o el gerente de zona franca. El presidente habló de “sacrificio compartido”. La realidad mostrará, en las próximas semanas, que el sacrificio será profundamente desigual. Porque las grandes fortunas no se inmutan ante un aumento de 15 pesos en la gasolina; porque los grupos económicos concentrados cuentan con mecanismos de cobertura y traslado de costos que los blindan; porque el sistema tributario dominicano sigue siendo uno de los más regresivos de la región, donde el capital paga menos que el consumo. Y detrás de todo, la geopolítica. La guerra en Irán no es un accidente. Es el resultado de una política de confrontación diseñada por Estados Unidos e Israel para reconfigurar el mapa energético mundial. La República Dominicana, inserta en la órbita geopolítica de Washington, asume pasivamente las consecuencias de decisiones que no toma, mientras sus gobernantes se limitan a administrar los efectos con discursos de estabilidad que no alteran ni un ápice la estructura de privilegios. Así, lo que se presenta como una respuesta técnica a un choque externo termina siendo, en los hechos, un mecanismo de transferencia de recursos desde los sectores populares hacia las cúpulas económicas y financieras. Los más vulnerables pagan la guerra en la nevera vacía, en el pasaje más caro, en la luz que sube. Las grandes fortunas, en cambio, esperan tranquilas el próximo dividendo. El presidente pidió confianza. Pero la confianza, en una sociedad con memoria, no se decreta. Se construye con políticas que demuestren que cuando la crisis golpea, el peso no recae siempre sobre los mismos hombros. Hasta ahora, el discurso ha sido elegante; la distribución de los sacrificios, en cambio, revela una vieja y conocida coreografía. Mientras el gobierno ajusta, las grandes fortunas acumulan. Y la guerra, lejana en el mapa pero cercana en el bolsillo, sigue siendo el mejor negocio para quienes nunca han sabido lo que es apretarse el cinturón.
El presidente del Indotel plantea que República Dominicana debe transitar del simple acceso a internet hacia una “conectividad significativa”, en un contexto donde los ciberataques al sector financiero y la falta de habilidades digitales amenazan la competitividad nacional. Por: Theo Núñez G. En un auditorio donde confluyen el pensamiento académico y las urgencias del mundo real, la advertencia resonó con la precisión de un diagnóstico inaplazable. Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), planteó este jueves ante estudiantes, académicos y representantes de los sectores público y privado reunidos en la Universidad Domínico Americano (UNICDA) un desafío que define los contornos del futuro inmediato: la formación en competencias digitales y el fortalecimiento de la ciberseguridad no son asignaturas optativas, sino los pilares sobre los cuales se erige la viabilidad del Estado moderno. Durante la conferencia “Ciberseguridad: retos y desafíos en la era digital”, el funcionario trazó un mapa preciso de las vulnerabilidades nacionales y las oportunidades desaprovechadas. En el centro del análisis, una fractura estructural: el sistema educativo dominicano sigue orientando sus esfuerzos hacia carreras tradicionales, mientras que el mercado laboral clama, con cifras que no admiten ambigüedad, por talento tecnológico. Alrededor del 75 % de la empleabilidad, reveló Gómez Mazara, se vincula hoy a áreas tecnológicas, una proporción que contrasta brutalmente con la oferta formativa vigente. “El concepto de ciberseguridad no puede separarse de la vida del Estado moderno; es la garantía de confianza en los servicios y en la economía”, sentenció el titular del Indotel, en una frase que condensó la gravedad del momento. Y es que, más allá de la retórica, los números hablan por sí solos: en República Dominicana se registran intentos de ciberataques de forma constante, con especial incidencia en el sector financiero, mientras factores como el uso de dispositivos robados y la operación de redes ilícitas crean un ecosistema propicio para la comisión de ciberdelitos. El diagnóstico se tornó aún más agudo cuando el funcionario desglosó las carencias en capital humano. Solo el 39 % de los empleados del sector privado posee habilidades digitales básicas, una cifra que evidencia la magnitud del rezago. Al mismo tiempo, el 22 % de las operaciones empresariales se encamina hacia la automatización, lo que no solo incrementa la demanda de formación especializada, sino que amenaza con dejar atrás a una fuerza laboral no preparada para los nuevos paradigmas productivos. Frente a este panorama, Gómez Mazara insistió en que la principal apuesta del país debe ser la formación de talento en áreas críticas como ciberseguridad e inteligencia artificial, dirigida tanto a jóvenes como a docentes. En su visión, se trata de transformar el acceso a la tecnología —que ha experimentado avances significativos— en una herramienta efectiva de desarrollo productivo, un salto cualitativo que definió como “conectividad significativa”. En ese tránsito, calificó la data como “el petróleo del siglo XXI”, un recurso que adquiere un papel central en la economía global y cuya protección resulta estratégica. El presidente del Indotel informó, además, que la institución ha concluido la elaboración de un proyecto de ley para actualizar el marco jurídico de las telecomunicaciones, vigente desde 1998, con el objetivo de adecuarlo a una realidad digital que ha mutado de manera radical en las últimas dos décadas. Subrayó, asimismo, la necesidad de definir alianzas estratégicas en materia tecnológica, considerando la relevancia de socios comerciales como Estados Unidos y el creciente impacto de la geopolítica en el desarrollo digital. Desde la academia, el rector de UNICDA, Ramón Sosa, ponderó la urgencia del llamado. “Hoy, más que nunca, el país necesita talento preparado, no solo para insertarse en el mundo digital, sino para liderarlo. Profesionales capaces de comprender los riesgos, pero también de diseñar soluciones, de proteger sistemas, de innovar, de responder a los desafíos, pero también de anticiparlos”, afirmó. Al concluir la conferencia, Gómez Mazara recibió un certificado como invitado distinguido de la casa de estudios, un reconocimiento que selló una jornada en la que las advertencias dejaron paso a un imperativo: la ciberseguridad y la formación digital son, en la era de los datos, la nueva frontera del desarrollo nacional. La pregunta que flotó en el aire fue si el país está dispuesto a cruzar esa frontera con la velocidad y la determinación que las circunstancias exigen.
La ministra Faride Raful expone en el Miami Security Forum los avances en seguridad, economía y cooperación bilateral que consolidan al país como un aliado estratégico de Washington en la región, respaldados por cifras históricas en reducción de homicidios, combate al narcotráfico y solidez del intercambio comercial. Por: Alejandro F. Guzmán MIAMI. – En el escenario del Trump National Doral, donde la élite hemisférica en materia de defensa y seguridad converge para trazar las coordenadas del futuro inmediato, la República Dominicana no solo ocupó un asiento protagónico, sino que se erigió como el modelo emergente de estabilidad en un vecindario marcado por la turbulencia. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, en representación del presidente Luis Abinader, desgranó ante la Heritage Foundation —en el foro inaugural Miami Security Forum— los pilares de una transformación silenciosa pero profunda que ha convertido a la nación caribeña en un activo estratégico de primer orden para Estados Unidos. Bajo el título del panel, “Dominican Republic: A Strategic U.S. Partner in Security Affairs”, la funcionaria desplegó una radiografía que, por su contundencia, trascendió el mero informe para convertirse en una declaración de principios geopolíticos. El dato central, de una elocuencia quirúrgica: la tasa de homicidios en 2025 se situó en 8.15 por cada cien mil habitantes, la más baja jamás registrada en la historia nacional, lo que representa una reducción cercana al 15% con respecto al año precedente. Con esta cifra, el país se consolida como el segundo más seguro de Centroamérica y el Caribe, una posición que desafía las tendencias regionales y ofrece un respiro de certidumbre en un corredor tradicionalmente acosado por la violencia. La arquitectura de este éxito, explicó Raful, no responde al azar ni a la retórica, sino a una metodología sustentada en la gestión rigurosa de datos a través del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana, la incorporación de 9,503 nuevos agentes a la Policía Nacional y una reforma institucional cuyo anteproyecto de ley orgánica aguarda ya su sanción en el Senado de la República. A ello se suma una ofensiva frontal contra el narcotráfico que ha quintuplicado las incautaciones desde 2019, alcanzando 48.3 toneladas en 2025 —una cifra que habla tanto de la eficacia operativa como de la confianza depositada por las agencias estadounidenses en sus homólogos dominicanos. Pero el vínculo con Washington, como subrayó la ministra, trasciende la cooperación policial y militar. La solidez del intercambio comercial bilateral, que superó los US$18,900 millones, y el caudal de las remesas provenientes de la diáspora —más de US$11,800 millones— configuran un puente económico de una solidez inusual. En paralelo, el Índice de la propia Heritage Foundation otorgó a República Dominicana su puntuación más alta en la historia, superando los promedios mundial y regional, un reconocimiento que, en el mismo foro donde se anunciaba, adquirió el peso de un aval ideológico. En los márgenes del evento, la agenda de Raful incluyó un encuentro con la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, con quien abordó los ejes de la seguridad regional, el combate a la criminalidad transnacional y la modernización de los cuerpos de seguridad en el Caribe. La reunión, cargada de simbolismo, anticipa una alianza insular que podría convertirse en punta de lanza de una estrategia conjunta en la cuenca caribeña. Finalmente, la ministra situó sobre la mesa el desafío que, como una sombra alargada, proyecta su gravedad sobre toda la región: la crisis haitiana. Lejos de tratarlo como un asunto de fronteras locales, Raful insistió en que se trata de un problema hemisférico que exige una respuesta colectiva de la comunidad internacional, en un llamado que resonó con fuerza entre los asistentes, conscientes de que la estabilidad dominicana es, en buena medida, una trinchera adelantada para la seguridad de Estados Unidos. La presentación en el Miami Security Forum dejó, así, una certeza: la República Dominicana ha dejado de ser vista como un mero receptor de políticas exteriores para convertirse en un socio con voz propia, cifras que respaldan y un proyecto de nación que, en seguridad y economía, se escribe en mayúsculas.
El mandatario dominicano estampó su firma en la \»Proclamación de Miami\» junto a once líderes afines al trumpismo, comprometiendo al país en una coalición militar hemisférica para combatir el narcotráfico. Mientras la Casa Blanca celebra una nueva alianza estratégica, analistas advierten que el acuerdo revive el espíritu intervencionista de la Doctrina Monroe y pone a prueba la autonomía de la política exterior dominicana. Por: VIRTUDES ÁLVAREZ SAMPEDRO MIAMI. – La mañana en Doral amaneció con el brillo metálico de los fairways y el peso de la historia geopolítica pisando la alfombra roja. A las 08:07, hora local, la comitiva presidencial dominicana cruzó las puertas del Centro de Convenciones del Trump National Doral Miami. Luis Abinader, vestido de traje oscuro y corbata azul, era recibido por Mónica Crowley, encargada de protocolo de la Casa Blanca, en un ceremonial milimétrico que dejaba claro quién es el anfitrión y quiénes los convidados. Minutos después, el mandatario se sentaba a una larga mesa de caoba junto a otros once líderes latinoamericanoso. En el centro, presidiendo la escena, Donald Trump observaba con la satisfacción del anfitrión que ha logrado reunir en su finca a un bloque ideológicamente afín. Sobre la mesa, un documento que pasará a la historia como la \»Proclamación de Miami\», el acta fundacional del \»Escudo de las Américas\». Abinader tomó la pluma y firmó. La imagen, difundida por la Dirección de Prensa del Presidente, lo muestra conversando animadamente con Trump mientras los asesores sellaban el acuerdo. En ese gesto, la República Dominicana se insertaba formalmente en una coalición militar regional cuyo objetivo declarado es \»combatir los carteles del narcotráfico\», pero cuyas implicaciones, advierten analistas, van mucho más allá de la retórica de la cooperación. Los términos del Escudo El acuerdo, según el comunicado oficial de la Presidencia, establece mecanismos de \»cooperación reforzada contra el crimen organizado\» y prevé el intercambio de inteligencia, la coordinación de operativos conjuntos y el fortalecimiento de las capacidades militares de los países miembros. Sin embargo, fuentes diplomáticas consultadas por umbral.local/ indican que el documento incluye cláusulas que permitirían el entrenamiento de fuerzas especiales por parte del Comando Sur de Estados Unidos y la posible instalación de centros de coordinación regional. Trump, en su intervención ante los mandatarios, fue claro en el espíritu que anima la alianza: \»Juntos vamos a proteger nuestra seguridad, soberanía compartida, libertad compartida e independencia\». Pero la retórica de la soberanía compartida contrasta con la asimetría evidente entre la superpotencia anfitriona y los doce países invitados. La cumbre, concebida como un foro de \»ideas afines\», excluye a las principales potencias democráticas de la región —México, Brasil, Colombia— que han mostrado reservas ante lo que consideran un regreso a las viejas prácticas intervencionistas. En su lugar, reúne a un arcoíris de la derecha hemisférica que va desde el libertarismo radical de Javier Milei hasta el autoritarismo pragmático de Nayib Bukele, pasando por el conservadurismo tradicional de Santiago Peña y la ultraderecha católica de José Antonio Kast. La sombra de Monroe Para la mirada histórica, el paralelismo resulta inevitable. En 1823, el presidente James Monroe proclamó la doctrina que lleva su nombre: \»América para los americanos\», un principio que durante dos siglos ha servido para justificar la hegemonía estadounidense en el hemisferio y su derecho a intervenir en los asuntos de sus vecinos del sur. Doscientos tres años después, la administración Trump ha encontrado un apodo para su versión actualizada: la \»doctrina Donroe\», un híbrido entre el ideario del magnate y la vieja aspiración imperial que nunca abandonó Washington. El \»Escudo de las Américas\» es su primera manifestación concreta. \»Este tipo de iniciativas responde al interés de Washington de consolidar alianzas en la región en línea con la histórica Doctrina Monroe\», advierten analistas internacionales consultados por este diario. Pero lo que en el siglo XIX se presentaba como protección frente a las potencias europeas, hoy se formula como un dique de contención frente a la influencia china y una militarización de la política migratoria. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo había adelantado en vísperas de la cumbre: la migración masiva es una amenaza para la civilización \»occidental y cristiana\». Ahora, con la firma de Abinader y sus pares, esa visión adquiere rango de compromiso internacional. El cálculo dominicano La Presidencia dominicana ha vendido la participación en la cumbre como una oportunidad para fortalecer los lazos con Washington y posicionar al país como socio estratégico. Abinader ha reiterado en diversas ocasiones que la relación con Estados Unidos es \»muy especial\», un pilar de su política exterior basado en fuertes lazos comerciales y valores democráticos compartidos. Pero el cálculo político tiene sus riesgos. Al sentarse a firmar esta alianza, Abinader vincula el destino del país a una agenda que en Estados Unidos es profundamente divisiva y en la región abiertamente excluyente. La foto con Trump, Bukele y Milei puede rendir frutos a corto plazo en términos de acceso a recursos o cooperación en seguridad, pero hipoteca la capacidad dominicana de mantener una política exterior equilibrada y autónoma. Horas antes de la firma, el Partido Comunista del Trabajo (PCT) había expresado su preocupación por las implicaciones del encuentro para la soberanía nacional. \»Podría tener implicaciones para la soberanía nacional y la de otros países de la región\», advirtió la organización en un comunicado. Una preocupación que, en los pasillos de Doral, pocos se atrevían a mencionar en voz alta. La jornada y sus ecos La cumbre no se agotó en la firma de la proclamación. A lo largo del día, Abinader sostuvo encuentros bilaterales con varios de los mandatarios presentes, en una intensa jornada de diplomacia paralela que incluyó un almuerzo ofrecido por Trump y una recepción nocturna del secretario de Estado, Marco Rubio. El presidente dominicano aprovechó la ocasión para impulsar iniciativas conjuntas en materia de seguridad regional y desarrollo económico, según informó su Dirección de Prensa. Pero el peso simbólico de la jornada ya estaba fijado: la firma, la foto, la mesa compartida. Mientras los líderes posaban para la imagen de familia, en las calles
La ministra de Interior y Policía revela que el coronel Carlos J. Signey Kely, uno de los agentes suspendidos por el presunto robo durante un proceso investigativo, había sido trasladado a esa demarcación en noviembre de 2025, precisamente para atender denuncias de asaltos y ratería. La funcionaria asegura que la investigación surgió desde dentro de la propia institución y que su divulgación pública evidencia el compromiso con la transparencia. Por: Brendalis Reyes Santo Domingo, R.D. — La ética policial volvió a ser puesta en el centro del debate público este miércoles, cuando la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ofreció nuevos y reveladores detalles sobre el presunto robo cometido por agentes de la Policía Nacional en la provincia de San Cristóbal. Lo que podría haber quedado como un hecho aislado en las páginas judiciales adquiere ahora ribetes de paradoja institucional: uno de los uniformados implicados había sido enviado a esa demarcación precisamente para combatir la delincuencia que hoy se le imputa. Se trata del coronel Carlos J. Signey Kely, quien, según explicó Raful durante una entrevista en el programa televisivo \»El Día\», fue asignado a la dotación policial de San Cristóbal en noviembre del año 2025. Su traslado, junto a otros agentes, respondía a las denuncias permanentes de comerciantes y empresarios de la zona, quienes alertaban sobre la ocurrencia de asaltos y actos de ratería que mantenían en zozobra a la comunidad. \»La paradoja de la vocación\», podría titularse el capítulo que ahora escribe el expediente. Porque el mismo uniformado que debía velar por la seguridad ciudadana se encuentra suspendido, junto a un capitán y varios alistados, por la presunta sustracción de una suma de dinero aún no determinada durante un proceso investigativo realizado en la provincia sureña. La investigación que nace desde adentro Faride Raful fue enfática al señalar que el caso no fue descubierto por denuncias externas ni filtraciones periodísticas, sino que surgió en el seno mismo de la Policía Nacional. \»Inmediatamente hay una vinculación de un agente que compromete algún tipo de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, no importa cuál sea el caso, tiene que someterse al Ministerio Público\», afirmó la funcionaria, subrayando que ese proceder constituye la línea de actuación que han mantenido. La ministra evitó precisar la procedencia anterior del coronel Signey Kely —\»No recuerdo de dónde fue trasladado, pero en noviembre llegó\», expresó—, aunque dejó claro que el tiempo de permanencia en un cargo no es garantía de rectitud ni coartada para la sospecha. Con una reflexión que bien podría inscribirse en los manuales de ética policial, Raful sentenció: \»No importa el tiempo que una persona tenga en un cargo, porque si tiene vocación de cometer acciones no legales, lo puede hacer en un mes o incluso en un solo día\». Transparencia como política y como escudo La decisión de la institución del orden de hacer público este caso, lejos de ser vista como un signo de debilidad, fue presentada por la ministra como una evidencia del compromiso gubernamental con la transparencia. En un país donde históricamente los cuerpos policiales han tendido al hermetismo y la autocobertura, el gesto de airear las propias miserias institucionales adquiere un valor que trasciende lo anecdótico. \»Estamos actuando con transparencia\», afirmó Raful, en un mensaje dirigido tanto a la ciudadanía como a los propios miembros de la institución. Porque si algo revela este caso es que la reforma policial, ese proceso largamente anunciado y lentamente ejecutado, enfrenta su prueba de fuego en la capacidad de autodepuración. La reforma como transformación cultural Consultada sobre los avances de la reforma policial, la también exlegisladora introdujo una perspectiva que suele olvidarse en los debates técnicos: la dimensión cultural. \»Los procesos de transformación llevan tiempo, porque se trata de una transformación cultural que debe realizarse no solo dentro de la institución, sino también en la ciudadanía\», precisó. Raful abogó por generar una sinergia entre la población, los agentes policiales como autoridad que garantiza el orden público y el Ministerio de Interior y Policía como entidad rectora. \»Es necesario aprender a generar esa sinergia\», insistió, en un llamado implícito a superar la desconfianza mutua que tradicionalmente ha caracterizado la relación entre civiles y uniformados. El caso de San Cristóbal, con sus ribetes de traición a la confianza depositada, se convierte así en un espejo incómodo pero necesario. Porque si la vocación de servicio puede torcerse en un mes o en un solo día, la única garantía de rectitud es una institucionalidad capaz de investigarse a sí misma y de exponer sus propias fallas ante la luz pública. La pregunta que flota en el aire, mientras el Ministerio Público profundiza las indagatorias, es si esta transparencia recién estrenada logrará transformarse en política permanente o quedará en un brillo pasajero en medio de la tormenta.
El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, confirmó que los agentes suspendidos por la presunta sustracción de dinero durante una investigación fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Mientras el caso avanza en fase secreta, la ministra Faride Raful reconoce que persisten agentes resistentes a la reforma policial. Por: Arturo F. Guzmán Santo Domingo, R.D. — La Policía Nacional enfrenta una nueva y delicada situación que pone a prueba los discursos de transformación institucional. Entre los agentes suspendidos por la presunta sustracción de una suma de dinero no determinada —ocurrida durante un proceso investigativo en la provincia San Cristóbal— figuran un coronel, un capitán y varios alistados, cuyas identidades no han sido reveladas oficialmente. El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, ofreció la información al término de una misa conmemorativa por el 90 aniversario de la Policía Nacional, celebrada en la sede central de la institución. Flanqueado por los periodistas que cubrían la fuente, Pesqueira confirmó que los uniformados implicados ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la jurisdicción de San Cristóbal. \»El Ministerio Público de la jurisdicción de San Cristóbal ya tiene el caso, fue apoderado y oportunamente nosotros estaremos dando mayores detalles\», declaró el vocero, antes de agregar una precisión que sonó a advertencia: \»No sin antes precisar que las malas actuaciones no son ni serán toleradas en las filas de la Policía Nacional\». Las circunstancias del hecho Preguntado sobre las condiciones en que se habría producido la sustracción, Pesqueira ofreció una respuesta que, sin entrar en detalles, delineó el contexto: \»Ellos estaban investigando un caso y en el proceso de investigación se produjo la situación que ha sido denunciada\». La frase, aparentemente críptica, sugiere que los agentes habrían aprovechado su condición de investigadores para apropiarse de valores durante el procedimiento. El vocero evitó precisar si se trató de dinero ocupado en un allanamiento, soborno recibido o cualquier otra modalidad delictiva, argumentando que las pesquisas se mantienen en fase secreta. \»Nosotros queremos esperar, señores. Yo sé que ustedes están necesitados de informaciones, pero nosotros debemos precisar contar con las evidencias, con los reportes de los fiscales, para poder adelantar mayores detalles\», explicó Pesqueira ante la insistencia de la prensa. La reserva del caso, amparada en los procedimientos judiciales, impide por el momento conocer el monto exacto sustraído, así como la dinámica específica en que se produjeron los hechos. Fuentes extraoficiales vinculadas al caso han sugerido que la investigación interna de la Policía detectó irregularidades que motivaron la suspensión inmediata y el envío de los actuantes a la justicia ordinaria. La resistencia a la reforma En el mismo escenario, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, abordó el caso desde una perspectiva institucional más amplia. Reconoció que, pese a los avances en los procesos de reforma y transformación que atraviesa la uniformada, aún persisten agentes que se resisten a adaptarse a los cambios. \»Ustedes no sé si escucharon las palabras del director de la Policía, así como la homilía del padre, donde habla precisamente de los avances que se han tenido en las competencias, que es bregar con estos temas cuando hay seres humanos que pertenecen a instituciones y no están necesariamente apegados a estas transformaciones en cambio\», reflexionó la funcionaria. Raful vinculó la actuación de los agentes suspendidos con la necesidad de profundizar los mecanismos de control interno. \»Por eso nosotros seguimos insistiendo: nuevos protocolos en monitoreo, en evaluación, en transparencia, y por eso se han suspendido esos agentes y se han puesto a la disposición del Ministerio Público, porque según la investigación de la Policía se encontraron indicios de responsabilidad\», puntualizó. Un aniversario con sombras La conmemoración del 90 aniversario de la fundación de la Policía Nacional, ocurrida el 2 de marzo de 1936 durante la era de Trujillo, sirvió de telón de fondo para estas declaraciones. La misa, oficiada en la sede institucional, congregó a altos mandos policiales y funcionarios gubernamentales en un ambiente que combinaba la celebración de las efemérides con la gravedad de los recientes acontecimientos. El contraste no pasó inadvertido para los observadores. Mientras el capellán policial y las autoridades hablaban de avances y logros, el caso de San Cristóbal emergía como recordatorio de que la transformación institucional no es un proceso lineal ni exento de retrocesos. La presencia de altos oficiales en la ceremonia, muchos de ellos con décadas de servicio, contrastaba con la imagen de los agentes suspendidos —entre ellos un coronel y un capitán— que ahora enfrentan la justicia ordinaria por hechos que, de confirmarse, constituirían una traición a la confianza depositada en ellos. Lo que viene El caso ha sido apoderado por el Ministerio Público de San Cristóbal, que deberá determinar no solo la responsabilidad individual de los implicados, sino también si existió una estructura organizada que facilitara la comisión del hecho. La fase secreta de la investigación impide por ahora conocer los detalles, pero fuentes cercanas al proceso aseguran que las pesquisas avanzan con celeridad. Mientras tanto, la opinión pública sigue con atención el desarrollo de un caso que, más allá de sus implicaciones penales, plantea preguntas incómodas sobre el estado real de la reforma policial. ¿Son estos hechos la excepción que confirma la regla de una institución que avanza hacia la transparencia, o constituyen la evidencia de que los vicios del pasado persisten enquistados en sus estructuras? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, deberá esperar el curso de la investigación y, sobre todo, la solidez de las evidencias que el Ministerio Público logre acumular. Por lo pronto, un coronel, un capitán y varios alistados esperan el devenir de la justicia, mientras sus nombres permanecen en reserva y sus casos, en secreto.
Mediante la Orden Departamental 04-2026, el ministro Luis Miguel De Camps activa de forma anticipada la Comisión Especial que coordinará los preparativos del próximo período escolar, con énfasis en planificación, infraestructura y cobertura docente. Por BRENDALIS REYES Con la mirada puesta en un retorno a las aulas que transite con la precisión de un mecanismo de relojería, el Ministerio de Educación de la República Dominicana ha decidido adelantarse al calendario. En un movimiento que denota previsión y rigor administrativo, el titular de la cartera, Luis Miguel De Camps, dispuso mediante la Orden Departamental 04-2026 la activación inmediata de la Comisión Especial para la Apertura del Año Escolar 2026-2027. La disposición ministerial no es un mero trámite burocrático, sino la cristalización de una estrategia que busca blindar el próximo ciclo lectivo contra las eventualidades de la improvisación. Lejos de esperar el apremio de la fecha, el equipo designado iniciará sus funciones con la holgura necesaria para tejer, desde ahora, el andamiaje que sostendrá la educación de millones de estudiantes dominicanos. La coordinación de este esfuerzo recaerá en el Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos, que tendrá la encomienda de convocar mesas de trabajo intersectoriales y dar seguimiento meticuloso a cada acción. El ente estará integrado por un crisol de dependencias clave: desde los viceministerios de Planificación, Supervisión de la Calidad y Gestión Administrativa, hasta el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) y las direcciones de Infraestructura, Recursos Humanos y Comunicación. La Unidad de Entrega del Gabinete Ministerial fungirá como un brazo ejecutor, vigilante del cumplimiento de las metas. El mandato de esta comisión es tan amplio como profundo. Entre sus funciones primordiales se encuentra verificar las proyecciones de matrícula y diagnosticar las necesidades de espacios áulicos, asegurando que cada estudiante tenga un lugar donde sembrar sus conocimientos. En paralelo, deberá garantizar la logística esencial para que el primer día de clases no falten los libros de texto, el mobiliario escolar, la utilería estudiantil y el programa de alimentación. En el frente humano, la comisión tendrá la responsabilidad de precisar las necesidades docentes por área y nivel, dando seguimiento a los concursos de oposición y a la designación oportuna del personal, al tiempo que definirá la capacitación de verano que orientará las prácticas pedagógicas del nuevo período. La mirada del Ministerio no se limitará al escritorio. La cartera educativa ha instruido que la comisión mantenga un canal de comunicación directo y fluido con las regionales y distritos educativos, con el objetivo de auscultar las necesidades territoriales y verificar in situ la correcta implementación de las políticas. Será también este equipo el encargado de elaborar el calendario escolar que regirá la vida académica de la nación durante el año 2026-2027, documento que deberá ser sometido a la aprobación del Consejo Nacional de Educación. Con esta orden, Luis Miguel De Camps no solo activa un protocolo, sino que envía un mensaje claro: la educación dominicana se construye con anticipación, con planificación y con el compromiso de que, cuando las aulas abran sus puertas, todo esté listo para recibir a quienes construyen el futuro.
Entre la fe heredada y el temblor de la voz: los instantes en que Luis Abinader dejó de ser presidente para ser hijo, creyente y hombre de pueblo durante su discurso de Rendición de Cuentas Por Julio Guzmán Acosta SANTO DOMINGO — Hay momentos en que la investidura se desvanece y, bajo el traje y la banda presidencial, emerge el hombre de carne y hueso. Ocurrió este año en la Asamblea Nacional, cuando Luis Abinader, investido de jefe de Estado, se despojó por instantes del lenguaje institucional para hablar desde las vísceras. Lo que pudo ser un discurso más de cifras y promesas se convirtió, en varios pasajes, en una confesión íntima ante el país. El instante más desgarrador llegó cuando la corrupción ocupó la tribuna. Allí, ante un hemiciclo en silencio, el presidente cerró los ojos, alzó las manos como quien jura sobre lo sagrado y, con la voz quebrada por un temblor apenas contenido, pronunció las palabras que retumbaron más allá de los escaños: \»Cueste lo que cueste; me cueste lo que me cueste. Ese es mi compromiso incondicional con mi país, con mi padre y con Dios.\» El silencio que siguió fue de esos que pesan, que obligan a mirar hacia adentro. Luego, los aplausos. Pero antes hubo un vértigo colectivo, la sensación de estar presenciando algo más que un informe de gestión: una promesa sellada con la memoria de un hombre que ya no está. Porque la mención al padre no fue un adorno retórico. José Rafael Abinader Wasaf, histórico dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, sembró en el hijo la semilla de una vocación que él mismo no pudo ver florecer. Aspirante a la Presidencia en tiempos de utopías, su proyecto político quedó trunco. Desde la tribuna, el hijo gobernante le devolvió la dignidad de un sueño cumplido por delegación, como si al hablar de ética y servicio público estuviera, también, saldando una deuda de sangre. Pero no todo fue gravedad en la noche. Hubo un instante en que el protocolo se rindió ante la ternura. Al referirse a las obras viales en la Sierra, específicamente en Sabana Iglesia, Abinader rompió el libreto y miró hacia un lugar invisible para la mayoría, pero tangible para él: \»Hoy, la zona de las Sierras, nuestras queridas Sierras… mami, de donde tú eres, mami.\» La frase, dicha con la naturalidad de quien habla en la mesa familiar, provocó sonrisas cómplices y un aplauso espontáneo. La madre, Rosa Sula Corona Caba, se convirtió así en destinataria accidental de un informe al país, y el presidente, por un segundo, fue solo un hijo que menciona a su madre frente al mundo. Luego vendría el guiño risueño a su suegra, doña Margarita, mencionada desde el hemiciclo con esa familiaridad criolla que desarma cualquier solemnidad. Ecos de una Rendición de Cuentas que, por momentos, olía a café conversado en familia. El discurso recuperó su densidad cuando Abinader puso el acento en la niñez y la adolescencia. \»Si hay un compromiso que define el futuro de una nación, es el que asumimos con nuestra niñez y adolescencia\», dijo, antes de destacar la labor del Gabinete de Niñez y Adolescencia, presidido honoríficamente por la primera dama Raquel Arbaje. No fue una mención protocolizar; fue un reconocimiento a quienes, desde el silencio y la constancia, tejen el presente de los que vendrán. Y entre los nombres propios que asomaron en el discurso, hubo uno que resonó con fuerza popular: Hensel Aquino García, \»Pico de Oro\», el niño cuya verba encendió las redes sociales semanas atrás. Abinader no olvidó la promesa. \»Recibirlo en el Palacio Nacional\», dijo, y con esa promesa reafirmó la fe en la palabra empeñada, en la educación como faro y en las oportunidades que no distinguen cuna. \»Un Estado honesto no es una opción. Es una obligación moral\», sentenció más tarde, en un giro que devolvió la brújula hacia lo esencial. Y agregó, como quien busca la mirada del ciudadano de a pie, que la confianza solo se garantiza cuando los recursos públicos llegan \»a donde deben llegar: a la gente\». Así, entre la memoria del padre ausente, la mención espontánea a la madre serrana, el recuerdo del niño prodigio y la fe puesta en Dios como testigo, Luis Abinader entregó una Rendición de Cuentas que no se agotó en las cifras. Porque hubo momentos, esa noche, en que el presidente se desvaneció para dejar paso al hombre que, desde la emoción, le habló al país como se habla a los seres queridos: con la verdad a flor de piel y el corazón en la mano.
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