UMBRAL, MARCAMOS TENDENCIA
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, reveló que la investigación del masivo apagón del martes último presenta un 65% de avance, con hallazgos preliminares clave, y que el informe final se dará a conocer en un plazo de catorce días, tras el análisis de más de un millón de registros técnicos aportados por las generadoras. Por Julio Guzmán Acosta SANTO DOMINGO. – Con la serenidad que imponen los momentos de crisis, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, compareció ante la prensa este viernes para ofrecer un parte de situación sobre la investigación del apagón general que sumió en tinieblas a la nación el pasado martes. Acompañado de Andrés Astacio, superintendente de Electricidad, y de Manuel López San Pablo, director ejecutivo del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI), el titular de la cartera energética anunció que el comité técnico a cargo de las pesquisas ha alcanzado un 65% de avance y que el informe preliminar será dado a conocer en aproximadamente dos semanas. “La determinación precisa de las causas requiere un análisis exhaustivo y especializado, evitando interpretaciones simplistas que puedan inducir a conclusiones erróneas”, aseveró Santos, enfatizando el compromiso de su despacho con la rigurosidad técnica y la transparencia en cada etapa del proceso. El funcionario subrayó que la complejidad del evento no radica únicamente en identificar el punto de falla inicial, sino en reconstruir la cascada de eventos subsiguientes que, en cuestión de minutos, propagaron el colapso a través de todo el sistema interconectado. En un gesto que busca cimentar la credibilidad del proceso, el ministro reveló que las empresas generadoras han puesto a disposición del comité “más de un millón de registros técnicos”. Esta ingente cantidad de datos, explicó, se encuentra en fase de “procesamiento y evaluación detallada”, un trabajo meticuloso que se extenderá hasta el próximo viernes y que sentará las bases para un “diagnóstico integral y fundamentado”. Solo entonces, una vez consolidada la información, se procederá a la redacción del informe preliminar que será compartido con la ciudadanía. La comparecencia de Santos no solo buscó informar, sino también tranquilizar a un país cuya economía y vida cotidiana se vieron severamente afectadas por la interrupción del servicio. El ministro se reafirmó en que, “conforme avance la investigación y existan resultados concretos, verificables y debidamente sustentados, se informará al país con absoluta transparencia”. Tras el suceso, el objetivo declarado de las autoridades trasciende la mera identificación de responsabilidades. Según el titular de Energía y Minas, el fin último es “fortalecer la seguridad, la confiabilidad y la resiliencia del sistema eléctrico nacional”, mediante la implementación de un plan de mejora que minimice, en la medida de lo posible, la recurrencia de un evento de esta magnitud. Una promesa que, en el contexto de la crónica inestabilidad del sector, es recibida con una mezcla de esperanza y escepticismo por una población ávida de soluciones duraderas. El comité de análisis, integrado por expertos del Ministerio, la Superintendencia de Electricidad, el OC, la ETED y las distribuidoras y generadoras públicas y privadas, lleva sobre sus hombros no solo la tarea técnica de descifrar una falla sistémica, sino la carga política de restaurar la confianza en una de las infraestructuras más críticas y cuestionadas de la República Dominicana. Las próximas dos semanas marcarán la cuenta regresiva para un veredicto que el país espera con impaciencia.
Un apagón generalizado paralizó a República Dominicana por varias horas, colapsando el tránsito, el transporte masivo y servicios esenciales, mientras autoridades restablecían solo un tercio de la capacidad energética nacional bien entrada la noche. Por Servicios umbral.local/ SANTO DOMINGO.- La República Dominicana vivió ayer una tarde de caos e inmovilidad cuando un colapso total del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) sumió al país en la oscuridad. El apagón, desencadenado a la 1:20 de la tarde por una falla en la subestación de San Pedro de Macorís, dejó a millones de dominicanos sin energía eléctrica durante más de siete horas, paralizando hospitales, colapsando el tránsito y dejando varados a miles de usuarios del transporte público. El efecto dominó fue inmediato. La falla técnica provocó la desconexión en cadena de las plantas generadoras del Este, incluyendo Punta Catalina, lo que generó \»una caída brusca de frecuencia y tensión\» que terminó por colapsar todo el sistema, según explicó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos. El mecanismo de autoprotección del sistema, diseñado para evitar daños mayores, dejó sin embargo al país completo a merced de sus consecuencias. El colapso urbano fue total. En Santo Domingo, la suspensión del Metro dejó a miles de usuarios varados en estaciones, obligándolos a buscar transporte alternativo en medio de un tránsito ya colapsado por la inoperancia de los semáforos. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) desplegó a 4,208 agentes para controlar manualmente las intersecciones, mientras se formaban largas colas de vehículos y miles de personas recorrían a pie largas distancias ante la falta de transporte disponible. Los servicios esenciales se vieron gravemente comprometidos. Hospitales y clínicas dependieron exclusivamente de plantas eléctricas para mantener funcionando servicios de emergencia y quirófanos, mientras establecimientos comerciales redujeron su horario o cerraron completamente. A las 8:00 de la noche, bien entrada la oscuridad, las autoridades informaban haber integrado al sistema apenas 1,082 megavatios, equivalente a solo el 33% de la demanda real del SENI, que supera los 3,600 megas. El restablecimiento progresivo del servicio, que comenzó alrededor de las 6:00 de la tarde, priorizaba áreas críticas y servicios esenciales, aunque miles de hogares y negocios permanecían sin energía al cierre de esta edición. El ministro Santos reiteró el compromiso de transparencia en la investigación de las causas, mientras el país intentaba volver a la normalidad en la noche, preguntándose cuánto tiempo duraría esta frágil recuperación.
El presidente Abinader identifica la conectividad aérea como pilar del milagro turístico dominicano, anuncia inversiones por US$700 millones en aeropuertos y proyecta 25.8 millones de pasajeros para 2030, mientras el país asume el liderazgo regional en aviación civil. Por Carlos Julio Sepúlveda King SANTO DOMINGO.— En la arquitectura del éxito turístico, las pistas de aterrizaje se han convertido en los cimientos más sólidos. Así lo dejó claro el presidente Luis Abinader durante el encuentro LA Semanal con la Prensa, donde atribuyó el récord de más de 11 millones de visitantes en 2024 a “las buenas políticas en conectividad aérea”, un factor que calificó como decisivo para la promoción internacional del país. Con la contundencia de quien exhibe cifras récord, el mandatario argumentó que de nada serviría la mejor campaña promocional si no estuviera respaldada por una red de vuelos que teja conexiones con el mundo. “Puedes hacer la mayor promoción del turismo en el mundo, pero si no va acompañada de la promoción de la conectividad aérea, no se podrá sostener el crecimiento”, sentenció desde el salón de conferencias, mientras a pocos kilómetros de distancia, en Punta Cana, más de 600 delegados de 90 países participaban en la Conferencia Mundial de Negociación de Acuerdos de Servicios Aéreos (ICAN 2025). La estrategia de liberalización aérea implementada en los últimos cinco años comienza a mostrar sus frutos. República Dominicana no solo lidera el crecimiento de conectividad en América Latina y el Caribe con un aumento del 49% desde 2019, sino que proyecta alcanzar los 25.8 millones de pasajeros para 2030, una meta que parece al alcance gracias a la firma de nuevos acuerdos con Paraguay, El Salvador y Grecia, y memorandos de entendimiento con Corea, Malasia y naciones nórdicas. En un movimiento que consolida la posición regional del país, Abinader anunció que la República Dominicana asumió por dos años la presidencia de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), un puesto estratégico que le permitirá coordinar políticas aéreas en la región. Este liderazgo viene acompañado de una inversión privada de US$700 millones entre 2025 y 2026 para modernizar los aeropuertos de Punta Cana, Cibao y Las Américas. El modelo de desarrollo aéreo se extiende también al emergente polo turístico de Pedernales, donde el Gobierno promete impulsar un “turismo limpio” que sirva como motor de progreso para la zona suroeste del país. La visión es clara: cada nueva ruta aérea no es solo una línea en el mapa, sino un puente económico que fortalece el posicionamiento de República Dominicana como el centro de aviación regional que mira hacia el futuro sin descuidar la sostenibilidad.
Mientras se anuncia con pompa un proyecto de desarrollo turístico en Pedernales, una alianza internacional intenta cerrar las puertas a una práctica aberrante: la explotación sexual infantil que amenaza con enquistarse en el nuevo boom hotelero. Por Servicios umbral.local/ PEDERNALES.— Hay heridas que no se ven en los folletos turísticos. Mientras la provincia de Pedernales se prepara para albergar 13 complejos hoteleros y un puerto de cruceros, una alianza entre República Dominicana y España intenta sanar una llaga que el sol playero no alcanza a iluminar: la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, un crimen que suele crecer en la sombra de los paraísos turísticos. La primera dama Raquel Arbaje fue contundente al presentar el proyecto: \»República Dominicana no puede ser ni será paraíso para pedófilos\». Sus palabras, cargadas de una urgencia moral, resonaron en un salón donde se reunieron representantes de Save the Children, la Cooperación Española y el Conani. No era solo un discurso: era un trazado de fronteras éticas para un país cuya economía depende en gran medida del turismo, pero cuya conciencia no está dispuesta a venderse. Detrás de esta alianza hay una verdad incómoda. Lorea Arribalzga, embajadora española, presentó un estudio exploratorio que revela la cruda vulnerabilidad de la niñez en estas zonas: violencia intrafamiliar, acceso temprano a la tecnología sin supervisión, deserción escolar. Estos no son factores aislados, sino eslabones de una cadena que conduce a los mismos horrores: abuso sexual infantil, uniones tempranas, enfermedades de transmisión sexual y, finalmente, la explotación comercial. El proyecto, que cuenta con 800,000 euros de financiamiento inicial, pretende beneficiar a 4,200 niños y sus familias. Sus ejes son tan ambiciosos como necesarios: crear políticas de protección, establecer espacios de recreación seguros y formar una Mesa Técnica Local. No se trata solo de perseguir el delito, sino de sanear el terreno donde este germina. Pero cabe preguntarse: ¿bastarán los protocolos y las mesas de trabajo para detener a los depredadores que ven en el Caribe su coto de caza? La respuesta está en la voluntad real de transformar un modelo. El turismo que se construye sobre la inocencia violada no es desarrollo, es una condena disfrazada de progreso. Mientras las excavadoras preparan el terreno en Pedernales, esta alianza siembra una pregunta incómoda en el corazón del proyecto: ¿qué clase de turismo queremos ser? Un destino que se precie de ser familiar no puede tolerar ni un solo caso de explotación infantil. El verdadero desarrollo no se mide en habitaciones hoteleras, sino en la capacidad de proteger a los más vulnerables. Que esta iniciativa no quede en el papel. Que los resorts que se levanten en Pedernales tengan, como cimiento más firme, la certeza de que la infancia dominicana no está en venta. El mundo nos observa: seremos recordados no por nuestras playas, sino por nuestra dignidad.
En el lanzamiento de una estrategia nacional pionera en Pedernales, la primera dama articula una doctrina de Estado que vincula el desarrollo turístico con la protección infantil, anunciando un modelo de \»turismo de familia\» que busca erradicar desde su raíz la explotación sexual de menores y proyectar al país como un destino ético y seguro. Por Arturo F. Guzmán PEDERNALES.— Con la contundencia de un manifiesto de Estado, la primera dama Raquel Arbaje sentó posición frente a una de las sombras que acechan al desarrollo turístico del Caribe. “República Dominicana no puede ser, ni será, para pedófilos o personas que deseen abusar”, declaró, al encabezar el lanzamiento de la primera Estrategia Nacional Preventiva contra la Explotación Sexual Infantil y Adolescente, un plan pilógico que beneficiará a más de 4,200 menores de esta provincia fronteriza. La advertencia, pronunciada desde la misma tierra donde el Gobierno impulsa su proyecto turístico bandera, no fue una simple condena retórica. Fue el marco conceptual de una política pública diseñada para blindar a la infancia ante los riesgos de la expansión económica. Arbaje, en su rol de líder del Gabinete para la Niñez y la Adolescencia (GANA), redefinió el contrato social del turismo dominicano: “Nuestro país se basa en la familia, y el turismo debe ser turismo de familia, de protección a nuestros niños y niñas. El que quiera buscar otra cosa, que se vaya a otro lugar”. Un Muro Preventivo con Sello Internacional La estrategia, una alianza inédita entre el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), el Fideicomiso Pro-Pedernales y la organización Save the Children, cuenta con el respaldo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Su esencia es la prevención: construir un andamiaje institucional y comunitario que impida la materialización del delito, fortaleciendo el Sistema Nacional de Protección y su articulación con el Ministerio Público y los organismos de seguridad. La embajadora de España, Lorea Arribalzaga, destacó el carácter pionero del enfoque. “Para quienes piensan que la explotación sexual infantil en el ámbito turístico es imposible de erradicar, vamos a demostrar que sí se puede si se trabaja desde el primer momento”, afirmó. El compromiso es tal que el modelo será exhibido en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) como un sello de inversión segura y responsable, un activo de imagen crucial para la marca país. Pedernales: Laboratorio de un Nuevo Paradigma Más que un plan local, la iniciativa concibe a Pedernales como el prototipo de un nuevo paradigma de desarrollo. Juan Tomás Díaz, presidente del Consejo Directivo de Save the Children, reveló que el proyecto es el fruto de tres años de trabajo y que su ejecución formal comenzó en julio. “Nos toca enseñarle al mundo que vamos a hacer las cosas de manera distinta, y que tendremos un destino libre de explotación sexual”, sostuvo. La ambición es clara: convertir esta provincia en un espejo en el que se miren el resto de los destinos de la región Enriquillo y del país. Se trata de una apuesta geopolítica que busca desvincular el nombre de República Dominicana de los circuitos de la explotación, erigiendo en su lugar una barrera infranqueable donde la protección del más vulnerable se convierte en el principal indicador de progreso. En la costa de Pedernales, mientras se construyen resorts, el Estado planta la bandera de la tolerancia cero. No es solo una política social; es la redefinición de un modelo de país.
Mediante decretos presidenciales, el gobierno declara el estado de excepción en catorce provincias y agiliza las contrataciones públicas para enfrentar la reconstrucción, en una respuesta de alcance nacional a la crisis generada por el fenómeno natural. POR THEO N. GUZMÁN SANTO DOMINGO. En un movimiento que despliega las prerrogativas constitucionales del Poder Ejecutivo frente a la calamidad, el presidente Luis Abinader decretó el estado de emergencia para catorce provincias y diversas localidades de la geografía nacional, tras los estragos dejados por la tormenta tropical Melissa. La medida, formalizada a través de los decretos 626-25 y 627-25, constituye la respuesta estructural de la administración para enfrentar una crisis de carácter regional y agilizar, con la celeridad que la urgencia impone, la maquinaria de la reconstrucción. El decreto 626-25 establece el marco jurídico de la emergencia, clasificando oficialmente los daños y afectaciones provocados por Melissa como de “carácter regional”. Esta calificación no es un mero tecnicismo; es el fundamento que activa un dispositivo especial de atención y recursos, concentrando los esfuerzos del Estado en las zonas más golpeadas. La lista de provincias incluidas—Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, el Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana, La Vega y Monseñor Nouel—delimita el escenario principal de la intervención gubernamental. No obstante, es el decreto 627-25 el que contiene el núcleo de la acción ejecutiva: declara de “emergencia nacional” las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras por parte de las instituciones del Estado. Esta declaratoria, un instrumento de excepción, suspende de facto los procedimientos de licitación ordinaria, allanando el camino para una adquisición ágil de recursos destinados a la reparación, construcción y reconstrucción de la infraestructura dañada. Se trata de una flexibilización de la hacienda pública en pos de la eficacia, una decisión que busca salvar la burocracia en nombre de la necesidad perentoria. La arquitectura de esta respuesta nacional recae sobre un andamiaje institucional preciso. Los ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, Educación, Agricultura, Interior y Policía, Obras Públicas y Comunicaciones, y Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), junto con la Administrativa de la Presidencia, Turismo y el Servicio Nacional de Salud (SNS), son las entidades autorizadas para operar bajo esta excepción de emergencia. En sus manos queda la ejecución material de los fondos y la materialización de las labores de rehabilitación. Con esta decisión, el gobierno de Abinader no solo enfrenta la etapa de recuperación post-desastre, sino que asume un riesgo calculado. La declaratoria de emergencia nacional para las contrataciones conlleva inherente la demanda de transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, un desafío mayúsculo en medio de la urgencia. La medida, de alcance regional, pone a prueba la capacidad de respuesta del Estado y define la relación entre la celeridad administrativa y el control fiscal en tiempos de crisis. La reconstrucción comienza ahora, y con ella, el escrutinio sobre la gestión de la emergencia.
El Gobierno de Luis Abinader respalda de manera contundente al presidente Bernardo Arévalo y advierte que no reconocerá un \»gobierno de facto\» surgido de lo que califica como una ruptura del orden constitucional, en una enérgica intervención ante la OEA. POR ÁNGEL F. GUZMÁN SANTO DOMINGO.— Con la contundencia que otorga la defensa de principios irrenunciables, el Gobierno dominicano se erigió este jueves en un firme bastión de la legitimidad democrática en América. Ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el canciller Roberto Álvarez expresó el respaldo inquebrantable de la nación caribeña al presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, y emitió una advertencia sin ambages: la República Dominicana no reconocerá bajo ningún concepto un “gobierno de facto” en Guatemala. La intervención virtual del jefe de la diplomacia dominicana se produjo en una sesión convocada de urgencia para analizar la grave crisis política que atraviesa el país centroamericano, donde persistentes maniobras judiciales de dudosa procedencia —conocidas popularmente como el “pacto de corruptos”— intentan invalidar los resultados de las elecciones generales de agosto de 2023, comicios que fueron calificados por misiones internacionales como libres, justos y transparentes. “Como ha señalado oportunamente el presidente Luis Abinader, ningún poder del Estado puede imponerse sobre la legitimidad que emana de la voluntad popular libremente expresada”, sostuvo Álvarez con firmeza. Al referirse a la posibilidad de que acciones judiciales declaren vacantes la Presidencia y la Vicepresidencia, el canciller fue categórico: “Por ello, y como ya ha sucedido en otros casos en la región, nuestro país no reconocería un gobierno de facto que surja de la ruptura del orden constitucional en Guatemala”. Con esta postura, la República Dominicana no solo se solidariza con el pueblo guatemalteco, sino que sitúa la defensa de la Carta Democrática Interamericana en el centro de su política exterior. Álvarez instó a la comunidad hemisférica a no permanecer indiferente y a utilizar todos los mecanismos que ofrecen la Carta de la OEA y la CDI para apoyar al gobierno de Arévalo. La advertencia dominicana resonó con la autoridad moral de una nación que, en el pasado, también ha luchado por preservar su propio orden constitucional frente a intentos de subversión.
La moneda extranjera se consolida en 64.50 pesos para la venta en las principales entidades financieras, marcando una tendencia alcista que las autoridades ya proyectaban y que anticipan se estabilice en 65.50 pesos para el 2026. POR SERVICIOS umbral.local/ SANTO DOMINGO.— Como un termómetro infalible de la economía, el tipo de cambio ha vuelto a marcar un ascenso que no pasa desapercibido para el bolsillo de los dominicanos. Este jueves, el dólar estadounidense extendió su hegemonía frente al peso dominicano, comercializándose para la venta a 64.50 unidades en los mostradores de las principales entidades de intermediación financiera del país. Este repunte no es un episodio aislado, sino la confirmación de una escalada sostenida que ha visto a la divisa ganar terreno de manera inexorable en el último año. Los fríos números del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) trazan una curva ascendente innegable. En un lapso de apenas quince días, la cotización del billete verde pasó de 63.70 a 64.49 pesos. Sin embargo, es en la perspectiva anual donde se aprecia el verdadero alcance de su fortaleza: el peso ha registrado una depreciación del 6.39%, lo que se traduce en que la moneda local ha cedido poco más de cuatro pesos completos frente a su par norteamericano, escalando desde los 60.21 hasta los 64.33 pesos en los últimos doce meses. Un sondeo de campo corrobora este panorama. En las páginas web de gigantes financieros como el Banco Popular y el BHD, así como en asociaciones de ahorros y préstamos como La Nacional y Cibao, la divisa se ofertaba de manera uniforme a 64.50 pesos. Solo el Banco de Reservas aparecía con una ligera variación, vendiendo el dólar a 64.40 pesos, un oasis menor en un desierto de alzas generalizadas. La Senda Previsible del Alza Lejos de ser una sorpresa, este comportamiento fue previsto y cuantificado por las autoridades monetarias del país. En un ejercicio de transparencia técnica, el Gobierno dominicano había corregido “al alza” sus pronósticos de depreciación. Según el informe de Panorama Macroeconómico 2025-2029, revisado el pasado 26 de agosto, se prevé que el tipo de cambio promedio anual se estabilice en 65.50 pesos por dólar para el 2026. Esta proyección oficial actúa como un faro que ilumina el camino que seguirá la economía nacional en el mediano plazo, confirmando que la actual cotización no es un pico transitorio, sino un peldaño más en una escalada calculada y anticipada, cuya sombra se extiende sobre las transacciones comerciales y la percepción de estabilidad de la ciudadanía.
Melissa consolida su organización y proyecta su transformación ciclónica para este sábado; vientos alcanzan 100 km/h Por Servicios umbral.local/ SANTO DOMINGO, 25 de octubre de 2025. – La tormenta tropical Melissa se encuentra en un proceso crítico de organización que anticipa su inminente transformación en huracán durante las próximas horas, según advirtió este viernes la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos. El sistema, que ha demostrado una persistencia notable en aguas del Caribe, concentra ahora toda la atención de los organismos de vigilancia ciclónica. En un parte meteorológico de rigurosa actualidad, la ingeniera Ceballos precisó que a las 5:00 de la tarde de este viernes, Melissa registraba vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora. \»Este parámetro favorece su fortalecimiento como huracán para mañana sábado\», explicó la directora de la institución científica, subrayando la velocidad del proceso de intensificación. La evolución del fenómeno atmosférico sigue con fidelidad inquietante los pronósticos que vaticinaban su desarrollo progresivo durante este fin de semana. La comunidad meteorológica mantiene una vigilancia estrecha sobre la transición de Melissa, cuyo lento movimiento ha extendido por cuatro días consecutivos la emergencia nacional. Estado de Alerta Nacional Las autoridades mantienen las nueve provincias originales en alerta roja, mientras el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) continúa el monitoreo permanente de las condiciones climáticas. La población ha recibido con grave preocupación el nuevo parte meteorológico, que coincide con la cuarta jornada de suspensión de actividades laborales y docentes en las zonas de máximo riesgo. El Gobierno, a través de un comunicado conjunto de la Presidencia y el COE, reiteró el llamado a la ciudadanía para mantener las medidas de precaución y respetar las disposiciones de emergencia. \»La preservación de vidas sigue siendo nuestra absoluta prioridad\», señaló el documento oficial. Preparativos y Respuesta Gubernamental Los organismos de socorro se mantienen en estado de alerta máxima, con equipos de rescate desplegados en las zonas históricamente más vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra. El Ministerio de Obras Públicas reportó la vigilancia permanente de los principales sistemas de drenaje pluvial en zonas urbanas. El comité de emergencias del Palacio Nacional se reunirá esta noche para evaluar el nuevo escenario planteado por la intensificación de Melissa y determinar las medidas correspondientes para las próximas 48 horas, período considerado crítico para la evolución del ahora casi huracán. La nación aguarda, con la experiencia acumulada de cuatro días de lluvias persistentes, el desarrollo de los próximos capítulos de esta emergencia meteorológica que ha demostrado que la paciencia de los fenómenos naturales puede ser tan peligrosa como su furia.
Gobierno extiende la suspensión laboral en nueve demarcaciones bajo alerta roja mientras Melissa, de marcha insidiosa, satura los suelos nacionales Por Julio Guzmán Acosta SANTO DOMINGO, 23 de octubre de 2025. – Con la solemnidad que impone la gravedad de los tiempos, el Ministerio de Administración Pública (MAP) ha dictado la paralización formal de las labores en la administración estatal para este jueves 23 de octubre. La medida, que afecta al Distrito Nacional y a ocho provincias clave, constituye un acto de prudencia extrema frente al asedio húmedo y pertinaz de la tormenta tropical Melissa, cuyo lento discurrir sobre el Caribe mantiene sumido a gran parte del territorio nacional bajo un manto de precipitaciones torrenciales. La disposición, consagrada en una circular oficial, se adopta en estricta atención a las condiciones meteorológicas adversas y a los dictámenes de emergencia emitidos por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). Las demarcaciones bajo el imperio de esta suspensión son el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, San Juan y San José de Ocoa. “El Ministerio de Administración Pública, en cumplimiento de su rol de órgano rector del empleo público, dispone esta medida en coordinación con los organismos de emergencia, priorizando la seguridad de los servidores públicos y de la ciudadanía en general”, reza el documento oficial. En él, el Estado no solo ejerce su autoridad, sino que asume su más alta responsabilidad: la de protector último de la integridad de sus ciudadanos. La Excepción de lo Esencial En medio de la paralización general, la circular establece una salvedad crucial para la continuidad de la vida civil. Los titulares de los órganos, entes y empresas públicas quedan facultados para establecer horarios especiales cuando la naturaleza de sus funciones lo requiera, garantizando así que los servicios esenciales para la población no se interrumpan. Es la puntual excepción que confirma la regla del resguardo, el reconocimiento de que ciertas labores son el cordón umbilical que sostiene a la sociedad en horas de crisis. El ministerio, con tono admonitorio, reiteró la importancia capital de que la ciudadanía permanezca atenta a las orientaciones del COE y a las nuevas disposiciones que el desarrollo de este fenómeno atmosférico pueda demandar. El Contexto de la Emergencia La medida gubernamental no es un acto aislado, sino la respuesta coherente a la amenaza tangible que representa Melissa. El fenómeno, ubicado al sur de Haití, mantiene vientos sostenidos de 85 km/h y, lo que es más crítico, un desplazamiento de tan solo 4 km/h. Esta lentitud exasperante es el factor que multiplica el peligro, permitiendo que los acumulados de lluvia saturen los suelos, desborden ríos y cañadas, y provoquen las inundaciones y deslizamientos que ya se reportan en varias regiones. Frente a este panorama, el Gobierno ha reafirmado con contundencia que la preservación de vidas humanas se erige como el principio rector de todas sus acciones. Mientras Melissa continúe su marcha insidiosa, las instituciones de la República permanecerán en vela, evaluando con mirada constante los caprichos del tiempo y los impactos de una tormenta que ha convertido la paciencia en una forma de la calamidad.
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