El pacto secreto: oposición exige transparencia mientras EE. UU. opera en bases dominicanas
Por Theo N. Guzmán SANTO DOMINGO. — “Opacidad” e “incertidumbre” son las palabras que marcaron este miércoles el reclamo de dos voces opositoras ante el silencio del Gobierno dominicano sobre los acuerdos suscritos con la administración del presidente estadounidense Donald Trump. La controversia no solo involucra el memorando migratorio que permite el traslado temporal de extranjeros deportados, sino también la reciente autorización para que fuerzas militares de Estados Unidos utilicen aeropuertos y bases aéreas dominicanas. El ex canciller Andrés Navarro García (PLD) y el diputado Rafael Castillo (Fuerza del Pueblo) coincidieron en un punto: los convenios, que abarcan desde el combate al narcotráfico hasta la admisión transitoria de migrantes, deben ser conocidos a fondo por la ciudadanía. \»En la medida en que haya opacidad en este acuerdo se va a generar el caldo de cultivo para miles de especulaciones\», advirtió Navarro, al tiempo que instó al presidente Luis Abinader a transparentar el contenido por los cauces institucionales. Castillo fue más lejos: \»El canciller tampoco ha dado la cara. República Dominicana no puede ser sede para recibir personas que hayan cometido delitos de un tercer país\». Doble filo de la cooperación militar El detonante del malestar opositor es un acuerdo firmado bajo la iniciativa \»Escudo de las Américas\», mediante el cual República Dominicana concedió un permiso temporal para que aeronaves estadounidenses accedan, se estacionen y sobrevuelen instalaciones nacionales. Según reportes, las facilidades comprenden el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) y la Base Aérea de San Isidro, espacios que han sido utilizados previamente en operaciones de vigilancia e interdicción. El presidente Abinader ha defendido la medida argumentando que no se trata del establecimiento de bases militares permanentes, sino de un refuerzo al \»anillo de protección aérea y marítima\» para combatir el narcotráfico. Sin embargo, la controversia se profundizó al conocerse que el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró como confidenciales todos los documentos relacionados con estas negociaciones. Mediante una resolución suscrita por el canciller Roberto Álvarez, se restringió el acceso a \»todas las piezas documentales generadas o procesadas en el marco de las conversaciones\», un día antes del anuncio oficial del acuerdo. El componente migratorio Junto al componente militar, el memorando incluye un capítulo migratorio que permite el ingreso temporal de un \»número limitado\» de nacionales de terceros países deportados desde Estados Unidos, bajo estrictas condiciones: estarán en tránsito, no poseer antecedentes penales, y quedarán excluidos los haitianos y los menores no acompañados. El gobierno estadounidense proporcionará respaldo financiero y operativo para su retorno ordenado. La embajadora de Estados Unidos, Leah F. Campos, salió al paso de las críticas asegurando que el proceso respetará la soberanía dominicana y las leyes locales. No obstante, la oposición insiste: sin información clara y acceso público a los textos completos, no hay respaldo posible.
PCT alerta sobre “pendiente peligrosa” que vulnera la soberanía nacional
El Partido Comunista del Trabajo denuncia que el permiso temporal para tropas de EE.UU. encubre una base militar permanente, y critica la alineación geopolítica del Gobierno dominicano al calificar como “terroristas” a entidades iraníes y al movimiento Hezbolá. Aquiles Castro condena la actitud “cipaya” y convoca a sectores patrióticos a frenar el entreguismo. Por Julio Guzmán Acosta Santo Domingo, RD. – En un llamado que atraviesa la tibieza de la diplomacia oficial para instalarse en la densidad de la advertencia patriótica, el Partido Comunista del Trabajo (PCT) ha encendido las luces sobre lo que considera una deriva peligrosa para la soberanía dominicana. A juicio de esa organización, el Gobierno ha profundizado su sometimiento a los dictámenes de los Estados Unidos, colocando la independencia nacional en una “pendiente peligrosa” de la que, advierten, podría no haber retorno. El secretario general del PCT, Aquiles Castro, desgranó ayer las razones de esta alarma. En primer lugar, cuestionó la renovación del llamado “permiso temporal” para la permanencia de tropas y equipos militares estadounidenses en territorio dominicano. Lo que para algunos es un mero trámite administrativo, para el PCT se convierte en un eufemismo: “Se encubre así el establecimiento de una base militar permanente”, sostuvo Castro, recordando que estos acuerdos han permitido en el pasado el uso del país como plataforma logística para agresiones contra naciones hermanas. El dirigente comunista no se detuvo en la dimensión estrictamente castrense. Denunció que la postura de subordinación total hacia Washington se expresa también en la esfera geopolítica, mediante una reciente declaración del Poder Ejecutivo, rubricada por decreto, que califica como “terroristas” al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al movimiento Hezbolá. Un gesto que el partido tacha, sin ambages, de “risible”, por considerarlo ajeno a los intereses nacionales y servil a las directrices de la Casa Blanca. El documento emitido por el PCT es particularmente incisivo al traer a la memoria reciente el uso de la infraestructura militar estadounidense en suelo dominicano. Esa misma maquinaria, apunta, ha sido empleada en el pasado para acciones contra la República Bolivariana de Venezuela, y ahora resurge en un contexto de renovadas amenazas contra la República de Cuba. No se trata, por tanto, de una medida inocua, sino de un engranaje dentro de una estrategia mayor de dominación regional. “El PCT condena la actitud ‘cipaya’ del gobierno y advierte sobre los serios peligros que estas violaciones a la soberanía entrañan para el pueblo dominicano”, expresó Aquiles Castro con la voz firme de quien invoca la memoria histórica. La palabra “cipaya” —término que en el lenguaje independentista dominicano designa a quien traiciona la patria por intereses extranjeros— resonó en el comunicado como un aldabonazo. Ante lo que consideran una entrega impune del patrimonio y la dignidad nacional, la organización política hizo un llamado urgente a todos los sectores democráticos y patrióticos del país. La consigna es clara: articular un rechazo firme y frenar el “entreguismo” gubernamental. Castro insistió en que es menester aprender de las lacerantes lecciones del pasado, cuando gobiernos anteriores cedieron soberanía ante potencias colonialistas, con consecuencias nefastas que aún hoy se arrastran como heridas abiertas. El PCT concluye su intervención con una invitación a la vigilia cívica. Porque, a su juicio, la pendiente que se transita no es un accidente del relieve político, sino una construcción deliberada que, de no ser detenida a tiempo, podría despeñar la soberanía dominicana en el abismo de la sumisión permanente.
Luis Abinader renueva y amplía acuerdo para presencia militar de EE.UU. en dos bases aéreas y en los principales aeropuertos dominicanos
El Gobierno de Luis Abinader concede acceso temporal a las instalaciones de Las Américas y San Isidro, excluye ciudadanos haitianos y menores no acompañados de tránsito excepcional, y declara terroristas a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y Hezbolá. Por Virtudes Álvarez Sampedro Santo Domingo, 12 may. – El Gobierno dominicano anunció este martes la concesión a Estados Unidos de una ampliación para el acceso, estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves y personal militar estadounidense en el aeropuerto de Las Américas y la base aérea de San Isidro, como parte de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. En un comunicado oficial, las autoridades precisaron que la medida tiene “carácter temporal” y se ejecutará bajo la coordinación de las agencias nacionales competentes. “Esta cooperación contribuye al fortalecimiento de las capacidades nacionales de vigilancia, interdicción de narcóticos y respuesta operativa frente al crimen transnacional organizado”, señala el texto, que también destaca la ampliación de mecanismos de intercambio de información, entrenamiento y asistencia técnica. El acuerdo, formalizado mediante un memorando de entendimiento no vinculante suscrito en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas, contempla además el ingreso temporal y excepcional a territorio dominicano de un número limitado de nacionales de terceros países en condición de tránsito. Las personas admitidas no podrán tener antecedentes penales. Quedan explícitamente excluidos los ciudadanos haitianos y los menores de edad no acompañados. El Gobierno subrayó que el mecanismo se aplicará caso por caso, con respaldo financiero y operativo de Estados Unidos para garantizar condiciones adecuadas durante la estancia temporal y facilitar el retorno ordenado a los países de origen. La implementación se hará conforme al ordenamiento jurídico nacional y a las obligaciones internacionales de República Dominicana, sin alterar la política migratoria vigente ni los procedimientos de control fronterizo. “La cooperación entre los dos países se desarrolla sobre la base del respeto mutuo, la responsabilidad compartida y la transparencia”, afirmó el comunicado. El objetivo, añadió, es fortalecer la seguridad regional, enfrentar el narcotráfico y el crimen transnacional, combatir el terrorismo en todas sus manifestaciones y contribuir a una gestión ordenada y humana de los flujos migratorios. En paralelo, ambas naciones avanzan en iniciativas para reforzar la seguridad aeroportuaria y fronteriza mediante nuevas capacidades tecnológicas y biométricas, lo que permitirá modernizar los sistemas de control en los principales puntos de entrada del país. Según la versión oficial, estas medidas sientan bases para futuros mecanismos de facilitación migratoria y aeroportuaria que impulsarían la conectividad, la competitividad y el turismo dominicano. En un movimiento adicional, el Gobierno de Luis Abinader declaró al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al grupo Hezbolá como organizaciones terroristas. “República Dominicana reitera su disposición de continuar fortaleciendo sus relaciones de cooperación con Estados Unidos y con los demás Estados del hemisferio, en favor de la seguridad, la estabilidad y la prosperidad regionales”, concluyó el comunicado oficial.
El fuego centenario que enciende una esperanza
El presidente Luis Abinader recibe la antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en el Palacio Nacional. La llama, nacida el 11 de abril en la Pirámide del Sol de Teotihuacán, inicia este viernes 8 de mayo la “Ruta Wiche García Saleta” por las 32 demarcaciones del país, en un recorrido que convertirá cada provincia en altar de los valores olímpicos hasta la inauguración del 24 de julio de 2026. Por Brendalis Reyes Eran las cinco de la tarde de este miércoles 6 de mayo cuando el Palacio Nacional dejó de ser solo el centro del poder para transformarse en el corazón simbólico del deporte regional. Allí, bajo la luz tibia que precede al atardecer, el presidente Luis Abinader recibió de manos de los custodios del fuego la llama de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. No fue un mero acto protocolar: fue la consagración de una cita que la República Dominicana espera como el reencuentro con su mejor tradición de hermandad y esfuerzo. La antorcha que ahora reposa en la sede del Ejecutivo viajó primero desde el asombro. El 11 de abril, en la milenaria zona arqueológica de Teotihuacán, México, frente a la imponente Pirámide del Sol, el Fuego Nuevo prendió en una ceremonia de tambores, caracoles y copal que duró cerca de setenta minutos. Allí, el taekwondista olímpico Yulis Gabriel Mercedes –plata en Beijing 2008– recibió la tea de las autoridades aztecas, en presencia de los 37 comités olímpicos de Centro Caribe Sports. Al día siguiente, en vuelo privado, la llama cruzó el Caribe y llegó a Santo Domingo, donde aguardó paciente hasta este instante. Pero la recepción presidencial no fue un punto de llegada, sino la partida hacia algo mayor. El mandatario dio el banderazo oficial a la “Ruta Wiche García Saleta: la llama de los valores”, un trayecto que empezará este viernes 8 de mayo en Pedernales –el extremo suroeste de la geografía patria– y que luego desbordará por las 31 provincias y el Distrito Nacional. Cada kilómetro será una escuela, cada relevo una lección. Porque el nombre que bautiza el recorrido no es cualquiera: Juan Ulises “Wiche” García Saleta, padre del olimpismo dominicano y organizador de los inolvidables Juegos de Santo Domingo 1974, vuelve a caminar el país en forma de fuego. Cuatro principios –honestidad, disciplina, solidaridad y perseverancia– se traducen en otros tantos faros: respeto, excelencia, amistad y superación. La infografía del Comité Organizador los grafica como el alma de una antorcha que no solo anuncia competencias, sino que invita a una pedagogía ciudadana. “El deporte es el mejor camino para formar mejores seres humanos y una mejor nación”, dijo alguna vez García Saleta. Y esta ruta, que culminará el 24 de julio de 2026 en la ceremonia inaugural de los Juegos, busca demostrarlo. Así, entre pirámides mexicanas y palacios caribeños, entre la memoria de un centenario –los primeros Juegos fueron en 1926, también en México– y la promesa de una región que arde en fraternidad, la llama de Santo Domingo 2026 empieza a escribir su historia. No es solamente el preludio de una justa deportiva; es un legado en movimiento. Y desde esta tarde, en manos del presidente Abinader, ya tiene el primer relevo cumplido.
Cuando el pueblo se levanta, ni las ideas de derecha ni el poder económico pueden detenerlo
Mientras el mundo entero ve cómo el neoliberalismo y la agenda extractivista ganan terreno, la resistencia popular en San Juan impone una lección histórica: la soberanía del agua y de la vida está por encima de cualquier concesión. OPINIÓN Vivimos tiempos paradójicos. En casi todos los rincones del planeta, las ideas de derecha han ido ganando espacio con una velocidad que hace apenas una década parecía impensable. Gobiernos que recortan derechos, que privatizan bienes comunes, que ponen el lucro por encima de las personas y la naturaleza, se presentan como la única vía posible. El discurso del \»no hay alternativa\» se ha instalado en las cancillerías, en los bancos multilaterales y en las redacciones de los grandes medios. Pero entonces ocurre algo como lo sucedido en San Juan. Y el mundo recuerda una verdad vieja como la humanidad: cuando los pueblos se levantan, cuando la conciencia colectiva despierta y se organiza, no hay poder económico ni gobierno complaciente que pueda detenerlos. El presidente Luis Abinader anunció la detención definitiva del proyecto minero Romero. La noticia, presentada por el oficialismo como una decisión ambientalmente responsable, es en realidad una rendición forzada ante la presión incesante del pueblo sanjuanero, de la región sur y del respaldo mayoritario de todo el pueblo dominicano. No nos engañemos: este gobierno no descubrió la ecología de la noche a la mañana. Si Abinader dio marcha atrás fue porque la Diócesis de San Juan, los campesinos del Granero del Sur, la Academia de Ciencias, los movimientos populares y miles de ciudadanos comunes dijeron \»basta\» con una fuerza que el Palacio Nacional no pudo ignorar. Por supuesto, el mandatario se cuida de señalar que el origen del proyecto se remonta a concesiones de exploración otorgadas por los gobiernos del PLD entre 2005 y 2018. Es cierto: Leonel Fernández y Danilo Medina tienen su cuota de responsabilidad en haber abierto la puerta a GoldQuest. Pero también es cierto que el gobierno de Abinader, desde 2020 hasta hoy, mantuvo vivo el expediente y permitió que la empresa siguiera en fase de evaluación. El propio presidente afirmó que \»nunca se otorgó una autorización de explotación\», pero esa es una distinción técnica que no oculta el hecho político: el proyecto no murió por voluntad oficial, sino por la resistencia popular. Si Abinader renuncia al dinero que ya venía recibiendo por concepto de regalías mineras, no es por generosidad, sino porque el pueblo se lo impidió. Y aquí viene la lección más profunda, la que trasciende el hecho puntual de San Juan. En un mundo donde las ideas de derecha parecen imbatibles —la desregulación, el extractivismo como sinónimo de desarrollo, la sumisión a las multinacionales, la criminalización de la protesta—, el pueblo dominicano acaba de demostrar lo contrario. No hay oleaje neoliberal que pueda contra un pueblo organizado. No hay campaña de medios pagados que pueda silenciar la voz de una comunidad que defiende su agua, su tierra y su futuro. Porque de eso se trata: del agua. El proyecto Romero, en la parte alta de la cuenca del río San Juan, amenazaba con contaminar las fuentes hídricas que alimentan la Presa de Sabaneta. Los opositores lo dijeron una y otra vez: el oro, el cobre y la plata tienen precio, pero el agua no tiene sustituto. La empresa prometió minería subterránea sin cianuro, pero el pueblo no compró el cuento. Y tuvo razón. Las voces pagadas, esas que siempre aparecen cuando hay intereses de por medio, dirigieron sus baterías argumentales contra la ciudadanía. Tildaron de ignorantes a los campesinos, de radicales a los ambientalistas, de obstruccionistas a los sacerdotes. Fracasaron. Porque los pueblos no se rinden con eslóganes ni se compran con promesas. Los pueblos, cuando despiertan, son imparables. Este triunfo en San Juan debe servir de faro. No solo para la República Dominicana, sino para todos los rincones del mundo donde las ideas de derecha pretenden imponer su lógica depredadora. La lección es clara: la soberanía popular, el derecho a decir no, la defensa de la vida frente al mercado, son más fuertes que cualquier concesión firmada en un despacho. El pueblo sanjuanero ha enseñado al país y al mundo que el poder real no está en los palacios, sino en las calles, en las asambleas, en las comunidades que se niegan a claudicar. Que el gobierno de Abinader haya tenido que ceder es una buena noticia, pero no por sus méritos, sino por la derrota que representa para el extractivismo. El mérito es del pueblo. Y que quede claro: si mañana intentan traer otro proyecto minero, otra concesión que amenace nuestras fuentes de agua, los volveremos a vencer. Porque cuando el pueblo se levanta, no hay idea de derecha, no hay poder económico, no hay gobierno complaciente que pueda detenerlo. Esa es la gran lección de San Juan. Y ojalá el mundo entero la escuche.
El poder popular frena la minería: Frente Amplio celebra marcha atrás de Abinader con el proyecto Romero
La organización política considera que la decisión del presidente, amparada en la Ley 64-00, reconoce el rechazo ciudadano y demuestra que “cuando el pueblo se organiza y lucha puede incidir directamente en el poder” Por Theo N. Guzmán SANTO DOMINGO. – El Frente Amplio calificó este martes como un “paso correcto en la defensa del medioambiente” la orden del presidente Luis Abinader de detener el proyecto minero Romero, ubicado en la provincia de San Juan, y subrayó que esta determinación es incomprensible sin la presión sostenida de las comunidades organizadas. La decisión gubernamental, sustentada en la Ley 64-00 de Medio Ambiente, no solo acata el marco legal vigente, sino que evidencia, a juicio de la organización política, el peso determinante de la movilización popular frente a una iniciativa que sectores ambientalistas y campesinos percibían como una amenaza directa a los recursos naturales y la vida de la población. “Es la demostración de que cuando el pueblo se organiza y lucha puede incidir de manera directa en las decisiones del poder”, afirmó María Teresa Cabrera, vocera del Frente Amplio, en un pronunciamiento público. Cabrera subrayó que el rechazo al proyecto Romero no surgió en el vacío, sino del trabajo firme y sostenido de organizaciones comunitarias, campesinas, ambientales y sectores populares, tanto en San Juan como en distintas regiones del país, que se levantaron en defensa de su territorio. El Frente Amplio destacó, además, el papel histórico de las masas populares como sujeto fundamental de los procesos de transformación social. Recordó que las conquistas en materia de derechos, soberanía y protección ambiental en República Dominicana han sido fruto de la presión colectiva y la participación activa de la ciudadanía, no de concesiones unilaterales del poder. La organización llamó a mantener la vigilancia y la movilización permanente para garantizar que decisiones como esta se traduzcan en políticas públicas de largo aliento, y reiteró que el desarrollo del país debe basarse en el respeto al medioambiente, la vida y la dignidad del pueblo dominicano.
El pueblo de San Juan le dijo no al oro: Abinader tuvo que ceder
La decisión del presidente Luis Abinader de paralizar definitivamente el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan no fue un acto de iluminación súbita ni una concesión generosa del poder. Fue, en los hechos, una derrota política del gobierno, forzada por la resistencia indoblegable de un pueblo que se negó a vender su agua y su futuro por el espejismo del oro. No nos dejemos engañar por el discurso oficial que ahora se envuelve en la Ley 64-00 y en el principio de “escuchar a la ciudadanía”. La verdad es que el gobierno de Abinader, al igual que las administraciones del PLD que le precedieron, había dado luz verde a los intereses mineros durante años. Es cierto que las primeras concesiones de exploración se otorgaron entre 2005 y 2010, bajo el gobierno de Leonel Fernández, y que entre 2015 y 2018, con Danilo Medina en el poder, se definieron los estudios técnicos y se solicitó formalmente la licencia de explotación. Pero también es cierto que el actual gobierno, desde 2020 hasta este 2026, mantuvo el expediente vivo, permitió la evaluación técnica y nunca puso freno hasta que el clamor popular se volvió insostenible. Abinader también dio su venia, en los hechos, para que el proyecto avanzara. Si hoy el mandatario anuncia la detención definitiva, no es porque de pronto haya renunciado al flujo de dinero que ya se venía recibiendo —directa o indirectamente— por concepto de concesiones, estudios y expectativas de regalías. No es porque su corazón haya despertado ecologista. Es porque el pueblo de San Juan se empoderó. Ese empoderamiento no fue un hecho aislado. La provincia de San Juan, el “Granero del Sur”, dijo basta. Y con ella se levantó toda la región sur. Y con toda la región sur se solidarizó, sin reservas, el pueblo dominicano en su conjunto: desde las comunidades campesinas de Elías Piña hasta los barrios de Santo Domingo, desde las asociaciones de agricultores hasta las juntas de vecinos, desde la Diócesis de San Juan de la Maguana hasta la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con sus estudios técnicos y su rotunda opinión opuesta a la exploración minera. Frente a esa marea humana, solo se escucharon las voces pagadas. Aquellas que, a sueldo de intereses foráneos, dirigieron sus baterías argumentales contra el pueblo y su legítimo derecho a rechazar la minería depredadora en la Cordillera Central. Esas voces hablaron de desarrollo, de empleos, de progreso. Pero el pueblo entendió que sin agua no hay agricultura, sin agricultura no hay comida y sin comida no hay país. La lección es clara: cuando el poder económico y político creen tener atado un negocio, es la organización popular la que viene a recordarles que la soberanía reside en la gente. El proyecto Romero no cayó por un artículo de la ley. Cayó porque miles de dominicanos y dominicanas salieron a defender su tierra. Abinader no cedió por convicción. Cedió porque no le quedó otro camino. Y eso, aunque tarde, es un triunfo del pueblo sobre la codicia. Queda advertido: ningún gobierno, sea del color que sea, podrá imponer una minería letal en la Cordillera Central mientras el sur esté de pie y el país entero respalde. Ese es el verdadero editorial que hoy escribimos con la tinta de la resistencia.
Abinader ordena detener proyecto minero en San Juan y entierra dos décadas de incertidumbre
Amparado en la ley ambiental y frente a una ciudadanía que advertía efectos devastadores para la región, el mandatario aclaró que su gestión no otorgará autorizaciones de explotación donde la población exprese un rechazo mayoritario. Por Julio Guzmán Acosta SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader puso fin anoche a la larga incertidumbre que envolvía a la provincia de San Juan al anunciar la detención definitiva del proyecto minero Romero. En una declaración realizada desde el Palacio Nacional, el mandatario fue claro: su Gobierno no autorizará la explotación minera en zonas donde la comunidad manifieste un rechazo mayoritario. “Si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo”, sentenció Abinader, quien subrayó que la decisión se fundamenta en el cumplimiento estricto de la Ley 64-00 de Medio Ambiente y en los principios de prudencia y transparencia. “Este Gobierno escucha con atención, respeto y responsabilidad; cuando la ciudadanía expresa inquietudes, nuestro deber es actuar”, agregó. El proyecto Romero, ubicado en la parte alta de la cuenca del río San Juan, específicamente en el área de Hondo Valle, al norte de la provincia, había sido durante casi veinte años un punto de fricción entre los intereses extractivistas y la defensa de los recursos hídricos del sur del país. La principal preocupación de ambientalistas, agricultores y sectores productivos radica en su cercanía a la presa de Sabaneta: temen que la actividad minera contamine las aguas del río San Juan y sus afluentes, fuente vital del “Granero del Sur” y del abastecimiento de agua potable para miles de familias. Contrario a la percepción popular, el mandatario aclaró que el proyecto no es reciente. Sus orígenes se remontan a concesiones de exploración otorgadas entre 2005 y 2010 a la empresa canadiense GoldQuest. Entre 2015 y 2018 se renovaron dichas concesiones y se autorizaron estudios técnicos para definir el alcance del yacimiento de oro, cobre y plata. Durante la gestión de Abinader (2020-2026), el expediente permaneció estrictamente en fase de evaluación ambiental, “sin haber recibido nunca una autorización de explotación”, recalcó el presidente. Aunque la empresa promotora defendía un modelo de “minería subterránea” sin uso de cianuro y con bajo impacto superficial, el proyecto jamás logró obtener la licencia social. La Diócesis de San Juan de la Maguana, asociaciones agrícolas, la Academia de Ciencias y diversos movimientos populares mantuvieron una resistencia firme, argumentando que el beneficio económico del oro no compensa el riesgo de perder la seguridad hídrica de la provincia. Con el anuncio de esta noche, el Poder Ejecutivo cierra la puerta a la explotación basándose en el artículo 1 de la Ley 64-00, que prioriza la preservación del medio ambiente y el bienestar social sobre los intereses económicos particulares cuando existe un rechazo comunitario masivo. “Este Gobierno actúa escuchando el clamor de la ciudadanía”, reiteró Abinader, sellando así un capítulo decisivo para el futuro de San Juan y reafirmando la soberanía de la opinión pública en temas de impacto ambiental.
Leonel Fernández califica de “tramposo” al gobierno del PRM y le acusa de usar recursos del Estado con fines electorales
El presidente de la Fuerza del Pueblo inició un recorrido por el Sur con un duro discurso contra el oficialismo, al que responsabilizó de compra de dirigentes, captación de alcaldes opositores y adquisición de cédulas en procesos pasados. Barahona, dijo, es una de las primeras provincias donde su partido “echó raíces”. Por: Brendalis Reyes Para Servicios umbral.local/ BARAHONA. – El veterano líder opositor y tres veces presidente de la República, Leonel Fernández, lanzó este fin de semana una ofensiva verbal sin precedentes contra el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que calificó sin ambages como “tramposo”. La declaración, pronunciada durante un almuerzo con la Dirección Provincial de la Fuerza del Pueblo en esta ciudad costera, no fue un exabrupto fortuito, sino el arranque de una gira política por el Sur que el expresidente ha diseñado para consolidar su maquinaria territorial de cara a los próximos comicios. “Este es un gobierno tramposo”, sentenció Fernández ante los suyos, en una sala que pronto se llenó de asentimientos. Y acto seguido, desgranó un catálogo de presuntas irregularidades que, a su juicio, caracterizan la gestión del PRM en el poder. Recordó, con la precisión del historiador que también fue, lo ocurrido en el pasado proceso electoral: “El gobierno promovió la compra de dirigentes, la captación de alcaldes de la oposición y la adquisición de cédulas el día de las elecciones, además de ejercer presión sobre representantes locales de nuestra organización”. Pero el líder de la Fuerza del Pueblo no se detuvo en el recuerdo. Cuestionó también el manejo de los recursos obtenidos a través del acuerdo con Aerodom, un tema que ha sido recurrente en sus intervenciones públicas. Según Fernández, se procuraron 750 millones de dólares que, lejos de aplicarse a las obras prometidas, fueron destinados a actividades de carácter político-electoral. “Eso es trampa”, insistió, elevando el tono de su denuncia. El contexto de estas afirmaciones no es menor. Fernández se encuentra inmerso en un recorrido nacional orientado a fortalecer la estructura de su partido y ampliar su base de apoyo. Y Barahona, afirmó con evidente satisfacción, es una de las primeras provincias donde la Fuerza del Pueblo “echó raíces”. “Desde el año 2024 percibía el fortalecimiento de la organización en Barahona”, declaró, sugiriendo que el crecimiento del partido en la región Sur ya no es una promesa, sino un hecho consumado. La jornada política del expresidente comenzó incluso antes de pisar suelo barahonero. En el Cruce de Ocoa, punto de referencia obligado para quienes viajan hacia el Sur, Fernández realizó una parada en el tradicional parador de esa localidad. Allí sostuvo un encuentro de saludo con el empresario Edward Lara Martínez y el exjugador de Grandes Ligas Juan Uribe, un gesto que los analistas políticos interpretan como parte de su estrategia de tejer alianzas con figuras influyentes de diversas esferas. Ya en Barahona, el candidato perpetuo (como lo llaman unos y otros) desplegó una agenda de contacto directo que pretendió rozar lo simbólico y lo popular. Visitó la reconocida esquina de Quipes Paisolo, un negocio de tradición gastronómica con más de seis décadas de historia en la provincia. No fue una visita casual: en política, los lugares con memoria y arraigo popular son trincheras invisibles. La agenda del sábado incluyó también encuentros de mayor densidad institucional: una reunión con el obispo de la Diócesis de Barahona, monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, y un diálogo con el rector de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA), reverendo padre Marco Antonio Pérez Pérez. Dos gestos que hablan de la vocación del líder opositor por cubrir todos los flancos: el espiritual y el académico. Al caer la noche, Fernández asistió a un cóctel con sectores sociales, empresariales y productivos de la provincia. Y el pasado domingo tuvo en la juramentacion de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo, el acto central a las 10:30 de la mañana en el Palacio de los Deportes de Santa Cruz de Barahona. Con esta gira, Leonel Fernández no solo busca sumar voluntades, sino enviar un mensaje claro al gobierno del PRM: el Sur no es territorio conquistado, y su partido —el que él mismo fundó tras su ruptura con el PLD— crece donde muchos daban por sentado el dominio oficialista. “Tramposo” fue el calificativo de la jornada. Pero entre líneas, lo que el exmandatario insinuó es que, por más recursos que el gobierno desvíe hacia la política, la trampa, tarde o temprano, se descubre. Y se paga en las urnas.
Gobierno activa blindaje de RD$40,000 millones para proteger la economía dominicana ante la crisis de Medio Oriente
El presidente Abinader encabeza el 57º Consejo de Ministros donde se aprueba una batería de medidas de contención del gasto público, reducción operativa y ajustes en transferencias, para hacer frente al alza del petróleo y sus efectos sobre la inflación y el costo de vida. Por Virtudes Álvarez Sampedro Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña presidieron este jueves el quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros en el Palacio Nacional, con el fin de afinar la respuesta gubernamental ante el impacto de la crisis en Medio Oriente sobre la economía dominicana. En una sesión marcada por la urgencia geopolítica y la disciplina fiscal, el Gobierno anunció la implementación de un paquete de austeridad que permitirá liberar cerca de RD$40,000 millones, sin afectar los compromisos contractuales ya suscritos. Las partidas presupuestarias aún no comprometidas serán revisadas, ajustadas o reduidas conforme a las prioridades nacionales. El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, detalló que entre las acciones figuran la reducción de gastos operativos, la contención en la compra de vehículos —salvo en áreas sensibles como asistencia social y seguridad alimentaria—, la disminución de reparaciones menores, la racionalización de servicios y contrataciones, así como ajustes en viáticos, pasajes, combustible y publicidad. De igual modo, se recortará en un 50% el presupuesto destinado a los partidos políticos y se limitarán los eventos a costos mínimos. Presbot subrayó que estas decisiones buscan postergar todo gasto no prioritario para fortalecer la respuesta estatal ante el contexto internacional, preservar la estabilidad económica y concentrar los recursos en los sectores más vulnerables. Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que el principal canal de transmisión del choque externo es el aumento del petróleo. Advirtió que cada incremento sostenido de US$10 por barril supone unos US$763 millones adicionales en la factura petrolera anual del país, lo que eleva las presiones fiscales y los subsidios. Pese a ello, destacó que República Dominicana ha contenido el impacto mejor que la mayoría de sus pares regionales. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, calificó la situación como uno de los mayores choques de precios de la historia reciente nacional, con un alza superior al 80% en el crudo. No obstante, aseguró que la estrategia gubernamental se sostiene en tres ejes: estabilidad macroeconómica, fiscal y social; mitigación del impacto en alimentos y la canasta básica; y continuidad de la inversión pública. Apuntalado en reservas internacionales que superan los US$16,000 millones, estabilidad cambiaria y un fortalecimiento de los programas sociales, el Gobierno mantiene su apuesta por la austeridad como escudo protector de las familias dominicanas.