Nicolás Maduro y Cilia Flores libran ahora desde una cárcel de Nueva York una batalla judicial para conseguir que sean desestimados los cargos de narcotráfico que pesan sobre ellos. Mientras tanto, en Caracas, la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha ido borrando de su discurso cotidiano las referencias a quien fuera su jefe político, en medio de una nueva relación con Estados Unidos que está cambiando aceleradamente el mapa del poder venezolano.

Por Julio Guzmán Acosta

Hay silencios que, en política, terminan diciendo más que los discursos.

Ocho meses después de que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueran secuestrados en Caracas por fuerzas estadounidenses y trasladados a Nueva York, el antiguo hombre fuerte de Venezuela intenta abrir desde los tribunales una puerta que la política parece haber comenzado a cerrarle.

Sus abogados presentaron esta semana una solicitud para que un juez federal desestime la acusación que enfrenta en Estados Unidos, alegando que Maduro conserva inmunidad soberana por su condición de jefe de Estado. La defensa de Flores formuló una petición semejante, sosteniendo que la protección también debería alcanzarla por su condición de esposa del mandatario.

Maduro está acusado, entre otros cargos, de conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos relacionados con armas automáticas. Ambos se declararon inocentes y permanecen detenidos en Brooklyn. El juicio está previsto para junio de 2027, aunque antes el tribunal deberá decidir sobre las mociones de inmunidad.

De los reclamos al silencio

En las primeras semanas posteriores a la captura, Delcy Rodríguez no ocultó su respaldo al matrimonio Maduro-Flores.

El 8 de enero encabezó una reunión del oficialismo en la que se anunció como una de las prioridades políticas el “rescate” de Maduro y Flores. Y todavía el 4 de febrero reclamaba públicamente su libertad, al afirmar que existía un “clamor nacional” por el regreso del expresidente y su esposa.

Pero el tiempo empezó a modificar el lenguaje.

A medida que Rodríguez afianzó su control del Ejecutivo, las referencias a Maduro comenzaron a perder espacio en la narrativa oficial. Incluso el aparato comunicacional del Estado pasó progresivamente de denominarla “presidenta encargada” a presentarla simplemente como “presidenta”, una mutación semántica que acompaña el fortalecimiento de su autoridad política.

Maduro continúa existiendo jurídicamente para sus abogados y sentimentalmente para una parte del chavismo. Sin embargo, en el ejercicio diario del poder venezolano su figura parece alejarse lentamente del centro de la escena.

Delcy construye su propia presidencia

Mientras Maduro intenta demostrar ante un tribunal estadounidense que sigue siendo el jefe del Estado venezolano, Rodríguez gobierna, negocia y firma acuerdos en nombre de Venezuela.

La contradicción no es menor.

Su administración ha avanzado en negociaciones políticas internas, conversaciones con Washington y, más recientemente, en un amplio entendimiento petrolero con Estados Unidos que concede a intereses estadounidenses un papel extraordinariamente relevante en el desarrollo de importantes reservas venezolanas.

Es una fotografía impensable pocos meses atrás: la dirigente que durante años formó parte del núcleo más cercano a Maduro conversa ahora con el mismo Gobierno que ordenó la operación que terminó llevándolo esposado a Estados Unidos.

Rodríguez sostiene que Venezuela mantiene la propiedad y soberanía sobre sus recursos petroleros, pero la nueva relación económica con Washington revela hasta qué punto se ha desplazado el eje político de Caracas.

Maduro se aferra al título

La defensa del exmandatario intenta convertir esa paradoja en argumento jurídico.

Sus abogados sostienen que Estados Unidos no puede negar la inmunidad de Maduro mientras reconoce y negocia con un Gobierno encabezado precisamente por quien llegó a la Presidencia por haber sido su vicepresidenta. La tesis pretende demostrar que, si Rodríguez ejerce el poder a partir del orden institucional heredado de Maduro, resulta contradictorio negar completamente la condición presidencial de este último.

La estrategia enfrenta, sin embargo, un obstáculo considerable: Washington dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela en 2019, y los tribunales estadounidenses suelen conceder un peso decisivo a la posición del Ejecutivo en asuntos relacionados con inmunidad de jefes de Estado extranjeros.

Cilia Flores intenta recorrer el mismo camino. Su defensa sostiene que, como esposa de quien consideran presidente constitucional, también debería beneficiarse de inmunidad soberana.

Dos Venezuelas

El proceso dibuja una escena cargada de ironías.

En Brooklyn, Maduro pelea para que un juez reconozca que continúa siendo presidente.

En Miraflores, Delcy Rodríguez gobierna como si el país hubiese entrado en otra época.

El chavismo conserva símbolos, consignas y estructuras del tiempo anterior, pero el poder real sigue sus propias leyes. Y una de ellas es implacable: cuando alguien deja vacía la silla demasiado tiempo, otro termina ocupándola.

Quizás por eso el silencio alrededor de Maduro resulta políticamente más significativo que cualquier declaración.

No significa necesariamente que haya sido borrado de la memoria del chavismo. Tampoco que Rodríguez haya repudiado públicamente a quien durante años fue su jefe político. Significa algo probablemente más profundo: Venezuela comienza a organizarse alrededor de un poder que ya funciona sin él.

Maduro y Cilia Flores esperan ahora que los tribunales estadounidenses les devuelvan, al menos jurídicamente, una condición que en Caracas parece desvanecerse con cada día que pasa.