Cuando el pueblo se levanta, ni las ideas de derecha ni el poder económico pueden detenerlo
Mientras el mundo entero ve cómo el neoliberalismo y la agenda extractivista ganan terreno, la resistencia popular en San Juan impone una lección histórica: la soberanía del agua y de la vida está por encima de cualquier concesión. OPINIÓN Vivimos tiempos paradójicos. En casi todos los rincones del planeta, las ideas de derecha han ido ganando espacio con una velocidad que hace apenas una década parecía impensable. Gobiernos que recortan derechos, que privatizan bienes comunes, que ponen el lucro por encima de las personas y la naturaleza, se presentan como la única vía posible. El discurso del \»no hay alternativa\» se ha instalado en las cancillerías, en los bancos multilaterales y en las redacciones de los grandes medios. Pero entonces ocurre algo como lo sucedido en San Juan. Y el mundo recuerda una verdad vieja como la humanidad: cuando los pueblos se levantan, cuando la conciencia colectiva despierta y se organiza, no hay poder económico ni gobierno complaciente que pueda detenerlos. El presidente Luis Abinader anunció la detención definitiva del proyecto minero Romero. La noticia, presentada por el oficialismo como una decisión ambientalmente responsable, es en realidad una rendición forzada ante la presión incesante del pueblo sanjuanero, de la región sur y del respaldo mayoritario de todo el pueblo dominicano. No nos engañemos: este gobierno no descubrió la ecología de la noche a la mañana. Si Abinader dio marcha atrás fue porque la Diócesis de San Juan, los campesinos del Granero del Sur, la Academia de Ciencias, los movimientos populares y miles de ciudadanos comunes dijeron \»basta\» con una fuerza que el Palacio Nacional no pudo ignorar. Por supuesto, el mandatario se cuida de señalar que el origen del proyecto se remonta a concesiones de exploración otorgadas por los gobiernos del PLD entre 2005 y 2018. Es cierto: Leonel Fernández y Danilo Medina tienen su cuota de responsabilidad en haber abierto la puerta a GoldQuest. Pero también es cierto que el gobierno de Abinader, desde 2020 hasta hoy, mantuvo vivo el expediente y permitió que la empresa siguiera en fase de evaluación. El propio presidente afirmó que \»nunca se otorgó una autorización de explotación\», pero esa es una distinción técnica que no oculta el hecho político: el proyecto no murió por voluntad oficial, sino por la resistencia popular. Si Abinader renuncia al dinero que ya venía recibiendo por concepto de regalías mineras, no es por generosidad, sino porque el pueblo se lo impidió. Y aquí viene la lección más profunda, la que trasciende el hecho puntual de San Juan. En un mundo donde las ideas de derecha parecen imbatibles —la desregulación, el extractivismo como sinónimo de desarrollo, la sumisión a las multinacionales, la criminalización de la protesta—, el pueblo dominicano acaba de demostrar lo contrario. No hay oleaje neoliberal que pueda contra un pueblo organizado. No hay campaña de medios pagados que pueda silenciar la voz de una comunidad que defiende su agua, su tierra y su futuro. Porque de eso se trata: del agua. El proyecto Romero, en la parte alta de la cuenca del río San Juan, amenazaba con contaminar las fuentes hídricas que alimentan la Presa de Sabaneta. Los opositores lo dijeron una y otra vez: el oro, el cobre y la plata tienen precio, pero el agua no tiene sustituto. La empresa prometió minería subterránea sin cianuro, pero el pueblo no compró el cuento. Y tuvo razón. Las voces pagadas, esas que siempre aparecen cuando hay intereses de por medio, dirigieron sus baterías argumentales contra la ciudadanía. Tildaron de ignorantes a los campesinos, de radicales a los ambientalistas, de obstruccionistas a los sacerdotes. Fracasaron. Porque los pueblos no se rinden con eslóganes ni se compran con promesas. Los pueblos, cuando despiertan, son imparables. Este triunfo en San Juan debe servir de faro. No solo para la República Dominicana, sino para todos los rincones del mundo donde las ideas de derecha pretenden imponer su lógica depredadora. La lección es clara: la soberanía popular, el derecho a decir no, la defensa de la vida frente al mercado, son más fuertes que cualquier concesión firmada en un despacho. El pueblo sanjuanero ha enseñado al país y al mundo que el poder real no está en los palacios, sino en las calles, en las asambleas, en las comunidades que se niegan a claudicar. Que el gobierno de Abinader haya tenido que ceder es una buena noticia, pero no por sus méritos, sino por la derrota que representa para el extractivismo. El mérito es del pueblo. Y que quede claro: si mañana intentan traer otro proyecto minero, otra concesión que amenace nuestras fuentes de agua, los volveremos a vencer. Porque cuando el pueblo se levanta, no hay idea de derecha, no hay poder económico, no hay gobierno complaciente que pueda detenerlo. Esa es la gran lección de San Juan. Y ojalá el mundo entero la escuche.
San Juan de la Maguana triunfó Lucha organizada es victoria asegurada
El presidente Luis Abinader ha ordenado paralizar el proyecto de Mina Romero en San Juan de la Maguana. Esa decisión es el resultado del proceso de lucha que ha tenido lugar en esa provincia, en el que destacan como resultado: un paro total de todas las actividades económicas y sociales, que tuvo lugar hace pocos días, seguida de una marcha apoteósica realizada un dia antes de que el presidente anunciara la decisión. El paro dejó el movimiento en pie. No lo paralizó como suele ocurrir cuando se inventan huelgas y paros. El movimiento salió más fortalecido del paro; la marcha apoteósica del pasado domingo, 3 de mayo, así lo confirmó. No debe haber duda alguna, la lucha del pueblo de San Juan de la Maguana ha triunfado. Se confirma que la lucha organizada y bien dirigida, es victoria asegurada. Bien organizada y bien dirigida quiere decir tres cosas: 1.- Educar al pueblo sobre la pertinencia de la demanda; lograr que este la entienda en todas sus implicaciones y que la asuma a conciencia. Proporcionarle argumentos contundentes que enriquezcan cada vez la demanda, y disuelvan los contrarios. 2.- Organizar la dirección, darle potestades al pueblo en la toma de las decisiones de lucha, y hacerlo protagonista del proceso. 3.- Unir todo lo diverso en torno a lo que une. Insistir en lo que une, y dar de lado a lo que obstruye la unidad, o que simplemente no une. El proceso de lucha contra la Mina de Romero integró a sectores y personas con los que en otros planos estamos y estaremos distantes. Siempre hay que hacer el análisis concreto de la situación concreta. 3.- Garantizar la dirección idónea, firme, éticamente inobjetable, y disponer de la voluntad para decidir las acciones que correspondan en cada momento. Ahí está el detalle del triunfo. Es un modelo de lucha del que algún día debemos aprender. Todo el poder para las masas. Esta es la cuestión. Ya hubo otros en años anteriores, con iguales características: el que impugnó la Cementera en los Haitíses; la que reclamó el 4% del PIB para educación; el de la defensa de Loma Miranda, y Marcha Verde que reclamó castigo a la corrupción y cese de la impunidad. Hay otro factor interesante que influye en la decisión del presidente Luis Abinader, cuál es, el proceso de impugnación a la Mina de Romero, apuntaba a convertirse en el eje articulador de un gran movimiento nacional al que se integraran todos los demás reclamos e inconformidades latentes por doquier. El presidente Luis Abinader también ha tomado esto en cuenta. Sacando el factor Mina de Romero del proceso de lucha, para evitar una Marcha Verde 2.0. Esto quiere decir, que quedan en pie otros focos de reclamos, con los que hay que continuar, y sería interesante aprender del modelo de lucha que aporta la victoria de San Juan de la Maguana, para conquistar demandas, y contribuir al ascenso del movimiento de masas.
El poder popular frena la minería: Frente Amplio celebra marcha atrás de Abinader con el proyecto Romero
La organización política considera que la decisión del presidente, amparada en la Ley 64-00, reconoce el rechazo ciudadano y demuestra que “cuando el pueblo se organiza y lucha puede incidir directamente en el poder” Por Theo N. Guzmán SANTO DOMINGO. – El Frente Amplio calificó este martes como un “paso correcto en la defensa del medioambiente” la orden del presidente Luis Abinader de detener el proyecto minero Romero, ubicado en la provincia de San Juan, y subrayó que esta determinación es incomprensible sin la presión sostenida de las comunidades organizadas. La decisión gubernamental, sustentada en la Ley 64-00 de Medio Ambiente, no solo acata el marco legal vigente, sino que evidencia, a juicio de la organización política, el peso determinante de la movilización popular frente a una iniciativa que sectores ambientalistas y campesinos percibían como una amenaza directa a los recursos naturales y la vida de la población. “Es la demostración de que cuando el pueblo se organiza y lucha puede incidir de manera directa en las decisiones del poder”, afirmó María Teresa Cabrera, vocera del Frente Amplio, en un pronunciamiento público. Cabrera subrayó que el rechazo al proyecto Romero no surgió en el vacío, sino del trabajo firme y sostenido de organizaciones comunitarias, campesinas, ambientales y sectores populares, tanto en San Juan como en distintas regiones del país, que se levantaron en defensa de su territorio. El Frente Amplio destacó, además, el papel histórico de las masas populares como sujeto fundamental de los procesos de transformación social. Recordó que las conquistas en materia de derechos, soberanía y protección ambiental en República Dominicana han sido fruto de la presión colectiva y la participación activa de la ciudadanía, no de concesiones unilaterales del poder. La organización llamó a mantener la vigilancia y la movilización permanente para garantizar que decisiones como esta se traduzcan en políticas públicas de largo aliento, y reiteró que el desarrollo del país debe basarse en el respeto al medioambiente, la vida y la dignidad del pueblo dominicano.
El pueblo de San Juan le dijo no al oro: Abinader tuvo que ceder
La decisión del presidente Luis Abinader de paralizar definitivamente el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan no fue un acto de iluminación súbita ni una concesión generosa del poder. Fue, en los hechos, una derrota política del gobierno, forzada por la resistencia indoblegable de un pueblo que se negó a vender su agua y su futuro por el espejismo del oro. No nos dejemos engañar por el discurso oficial que ahora se envuelve en la Ley 64-00 y en el principio de “escuchar a la ciudadanía”. La verdad es que el gobierno de Abinader, al igual que las administraciones del PLD que le precedieron, había dado luz verde a los intereses mineros durante años. Es cierto que las primeras concesiones de exploración se otorgaron entre 2005 y 2010, bajo el gobierno de Leonel Fernández, y que entre 2015 y 2018, con Danilo Medina en el poder, se definieron los estudios técnicos y se solicitó formalmente la licencia de explotación. Pero también es cierto que el actual gobierno, desde 2020 hasta este 2026, mantuvo el expediente vivo, permitió la evaluación técnica y nunca puso freno hasta que el clamor popular se volvió insostenible. Abinader también dio su venia, en los hechos, para que el proyecto avanzara. Si hoy el mandatario anuncia la detención definitiva, no es porque de pronto haya renunciado al flujo de dinero que ya se venía recibiendo —directa o indirectamente— por concepto de concesiones, estudios y expectativas de regalías. No es porque su corazón haya despertado ecologista. Es porque el pueblo de San Juan se empoderó. Ese empoderamiento no fue un hecho aislado. La provincia de San Juan, el “Granero del Sur”, dijo basta. Y con ella se levantó toda la región sur. Y con toda la región sur se solidarizó, sin reservas, el pueblo dominicano en su conjunto: desde las comunidades campesinas de Elías Piña hasta los barrios de Santo Domingo, desde las asociaciones de agricultores hasta las juntas de vecinos, desde la Diócesis de San Juan de la Maguana hasta la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con sus estudios técnicos y su rotunda opinión opuesta a la exploración minera. Frente a esa marea humana, solo se escucharon las voces pagadas. Aquellas que, a sueldo de intereses foráneos, dirigieron sus baterías argumentales contra el pueblo y su legítimo derecho a rechazar la minería depredadora en la Cordillera Central. Esas voces hablaron de desarrollo, de empleos, de progreso. Pero el pueblo entendió que sin agua no hay agricultura, sin agricultura no hay comida y sin comida no hay país. La lección es clara: cuando el poder económico y político creen tener atado un negocio, es la organización popular la que viene a recordarles que la soberanía reside en la gente. El proyecto Romero no cayó por un artículo de la ley. Cayó porque miles de dominicanos y dominicanas salieron a defender su tierra. Abinader no cedió por convicción. Cedió porque no le quedó otro camino. Y eso, aunque tarde, es un triunfo del pueblo sobre la codicia. Queda advertido: ningún gobierno, sea del color que sea, podrá imponer una minería letal en la Cordillera Central mientras el sur esté de pie y el país entero respalde. Ese es el verdadero editorial que hoy escribimos con la tinta de la resistencia.
Abinader ordena detener proyecto minero en San Juan y entierra dos décadas de incertidumbre
Amparado en la ley ambiental y frente a una ciudadanía que advertía efectos devastadores para la región, el mandatario aclaró que su gestión no otorgará autorizaciones de explotación donde la población exprese un rechazo mayoritario. Por Julio Guzmán Acosta SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader puso fin anoche a la larga incertidumbre que envolvía a la provincia de San Juan al anunciar la detención definitiva del proyecto minero Romero. En una declaración realizada desde el Palacio Nacional, el mandatario fue claro: su Gobierno no autorizará la explotación minera en zonas donde la comunidad manifieste un rechazo mayoritario. “Si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo”, sentenció Abinader, quien subrayó que la decisión se fundamenta en el cumplimiento estricto de la Ley 64-00 de Medio Ambiente y en los principios de prudencia y transparencia. “Este Gobierno escucha con atención, respeto y responsabilidad; cuando la ciudadanía expresa inquietudes, nuestro deber es actuar”, agregó. El proyecto Romero, ubicado en la parte alta de la cuenca del río San Juan, específicamente en el área de Hondo Valle, al norte de la provincia, había sido durante casi veinte años un punto de fricción entre los intereses extractivistas y la defensa de los recursos hídricos del sur del país. La principal preocupación de ambientalistas, agricultores y sectores productivos radica en su cercanía a la presa de Sabaneta: temen que la actividad minera contamine las aguas del río San Juan y sus afluentes, fuente vital del “Granero del Sur” y del abastecimiento de agua potable para miles de familias. Contrario a la percepción popular, el mandatario aclaró que el proyecto no es reciente. Sus orígenes se remontan a concesiones de exploración otorgadas entre 2005 y 2010 a la empresa canadiense GoldQuest. Entre 2015 y 2018 se renovaron dichas concesiones y se autorizaron estudios técnicos para definir el alcance del yacimiento de oro, cobre y plata. Durante la gestión de Abinader (2020-2026), el expediente permaneció estrictamente en fase de evaluación ambiental, “sin haber recibido nunca una autorización de explotación”, recalcó el presidente. Aunque la empresa promotora defendía un modelo de “minería subterránea” sin uso de cianuro y con bajo impacto superficial, el proyecto jamás logró obtener la licencia social. La Diócesis de San Juan de la Maguana, asociaciones agrícolas, la Academia de Ciencias y diversos movimientos populares mantuvieron una resistencia firme, argumentando que el beneficio económico del oro no compensa el riesgo de perder la seguridad hídrica de la provincia. Con el anuncio de esta noche, el Poder Ejecutivo cierra la puerta a la explotación basándose en el artículo 1 de la Ley 64-00, que prioriza la preservación del medio ambiente y el bienestar social sobre los intereses económicos particulares cuando existe un rechazo comunitario masivo. “Este Gobierno actúa escuchando el clamor de la ciudadanía”, reiteró Abinader, sellando así un capítulo decisivo para el futuro de San Juan y reafirmando la soberanía de la opinión pública en temas de impacto ambiental.
No al saqueo de la Cordillera Central: San Juan de la Maguana se respeta
El gobierno no puede, bajo ningún argumento, permitir la explotación minera en San Juan de la Maguana y la Cordillera Central. No es una cuestión de ideología, sino de supervivencia territorial y justicia social. La empresa canadiense que promueve este proyecto ha intentado vender una falsa narrativa de desarrollo y responsabilidad ambiental, pero los datos la desmienten rotundamente. Hablan de crear empleos y riqueza, pero ocultan el historial de devastación que dejan a su paso. Miren los ejemplos de Bonao y Cotuí: ríos envenenados, comunidades con enfermedades respiratorias y cutáneas, tierras agrícolas estériles y pueblos fantasmas que antes vivían del cultivo y el agua limpia. Allí, la promesa de progreso se convirtió en pasivos ambientales que hoy pagamos todos los dominicanos. ¿Ese es el modelo que quieren repetir en San Juan? La Cordillera Central no es un yacimiento más. Es la fábrica de agua de la región Sur, el pulmón que alimenta nuestros cultivos y el sustento de miles de familias campesinas. Permitir la minería a cielo abierto allí es condenar a la sequía y la pobreza a toda una provincia. El gobierno tiene la obligación constitucional de proteger los recursos naturales y la salud de la población. Ceder ante los intereses foráneos sería un acto de traición. Ya escuchamos las voces de algunos “periodistas” pagados, que desde sus escritorios intentan confundir y desmovilizar. Pero que quede claro: sus artículos a sueldo no detendrán la lucha. Muy por el contrario, cada intento de manipulación fortalece la oposición a la minería y despierta más aún la conciencia nacional. Hoy, San Juan reclama lo suyo, y el país entero debe apoyar esa lucha. No se trata de una provincia contra otra, sino de defender nuestra casa común. La resistencia no claudicará. Ni las concesiones ni los comunicados de prensa comprados callarán a un pueblo que ha visto el desastre minero en Bonao y Cotuí. Exigimos al presidente y al Congreso: declaren la Cordillera Central como zona de protección hídrica y agrícola, y rechacen de plano cualquier proyecto de extracción metálica. San Juan de la Maguana no será el próximo Bonao, ni Cotuí. Por nuestros ríos, por nuestras montañas y por el futuro de nuestras hijas e hijos: minería no, bajo ninguna circunstancia.
El agua que vale más que el oro: San Juan se levanta contra la minera canadiense
Cientos de dominicanos marcharon el domingo en rechazo al proyecto Romero de GoldQuest, que amenaza la principal fuente hídrica de la provincia. Cuatro uniformados resultaron heridos en una protesta que revive el fantasma de Cotuí. «Primero muertos que permitir la explotación», advierten los campesinos. Por Virtudes Álvarez Sampedro Enviada especial a San Juan de la Maguana Bajo un sol implacable y con la bandera dominicana como único estandarte, cientos de voces se unieron el domingo en un coro que retumbó en la Cordillera Central: «¡Agua sí, oro no!». No fue una consola vacía. Fue el grito de una provincia entera que se niega a cambiar sus ríos por polvo metálico, sus cultivos por pasivos ambientales, su memoria por un cheque transnacional. La protesta, que partió desde varios puntos de San Juan hasta la localidad de Sabaneta, dejó un saldo de cuatro uniformados heridos —tres policías y un capitán del Ejército— tras ser agredidos con piedras por «individuos» no identificados, según el parte oficial. Las fuerzas del orden respondieron con gases lacrimógenos, pero no lograron disolver la voluntad de un pueblo que ya conoce el precio de la minería. En el centro de la discordia se encuentra el proyecto Romero, propiedad de la canadiense GoldQuest Mining Corp., que planea extraer un yacimiento subterráneo de oro, cobre y plata con reservas equivalentes a 1,1 millones de onzas, valoradas en unos 5 mil millones de dólares a precios actuales. La empresa celebra en su sitio web el «compromiso» del gobierno dominicano con el avance del proyecto, aunque todavía no cuenta con la autorización definitiva de explotación. Pero Sabaneta no es un mapa de coordenadas mineras. Es el corazón agrícola del sur: allí se levanta la principal presa de la provincia, que riega más de 30 mil hectáreas de cultivo y genera energía hidroeléctrica. Esa agua dulce y viva es la que los sanjuaneros temen perder. «El agua es la vida de nosotros. No estamos de acuerdo porque esa agua la van a echar a perder, a dañar», explicó a esta cronista Juana Ramón, ama de casa, con la mirada puesta en el horizonte de montañas que hoy aún están intactas. Manuel Encarnación, agricultor de Sabaneta, fue más lejos: «Si explotan eso, nosotros tendríamos que irnos de aquí. Primero muerto que yo estar de acuerdo con que exploten en la zona». No es un arrebato. Es la memoria viva de lo ocurrido en Cotuí. Allí, en el centro del país, opera la minera Barrick Gold, el proyecto aurífero más grande de República Dominicana. Con el paso de los años, esa explotación ha dejado un reguero de protestas, familias reubicadas a la fuerza y denuncias de contaminación de suelos y aguas que los tribunales aún no terminan de esclarecer. «Mira lo que pasó en Cotuí», advierte Leuri Camarena, agricultor y comerciante, mientras enumera lo que está en juego: «Aquí se da el arroz, la habichuela, los gandules, la auyama, los plátanos. ¿Si explotan esa mina, qué se va a dar aquí? Vamos a comer pólvora». Según datos oficiales, la minería representa cerca del 2% del Producto Interno Bruto nacional, y el oro es el principal rubro de exportación del país. Sin embargo, para los 143 mil habitantes de San Juan —dedicados principalmente a la ganadería y la agricultura—, esos números macroeconómicos no pesan más que la certeza de que sin agua no hay futuro. GoldQuest insiste en que su método subterráneo minimiza el impacto ambiental. Pero la desconfianza es profunda y no se disuelve con comunicados de prensa. El gobierno, que ha mostrado señales de respaldo al proyecto, enfrenta ahora una prueba de fuego: ¿escuchará a los campesinos o a los inversionistas? La tarde del domingo terminó con gases en el aire y piedras en el asfalto, pero la lucha está lejos de concluir. Mientras la presa de Sabaneta siga regando las tierras fértiles del sur, habrá quienes estén dispuestos a defender cada gota. Como dijo Manuel Encarnación, con la mano en el sombrero y la voz quebrada por la convicción: «Primero muerto». En San Juan, esa no es una metáfora. Es una promesa.
Gases, agua a presión y pedradas: la marcha antiminera de San Juan termina en batalla campal
Lo que comenzó como una multitudinaria protesta pacífica contra el Proyecto Romero de GoldQuest derivó en un enfrentamiento con las fuerzas del orden. La Policía reporta cuatro agentes heridos; los manifestantes, al menos un lesionado. El senador Félix Bautista califica el incidente de “innecesario”. Por: Julio Guzmán Acosta Servicios Umbral.com.do SAN JUAN DE LA MAGUANA. – La tarde de este domingo, el valle de San Juan, que había despertado con el rumor sordo de la indignación ciudadana, terminó envuelto en el olor acre de los gases lacrimógenos y el estruendo de los chorros de agua a presión. Lo que las horas previas habían sido una marcha de cientos de personas —con carteles, cornetas y la convicción de defender el agua y la tierra— se transformó, al pie del muro de la presa de Sabaneta, en un escenario de dispersión violenta, heridos y versiones encontradas. De acuerdo con el relato oficial de la Policía Nacional, los agentes —entre ellos mujeres uniformadas— fueron agredidos con piedras lanzadas por personas aún no identificadas. Como respuesta, las fuerzas del orden, apoyadas por efectivos del Ejército de la República, hicieron uso de gases lacrimógenos y chorros de agua para disolver a los manifestantes. El balance institucional habla de cuatro agentes heridos: dos mujeres policías, un agente masculino y un capitán del Ejército. Del lado de los manifestantes, las primeras informaciones reportan un único lesionado, afectado en una mano. Sin embargo, la versión de los organizadores y de las autoridades civiles presentes pinta un cuadro muy distinto. El senador de la provincia San Juan, Félix Bautista, quien participó en la movilización y se ha declarado abiertamente contrario a la explotación minera en la región, aseguró que el enfrentamiento ocurrió cuando la actividad ya había concluido y los asistentes se disponían a retirarse. “Bueno, yo pienso que fue un incidente realmente desafortunado, innecesario —dijo Bautista a este medio— porque ya la actividad había concluido y con que la policía hubiese hecho un llamado por los altoparlantes de que la gente se retirara, porque ya se había terminado la actividad, pienso que era suficiente”. En la misma línea se expresó Manuel Matos, agricultor y presidente del Movimiento Suroeste Unidos por el Agua y la Vida. “Hubo al final de la actividad, después que habíamos concluido, unas provocaciones de algunos elementos desaprensivos, que nosotros la condenamos”, declaró Matos, quien reiteró el repudio del movimiento a cualquier acto de violencia. “Reiteramos nuestra condena a esa provocación que quisieron hacer algunos desaprensivos a la Policía Nacional”. Los hechos, sin embargo, no surgieron de la nada. La jornada había comenzado horas antes con una concentración masiva en el Arco del Triunfo de San Juan de la Maguana. Desde allí, cientos de personas —muchas de ellas llegadas de otros puntos del país— marcharon a pie y en vehículos hasta la presa de Sabaneta, coreando consignas contra la minera canadiense GoldQuest y su proyecto de extracción en la zona conocida como Romero. El ambiente, hasta ese momento, era de protesta firme pero pacífica. Según reportes de Telenoticias, en un momento de la tarde se escucharon varios disparos, lo que provocó que muchas personas salieran corriendo entre la confusión. La Policía no ha confirmado si esos disparos provinieron de sus filas o de terceros. El alcalde de San Juan de la Maguana, Lenin de la Rosa, quien también participó en la movilización, había declarado antes del incidente que “San Juan quiere un proyecto de desarrollo basado en la agricultura y la industrialización, no queremos un proyecto a corto plazo que ponga en riesgo la vida y la salud de nuestra gente”. Por su parte, el senador Bautista lanzó un llamado directo al presidente Luis Abinader: que no “permita que San Juan se convierta en un pueblo fantasma”. Mientras tanto, la empresa GoldQuest mantiene que el proyecto se encuentra aún en fase de exploración, y el Gobierno ha reiterado que el permiso otorgado es solo para estudios de factibilidad, no para explotación. Pero en las calles de San Juan, ese matiz parece importar poco. Lo que anoche quedó grabado en los rostros de los manifestantes dispersos por gases y agua no fue un simple desencuentro: fue la certeza de que esta lucha, dicen, ya no es solo de una provincia. Es el grito de todo un país.
“El oro de San Juan es el agua”: padre Rogelio desafía a la minería en histórica marcha
El religioso sostuvo que la principal riqueza de la provincia no está en la minería, sino en su producción agrícola y fuentes hídricas. Durante la manifestación, exigió a la empresa canadiense GoldQuest retirarse del territorio. Por: Leo Feliu SAN JUAN DE LA MAGUANA.– Con una voz que atravesó la multitud y un mensaje grabado en un poloché que decía “San Juan somos todos”, el padre Rogelio Cruz se erigió este domingo como la conciencia colectiva de una provincia que se niega a entregar sus entrañas al metal. “El oro de San Juan es el agua”, sentenció durante la marcha en defensa de los recursos naturales, convocada por el Movimiento Acción de la Zona Norte en rechazo al proyecto minero Romero, impulsado por la firma canadiense GoldQuest. El sacerdote, conocido por su defensa del territorio y su verbo sin concesiones, advirtió que la verdadera riqueza de San Juan no yace bajo tierra, sino a flor de surco y en el caudal de sus ríos. “Es el valle que produce más del 60 % de las habichuelas que se consumen en el país. Son sus ríos. No es una minería marcada por un interés responsable”, proclamó ante cientos de manifestantes que coreaban consignas en defensa del agua y la agricultura. Cruz no dudó en traer a la memoria ejemplos que sustentan su rechazo. Con la mirada fija en el pasado reciente de la minería dominicana, citó el caso de Cotuí como una advertencia no escuchada. “En Cotuí pasó una desgracia ecológica y lo que hay ahora es hambre”, dijo con tono grave, como quien pronuncia un epitafio sobre un modelo de desarrollo fallido. El religioso fue contundente al delimitar el futuro que, a su juicio, le espera a la provincia si claudica ante el interés foráneo. “San Juan está de pie y ha dicho que no. No necesita minería”, agregó, arrancando una ovación cerrada. Pero el momento de mayor tensión llegó cuando, en un gesto casi profético, el padre Rogelio alzó la voz y dirigió un mensaje directo a la empresa responsable del proyecto. “Recojan sus cosas y vuelvan a Canadá, porque aquí no van a tener cabida”, sentenció, dejando clara la posición de una comunidad que, al menos por ahora, se mantiene firme en su negativa a cavar su propio destino. La marcha, que recorrió las principales calles de San Juan de la Maguana sin incidentes mayores, concluyó con la lectura de un manifiesto en el que se exige al Estado dominicano cancelar cualquier concesión minera en la zona norte de la provincia. El eco de las consignas aún resuena en las plantaciones agrícolas, en los márgenes de los ríos que, por ahora, siguen siendo el verdadero tesoro de esta tierra.
La Sombra Ancestral: La Malaria y el Corredor de la Desigualdad
Azua, San Juan y Elías Piña concentran el 95% de los casos de malaria en República Dominicana, un flagelo arraigado en determinantes sociales como la pobreza, la movilidad transfronteriza y la precariedad de las viviendas, según revela el más reciente boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública. Por Virtudes Álvarez Sampedro En el mapa sanitario de la República Dominicana, una línea oscura recorre el suroeste del país. Azua, San Juan y Elías Piña conforman un corredor endémico donde la malaria, esa enfermedad ancestral, se niega a ceder terreno. Según el último informe del Ministerio de Salud Pública, estas tres provincias aglutinan el noventa y cinco por ciento de los 810 casos confirmados en lo que va de año, una cifra que, si bien refleja una reducción del 15% respecto al período anterior, sigue señalando una herida social que trasciende lo meramente epidemiológico. El boletín oficial no solo traza números, sino que diagnostica realidades profundas. “Estas provincias conforman el corredor endémico nacional, condicionado por determinantes sociales y ambientales como pobreza, viviendas sin protección adecuada, limitado acceso a agua potable y saneamiento, movilidad agrícola y transfronteriza, y la presencia constante de criaderos de Anopheles spp”, reza el documento. Una explicación técnica que es, en esencia, el retrato de una desigualdad histórica. Azua lidera esta triste estadística con 411 casos, seguida de San Juan con 348 y Elías Piña con 26. El contexto nacional: dengue y mortalidad materno-infantil Mientras la malaria se ensaña con el suroeste, el dengue mantiene en vilo al sistema sanitario nacional. Hasta la semana epidemiológica 44, se reportan 1,672 casos sospechosos, 258 confirmados y 15 graves, aunque sin decesos que lamentar. Llama la atención el perfil de los afectados: la transmisión activa se concentra en la población escolar y adolescente, con varones de 10 a 19 años a la cabeza, seguidos por el grupo de 5 a 9 años. Las autoridades atribuyen este patrón a una mayor exposición al aire libre y un menor uso de medidas preventivas entre los jóvenes. El informe también arroja luz sobre dos dramas silenciosos: la mortalidad materna e infantil. El país registra 144 muertes maternas, con Santo Domingo a la cabeza (35 casos), Santiago (24) y La Altagracia (14). En el capítulo de la mortalidad infantil, la cifra asciende a 1,542 decesos, con 1,323 muertes neonatales. Una vez más, Santo Domingo presenta los números más crudos: 448 muertes infantiles y 393 neonatales, seguida por Santiago con 193 y 161, respectivamente, y San Cristóbal con 91 y 85. Un llamado a la acción integral Frente a este panorama, el Ministerio de Salud Pública recomienda la eliminación de criaderos de mosquitos, educación sanitaria y el fortalecimiento de la vigilancia comunitaria. Sin embargo, los datos sugieren que cualquier estrategia exitosa deberá ir más allá de lo puntual y adentrarse en el territorio escabroso de los determinantes sociales. La lucha contra la malaria, el dengue y la mortalidad evitable no se gana solo con fumigaciones y medicinas, sino con viviendas dignas, agua potable y desarrollo. La sombra del Anopheles spp, por tanto, no es solo un problema de salud pública. Es el síntoma de una geografía donde la pobreza y el abandono han creado un caldo de cultivo perfecto para que las enfermedades endémicas sigan escribiendo su capítulo en la historia de estas comunidades.