Cientos de dominicanos marcharon el domingo en rechazo al proyecto Romero de GoldQuest, que amenaza la principal fuente hídrica de la provincia. Cuatro uniformados resultaron heridos en una protesta que revive el fantasma de Cotuí. «Primero muertos que permitir la explotación», advierten los campesinos.
Por Virtudes Álvarez Sampedro
Enviada especial a San Juan de la Maguana
Bajo un sol implacable y con la bandera dominicana como único estandarte, cientos de voces se unieron el domingo en un coro que retumbó en la Cordillera Central: «¡Agua sí, oro no!». No fue una consola vacía. Fue el grito de una provincia entera que se niega a cambiar sus ríos por polvo metálico, sus cultivos por pasivos ambientales, su memoria por un cheque transnacional.
La protesta, que partió desde varios puntos de San Juan hasta la localidad de Sabaneta, dejó un saldo de cuatro uniformados heridos —tres policías y un capitán del Ejército— tras ser agredidos con piedras por «individuos» no identificados, según el parte oficial. Las fuerzas del orden respondieron con gases lacrimógenos, pero no lograron disolver la voluntad de un pueblo que ya conoce el precio de la minería.
En el centro de la discordia se encuentra el proyecto Romero, propiedad de la canadiense GoldQuest Mining Corp., que planea extraer un yacimiento subterráneo de oro, cobre y plata con reservas equivalentes a 1,1 millones de onzas, valoradas en unos 5 mil millones de dólares a precios actuales. La empresa celebra en su sitio web el «compromiso» del gobierno dominicano con el avance del proyecto, aunque todavía no cuenta con la autorización definitiva de explotación.
Pero Sabaneta no es un mapa de coordenadas mineras. Es el corazón agrícola del sur: allí se levanta la principal presa de la provincia, que riega más de 30 mil hectáreas de cultivo y genera energía hidroeléctrica. Esa agua dulce y viva es la que los sanjuaneros temen perder. «El agua es la vida de nosotros. No estamos de acuerdo porque esa agua la van a echar a perder, a dañar», explicó a esta cronista Juana Ramón, ama de casa, con la mirada puesta en el horizonte de montañas que hoy aún están intactas.
Manuel Encarnación, agricultor de Sabaneta, fue más lejos: «Si explotan eso, nosotros tendríamos que irnos de aquí. Primero muerto que yo estar de acuerdo con que exploten en la zona». No es un arrebato. Es la memoria viva de lo ocurrido en Cotuí.
Allí, en el centro del país, opera la minera Barrick Gold, el proyecto aurífero más grande de República Dominicana. Con el paso de los años, esa explotación ha dejado un reguero de protestas, familias reubicadas a la fuerza y denuncias de contaminación de suelos y aguas que los tribunales aún no terminan de esclarecer. «Mira lo que pasó en Cotuí», advierte Leuri Camarena, agricultor y comerciante, mientras enumera lo que está en juego: «Aquí se da el arroz, la habichuela, los gandules, la auyama, los plátanos. ¿Si explotan esa mina, qué se va a dar aquí? Vamos a comer pólvora».
Según datos oficiales, la minería representa cerca del 2% del Producto Interno Bruto nacional, y el oro es el principal rubro de exportación del país. Sin embargo, para los 143 mil habitantes de San Juan —dedicados principalmente a la ganadería y la agricultura—, esos números macroeconómicos no pesan más que la certeza de que sin agua no hay futuro.
GoldQuest insiste en que su método subterráneo minimiza el impacto ambiental. Pero la desconfianza es profunda y no se disuelve con comunicados de prensa. El gobierno, que ha mostrado señales de respaldo al proyecto, enfrenta ahora una prueba de fuego: ¿escuchará a los campesinos o a los inversionistas?
La tarde del domingo terminó con gases en el aire y piedras en el asfalto, pero la lucha está lejos de concluir. Mientras la presa de Sabaneta siga regando las tierras fértiles del sur, habrá quienes estén dispuestos a defender cada gota. Como dijo Manuel Encarnación, con la mano en el sombrero y la voz quebrada por la convicción: «Primero muerto». En San Juan, esa no es una metáfora. Es una promesa.
