Finjus afirma que el TSE debió conocer recurso contra reglamento de la JCE sobre encuestas electorales
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró que el Tribunal Superior Electoral (TSE) debió asumir el conocimiento del recurso presentado contra el reglamento de la Junta Central Electoral (JCE) que restringe la publicación de encuestas electorales en períodos no previstos por la ley, al advertir que la decisión de declararse incompetente altera el diseño institucional establecido por la Constitución. Por: Virtudes Álvarez Sampedro Santo Domingo.– La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) sostuvo que el Tribunal Superior Electoral (TSE) debió conocer y decidir el recurso interpuesto contra la Resolución 14-2026 de la Junta Central Electoral (JCE), que prohíbe la publicación de encuestas electorales fuera de los períodos establecidos por la legislación vigente. En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la entidad afirmó que la decisión del TSE de declararse incompetente y remitir el caso al Tribunal Constitucional debilita la vía jurídica prevista para resolver controversias propias de la jurisdicción electoral. “La decisión jurídicamente más consistente habría sido que el Tribunal Superior Electoral asumiera el conocimiento del recurso y resolviera la controversia”, expresó Finjus. La organización explicó que, si durante el conocimiento del expediente los jueces del TSE hubieran identificado una cuestión de constitucionalidad que excediera sus atribuciones, el ordenamiento jurídico dispone de mecanismos adecuados para atender esa situación sin que el tribunal renuncie a la competencia que le asignan la Constitución y la ley. Defensa del diseño institucional Finjus advirtió que convertir al Tribunal Constitucional en el destinatario habitual de las impugnaciones contra reglamentos administrativos desnaturaliza la función de esa alta corte y altera el equilibrio institucional concebido por el constituyente. La entidad sostuvo que el debate trasciende la validez de un reglamento electoral, ya que involucra el alcance de las competencias constitucionales de la jurisdicción electoral y la preservación del modelo institucional diseñado por la Carta Magna. En ese contexto, recordó que el Tribunal Superior Electoral fue creado como el órgano especializado para conocer los conflictos contencioso-electorales. “La especialización del TSE perdería contenido si cada vez que un reglamento electoral fuera impugnado bajo el argumento de infringir la Constitución o la ley, el juez electoral declinara su competencia en favor del Tribunal Constitucional”, señaló la fundación. Asimismo, enfatizó que la sola invocación de disposiciones constitucionales no convierte automáticamente un litigio contencioso-electoral en una acción directa de inconstitucionalidad, por lo que corresponde al TSE ejercer las funciones que le atribuye el ordenamiento jurídico. Controversia por el reglamento sobre encuestas El pronunciamiento de Finjus se produce en medio del debate generado por la Resolución 14-2026 de la Junta Central Electoral, que regula la publicación de encuestas electorales y cuya legalidad ha sido cuestionada mediante un recurso sometido ante la jurisdicción electoral. Para la organización, preservar la competencia del Tribunal Superior Electoral resulta esencial para garantizar la especialización de la justicia electoral y mantener el equilibrio institucional previsto por la Constitución de la República.
Los reclamos de institucionalidad
La República Dominicana es, probablemente, uno de los países donde se ejerce mayor presión para que se respete la institucionalidad en sentido general, con reclamos directos a las entidades del Estado y sus responsables para obligarlos a ajustar sus decisiones a los parámetros establecidos. Los medios de comunicación, abundantes, diversos y a veces contestatarios, se convierten en la tribuna apropiada para que todos reclamemos que ninguna entidad pública se salte las disposiciones, y que, además—o de manera principal—obliguen a quienes están bajo su dominio a respetar las leyes y las normas de sana convivencia. Sin embargo, toca la casualidad que cuando una institución estatal adopta una decisión que choca con intereses creados, nos olvidamos de los reclamos previos. Durante años nos quejamos de la manipulación que se ejerce con la proliferación de encuestas cuya confiabilidad está en entredicho, algunas de las cuales son prefabricadas, no obedecen a ninguna rigurosidad ni valoración objetiva. Son las llamadas encuestas hechas a la medida de quienes las contratan, que cumplen a lo sumo el papel de panfletos lanzados únicamente con fines propagandísticos y, muchas veces, recaudatorios. Este tipo de medición sin rigor científico afecta el trabajo de encuestadoras serias que tienen un bien ganado prestigio en la comunidad nacional, pues sus estudios de opinión se apegan a la ética y a los principios de objetividad y ponderación. En tal sentido, cuando la Junta Central Electoral decide regular la publicación de encuestas tan anticipadas previo a las citas ciudadanas de febrero y de mayo de 2028, solo trata de poner orden en un ámbito tan relevante para la propia dinámica de los procesos en preparación, no con el propósito de limitar la libertad de expresión y difusión del pensamiento, elementos que no se enmarcan en lo que establece la Constitución de la República. Entiendo que estos alegatos distorsionan la realidad concreta, porque hacer y publicar encuestas no puede ser considerado un ejercicio de libertad de expresión, pues este estaría limitado a quienes por azar caigan en la muestra aleatoria que define cada ficha técnica. ¿Puede el resto de la población no encuestada invocar que se le violó su derecho a la difusión de su preferencia electoral al no quedar dentro de la muestra? Por supuesto que sería un disparate monumental, una extravagancia y un desatino.
La Asamblea Nacional aprueba las reformas constitucionales en una sesión muy tensa
Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, mientras enseñaban sus votos ayer en la sesión conjunta para la aprobación de la reforma a la Constitución. Por Thiago Zorrilla Acosta Santo Domingo. La Asamblea Nacional concluyó ayer sus trabajos de reforma a la Constitución en una sesión maratoniana que se extendió durante casi cinco horas, culminando con la aprobación de cambios significativos en varios aspectos de la estructura política del país. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de tensiones y desacuerdos entre los legisladores. El único incidente notable surgió de la inclusión de un segundo párrafo en el artículo 274, que otorga facultades al legislador para determinar el modelo de elección de un alcalde en caso de que tanto el alcalde como su vicealcalde queden incapacitados, situación que recientemente se produjo en La Vega. Esta adición fue recibida con serias críticas por parte de algunos opositores. El primero en manifestar su rechazo fue Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien calificó la medida como “una puñalada trapera”, un sentimiento que fue secundado por otros legisladores, incluido Tobías Crespo de la Fuerza del Pueblo. La controversia escaló cuando el presidente de la Asamblea, Alfredo Pacheco, emitió una dura crítica hacia la oposición por, según él, no haber hecho su tarea y no darse cuenta de que el párrafo había sido aprobado. Crespo, quien se vio forzado a esperar su turno para responder a las críticas, finalmente cerró el debate con una breve aclaración antes de que se pasara a la votación final. El ambiente en la Asamblea, marcado por una notable tensión, reflejó las divisiones profundas existentes en el Congreso. Entre los puntos más destacados de la reforma constitucional, se acordó que las elecciones municipales, congresuales y presidenciales seguirán celebrándose de manera separada al menos hasta 2028. Esto se establece en la quinta disposición transitoria, que dispone que \\\»por excepción a lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución, las elecciones del año 2028 para elegir a las autoridades municipales se realizarán el tercer domingo de febrero, y quienes resulten electos tomarán posesión el 24 de abril del mismo año\\\». Aunque el mencionado artículo busca unificar los procesos electorales, la implementación de esta norma se postergará hasta el certamen electoral del año 2032. Los asambleístas proyectan que para esa fecha las condiciones tecnológicas mejorarán, permitiendo el uso total o parcial del voto electrónico, como una medida para hacer más ágil y menos complejo el proceso electoral, en línea con las recomendaciones de la Junta Central Electoral. Además, las modificaciones a la Constitución incluyen límites estrictos a la reelección presidencial, la reducción de veinte curules en la Cámara de Diputados y una reestructuración del Consejo Nacional de la Magistratura. En este último aspecto, se establece que, al inicio de cada mandato, el presidente de la República deberá presentar ante el Consejo la postulación de una persona para el cargo de Procurador General de la República y sus adjuntos, quienes no podrán haber tenido carrera política en los cinco años previos a su designación. Para ser seleccionados, deberán haber ejercido la profesión de abogado durante al menos doce años, o haber ocupado funciones en los juzgados de paz, en la docencia universitaria, o en el Ministerio Público. Sus cargos serán inamovibles por un período mínimo de dos años tras su elección. La culminación de este proceso de reforma constitucional marca un hito en el ámbito político dominicano, reflejando tanto las aspiraciones de cambio como las profundas divisiones que persisten en el seno de la clase política. La atención se centra ahora en cómo estas modificaciones impactarán el escenario electoral y la gobernabilidad en los años venideros.
JCE reclama a partidos cumplan cuota de género para elecciones en el nivel de diputados
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) encabeza uno de los plenos de la institución (foto de archivo). SERVICIOS umbral.local/ Según el órgano electoral, ocho partidos políticos han incumplido con la cuota de género, al presentar sus candidaturas a diputados territoriales, nacionales por acumulación de votos y al Parlamento Centroamericano (Parlacen). Los ocho partidos que al presentar sus candidaturas a diputados han violado la ley electoral son: Partido Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza Del Pueblo (FP), Revolucionario Dominicano (PRD), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Frente Amplio (PFA), Patria Para Todos y Todas (PPT), Generación de Servidores (GENS) y Socialista Cristiano (PSC). La Junta Central Electoral (JCE) tomo la disposición mediante la resolución 26-2024, la cual señala que, de acuerdo al artículo 53 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, se deben respetar los porcentajes a cargos electivos entre hombres y mujeres. En la misma, ademas de disponer que se respete la Ley Electoral en lo referente a la cuota de Género, se le otorga un plazo de cinco días para solucionar la infracción en la que han incurrido cada uno de los partidos. El PRM deposito en la circunscripción tres del Distrito Nacional siete candidatos, cinco hombres y dos mujeres lo que, de acuerdo con la JCE, no cumple con la cuota de género. El órgano electoral indicó a esa organización que la proporción adecuada para presentar en esa circunscripciónes tres hombres o mujeres o cuatro hombres o mujeres. La Fuerza del Pueblo en su caso, presentó en la provincia Hermanas Mirabal a Maribel Altagracia Camilo y Charlene Canaan, y la JCE señaló que se debe presentar un hombre y una mujer. En la circunscripción 1 de Santiago, la FP presentó a cinco hombres y tres mujeres, lo cual no corresponde con el 40 % y 60 %. La propuesta correcta debe ser 4 hombres y 4 mujeres de acuerdo a lo establecido por la Junta. Por su parte el PRD, para la circunscripción 5 de Santo Domingo presentaron a 2 mujeres y 4 hombres, sin embargo, la propuesta debería ser 3 hombres y 3 mujeres. Respecto al Parlacen, que son 20 candidatos, se deben presentar por lo menos ocho hombres o mujeres y un máximo de 12 hombres o mujeres lo que representa el 40 % y 60 %. Los aspectos que deben ser corregidos son la proporción de género establecida en la Ley 33-18, la alternancia de género en el orden de colocación de las candidaturas y las candidaturas de titulares y suplencia que se corresponda en género.
Adecentar en dominicana el ejercicio de la política
Por Bernardo Rodríguez Vidal La política dominicana, ejercida por personas enganchadas a esta rama, pierde su esencia de ciencia y pasa muchas veces a ser entendida, por algunos seguidores, como un mercado en la que la oferta y la demanda se imponen. Para que una persona honrada transite el camino correcto de la política, debe comprender que esa senda implica un tránsito lleno de dificultades. Una vereda desbordada de quebradas donde “vividores” aprovechan las necesidades y el bajo nivel de formación de la gente para alcanzar sus ambiciones personales y grupales sin pensar en el bienestar colectivo. Por ejemplo, en el ambiente de la política dominicana unos pocos de los que ocupan posiciones oficiales, y que tienen aspiraciones, ejercen el oficio de administrar lo público con decoro. Tenemos personas serias y sin vergüenzas en esta función. La frase de que “el fin justifica los medios” no debería ser un pensamiento filosófico y político que haga creer a algunos militantes o servidores públicos que el comprar un voto para llegar a un cargo y repetir en un puesto puede ser una práctica normal. En República Dominicana, desde que se alcanzó la llamada “democracia” que se exhibe al mundo, diversos sectores denuncian que algunos funcionarios públicos y militantes políticos planifican y ejecutan actividades proselitistas usando los recursos del Estado. Siempre con el propósito de retener el cargo y/o beneficiar a la casta política que representan. Para ellos no importa cuánto se tenga que invertir para llegar o retener el poder. El no poner fin a esa realidad, amparados en las leyes existentes, es tirar por la borda los avances alcanzados, es vulnerar a las generaciones que vienen detrás, las cuales tendrán que luchar en favor de un modelo que desmonte esa mala forma de proceder. Sabemos que estamos frente a una “democracia electoral” carente de los elementos esenciales de desarrollo. Una democracia en la que se utilizan los recursos del Estado con fines de favorecer a candidaturas en particular, una práctica vergonzosa ejercida desde distintas posiciones. Los elementos que cita la organización Participación Ciudadana sobre la venta y compra del voto son preocupantes. Lo mismo que los tumultos y las carpas abiertas cercana a los recintos electorales, y desde donde se despacharon orientaciones para favorecer a tal o cual partido, acompañada de un pago, es una ofensa al sistema democrático. Sobre ese particular la Junta Central Electoral tiene una tarea enorme para hacer cambiar ese mal que corroe el buen hacer política. Grupos organizados cerca de los colegios electorales estuvieron operando ante la vista de todos en las elecciones municipales de febrero. Y vimos como esos grupos dispendiaban en horas los fondos entregados por la Junta Central Electoral a los partidos, dinero procedente de los impuestos que paga la población. Se suman otros capitales de origen desconocidos a esa “fiesta de voto por dinero” que las autoridades están en el deber de investigar con fines de establecer control en el futuro. Es una tarea difícil, pero no imposible, que debe sanar un mal que pareciera estar frente a un sistema configurado para que las entidades políticas emergentes no crezcan. Un sistema electoral desigual que asigna más fondos a los que obtienen, supuestamente, “mayoría de votos” en comparación con los “partidos pequeños”. Pero son los partidos tradicionales, los grandes del sistema, los que avivan la compra de votos en cada proceso electoral, logrando de esa forma escalar y posicionarse por encima de los que reciben menos fondos para costear las campañas. Esperemos que el 19 de mayo próximo, cuando se realicen las elecciones de los diputados, senadores y presidente, esa situación no se repita, pues es una obligación de las autoridades electorales garantizar una diafanidad en los procesos eleccionarios. Hay que exigir que se implementen medidas que detengan la venta y compra del voto hasta que se pueda propiciar una reforma legal justa y equitativa de cara a la asignación de fondos, y se pueda sancionar también ese tipo de acciones antidemocráticas. Tenemos que denunciar a los que enganchados a la política malgastan el dinero del pueblo comprando un voto para influir en las decisiones de las mayorías. Hay que curar ese mal de los procesos electorales, tenemos que adecentar el ejercicio de la política dominicana, sepultemos el clientelismo que arrastra a la sociedad hacia el ejercicio impuro de la política. Luchemos por el bien hacer en la politica dominicana. [contact-form][contact-field label=\»Nombre\» type=\»name\» required=\»true\» /][contact-field label=\»Correo electrónico\» type=\»email\» required=\»true\» /][contact-field label=\»Web\» type=\»url\» /][contact-field label=\»Mensaje\» type=\»textarea\» /][/contact-form]