El Perú profundo habla otra vez: la izquierda regresa para quedarse
El triunfo de Roberto Sánchez no es una sorpresa, es la ratificación de un mandato popular que la ultraderecha quiso enterrar con Pedro Castillo. Que esta vez no lo bloqueen. El pueblo ha vuelto a hablar. Y lo ha hecho desde la puna, desde la selva, desde los campos donde la historia siempre la escribieron otros. Con el 95% de actas computadas, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, se alza como presidente electo con un ajustado pero irreversible 50.1% frente al 49.9% de Keiko Fujimori. El sur andino le entregó el 75% de su voto. La Amazonía, el 57.4%. Lima y el norte se quedaron con la derecha, pero no les alcanzó. Otra vez, como en 2021, el Perú profundo decide quién gobierna. Pero este triunfo no es cualquier triunfo. Es la segunda estrofa de un mismo poema que la ultraderecha intentó arrancar de la memoria. La primera la escribió Pedro Castillo, aquel maestro rural que llegó a Palacio de Gobierno con su sombrero de paja y su palabra campesina, y que fue demonizado, asediado, vaciado de poder y finalmente encarcelado por atreverse a gobernar para los que siempre han sido gobernados. La derecha, el Congreso hostil, los medios limeños y los poderes fácticos no soportaron que un dirigente ajeno a las élites ocupara la silla de Pizarro. Lo persiguieron, lo vilipendiaron y lo encerraron en Barbadillo como si fuera un delincuente común. Pero no pudieron borrarlo. No pudieron borrar al Perú que lo llevó al poder. Hoy, ese mismo Perú le devuelve la victoria a Roberto Sánchez. Exministro de Castillo, heredero político de aquella experiencia truncada, Sánchez recoge la bandera de la izquierda nacional-popular y la iza otra vez en el mapa electoral. No es un candidato cualquiera: es la prueba viviente de que la herida abierta por el golpe institucional del 7 de diciembre de 2022 no ha cicatrizado. Es la respuesta electoral a una ultraderecha que creyó que encarcelando al presidente legítimo se acababa el sueño. Por eso, desde esta tribuna, lo decimos sin ambages: Pedro Castillo fue y sigue siendo el presidente legítimo del Perú. Su mandato fue interrumpido por un cerco político y mediático, por una vacancia fabricada bajo la figura difusa de la \»incapacidad moral\», y por una decisión de las Fuerzas Armadas y el Congreso que nunca aceptó la voluntad de las urnas. Lo condenaron por conspiración para rebelión, pero el pueblo sabe la verdad: lo condenaron por ser pobre, por ser provinciano, por ser indígena y por atreverse a desafiar al orden establecido. Y ese pueblo, el mismo que lo llevó a la presidencia, hoy ha ratificado su mandato en las urnas con el triunfo de Roberto Sánchez. Cada voto en el sur andino, cada voto en la Amazonía, cada voto en los pueblos olvidados ha sido un voto por Castillo, un voto por la justicia, un voto por un Perú donde las mayorías dejen de ser tratadas como una amenaza. Ahora viene lo más difícil. La ultraderecha no se rinde. Sigue teniendo el Congreso. Sigue teniendo los medios. Sigue teniendo el poder económico. Y ya está afilando las armas de siempre: la censura, la vacancia, el sabotaje. La interrogante que atraviesa estos días no es si Sánchez ganó, sino si esta vez lo dejarán gobernar. Esperamos que sí. Esperamos que la lección haya sido aprendida. Que el cerco contra Castillo no se repita con Sánchez. Que la derecha entienda, de una vez por todas, que el Perú profundo existe, vota y tiene derecho a gobernar sin ser perseguido. Que las élites limeñas dejen de tratar como una anomalía lo que es, simplemente, la democracia. Pero si vuelven a intentarlo, que sepan que el pueblo ya ha demostrado dos veces que no olvida. La prisión de Castillo no borró su legado. El exilio simbólico de Betssy Chávez en la embajada de México no silenció la lucha. Y la victoria de Sánchez es la prueba de que esta izquierda no va a desaparecer. Que gobierne. Que gobierne el Perú profundo. Que esta vez, por fin, lo dejen gobernar en paz.
¡El Sur Andino Decide: Roberto Sánchez Abraza la Presidencia del Perú y la Derecha Tiembla en Lima!
Con el 95% de actas computadas por la ONPE, el candidato de Juntos por el Perú obtiene una ventaja irreversible de 50.1% frente al 49.9% de Keiko Fujimori. El voto del sur andino (75%) y la Amazonía (57.4%) sepulta al fujimorismo, que solo domina en Lima y el norte. La elección reedita el enfrentamiento entre el Perú profundo, que llevó a Pedro Castillo al poder hace cinco años, y una élite limeña que logró encarcelarlo pero no borrar su legado. Sánchez asume como heredero de esa herida abierta, mientras el Congreso hostil y la sombra de la vacancia anuncian un nuevo ciclo de tensión política. Por Julio Guzmán Acosta LIMA. – El mapa electoral del Perú ha vuelto a hablar. Y su voz, como en 2021, no viene de las torres de San Isidro ni de los estudios de televisión de Miraflores. Viene desde la puna del Cusco, desde la selva de Ucayali y desde los campos empobrecidos de Cajamarca. Con el 95% de actas computadas, el resultado parece irreversible: Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú (JP), se encamina a la presidencia con un ajustado pero decisivo 50.105% frente al 49.895% de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. El Perú está decidiendo por el derecho a gobernar de sus regiones rurales, indígenas y campesinas. Y cada vez que ese bloque llega al poder, la historia se repite: las élites de Lima lo tratan como una amenaza. Hace sólo cinco años, la derecha pudo sacar a Pedro Castillo de la presidencia mediante un cerco político, judicial y mediático que terminó con el mandatario encerrado en la prisión de Barbadillo. Pero no logró borrar al Perú profundo que lo llevó hasta ahí. La candidatura de Sánchez, exministro de Comercio Exterior y Turismo del depuesto gobierno castillista, es la demostración electoral de que esa herida jamás cicatrizó. Al momento del cierre de esta edición, el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ratifica la tendencia que horas antes había adelantado el conteo rápido de National Democratic Institute (NDI) / Ipsos, que con un 72.4% de participación proyectaba un 50.3% para Sánchez frente a un 49.7% para Fujimori. Dos proyectos de país frente a frente Esta segunda vuelta no enfrentó sólo a dos candidatos. En el fondo, volvió a poner frente a frente dos proyectos de país antagónicos. De un lado, el fujimorismo, expresión de una derecha autoritaria que, como revelan los números, conserva su fortaleza en Lima (63.6%) y en la región norte (52.4%), además de su poder real en el Congreso y en las cámaras empresariales. Del otro, una izquierda nacional-popular que, con Roberto Sánchez, intenta recoger el legado político de Castillo y devolver representación a las regiones rurales, andinas y empobrecidas. Esas regiones que fueron tratadas como una anomalía cuando llevaron a un maestro campesino a la Presidencia. Los números del sur son contundentes: en la zona andina del sur, JP ganó con un aplastante 75%; en la región oriental amazónica, con 57.4%; y en la zona central, con 51.5%. Keiko Fujimori ganó donde siempre ha ganado la derecha tradicional, pero eso no le alcanzó para vencer a un Perú que se niega a desaparecer del mapa político. La vacancia como arma: el fantasma de Castillo El 7 de diciembre de 2022 fue el punto de quiebre. Pero la ofensiva contra el gobierno de Pedro Castillo venía de antes. El entonces presidente enfrentaba una nueva moción de vacancia por “incapacidad moral permanente”, una figura que en Perú se ha convertido en una herramienta de presión política diseñada para condicionar o tumbar gobiernos incómodos. En ese clima, Castillo leyó un mensaje en el que anunció la disolución del Congreso. Sus adversarios lo presentaron como un intento de golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas y la Policía no lo respaldaron. El Congreso declaró su destitución y Castillo fue detenido cuando intentaba dirigirse a la embajada de México. La justicia peruana cerró la pinza. Castillo fue condenado por conspiración para rebelión, no por rebelión consumada. Junto a él fueron sentenciados Betssy Chávez, entonces presidenta del Consejo de Ministros; Willy Huerta, exministro del Interior; y Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros. Chávez y Huerta recibieron condenas similares a la de Castillo, mientras Torres fue sentenciado a una pena menor. La persecución, sin embargo, no se detuvo en las fronteras peruanas. México, la embajada en Lima y el conflicto por el asilo El golpe institucional contra el gobierno de Perú Libre también abrió una crisis diplomática con México. El gobierno mexicano otorgó protección a la familia de Pedro Castillo y concedió asilo a Betssy Chávez, quien se refugió en la embajada mexicana en Lima. El gobierno de facto encabezado por Dina Boluarte respondió con una línea dura: rompió relaciones diplomáticas con México, rechazó la decisión y se negó a conceder el salvoconducto que permitiría a Chávez salir del país. Hasta el día de hoy, la exministra permanece asediada bajo vigilancia, presión pública y una disputa jurídica destinada a impedir que el asilo tenga efectos reales. Roberto Sánchez: el regreso electoral del Perú popular Roberto Sánchez aparece ahora como la expresión electoral de esa memoria viva. Exministro de Castillo, dirigente de Juntos por el Perú, logró articular una candidatura que recuperó el voto rural, andino y popular. Su avance frente a Keiko Fujimori no puede leerse como una sorpresa electoral: es la demostración de que el Perú que apoyó a Castillo no desapareció con su encarcelamiento. Sánchez retomó símbolos castillistas y prometió revisar la situación del expresidente mediante mecanismos legales, pero al mismo tiempo buscó ampliar su base con mensajes de estabilidad, gobernabilidad y atención al deterioro social. Su principal desafío ha sido sostener el reclamo de justicia para Castillo sin quedar atrapado en la caricatura de radicalidad que el fujimorismo intenta imponer. Keiko Fujimori, por su parte, no es sólo una candidata conservadora que busca por cuarta vez la Presidencia. Es la heredera del autoritarismo, el neoliberalismo duro y de una derecha que ha sabido convertir el Congreso en una
Sánchez arrebata el pase a segunda vuelta y Fujimori se perfila como la rival a vencer
El exministro de Pedro Castillo se impone por un estrecho margen a López Aliaga tras el recuento del 99,66% de los votos, mientras Keiko Fujimori lidera con holgura. La ONPE admite retrasos logísticos y el JNE ordena una auditoría integral ante denuncias de irregularidades que afectaron a miles de electores en Lima. Por Julio Guzmán Acosta Lima, martes 12 de mayo — El tablero político peruano quedó definido al filo de la madrugada. Con el 99,66% de las actas procesadas, la Oficina de Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que Roberto Sánchez, exministro del depuesto gobierno de Pedro Castillo, será el rival de Keiko Fujimori en la segunda vuelta del próximo 7 de junio. El izquierdista, abanderado de Juntos por el Perú, superó a Roberto López Aliaga, de Renovación Popular, por apenas 14.400 papeletas: 2.004.000 votos frente a 1.989.968. Quedan menos de 350 actas por contabilizar, pero la tendencia parece irreversible. La sorpresa no ha sido el avance de Fujimori, quien se consolida como la fuerza más votada de la primera ronda. La lideresa de Fuerza Popular obtuvo 2.867.517 sufragios, equivalentes al 17,17%, muy por delante de sus dos perseguidores. Lo que nadie anticipaba era la férrea pulseada por el segundo lugar, resuelta en un virtual empate técnico que mantuvo en vilo al país durante más de 24 horas. Sánchez, un exfuncionario del fallido gobierno castillista, ha capitalizado el voto de la izquierda fragmentada y promete una campaña de “renovación frente al fujimorismo”. Pero los comicios, celebrados el pasado 12 de abril, han dejado un reguero de denuncias. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ordenó una “auditoría informática integral y exhaustiva” sobre todo el proceso. La decisión se tomó tras la abrupta renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, el 21 de abril, quien admitió “retrasos logísticos” que impidieron votar a unos 60.000 ciudadanos, sobre todo en Lima. La falta de material electoral obligó a prorrogar la jornada hasta el lunes 13. Corvetto y otros seis funcionarios del organismo están siendo investigados por presuntas irregularidades. “El pueblo necesita certezas, no parches”, declaró Sánchez a su llegada al local de campaña. Desde el bando de Fujimori, se limitaron a exigir “transparencia total” antes de aceptar los resultados oficiales. La tensión no cesa. En las calles de la capital, grupos de ciudadanos aún reclaman por el derecho al voto con cacerolazos y carteles que rezan “Aquí también hay democracia”. El destino del país queda ahora en manos de dos proyectos antagónicos y una ciudadanía cansada de promesas incumplidas.
El Sucesor Inesperado en Perú: José Jerí Oré
José Jerí Oré, un abogado de 38 años y líder del partido derechista “Somos Perú”, asume la Presidencia de la República hasta julio de 2026 tras la destitución de Dina Boluarte, prometiendo un gobierno de reconciliación nacional y guerra frontal contra la delincuencia. Por Julio Guzmán Acosta LIMA.— En la penumbra de la madrugada, entre vitrales y mármoles del hemiciclo legislativo, un hombre joven —de apenas 38 años— recibió sobre su pecho la banda tricolor que simboliza el mando supremo en el Perú. José Jerí Oré, hasta hace horas presidente del Congreso, juró como nuevo jefe de Estado tras la destitución exprés de Dina Boluarte, marcando el inicio de un gobierno que nace bajo el signo de la urgencia: el de restaurar la paz en un país fracturado por la inseguridad y la inestabilidad política crónica. “Ejercer fielmente el cargo de presidente de la República”, afirmó Jerí con voz serena al prestar juramento, mientras el peso de la historia reciente —seis presidentes en siete años— parecía gravitar sobre sus hombros. En un gesto que buscó distanciarse de la crispación habitual, el flamante mandatario no eludió el reconocimiento de una crisis sistémica: “Hay que ser dignos y también saber pedir perdón por los errores que se han podido cometer”. Tras el himno nacional, y con la banda ya cruzada sobre su torso, Jerí delineó los ejes de su breve pero crucial administración, que deberá conducir al país hasta las elecciones generales de 2026. Habló de “reconciliación”, pero también de guerra. “Ellos son hoy nuestros enemigos, y como enemigos debemos declararle la guerra a la delincuencia”, sentenció, refiriéndose a las bandas criminales que han convertido la seguridad ciudadana en la principal demanda de la población. La trayectoria de un operador político Nacido en el distrito limeño de Jesús María, Jerí se formó como abogado en la Universidad Nacional Federico Villarreal y se tituló en la Inca Garcilaso de la Vega. Su carrera política ha estado ligada al partido “Somos Perú”, donde milita desde 2013. Llegó al Congreso en 2021 como suplente del expresidente Martín Vizcarra —inhabilitado para asumir el escaño—, pese a haber obtenido solo 11.600 votos de preferencia. Desde su curul, impulsó iniciativas legislativas en materia de seguridad, empleo y economía, y presidió la influyente Comisión de Presupuesto entre 2023 y 2024. Sin embargo, su ascenso no estuvo exento de sombras: a comienzos de 2025 enfrentó una denuncia por violación sexual, que fue archivada en agosto por falta de evidencia. “Se comprueba con ese pronunciamiento fiscal mi completa inocencia”, declaró entonces. Una sucesión en medio del caos institucional La caída de Boluarte —aprobada con 122 votos a favor de 130 posibles— se produjo en respuesta a su aparente incapacidad para contener la ola delictiva, simbolizada de modo dramático en el reciente ataque al grupo de cumbia Agua Marina. La ya expresidenta, que había sucedido en el cargo a Pedro Castillo tras su intento de autogolpe, optó por no presentarse a defender su gestión, tachando el proceso de ilegítimo. Con este movimiento, Perú suma su séptimo presidente desde 2018 —tres de ellos destituidos, dos renunciados y solo uno que completó un mandato interino—, en una espiral de inestabilidad que Jerí promete detener. “Debemos sentar las bases de un país que permita la reconciliación entre todos los peruanos”, insistió durante su discurso inaugural. En las redes sociales, donde se define como “abogado y animalista”, Jerí ha construido una imagen de político moderno y accesible. Ahora, desde el palacio de gobierno, le corresponde demostrar que su liderazgo puede traducirse no solo en símbolos, sino en soluciones concretas para un país que clama por orden y esperanza.
José Jerí Oré: La Promesa y el Acuerdo
José Jerí Oré asume la Presidencia de Perú tras la vacancia de Dina Boluarte y anuncia un gobierno de \»empatía y reconciliación nacional\», al tiempo que declara la guerra a la delincuencia y se compromete a garantizar la transparencia de las elecciones de 2026. Por Theo Núñez G. LIMA.— En la madrugada, cuando la ciudad dormía aún con el eco de la turbulencia política, José Jerí Oré juró ante el Pleno del Congreso como nuevo presidente de la República del Perú. Lo hizo con la solemnidad que exige el momento histórico: tras la destitución de Dina Boluarte, y con un mandato constitucional que se extenderá hasta el 28 de julio de 2026, Jerí Oré se presentó no como un vencedor, sino como un restaurador. “Asumo con humildad la Presidencia de la República por sucesión constitucional”, declaró el flamante mandatario, “para instalar y dirigir un gobierno de empatía y de reconciliación nacional”. Con esas palabras, Jerí Oré pareció tender un puente hacia una ciudadanía agotada por la inestabilidad y la desconfianza. Reconoció, con rara franqueza, que el Perú atraviesa una “crisis política constante” marcada por gobiernos truncados, instituciones debilitadas y un pueblo que clama por certidumbre. Fue entonces cuando, en un gesto que no pasó desapercibido, el nuevo presidente pidió perdón. “A todos ellos las disculpas del caso y una promesa: la promesa de comenzar a construir, sentar las bases de un país que permita, justamente, generar una reconciliación entre todos los peruanos”. No especificó a nombre de quién o de qué pedía perdón, pero el simbolismo quedó flotando en el hemiciclo: era el reconocimiento de un sistema que ha fallado reiteradamente. Sin embargo, la promesa de reconciliación no fue la única que pronunció. En un giro enfático, Jerí Oré declaró la guerra a la delincuencia, a la que identificó como “el principal problema del país”. “Para ello tenemos a la Policía Nacional, nuestras Fuerzas Armadas y debemos tener el compromiso de las instituciones del Estado, del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación”, subrayó, “para no solo declararle la guerra a la delincuencia, sino ganarle la guerra de una vez por todas”. El mensaje fue claro: su gobierno combinará el lenguaje de la unidad con la mano firme frente a la inseguridad. En un país donde el crimen organizado y la violencia urbana han minado la calidad de vida, la declaración resonó como un compromiso de fuerza. Jerí Oré también se refirió al proceso electoral de 2026, que deberá realizarse bajo su administración. Asumió el compromiso de garantizar, “con transparencia, la legalidad, limpieza, orden y neutralidad” de los comicios, en un intento por despejar cualquier sospecha sobre intenciones continuistas o manipulaciones del poder. “Hoy estamos en la mira de todo el mundo”, concluyó, “no solamente por la sucesión constitucional que acabamos de evidenciar, sino porque, justamente, nuestro país tiene esa oportunidad para ser el país que siempre debió ser en el continente”. La noche había sido larga, cargada de tensiones y definiciones. Pero al amanecer, con un nuevo presidente en funciones, Perú despierta una vez más con la esperanza —frágil, pero esperanza al fin— de que esta vez la palabra “reconciliación” no sea solo un discurso, sino el principio de una nueva era.
Dina Boluarte: El Ocaso de una Presidenta
El Congreso peruano declara la “incapacidad moral permanente” de Dina Boluarte y la destituye mediante un procedimiento exprés, con 122 votos a favor. La mandataria se negó a asistir al hemiciclo para ejercer su derecho a la defensa. Por Virtudes Álvarez Sampedro LIMA.— La frágil estabilidad política de Perú se quebró este viernes con un golpe de martillo legislativo. El Congreso de la República, en una sesión que pareció conjurar los demonios de la inestabilidad crónica, declaró la “incapacidad moral permanente” de la presidenta Dina Boluarte y la separó del cargo mediante un procedimiento exprés, cuando apenas restaban seis meses para las elecciones generales de 2026. La destitución, fraguada bajo la sombra de cuatro mociones de vacancia presentadas de manera simultánea, se consumó con 122 votos a favor —muy por encima de los 87 requeridos— en un hemiciclo que aguardó en vano la presencia de la mandataria. Boluarte, la primera mujer en asumir la presidencia del país, se rehusó a comparecer para ejercer su derecho a la defensa, tachando el proceso de ilegítimo y carente de garantías. “En consecuencia, ha sido aprobada la vacancia de la presidenta de la República”, anunció con tono solemne el jefe del Legislativo, José Jerí, quien, siguiendo el orden sucesorio previsto en la Constitución, asumió de inmediato la jefatura del Estado ante la ausencia de vicepresidentes. La caída de Boluarte —quien gobernaba desde finales de 2022, cuando sucedió al izquierdista Pedro Castillo tras su fallido intento de autogolpe— no fue un accidente, sino la culminación de una crisis largamente incubada. Las acusaciones de inacción frente a la creciente inseguridad ciudadana y la expansión del crimen organizado sirvieron como coartada final para una bancada legislativa que, irónicamente, había sido su sostén durante la mayor parte de su mandato. Desde el palacio de gobierno, sin embargo, la respuesta fue el silencio activo. A través de sus abogados, la ahora expresidenta esgrimió que no convalidaría un proceso que consideró viciado desde su origen. “El derecho a la defensa, y su preparación dentro de un plazo razonable, es una de ellas”, afirmó en la red social X el letrado Juan Carlos Portugal, acusando al Congreso de haber “renunciado a esta garantía” y consumado “su violación”. Otro de sus defensores, Joseph Campos, ahondó en el argumento: la falta de acceso al contenido específico de las mociones de vacancia imposibilitaba, a su juicio, una defensa técnica sólida. “No en estas condiciones”, zanjó Portugal, en un mensaje que resonó como epitafio de una gestión que nació de la crisis y murió por la fuerza del voto. El proyecto de ley de destitución, leído ante el pleno antes de la votación, declaró la “permanente incapacidad moral” de Boluarte para gobernar, activando de inmediato el mecanismo de sucesión que llevó a Jerí —un derechista con amplio respaldo en la cámara— a la primera magistratura de manera interina. El escenario que se abre a partir de ahora es incierto, país acostumbrado a los vaivenes de su vida política, despide a su quinto mandatario en ocho años. La salida de Boluarte no resuelve, sin embargo, los problemas de fondo: la desconfianza en las instituciones, la fragmentación del poder y la sombra alargada de un Congreso que, una vez más, demostró ser juez y parte en el destino de sus presidentes.
México se posiciona entre los tres primeros lugares del ranking mundial de gastronomía, superando a Francia y Estados Unidos
Por Julio Guzmán Acosta En un cambio sorprendente en el panorama culinario global, México ha logrado ubicarse en el top 3 del prestigioso ranking de Taste Atlas en 2024, superando a potencias gastronómicas como Francia y Estados Unidos. Este hito no solo resalta la riqueza de la cocina mexicana, sino que también subraya el creciente impacto de la gastronomía latinoamericana en el mundo. La cocina mexicana, reconocida por su autenticidad, diversidad y profundo arraigo cultural, combina ingredientes prehispánicos con influencias europeas y modernas. Platos emblemáticos como la cochinita pibil, los tacos, el pozole y otros manjares típicos no solo representan la tradición mexicana, sino que también reflejan el sincretismo culinario que ha definido la gastronomía del país a lo largo de los siglos. Además de su herencia culinaria, México ha destacado por la participación activa de chefs mexicanos en eventos internacionales, llevando la cocina del país a las principales plataformas globales. Este esfuerzo ha permitido que la gastronomía mexicana trascienda fronteras y se consolide como un referente mundial. El ranking de Taste Atlas también ha reconocido a otros países latinoamericanos, confirmando el auge de la región como una potencia gastronómica. Perú, con su ceviche y lomo saltado; Argentina, con sus famosos asados y empanadas; Brasil, con la feijoada y el pão de queijo; y Colombia, con la bandeja paisa y el ajiaco, han demostrado que América Latina ofrece una propuesta culinaria única y diversa. El ascenso de México en el ranking, junto con el reconocimiento a otros países de la región, marca un punto de inflexión para la gastronomía latinoamericana. La combinación de ingredientes frescos, técnicas tradicionales y una narrativa cultural única ha conquistado a los paladares más exigentes del mundo. Con México liderando este movimiento, el futuro se presenta prometedor para una región que ha pasado de ser considerada \»exótica\» a convertirse en un referente esencial en la escena gastronómica global.
El fin de la era Almagro: ¿Una nueva OEA bajo el liderazgo de Ramdin?
La elección de Albert Ramdin como nuevo secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no solo marca el final de la controvertida gestión de Luis Almagro, sino que también representa una oportunidad para que el organismo regional comience a sanar las heridas causadas por años de polarización, desprestigio y sumisión a los intereses de Washington. La llegada de Ramdin, respaldada por países clave como Brasil, México, Colombia y Chile, augura un cambio de rumbo en la OEA, alejándose de la política de alineamiento automático con Estados Unidos y acercándose a una postura más autónoma y equilibrada. El nefasto legado de Almagro Luis Almagro dejará la OEA con un legado marcado por la división y el descrédito. Su gestión, caracterizada por un alineamiento vergonzoso con la política exterior estadounidense, convirtió a la organización en un instrumento de presión y no en un espacio de diálogo y cooperación. Su postura frente a crisis políticas en la región, como las de Bolivia, Perú y Venezuela, fue especialmente reprochable. En Bolivia, Almagro avaló el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, utilizando un informe cuestionable sobre las elecciones como justificación para la ruptura del orden constitucional. En lugar de defender la democracia, la OEA bajo su mando se convirtió en cómplice de un proceso que sumió al país en una profunda crisis política y social. Este episodio no solo manchó la reputación del organismo, sino que también dejó en evidencia su falta de independencia y su servilismo hacia los intereses de Washington. En Perú, la OEA guardó un silencio cómplice ante la crisis desatada tras la destitución del presidente elegido en las urnas, Pedro Castillo en 2022. Mientras las protestas se intensificaban y la represión se recrudecía, Almagro prefirió mirar hacia otro lado, evitando cualquier pronunciamiento firme que defendiera la estabilidad democrática y los derechos humanos. Este comportamiento no hizo más que reforzar la percepción de que la OEA, bajo su liderazgo, era un instrumento al servicio de los poderes fácticos y no de los pueblos. Pero quizás el capítulo más oscuro de la gestión de Almagro fue su obsesión por deslegitimar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. En lugar de actuar como un mediador imparcial, Almagro se convirtió en un vocero de la agenda estadounidense, promoviendo sanciones, aislamiento y una retórica belicista que solo exacerbó la crisis venezolana. Su reconocimiento del autoproclamado Juan Guaidó como \»presidente interino\» en 2019 fue un acto de sumisión política que manchó la reputación de la OEA y la alejó de su mandato original: ser un espacio de diálogo y cooperación entre las naciones del continente. Ramdin: ¿Una nueva esperanza para la OEA? La elección de Albert Ramdin como sucesor de Almagro abre la posibilidad de un nuevo comienzo para la OEA. El hecho de que países como Brasil, México, Colombia y Chile hayan respaldado su candidatura es un indicio claro de que la región busca un cambio de rumbo. Estos gobiernos, junto a otros de centro y centroderecha, así como el apoyo unánime de la Caricom, han enviado un mensaje contundente: la OEA no puede seguir siendo un apéndice de la política exterior estadounidense. Ramdin, un diplomático experimentado y conocido por su capacidad de construir consensos, representa una oportunidad para restaurar la credibilidad del organismo. Su disposición a dialogar con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela contrasta con la postura intransigente de Almagro y sugiere un enfoque más equilibrado y menos ideologizado. Además, su cercanía con China, un actor cada vez más influyente en la región, podría contribuir a un reequilibrio en las relaciones internacionales de la OEA, reduciendo la dependencia histórica de Washington. El desafío de Ramdin: reconstruir la credibilidad de la OEA Sin embargo, el desafío que enfrenta Ramdin es enorme. La OEA no solo necesita recuperar su credibilidad, sino también redefinir su rol en un contexto regional marcado por la fragmentación política, la desigualdad social y la creciente influencia de potencias extracontinentales. Para lograrlo, el nuevo secretario general deberá demostrar independencia, promover el diálogo inclusivo y, sobre todo, resistir las presiones de aquellos que buscan utilizar la OEA como un instrumento de dominación. El apoyo de países clave como Brasil, México, Colombia y Chile a la candidatura de Ramdin augura una nueva dinámica dentro de la OEA. Estos gobiernos, junto a otros de la región, parecen dispuestos a impulsar una agenda más autónoma y menos alineada con las políticas emanadas de Washington. Este giro podría marcar el inicio de una era de no alineamiento en la que la OEA recupere su papel como un espacio de diálogo y cooperación entre iguales, y no como un foro de imposiciones unilaterales. Conclusión En definitiva, la elección de Albert Ramdin representa una oportunidad para dejar atrás el nefasto legado de Almagro y reconstruir la OEA sobre bases más sólidas y democráticas. Sin embargo, el éxito de esta nueva etapa dependerá de la capacidad del nuevo secretario general para navegar en aguas turbulentas y demostrar que la OEA puede ser, por fin, un organismo al servicio de los pueblos de las Américas y no de los intereses de unos pocos. La región está expectante, y el tiempo dirá si Ramdin está a la altura del desafío.
Estados Unidos refuerza su influencia en América Latina en medio de la competencia estratégica con China
Por Julio Guzmán Acosta Un reciente artículo publicado por la revista Foreign Policy ha puesto de relieve el renovado interés de Estados Unidos en América Latina, una región que históricamente ha sido considerada por Washington como su \»patio trasero\». Este enfoque se ha materializado con el nombramiento de funcionarios expertos en la región, como Marco Rubio, Mauricio Claver-Carone, Christopher Landau y Mike Waltz, en altos cargos de la administración Trump. Este movimiento sugiere un giro estratégico hacia el hemisferio occidental, luego de décadas en las que otras regiones del mundo, como Oriente Medio y Asia, acapararon la atención de la política exterior estadounidense. Sin embargo, este retorno no se produce en un vacío geopolítico. Durante la \»ausencia\» de Estados Unidos, China ha consolidado una relación económica y política profunda con los países de América Latina y el Caribe, convirtiéndose en un actor clave en la región. Esta dinámica ha llevado a que América Latina se convierta en un escenario privilegiado de la guerra comercial y estratégica entre las dos superpotencias globales. El discurso de Marco Rubio y la alineación de los países satélites El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido uno de los principales voceros de esta nueva estrategia. En declaraciones recientes, Rubio afirmó que \»los diplomáticos de Estados Unidos han descuidado al hemisferio occidental durante demasiado tiempo\», y que ahora es el momento de prestar mayor atención a la región. Este mensaje ha sido acompañado por acciones concretas, como la alineación de países tradicionalmente cercanos a Washington, como Panamá, Guatemala, Costa Rica y El Salvador, con la nueva postura geopolítica estadounidense. En el caso de Panamá, tras una serie de conversaciones con Rubio, el país decidió abandonar su participación en la iniciativa china de la Franja y la Ruta, un movimiento interpretado como una muestra de la influencia estadounidense en la región. Aunque el gobierno panameño mostró cierta resistencia, finalmente cedió a las presiones de Washington, lo que refleja la capacidad de Estados Unidos para imponer su agenda en países con economías y sistemas políticos dependientes. Perú: un caso paradigmático de la tensión entre Estados Unidos y China Perú se ha convertido en un caso emblemático de las tensiones geopolíticas en la región. A nivel político, el país sigue siendo un aliado tradicional de Estados Unidos, con una clara influencia estadounidense en sus instituciones y políticas internas. La embajada de Estados Unidos en Lima ha mantenido una agenda activa de injerencia en los asuntos internos del país, financiando tanto al partido en el poder como a la oposición a través de agencias como USAID y la Fundación Ford. Esta estrategia ha asegurado la subordinación política de Perú, independientemente de quién ostente el poder. Además, desde mayo de 2023, el Congreso peruano autorizó el despliegue permanente de tropas estadounidenses en su territorio, lo que ha sido interpretado como una ocupación militar de facto. Este movimiento se ha complementado con la modernización del arsenal peruano, reemplazando equipos de origen soviético y ruso por material militar proveniente de Estados Unidos, Israel y la OTAN. Sin embargo, en el ámbito económico, Perú ha desarrollado una relación profunda con China, que se ha convertido en su principal socio comercial. El 36% de las exportaciones peruanas se dirigen al gigante asiático, y las inversiones chinas en el país superan los 30,000 millones de dólares. Proyectos estratégicos en sectores como la minería, la energía y la infraestructura, incluyendo el recientemente inaugurado puerto de Chancay, han consolidado la presencia china en Perú. Este puerto, ubicado al norte de Lima, está llamado a convertirse en el principal hub portuario de América del Sur hacia Asia. La paradoja peruana: entre la dependencia política y la necesidad económica Perú se encuentra en una encrucijada. Por un lado, su dependencia política y militar de Estados Unidos es evidente. Por otro, su economía está profundamente vinculada a China. Esta dualidad ha permitido al país mantener un frágil equilibrio, pero la creciente tensión entre las dos superpotencias podría poner en riesgo esta estabilidad. Durante el primer mandato de Donald Trump, Perú logró sortear las presiones comerciales mientras profundizaba sus relaciones económicas con China. Sin embargo, con una nueva administración estadounidense dispuesta a intensificar la guerra comercial, este equilibrio podría romperse. Funcionarios como Mauricio Claver-Carone, enviado especial del Departamento de Estado para América Latina, ya han amenazado con imponer aranceles del 60% a los productos que pasen por el puerto de Chancay, lo que refleja la disposición de Washington a utilizar medidas coercitivas para proteger sus intereses. El futuro incierto de América Latina en la guerra comercial La situación de Perú es un reflejo de la compleja realidad que enfrenta América Latina en el contexto de la competencia entre Estados Unidos y China. Países como Ecuador, Chile y Perú, cuyas economías dependen en gran medida de las relaciones comerciales con China, pero que están políticamente alineados con Washington, se encuentran en una posición delicada. La falta de una brújula geopolítica clara y la ausencia de políticas soberanas los hacen vulnerables a las presiones externas. En el caso de Perú, a pesar de haber solicitado formar parte de los BRICS (el grupo de economías emergentes integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), sigue siendo un \»caballo de Troya\» de los intereses estadounidenses. La ausencia de una fuerza política nacionalista y de una clase empresarial soberana dificulta la capacidad del país para resistir las presiones de Washington.
México expresa apoyo a Pedro Castillo y denuncia \»injusticia\» en su caso
Por Brendalis Reyes Ciudad de México, 22 de febrero de 2025. — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó hoy su preocupación por la situación del exmandatario peruano Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado en diciembre de 2022, calificando su caso como una \»injusticia\». Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum respondió a preguntas sobre su reunión con el abogado argentino de Castillo, Guido Croxatto, quien busca apoyo internacional para denunciar las violaciones a los derechos humanos del expresidente peruano. La mandataria mexicana señaló que Croxatto enfrenta \»muchas dificultades\» para acceder a su defendido, a quien se refirió como \»el expresidente o presidente, como le queramos llamar\». Sheinbaum afirmó que Croxatto presentará el caso en diversas instancias internacionales para exponer las irregularidades en el proceso contra Castillo. \»Vino a solicitar el apoyo de los embajadores que pudieran estar en estas instancias, dentro del marco de la Constitución de México y nuestras leyes. Le planteamos que, en ese marco, por supuesto que vamos a apoyar. Consideramos que es una injusticia\», declaró. Pedro Castillo, quien llegó a la presidencia de Perú en 2021 tras ganar las elecciones, fue destituido y arrestado en diciembre de 2022 bajo la acusación de intentar disolver el Congreso, un acto que fue considerado por varios sectores políticos y sociales de la región como un golpe de Estado. El expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) también se pronunció en su momento sobre el caso, denunciando que Castillo era víctima de \»fascismo, racismo y clasismo\» en Perú. Además, destacó que el exmandatario fue destituido de manera forzosa y encarcelado injustamente. En diciembre de 2022, Lilia Paredes, esposa de Castillo, y sus dos hijos llegaron a México, donde recibieron asilo político. Desde entonces, las relaciones entre México y Perú se han mantenido en un nivel mínimo, limitándose a la presencia de encargados de negocios. El caso de Pedro Castillo sigue generando controversia internacional, con voces que exigen su liberación y otras que respaldan su destitución. México, bajo el liderazgo de Sheinbaum, ha reiterado su compromiso de apoyar las demandas de justicia dentro del marco legal internacional.