Con el 95% de actas computadas por la ONPE, el candidato de Juntos por el Perú obtiene una ventaja irreversible de 50.1% frente al 49.9% de Keiko Fujimori. El voto del sur andino (75%) y la Amazonía (57.4%) sepulta al fujimorismo, que solo domina en Lima y el norte. La elección reedita el enfrentamiento entre el Perú profundo, que llevó a Pedro Castillo al poder hace cinco años, y una élite limeña que logró encarcelarlo pero no borrar su legado. Sánchez asume como heredero de esa herida abierta, mientras el Congreso hostil y la sombra de la vacancia anuncian un nuevo ciclo de tensión política.
Por Julio Guzmán Acosta
LIMA. – El mapa electoral del Perú ha vuelto a hablar. Y su voz, como en 2021, no viene de las torres de San Isidro ni de los estudios de televisión de Miraflores. Viene desde la puna del Cusco, desde la selva de Ucayali y desde los campos empobrecidos de Cajamarca. Con el 95% de actas computadas, el resultado parece irreversible: Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú (JP), se encamina a la presidencia con un ajustado pero decisivo 50.105% frente al 49.895% de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. El Perú está decidiendo por el derecho a gobernar de sus regiones rurales, indígenas y campesinas. Y cada vez que ese bloque llega al poder, la historia se repite: las élites de Lima lo tratan como una amenaza.
Hace sólo cinco años, la derecha pudo sacar a Pedro Castillo de la presidencia mediante un cerco político, judicial y mediático que terminó con el mandatario encerrado en la prisión de Barbadillo. Pero no logró borrar al Perú profundo que lo llevó hasta ahí. La candidatura de Sánchez, exministro de Comercio Exterior y Turismo del depuesto gobierno castillista, es la demostración electoral de que esa herida jamás cicatrizó. Al momento del cierre de esta edición, el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ratifica la tendencia que horas antes había adelantado el conteo rápido de National Democratic Institute (NDI) / Ipsos, que con un 72.4% de participación proyectaba un 50.3% para Sánchez frente a un 49.7% para Fujimori.
Dos proyectos de país frente a frente
Esta segunda vuelta no enfrentó sólo a dos candidatos. En el fondo, volvió a poner frente a frente dos proyectos de país antagónicos. De un lado, el fujimorismo, expresión de una derecha autoritaria que, como revelan los números, conserva su fortaleza en Lima (63.6%) y en la región norte (52.4%), además de su poder real en el Congreso y en las cámaras empresariales. Del otro, una izquierda nacional-popular que, con Roberto Sánchez, intenta recoger el legado político de Castillo y devolver representación a las regiones rurales, andinas y empobrecidas. Esas regiones que fueron tratadas como una anomalía cuando llevaron a un maestro campesino a la Presidencia.
Los números del sur son contundentes: en la zona andina del sur, JP ganó con un aplastante 75%; en la región oriental amazónica, con 57.4%; y en la zona central, con 51.5%. Keiko Fujimori ganó donde siempre ha ganado la derecha tradicional, pero eso no le alcanzó para vencer a un Perú que se niega a desaparecer del mapa político.
La vacancia como arma: el fantasma de Castillo
El 7 de diciembre de 2022 fue el punto de quiebre. Pero la ofensiva contra el gobierno de Pedro Castillo venía de antes. El entonces presidente enfrentaba una nueva moción de vacancia por “incapacidad moral permanente”, una figura que en Perú se ha convertido en una herramienta de presión política diseñada para condicionar o tumbar gobiernos incómodos. En ese clima, Castillo leyó un mensaje en el que anunció la disolución del Congreso. Sus adversarios lo presentaron como un intento de golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas y la Policía no lo respaldaron. El Congreso declaró su destitución y Castillo fue detenido cuando intentaba dirigirse a la embajada de México.
La justicia peruana cerró la pinza. Castillo fue condenado por conspiración para rebelión, no por rebelión consumada. Junto a él fueron sentenciados Betssy Chávez, entonces presidenta del Consejo de Ministros; Willy Huerta, exministro del Interior; y Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros. Chávez y Huerta recibieron condenas similares a la de Castillo, mientras Torres fue sentenciado a una pena menor. La persecución, sin embargo, no se detuvo en las fronteras peruanas.
México, la embajada en Lima y el conflicto por el asilo
El golpe institucional contra el gobierno de Perú Libre también abrió una crisis diplomática con México. El gobierno mexicano otorgó protección a la familia de Pedro Castillo y concedió asilo a Betssy Chávez, quien se refugió en la embajada mexicana en Lima. El gobierno de facto encabezado por Dina Boluarte respondió con una línea dura: rompió relaciones diplomáticas con México, rechazó la decisión y se negó a conceder el salvoconducto que permitiría a Chávez salir del país. Hasta el día de hoy, la exministra permanece asediada bajo vigilancia, presión pública y una disputa jurídica destinada a impedir que el asilo tenga efectos reales.
Roberto Sánchez: el regreso electoral del Perú popular
Roberto Sánchez aparece ahora como la expresión electoral de esa memoria viva. Exministro de Castillo, dirigente de Juntos por el Perú, logró articular una candidatura que recuperó el voto rural, andino y popular. Su avance frente a Keiko Fujimori no puede leerse como una sorpresa electoral: es la demostración de que el Perú que apoyó a Castillo no desapareció con su encarcelamiento. Sánchez retomó símbolos castillistas y prometió revisar la situación del expresidente mediante mecanismos legales, pero al mismo tiempo buscó ampliar su base con mensajes de estabilidad, gobernabilidad y atención al deterioro social. Su principal desafío ha sido sostener el reclamo de justicia para Castillo sin quedar atrapado en la caricatura de radicalidad que el fujimorismo intenta imponer.
Keiko Fujimori, por su parte, no es sólo una candidata conservadora que busca por cuarta vez la Presidencia. Es la heredera del autoritarismo, el neoliberalismo duro y de una derecha que ha sabido convertir el Congreso en una trinchera de bloqueo. El fujimorismo perdió en 2021 contra Castillo, pero mantuvo su influencia parlamentaria y su capacidad para empujar el cerco contra el gobierno que le había arrebatado el poder en las urnas.
Un futuro de tensión anunciada
Incluso si Sánchez logra imponerse –y todo indica que así será–, el futuro no será sencillo. Perú tiene un Congreso fragmentado, hostil y entrenado en la censura, la vacancia y el desgaste del Ejecutivo. El riesgo es evidente: esta elección no resolverá automáticamente la crisis peruana; la llevará otra vez al centro del Estado. El fondo del conflicto sigue siendo el mismo: Perú debe decidir si el país rural, indígena, campesino y popular tiene derecho real a gobernar, o si cada vez que ese bloque llega al poder será tratado como una amenaza.
Castillo fue encarcelado. Su entorno, perseguido. La embajada mexicana, convertida en punto de presión diplomática. Pero la candidatura de Roberto Sánchez muestra que la historia no terminó con la prisión de Barbadillo. La derecha pudo sacar a Castillo del Palacio de Gobierno, pero no logró borrar al Perú profundo que lo llevó hasta ahí. Ahora, ese Perú vuelve a presentarse en la puerta del poder. Y la pregunta, una vez más, es si esta vez lo dejarán entrar.
