450 voces de la justicia contra el abandono institucional
Hay una verdad incómoda que el poder prefiere no mirar: en la República Dominicana, quienes administran justicia viven en condiciones indígenas. Y no es una metáfora. Es la descripción cruda de un abandono que lleva años institucionalizado, silenciado bajo el peso de discursos huecos y árboles de Navidad de once millones de pesos. 450 jueces y juezas —450— han dicho basta. No lo hicieron desde el estrado, ni con la solemnidad de una sentencia. Lo hicieron en la calle, frente a sus propios palacios de justicia, con un paro indefinido que ha sacudido los cimientos de un Poder Judicial que se ufana de tener como lema: “Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas”. Pero, ¿qué dignidad puede garantizarse cuando quienes la sirven trabajan de noche en sus casas, enferman de cáncer o sufren derrames cerebrales por la presión laboral, y renuncian en masa porque el salario no alcanza? La respuesta es ninguna. El Consejo del Poder Judicial y, por extensión, el gobierno que lo tutela y lo financia, han convertido la administración de justicia en una fachada. Mientras los tribunales se caen a pedazos, mientras faltan jueces y personal de apoyo, mientras la seguridad es una ficción y la carga laboral aplasta a magistrados y servidores, las altas instancias derrochan el presupuesto en viajes, hospedajes, restaurantes, publicidad, eventos, influencers y un árbol navideño que costó lo que cientos de familias ganan en un año. Esa no es solo una contradicción. Es una ofensa. Y, peor aún, es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción. Porque cuando un juez no tiene condiciones dignas, cuando su salario es precario, cuando su infraestructura es un cascarón abandonado y su carga laboral es inhumana, el sistema entero queda expuesto. No hace falta maldad intencionada para que la justicia se corrompa. Basta con el abandono. Basta con que el Estado le diga a quienes imparten justicia: “Ustedes no importan”. En ese vacío, en esa indiferencia, germinan los sobornos, los favores, las presiones silenciosas y la complicidad del cansancio. Un juez agotado, mal pagado y sin respaldo institucional es un juez vulnerable. Un personal administrativo que trabaja en la precariedad es un personal fácilmente presionable. Y un Poder Judicial que gasta millones en superficialidades mientras sus bases se desangran es un Poder Judicial que ha perdido la brújula moral. Los jueces manifestantes lo dijeron con claridad meridiana: “No puede haber justicia verdadera donde quienes la sirven son tratados con indiferencia. No puede haber Estado de Derecho donde el derecho se aplica a todos menos a quienes lo custodian”. Esas no son palabras de un gremio enojado. Son la constatación de un fracaso institucional. El gobierno y el Consejo del Poder Judicial tienen ahora una encrucijada. Pueden seguir apostando por las evasivas, las promesas sin fecha, las hojas de ruta sin plazos y los diagnósticos interminables. O pueden entender que la paciencia de quienes cargan el sistema en sus hombros se ha agotado. Los jueces no piden lujos. Piden lo mínimo: personal, salarios dignos, infraestructura, seguridad. Piden que no se gasten once millones en un árbol de Navidad mientras ellos trabajan de noche en sus casas. Desde umbral.local/ lo decimos sin ambages: el abandono de los jueces y servidores judiciales no es un problema gremial. Es un problema de Estado. Y mientras no se resuelva, la justicia dominicana seguirá cojeando, y la corrupción encontrará siempre una puerta entreabierta. Los 450 jueces que paralizaron los tribunales no están pidiendo un favor. Están exigiendo un derecho. Y la sociedad entera debería respaldarlos, porque una justicia digna no es un privilegio de quienes la imparten: es la única garantía de que algún día, todos los dominicanos podamos creer en ella. El silencio ya se rompió. Ahora falta que los hechos hablen.
¡Basta de sacerdocio prostituido! Jueces estallan en San Pedro de Macorís y revelan: cáncer, derrames cerebrales y noches sin familia por las malas condiciones
Decenas de jueces, servidores judiciales, Ministerio Público y abogados paralizaron audiencias en San Pedro de Macorís. En un manifiesto leído frente al Palacio de Justicia, denunciaron falta de personal, salarios precarios, carga laboral excesiva, infraestructura abandonada y renuncias masivas. Una jueza advirtió que la presión ha provocado enfermedades graves y renuncias, y calificó de “prostituido” el ideal del sacerdocio judicial. Por Virtudes Álvarez Sampedro San Pedro de Macorís.– No hubo voces de alguaciles anunciando audiencias, ni pasos apresurados de secretarios, ni el rumor contenido de los pasillos. Este jueves, el Palacio de Justicia de esta ciudad amaneció en un silencio que no era quietud, sino deliberación. Decenas de jueces, juezas y servidores judiciales, respaldados por el Ministerio Público y la seccional local del Colegio de Abogados, cancelaron todas las audiencias de las diferentes salas y se congregaron frente a la sede judicial. No portaban togas para juzgar a otros. Vinieron a pedir justicia para sí mismos. La magistrada Andrea Corcino Cueto, jueza en funciones de la Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, fue la voz designada para leer el manifiesto. Con la cadencia de quien ha repetido estas carencias en informes y solicitudes, enumeró los males que bordean la realidad actual: falta de personal y de jueces, baja remuneración salarial, carga de trabajo excesiva, renuncia masiva del personal administrativo, deterioro y abandono de la infraestructura de muchos tribunales del país, y la ausencia de seguridad tanto en los palacios de justicia como para quienes los sirven. “Se configura así una larga lista de carencias que debemos sortear día a día en el ejercicio de nuestras funciones”, sostuvo Corcino Cueto, “carencias que se entrelazan entre sí, provocando otras situaciones cada vez más graves y alarmantes”. Detrás de esas palabras hay historias que los expedientes no registran. La jueza Gissel Fernández, de la Segunda Sala Civil del Departamento Judicial de esta ciudad, las trajo a la luz con una crudeza que no admite indiferencia. “Esta es una situación difícil”, dijo Fernández. “Hemos tenido jueces que han sido declarados con cáncer, otros han tenido derrame cerebral. Muchos han renunciado por la presión de las malas condiciones de trabajo”. La magistrada describió una realidad que el ciudadano común no alcanza a ver: jueces que para mantener sus tribunales al día trabajan de noche en sus casas, robándole horas al sueño y tiempo a sus familias. “Para nosotros, mantener nuestros tribunales al día, tenemos que trabajar de noche en la casa, quitándole ese tiempo a nuestra familia”, expresó con la voz entre la denuncia y la fatiga. Uno de los puntos más álgidos del paro en esta jurisdicción fue la reacción ante la propuesta institucional de retirar del Poder Judicial a 322 jueces. Fernández fue contundente: “Eso no funciona. Las máquinas no pueden analizar un proceso y dar decisiones. Esas son funciones de los jueces. Somos nosotros quienes cargamos el sistema en nuestros hombros, y lo hacemos porque nos debemos a nuestros usuarios”. Reconoció que la labor judicial ha sido vivida tradicionalmente como un sacerdocio, una entrega que trasciende el horario y el salario. Pero agregó, con una palabra que resonó con fuerza entre los presentes: “En esta administración, eso se ha prostituido”. La protesta, que se replicó a nivel nacional, tuvo en San Pedro de Macorís un matiz de unidad poco común. No solo jueces y servidores: el Ministerio Público y el Colegio de Abogados se sumaron al paro de audiencias, enviando una señal clara a las altas instancias del Poder Judicial de que el malestar ha dejado de ser gremial para convertirse en sistémico. Las necesidades, resumió Fernández, están radicadas en mejores condiciones de trabajo, personal de apoyo y más jueces para hacer más efectivas sus labores. Exigen ser escuchados. Exigen soluciones a todas las necesidades que, según dijeron, vienen presentando desde el 2022. El silencio de los estrados de San Pedro de Macorís fue, este jueves, elocuente. Y mientras los jueces se mantenían firmes frente a su propio templo de justicia, quedó en el aire la advertencia implícita: el sacerdocio tiene un límite, y la dignidad, un precio que ya no están dispuestos a seguir pagando en silencio.