El fantasma de Duarte recorre San Isidro: ¿Celebramos 182 años de libertad o asistimos a su progresiva entrega?
En el mismo suelo que los Trinitarios liberaron con sangre y sacrificio, hoy ondean banderas extranjeras junto a fusiles foráneos. Mientras la nación conmemora su independencia, una presencia militar estadounidense se consolida en puntos estratégicos del país, levantando sospechas sobre una nueva forma de dominación. Por Julio Guzman Acosta Santo Domingo, 27 de febrero – Es un día de banderas en cada balcón y de discursos en cada tribuna. De rendición de cuentas del primer mandatario de la nación. La República Dominicana despierta engalanada para celebrar el 182 aniversario de la gesta que la vio nacer como nación libre. Los ecos del trabucazo de Mella resuenan todavía en la Puerta del Conde, y en el Altar de la Patria, las ofrendas florales rinden tributo a Duarte, Sánchez y Mella. Afuera, el pueblo corea el himno y los cadetes marchan con paso firme. Es la estampa clásica de la dominicanidad, el rito laico de una República que se sabe hija del sacrificio. Pero bajo el manto de la celebración, una sombra alargada y silenciosa se proyecta sobre el territorio que aquellos jóvenes soñadores liberaron de las garras de la ocupación. A pocos kilómetros del bullicio festivo, en la base aérea de San Isidro y en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), el olor a pólvora conmemorativa se mezcla con un aire distinto: el de una presencia armada que no responde al pabellón tricolor. Fuentes de inteligencia y testimonios de trabajadores aeroportuarios confirman lo que en los círculos patrióticos se susurra con creciente alarma: personal militar de los Estados Unidos, con equipos y logística de combate, opera con una naturalidad pasmosa en dos de los puntos más sensibles para la soberanía nacional. No son ejercicios puntuales ni visitas de cortesía. Es una instalación de facto que, al amparo de acuerdos opacos y de la política de puertas abiertas del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que encabeza Luis Abinader, convierte el suelo dominicano en una extensión de la estrategia militar norteamericana para la región. ¿Qué diría Juan Pablo Duarte, el visionario que fundó La Trinitaria para arrancar este pueblo de cualquier yugo extranjero, si viera que su \»Quisqueya la bella\» se ha convertido en una plataforma logística para potencias foráneas? La pregunta retumba en el silencio cómplice de los pasillos del poder. Los Trinitarios, aquellos jóvenes idealistas que lo dieron todo por el principio de \»Dios, Patria y Libertad\», jamás habrían permitido que su territorio fuera usado como base para agredir a otros pueblos hermanos, ni como moneda de cambio en juegos geopolíticos que nada tienen que ver con el interés nacional. Hoy, 27 de febrero, mientras los oradores ensalzan la valentía de los Padres Fundadores y se lanzan cohetes al aire, la independencia dominicana sufre una vulneración silenciosa, pero letal. No se trata de una invasión con cascos y bayonetas, como la de 1965, sino de una cesión solapada de soberanía, una entrega consentida de lo que tanto costó ganar. La historia nos juzgará no por cómo celebramos nuestra independencia, sino por cómo la defendemos cuando no está en juego una batalla, sino la esencia misma de la nación. Porque un pueblo que permite que otros decidan su destino y ocupen su suelo, aunque sea en nombre de la \»cooperación\», ha traicionado el legado de quienes hace 182 años soñaron con una República verdaderamente libre y soberana. El trabucazo de esta noche es un llamado a la historia; ojalá no se convierta en el lamento de una Patria que se apaga.
Soberanía herida: izquierda convoca marcha en repudio al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba
Seis organizaciones políticas y movimientos sociales llaman a una movilización nacional el domingo 22 de febrero para exigir la salida de las tropas estadounidenses del territorio dominicano y denunciar el cerco económico que Washington impone a Cuba, en un acto que conjugará la memoria patriótica de Duarte y Caamaño con la solidaridad internacionalista Por Brendalis Reyes SANTO DOMINGO. — La historia, cuando se niega a ser polvo en los archivos, suele buscar las calles para recordar a los vivos lo que los muertos prometieron. Y en este mes de la Patria, cuando la memoria de Juan Pablo Duarte y la gesta de Playa Caracoles aún vibran en el calendario, las izquierdas dominicanas han decidido que la mejor forma de honrar a los héroes es denunciar a los que, a su juicio, siguen amenazando la soberanía desde el Norte. El próximo domingo 22 de febrero, una marcha nacional convocada por seis organizaciones políticas —Partido Comunista del Trabajo (PCT), Movimiento Popular Dominicano (MPD), Movimiento Caamañista (MC), Fuerza de la Revolución (FR), Partido Patria Para Todos/as (PPT) y Referente de la Izquierda Dominicana (RID)— recorrerá las calles de la capital con una consigna que es, a la vez, un diagnóstico y una acusación: el bloqueo de Estados Unidos a Cuba no es una disputa entre gobiernos lejanos, sino una herida abierta en el corazón del Caribe que exige respuesta de los pueblos. En rueda de prensa celebrada por los convocantes, la voz del dirigente Narciso Isa Conde se alzó como portavoz del colectivo para explicar que la movilización se inscribe en la conmemoración del Mes de la Patria, ese tiempo litúrgico donde confluyen la fundación de la Trinitaria y el desembarco de Francisco Alberto Caamaño en 1973. \»Por el rescate de la soberanía nacional, por el derecho a la autodeterminación y los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de nuestro pueblo, sistemáticamente pisoteados\», leyó Isa Conde ante los micrófonos, \»hemos decidido convocar una marcha nacional\». La convocatoria, sin embargo, no se agota en la denuncia local. En el corazón de las proclamas late una solidaridad activa con Cuba, esa isla vecina que sobrelleva desde 1959 un bloqueo económico, comercial y financiero que la administración Trump ha recrudecido en los últimos meses con medidas que el embajador cubano en Brasil, Adolfo Curbelo Castellanos, no ha dudado en calificar de \»genocidas\» . La más reciente orden ejecutiva, firmada el 29 de enero, clasifica a Cuba como \»amenaza inusual y extraordinaria\» y amenaza con aranceles a cualquier país que le venda combustible, en un intento por asfixiar completamente la economía de la isla . \»No se trata solo de un conflicto bilateral\», advierten los convocantes. \»Es una política que viola los derechos humanos del pueblo cubano y que cuenta, para su aplicación, con la complicidad silenciosa de gobiernos que permiten la presencia militar estadounidense en nuestros territorios\». La referencia apunta directamente a la autorización que el presidente Luis Abinader concedió en noviembre de 2025 para que el Comando Sur utilizara áreas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas como base logística de la Operación Southern Spear . Aunque esa presencia física se haya reducido en las últimas semanas, los organizadores de la marcha denuncian que la \»guerra silenciosa\» continúa: drones, vigilancia algorítmica y grupos de ataque navales mantienen el Caribe bajo control estadounidense . Por eso, la marcha exigirá no solo el fin del bloqueo a Cuba, sino también la salida definitiva de las tropas extranjeras de puertos, aeropuertos, mares, costas y fronteras dominicanas. El recorrido, minuciosamente trazado, tiene la geografía de la memoria. Partirá a las 9:30 de la mañana desde la Plazoleta La Trinitaria, en la cabecera del Puente Duarte, para atravesar los sectores de Villa Francisca, San Antón, San Miguel, San Lázaro, la Ciudad Colonial y la calle El Conde, hasta concluir frente a la estatua de Caamaño en el Parque Independencia. Será, prometen los convocantes, una marcha dedicada a Duarte, a Caamaño y a Luperón, pero también una protesta \»contra la corruptela, el saqueo, la usura bancaria, la explotación y la impunidad; contra las brutales desigualdades sociales, la privatización, el deterioro de los servicios públicos, la depredación ambiental y el robo del patrimonio público y natural del país\». En la lista de demandas, extensa como un pliego de pobrezas acumuladas, figuran el salario digno, la salud y educación públicas, la seguridad social universal, viviendas confortables para el pueblo humilde, la despenalización de las tres causales, el alto a la violencia de género y al racismo, el respeto a los derechos de jóvenes y niños, y la defensa del agua y la vida. Pero el énfasis final, el que da sentido a la convocatoria en el concierto de las naciones, es la solidaridad con los pueblos que, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, México y Palestina, enfrentan lo que las izquierdas denominan \»la arrogancia imperial\». Mientras tanto, en La Habana, las medidas de austeridad se extreman: apagones prolongados, semanas laborales acortadas, universidades cerradas, vuelos cancelados . El gobierno cubano ha priorizado la instalación de paneles solares —casi mil megavatios en el último año— y la protección de hospitales y escuelas, pero el déficit energético sigue siendo agudo . \»Sin energía, todo queda comprometido\», ha denunciado el embajador Curbelo. \»Lo que han hecho es condenar al pueblo cubano al exterminio\» . El domingo, cuando los manifestantes caminen desde el puente Duarte hasta la estatua de Caamaño, llevarán en sus pancartas esa denuncia. Y quizás, en el eco de sus consignas, resuene la advertencia de José Martí que el diplomático cubano recordó en Brasilia: \»Hacer es la mejor manera de decir\». En las calles de Santo Domingo, este 22 de febrero, la solidaridad dejará de ser palabra para volverse paso.
Claudia Sheinbaum Habla Claro: ¡México No Se Doblega!
En el santuario cívico de Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum lanza un grito de soberanía contra las presiones de Washington, enarbolando la Constitución de 1917 como escudo frente a lo que califica como un nuevo intento de sometimiento económico y militar. Por Julio Guzmán Acosta QUERÉTARO, México.— El Teatro de la República guarda un silencio espeso, cargado de historia. Entre sus paredes ondea el fantasma de 1917, cuando se firmó la Carta Magna que le arrebató privilegios al porfiriato para dárselos al pueblo. Este 5 de febrero de 2026, 109 años después, la escena se repite con un elenco distinto pero un guion similar. En el mismo escenario, frente a la flor y nata del poder mexicano —los presidentes de la Corte, del Congreso, los 31 gobernadores—, la presidenta Claudia Sheinbaum pronuncia una frase que no es solo un lema, sino un dardo dirigido al norte: “México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”. Cada palabra parece calculada para resonar más allá del teatro, para cruzar la frontera y llegar a los oídos de una administración estadounidense que, bajo el mandato de Donald Trump, ha multiplicado las presiones: amenazas arancelarias, exigencias de que tropas extranjeras persigan a cárteles en suelo mexicano, revisiones agresivas del tratado comercial TMEC. Sheinbaum, con la Constitución en la mano como un talismán, no habla solo de conmemoración. Habla de guerra fría comercial, de soberanía asediada. El discurso: una línea en la arena Su voz, pausada pero firme, recorre las reformas de lo que llama la Cuarta Transformación: las 22 enmiendas constitucionales y más de 50 reformas legales aprobadas entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025. Cada cambio, dice, es un “rescate”. Cita el artículo 40, reformado para blindar al país contra “intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero”, y lo lee completo, como quien muestra un escudo. Habla de la reforma energética que “recupera” Pemex y la CFE, de la reforma judicial que instaura la elección popular de jueces, del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Pero el núcleo de su mensaje no está en lo hecho, sino en lo que se rechaza. Traza una línea histórica clara: 36 años de neoliberalismo versus 7 años de transformación. Describe aquel pasado con detalles concretos y dolorosos: la privatización de ferrocarriles, puertos, cárceles; la entrega del petróleo y la electricidad; la condonación de impuestos a grandes fortunas mientras se cobraba a los más pobres; las pensiones y hasta las guarderías en manos privadas. “México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción”, sentencia. “México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie”. El contexto: un cerco que se estrecha La crudeza del discurso solo se entiende al medir la presión exterior. Trump no es un adversario retórico; es una realidad geopolítica. Su amenaza de imponer aranceles al petróleo que exporte cualquier país a Cuba ya obligó a México a suspender temporalmente sus envíos de crudo a la isla. La revisión del TMEC se ha convertido en un pulso donde Washington exige desmantelar lo que considera “barreras” comerciales, muchas de ellas, políticas públicas sociales de la actual administración. Y sobre todo, está la exigencia —incesante, pública— de permitir operaciones militares estadounidenses en territorio mexicano contra los cárteles, una petición que para aquí suena a violación flagrante de la soberanía. Sheinbaum, por tanto, no habla al vacío. Habla a un país que siente el acoso y a un poder estadounidense que escucha. Su mensaje es a la vez interno y externo: una proclama de unidad nacional frente a la “injerenza” y una advertencia a Washington de que la mesa de negociación tiene límites. La escena: un país en un teatro El simbolismo del acto es total. En el mismo sitio donde Venustiano Carranza promulgó la Constitución que nacionalizó el subsuelo y consagró los derechos sociales, Sheinbaum se presenta como heredera de esa tradición “antientreguista”. A su lado, el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguila Ortiz, inicia su intervención en mixteco —un gesto potente de la “nueva época”— y el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, le dice: “No está sola, presidenta”. Es un coro de poderes alineados, una foto de unidad institucional que busca proyectar fuerza hacia fuera y cohesión hacia dentro. La crónica de una soberanía declarada Lo que se vivió en Querétaro trasciende el aniversario. Fue la ratificación de una doctrina de política exterior nacida del nacionalismo revolucionario, pero recalibrada para los desafíos del siglo XXI: la integración comercial sí, pero no a cualquier precio; la cooperación en seguridad, pero sin cedulaje de la soberanía territorial. Sheinbaum no solo conmemoró un texto; lo reactivó como arma de disputa en un momento de máxima tensión bilateral. Al final, entre aplausos, la frase queda flotando en el aire del histórico teatro: “México no se vende”. Es una afirmación, una defensa y, quizás, también un presentimiento de las batallas que vienen. En el difícil ajedrez con Trump, Sheinbaum acaba de mover su reina. Y la ha colocado sobre la casilla de la soberanía. El mensaje está enviado. Ahora, el mundo observa la respuesta.
Tensión en el Golfo: Jameneí Advierte con Guerra Regional mientras Teherán Afila sus Espadas Diplomáticas
En el aniversario del regreso del ayatolá Jomeiní, el Líder Supremo Alí Jameneí respondió a las amenazas de Washington con una advertencia solemne: cualquier agresión estadounidense desencadenará un conflicto de proporciones regionales. En un discurso que combinó desafío estratégico y narrativa interna, calificó las protestas de enero como un “intento de golpe de Estado”, justificando la dura represión, mientras desde la presidencia se enviaban señales contradictorias de apertura diplomática, dejando al descubierto el complejo tablero de ajedrez geopolítico entre Teherán y Washington. Por Virtudes Álvarez Sampedro TEHERÁN. – Bajo la cúpula dorada del mausoleo de Jomeiní, donde el mármol frío guarda el silencio fundacional de la República Islámica, las palabras del Líder Supremo, Alí Jameneí, resonaron este domingo no como un mero discurso conmemorativo, sino como un parteaguas estratégico dirigido a dos audiencias: un pueblo iraní cuya resiliencia se pone a prueba y un Occidente cuya paciencia se agota. Con la solemnidad que otorga el peso de cuatro décadas de poder, Jameneí trazó una línea roja en la arena del Golfo Pérsico, advirtiendo que las amenazas provenientes de Washington no suscitan temor, sino la promesa de una escalada calculada. “Si inician una guerra, esta vez será una guerra regional”, sentenció, elevando la apuesta en un conflicto que hasta ahora se libraba en los márgenes de la diplomacia y la guerra subsidiaria. El contexto de la advertencia no es trivial. Coincide con el despliegue de la flota estadounidense, encabezada por el portaaviones Abraham Lincoln, cuyas siluetas se recortan como sombras amenazadoras en las aguas internacionales cercanas. Frente a esta demostración de fuerza, la respuesta iraní ha sido un ejercicio de dualidad clásica: por un lado, la mano extendida de la presidencia, con Masud Pezeshkian afirmando en su conversación con Egipto que la guerra “no es del interés de Teherán ni de Washington”; por el otro, el puño cerrado del establishment revolucionario, con la Guardia Revolucionaria anunciando “planes de acción” listos para cualquier escenario hostil. Esta coreografía calculada entre la realpolitik y el principio revolucionario define la esencia del régimen: una disposición al diálogo siempre y cuando no se cuestionen los pilares de su soberanía, especialmente su programa de misiles y su arquitectura de seguridad. Sin embargo, el discurso de Jameneí reservó su tono más sombrío para el frente interno. Al calificar las protestas de finales del año pasado –aquellas que sacudieron con un raro estremecimiento de descontento las calles de varias ciudades– como un “intento similar a un golpe de Estado”, el Líder Supremo no solo buscó justificar la consiguiente y sangrienta represión, cuyas cifras oscilan, según la fuente, entre los tres y los casi siete mil fallecidos. También intentó tejer una narrativa de resistencia nacional frente a lo que presentó como una conspiración extranjera, urdida por “el señor Trump” y sus aliados. Al situar el levantamiento popular en el terreno de la agresión externa, Jameneí transforma la disidencia doméstica en un capítulo más de la épica de asedio que fortalece, desde 1979, la legitimidad del sistema. Este momento constituye, pues, un delicado equilibrio en el alambre. Por un lado, el presidente Trump, cuya retórica oscila entre la bravata militar y el deseo declarado de “alcanzar un acuerdo”, parece explorar los límites de la presión máxima. Por el otro, Teherán, consciente de su capacidad para inflamar toda la región desde Yemen hasta Líbano, juega su carta más poderosa: la amenaza creíble de una conflagración que trascendería, por mucho, las fronteras del conflicto bilateral. La advertencia de Jameneí no es un arrebato, sino un recordatorio geopolítico: en el laberinto persa, la puerta de la negociación permanece entreabierta, pero cruzarla requiere reconocer que Irán no es un actor aislado, sino el eje potencial de una tormenta que podría redibujar el mapa de Oriente Medio. La elegancia de la postura iraní reside, en última instancia, en esta capacidad para proyectar una serena determinación. Mientras los portaaviones patrullan a lo lejos, Teherán conmemora su historia revolucionaria, consolida su narrativa interna y envía un mensaje tallado en la ambigüedad del poder: están preparados para la mesa de diálogo, pero también, y sobre todo, para el campo de batalla. El próximo movimiento, ahora, corresponde a Washington.
La Línea Tensa: Petro y Trump Buscan un Diálogo en Medio de la Tormenta
Tras días de amenazas veladas de intervención y acusaciones de narcogobierno, el llamado de 40 minutos revela la profunda crisis desatada por actores internos que, según Petro, intoxicaron a Trump para socavar la soberanía colombiana y repetir el guion venezolano. Por Servicios umbral.local/ BOGOTÁ.– En el filo de la navaja diplomática y bajo la sombra alargada de los misiles que cayeron sobre Caracas, los presidentes de Colombia y Estados Unidos entablaron este miércoles una conversación telefónica de más de 40 minutos, buscando una tregua a la peligrosa escalada verbal que amenazaba con incendiar la relación bilateral. Gustavo Petro y Donald Trump hablaron por primera vez desde que el sábado pasado la operación militar estadounidense que secuestró al mandatario venezolano Nicolás Maduro tensara al máximo los hilos de la geopolítica regional y desatara una guerra de declaraciones sin precedentes entre los dos aliados históricos. El diálogo, confirmado a EFE por fuentes de la Cancillería colombiana, ocurrió en un contexto envenenado por las graves acusaciones lanzadas por Trump el pasado domingo. A bordo del Air Force One, el mandatario republicano afirmó que Colombia está “gobernada por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”, agregando, ante la pregunta de una posible operación similar a la venezolana en suelo colombiano, un ominoso “a mí me suena bien eso”. Frente a una Plaza de Bolívar abarrotada en una concentración “en defensa de la soberanía”, Petro reveló hoy que el llamado presidencial modificó incluso el tono del discurso que tenía preparado. “En medio del debate de estos dos, tres días que se ha desatado, hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro”, confesó el mandatario colombiano, en una clara alusión al contenido de la conversación con Trump. Más allá de la búsqueda de desescalar la crisis, Petro utilizó su tribuna para lanzar una grave acusación: la raíz del enfrentamiento no estaría en un análisis objetivo de Washington, sino en una campaña de intoxicación por parte de sus enemigos internos. Según el presidente, “políticos que son responsables de tener relaciones con el narcotráfico y de haber hecho trizas la paz de Colombia, engañaron a Trump”. El objetivo de estos actores, señaló, habría sido vincularlo falsamente con mafias del narcotráfico para enemistarlo con la Casa Blanca y provocar la crisis. “Pues esos mismos son los responsables de esta crisis, llamémosla diplomática por ahora, verbal, por ahora, que ha estallado entre Estados Unidos y Colombia”, subrayó Petro con firmeza. El mandatario fue más allá en su advertencia, sugiriendo que estos sectores oscuros no solo buscan la ruptura diplomática, sino un desenlace violento. “Parece que quisieran que llegaran los helicópteros aquí como en Caracas y nos tiraran unos misilazos”, afirmó, en una referencia directa y escalofriante al operativo militar del sábado en la capital venezolana. La reacción inicial de Petro a las amenazas de Trump había sido de una contundencia histórica, evocando su pasado guerrillero en el M-19 al afirmar que, de ser necesario, “volvería a tomar las armas” para defender la soberanía nacional de una “amenaza ilegítima”. Sus palabras resonaron como un eco del soberanismo más radical y marcaron un punto de no retorno retórico. Tras la llamada, desde el bando estadounidense se filtró que Trump “contempla reunirse” con Petro para abordar las tensiones, un gesto que podría interpretarse como una válvula de escape a la presión. Sin embargo, la sombra de las acusaciones de narcogobierno y la amenaza velada de intervención, ahora atribuidas por Petro a una conspiración interna, dejan un terreno minado. El diálogo de 40 minutos ha abierto una rendija, pero no ha disipado la tormenta. Lo que queda sobre la mesa es una crisis de confianza monumental, alimentada por la injerencia, las acusaciones cruzadas y el espectro de Caracas proyectándose sobre Bogotá. La relación entre Colombia y Estados Unidos, un pilar de la política hemisférica durante décadas, se encuentra hoy en su momento más frágil y peligroso, con un presidente colombiano que asegura estar luchando tanto contra sus enemigos domésticos como contra la potencia que los alienta.
La Farsa Jurídica del Imperio: El \’Cartel de los Soles\’, un Fantasma Mediático que la Justicia Estadounidense no se Atreve a Presentar ante un Juez
La nueva acusación del Departamento de Justicia, dirigida por abogados personales de Trump, abandona la narrativa de una organización terrorista estructurada y recurre a vagas \»culturas de corrupción\», exponiendo que la principal justificación para la agresión contra Venezuela era un castillo de naipes probatorio, fabricado en redacciones periodísticas y alimentado por testigos pagados. Por Servicios umbral.local/ En el teatro sombrío de la lawfare—la guerra jurídica como instrumento geopolítico—un protagonista crucial ha desaparecido abruptamente del guion. Se trata del llamado “Cartel de los Soles”, esa entelequia presentada durante años por Washington y sus medios afines como la encarnación del “narcoestado” venezolano, el monstruo que justificaba sanciones asfixiantes, designaciones terroristas y, finalmente, la operación militar y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, en la acusación formal sustitutiva presentada ante el juez Alvin Hellerstein de Nueva York, los fiscales del Departamento de Justicia—ahora liderados por los antiguos abogados personales de Donald Trump, Pam Bondi y Todd Blanche—han ejecutado un viraje probatorio de profundas implicaciones. El documento judicial, que acusa a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, de conspiración para el narcoterrorismo y tráfico de cocaína, evita por completo imputar al presidente la jefatura de una organización criminal estructurada. En un ejercicio de ambigüedad calculada, los fiscales reducen el “Cartel de los Soles” a un “sistema clientelar” y una “cultura de corrupción” que Maduro habría “participado, perpetuado y protegido”. Esta dilución semántica es diametralmente opuesta a la acusación de 2020, en el Distrito Sur de Nueva York, donde el cartel era nombrado 32 veces y Maduro señalado explícitamente como su líder. El abismo entre el estruendo político y el silencio judicial es ensordecedor. Como señala Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina del International Crisis Group, este cambio “pone en tela de juicio la designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera”, calificación empleada para equipararlo a Al-Qaeda y así legitimar acciones de fuerza extrema. “Las designaciones no tienen que demostrarse en un tribunal. Claramente, sabían que no podían probarlo en un tribunal”, sentencia Dickinson, desnudando el núcleo de la estrategia: una narratura para el consumo político y mediático, demasiado frágil para el escrutinio de un proceso legal. La acusación, que abarca el período 2000-2025, se sostiene sobre un andamiaje de testigos cooperantes—figuras como el exjefe de inteligencia Hugo “el Pollo” Carvajal, conocido por sus fabulaciones en cortes españolas, o el exgeneral Cliver Alcalá Cordones, organizador de la fallida Operación Gedeón—, interceptaciones telefónicas y registros financieros. Vincula a altos funcionarios chavistas con las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua. Sin embargo, la “prueba reina” de esta conexión sería una sola llamada telefónica donde se habla de custodiar cargamentos. El origen del mito no está en un sumario policial, sino en una redacción periodística. Fue el corresponsal del diario español ABC en Washington, Emili J. Blasco, quien el 27 de enero de 2015, citando al exguardia presidencial Leamsy Salazar—convertido en informante de Estados Unidos—, lanzó al mundo el término “Cartel de los Soles”. El relato fue inmediatamente amplificado por el Wall Street Journal y el Washington Post, construyendo una verdad mediática que precedió y suplantó a cualquier evidencia jurídica sólida. Un fantasma nacido de una filtración, útil para una campaña de desprestigio ya en marcha. La inconsistencia es aún más flagrante al contrastarla con los informes oficiales sobre narcotráfico. Ni la DEA, en su Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas, ni la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su Informe Mundial, han listado jamás a un “Cartel de los Soles” entre las principales organizaciones criminales. Los datos de la propia DEA indican que por aguas venezolanas transita solo el 8% de la cocaína que llega a Estados Unidos, y cero gramos de fentanilo, cifras que no corresponden con la retórica de un “narcoestado” de primer orden. Este retroceso táctico de la fiscalía revela una estrategia más peligrosa y flexible. Al sustituir la acusación de liderar un cartel por la de amparar una “cultura de corrupción”, Washington establece un precedente jurídico elástico y arbitrario. Bajo este nuevo paradigma, cualquier Jefe de Estado cuyas políticas disgusten a la potencia hegemónica podría ser acusado de fomentar un “sistema clientelar” similar, convirtiendo conceptos difusos en delitos extraditables. El caso evoca el precedente del guerrillero colombiano Simón Trinidad, cuyo juicio en Estados Unidos estuvo marcado, según documenta el periodista Jorge Botero, por la presión a testigos y la limitación del derecho a la defensa. Maduro y Flores, recluidos en la misma cárcel neoyorquina que albergó a Ghislaine Maxwell, enfrentan un proceso donde las reglas pueden torcerse para lograr un veredicto político. La desaparición del “Cartel de los Soles” de la acusación formal no es un detalle técnico. Es la confesión jurídica de una gran mentira propagandística. Expone que el principal sustento narrativo para justificar la agresión contra Venezuela—la guerra económica, la intentona golpista, la intervención militar—era, y es, un espectro. Un fantasma fabricado que, incapaz de comparecer ante un juez, sigue sin embargo actuando en el tribunal de la opinión pública internacional, donde las condenas más severas suelen dictarse sin necesidad de pruebas.
El Grito de los Sin Poder: La OEA, Escenario del Desgarro Continental entre la Barbarie Imperial y la Dignidad Soberana
Mientras Estados Unidos y sus acólitos del sur justifican el secuestro de un presidente, el bombardeo de una capital y la muerte de inocentes bajo el perverso eufemismo de \»acción de ley\», la voz de la conciencia irrumpe en el templo de la hipocresía para denunciar el robo descarado de petróleo y el funeral de la soberanía. Por Julio César Guzmán Acosta WASHINGTON, D.C.— El salón Simón Bolívar, bautizado con el nombre del libertador que soñó una América unida, se convirtió este martes 6 de enero en la cruda y resonante caja de resonancia de su pesadilla: un continente fracturado, un organismo paralizado y la ley del más fuerte disfrazada de orden. En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), convocada por la urgente y brutal agresión militar estadounidense contra Venezuela, no fueron solo los discursos diplomáticos los que definieron el día, sino un grito desgarrado que atravesó el protocolo: “¡Manos fuera de Venezuela!”. La voz fue de Medea Benjamin, fundadora de la organización feminista Codepink, quien irrumpió en el solemne recinto mientras el embajador estadounidense, Leandro Rizzuto Jr., intentaba maquillar de mera “acción de aplicación de la ley” la operación que, en la madrugada del 3 de enero, secuestró al presidente constitucional Nicolás Maduro y a su esposa, bombardeó puntos de Caracas y cobró la vida de al menos 80 personas, entre ellas decenas de ciudadanos cubanos. Con una pancarta que clamaba “US out of Venezuela now”, Benjamin desnudó ante los embajadores atónitos el verdadero núcleo del conflicto: “Esto no es un asunto de derechos humanos… es acerca de robar el petróleo de Venezuela”. Mientras la seguridad la arrastraba, su acusación final resonó como un veredicto: “Si les importa el pueblo de Venezuela, levantarían las brutales sanciones… Liberen a Maduro… Entierren de una vez por todas la doctrina Monroe”. La réplica de Rizzuto no pudo ser más elocuente para confirmar la denuncia. Recuperando el micrófono, desechó la retórica humanitaria y apeló al lenguaje crudo del hegemon: “Es nuestro vecindario”, citó al Secretario de Estado Marco Rubio. “No podemos permitir que las mayores reservas de petróleo del mundo queden en manos de los enemigos del hemisferio”. La máscara había caído. La justificación era geopolítica, energética y de dominación, un frío cálculo imperial que relegaba a la irrelevancia el derecho internacional y la soberanía nacional. La sesión desnudó una América Latina profundamente dividida, un mapa geopolítico trazado por la sumisión o la dignidad. De un lado, México, Colombia, Brasil, Uruguay, Honduras y Chile alzaron su voz para condenar con firmeza la flagrante violación al derecho internacional, defendiendo el principio sagrado de la autodeterminación de los pueblos. Del otro, los gobiernos de Argentina, Perú, Ecuador, El Salvador, Bolivia, Trinidad y Tobago y República Dominicana se alinearon con la narrativa agresora, justificando la acción militar, pidiendo una “transición” y, en el caso más grotesco, el representante peruano, solicitando un minuto de silencio por las “víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela”, mudo homenaje a la complicidad y la hipocresía. Desde su sitial de observadora permanente, China lanzó un dardo directo al corazón del imperio. Su diplomática calificó la acción estadounidense de “arbitraria y hegemónica”, subrayando que “el uso de la fuerza contra un estado soberano y su líder viola seriamente el derecho internacional y amenaza la paz en la región”. Una admonición que resonó como un eco de lo que gran parte del mundo piensa, pero que muchos en la sala se negaban a decir. Hoy, en el salón que lleva el nombre del gran unificador, no se habló de unidad. Se esbozó, más bien, el acta de defunción de una organización secuestrada por intereses foráneos y la crónica de un crimen en desarrollo. Mientras Maduro permanece secuestrado, Venezuela bajo agresión y su pueblo sufriendo sanciones asfixiantes, el grito de “¡Manos fuera!” que atravesó la OEA no fue una interrupción. Fue, quizás, el único momento de verdad en un teatro de sombras. Es la conciencia moral de un continente que, aunque fracturado, aún encuentra voces para gritarle al imperio que su vecindario ya no le pertenece.
El TSJ Ordena a Delcy Rodríguez Asumir la Presidencia Encargada de Venezuela
Ante la \»ausencia temporal\» de Maduro, declarada tras su detención en EE.UU., la vicepresidenta asumirá el cargo por 90 días renovables, mientras el gobierno muestra unidad en el Consejo de Defensa de la Nación. Por Virtudes Álvarez Sampedro CARACAS, sábado 3 de enero.— En una decisión de trascendencia histórica para el orden constitucional venezolano, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó este sábado por la noche que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma “inmediatamente la Presidencia Encargada de la República Bolivariana de Venezuela”. El fallo se produjo tras declarar “la ausencia temporal del Presidente de la República, Ciudadano Nicolás Maduro Moros, para todos los efectos legales correspondientes”, en atención a una solicitud de interpretación constitucional presentada por la propia Rodríguez. La decisión, emitida por la Sala Constitucional del máximo tribunal, se ampara en los artículos 233 y 234 de la Carta Magna. Estos establecen que, ante una ausencia temporal del presidente, el cargo será asumido por el vicepresidente ejecutivo por un período de 90 días, renovable por la Asamblea Nacional, sin que sea necesario convocar elecciones inmediatas. El movimiento institucional busca proveer de continuidad y estabilidad al gobierno en medio de la crisis sin precedentes generada por la captura y traslado forzoso del mandatario a territorio estadounidense. Unidad institucional en el Consejo de Defensa de la Nación Horas antes del fallo del TSJ, la vicepresidenta Rodríguez ya había encabezado una reunión del Consejo de Defensa de la Nación, el máximo órgano constitucional de consulta en materia de defensa y seguridad. En la sesión, transmitida en cadena nacional, participaron las más altas autoridades del Estado: el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; el jefe del Comando Estratégico Operacional, general Domingo Hernández Lárez; el ministro del Interior, Diosdado Cabello; la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez; el fiscal general Tarek W. Saab; y todos los vicepresidentes sectoriales. La imagen colectiva buscó —y logró— enviar un mensaje contundente al país y al mundo: pese al golpe devastador de la captura de su líder, la estructura del Estado bolivariano y sus poderes públicos permanecen unidos, en funcionamiento y operando dentro del marco constitucional. La designación de Rodríguez como presidenta encargada por la vía judicial corona esta estrategia de preservación institucional. Maduro, en prisión federal en Brooklyn Mientras en Caracas se tomaban estas medidas, las primeras imágenes del presidente Maduro como prisionero en Estados Unidos comenzaron a circular. Un video en redes sociales lo muestra ingresando a las instalaciones del Metropolitan Detention Center, una prisión federal en Brooklyn, Nueva York, donde pronuncia un escueto “Buenas Noches. Feliz Año Nuevo”. Según información judicial, Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán presentados ante el Tribunal Federal del Distrito Sur en Manhattan a principios de la próxima semana para escuchar los cargos en su contra. La acusación penal, originalmente elaborada en 2020 y ahora actualizada, incluye cargos de “narcoterrorismo” y tráfico de cocaína, alegando que el mandatario conspiró durante décadas con carteles como el de Sinaloa y grupos como las FARC. La investigación también implica a otros altos funcionarios venezolanos. El juez asignado al caso es Alvin Hellerstein, magistrado veterano designado por el expresidente Bill Clinton. El gobierno venezolano, ahora bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez, enfrenta el doble desafío de gestionar la crisis interna de legitimidad y estabilidad, mientras libra, en los tribunales de su principal acusador, una batalla legal que definirá el destino de su presidente cautivo. La transición de poder en Caracas, aunque constitucional, se desarrolla bajo la sombra alargada de una intervención militar extranjera.
Protestas en EE.UU. Condenan la Guerra por Petróleo en Venezuela
Miles de manifestantes se congregaron frente a la Casa Blanca y en una decena de ciudades estadounidenses coreando consignas contra la intervención militar de Trump y denunciando que el verdadero objetivo es el control de los recursos venezolanos. Por Julio César Guzmán Acosta WASHINGTON/NUEVA YORK, Domingo .— En una muestra de descontento interno que atraviesa la geografía norteamericana, miles de personas se congregaron este sábado en ciudades de Estados Unidos para condenar las acciones militares de la administración Trump contra Venezuela y expresar su solidaridad con el pueblo venezolano. Las protestas, convocadas de urgencia por la coalición Answer tras conocerse los bombardeos en Caracas, se desarrollaron de manera pacífica frente a la Casa Blanca y en metrópolis como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Anchorage y Phoenix, entre otras. Bajo un coro unánime de “¡No a la guerra contra Venezuela!”, los manifestantes alzaron carteles con mensajes que desnudan la lectura crítica que una parte de la sociedad estadounidense tiene sobre la intervención: “No a la guerra por petróleo”, “No sangre por petróleo”, “Manos fuera de Venezuela”, “Dinero para las necesidades de la gente, no para la máquina de guerra” y “Todo es sobre el petróleo”. Las consignas, repetidas en cada punto de concentración, rechazan la narrativa oficial de Washington y apuntan directamente a los recursos energéticos como el verdadero botín del conflicto. Un rechazo transversal y geográficamente disperso La amplitud de las movilizaciones fue notable, extendiéndose desde la costa este hasta el lejano oeste y el norte frío. Además de la emblemática protesta frente a la residencia presidencial en Washington D.C., se registraron concentraciones en Anchorage (Alaska), Charlotte (Carolina del Norte), Eugene (Oregón), San Diego (California), Pittsburgh (Pensilvania), Phoenix (Arizona), San Marcos (Texas) y Savannah (Georgia). En Nueva York, una masiva demostración llenó las calles, confirmando, según la organización The People’s Forum en la red social X, que “el pueblo de Estados Unidos se opone a la guerra criminal contra Venezuela y defiende la paz y la soberanía del pueblo venezolano”. La coalición Answer, impulsora de la convocatoria, alertó en su llamado que “este podría ser el comienzo de otra guerra, basada completamente en mentiras”, recordando que “más del 70% de la gente en los Estados Unidos se opone a una nueva guerra”. En un comunicado, la organización exigió que la violencia no se cometa “en nuestro nombre” y reclamó que los fondos públicos se destinen a las necesidades sociales y no al complejo militar-industrial. “La guerra de Trump y su círculo de ultraderecha no es sobre narcotráfico ni democracia, sino sobre robar el petróleo de Venezuela y dominar América Latina”, recalcó Answer. La voz disonante en el corazón del imperio Estas protestas representan una voz disonante y organizada en el seno de la sociedad estadounidense, que cuestiona no solo la legalidad, sino la moralidad y los motivos reales detrás de una operación militar de consecuencias impredecibles. El mensaje de los manifestantes resuena con las acusaciones hechas por el gobierno venezolano y varios líderes internacionales, que ven en la agresión una repetición de patrones históricos de intervención por recursos. Mientras el presidente Trump se prepara para dar una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago para detallar la operación, las imágenes de ciudadanos estadounidenses protestando frente a su propia Casa Blanca condenando la guerra por petróleo, envían un potente mensaje al mundo: la disputa por Venezuela no solo divide a la comunidad internacional, sino que también fractura la opinión pública dentro de los propios Estados Unidos, recordando las grandes movilizaciones que precedieron a otras intervenciones controversiales en el pasado. La calle norteamericana, al menos una parte significativa de ella, ha comenzado a juzgar y rechazar esta nueva aventura militar.
El PCT Condena la Agresión a Venezuela y Llama a la Solidaridad Dominicana
El Buró Político del Partido Comunista del Trabajo tilda las acciones de EE.UU. de \»violación flagrante del derecho internacional\» y convoca a movilizaciones populares en la isla en defensa de la soberanía y contra el \»imperialismo\». Por Servicios umbral.local/ SANTO DOMINGO.— En un posicionamiento de firme tono ideológico y llamado a la acción, el Buró Político del Partido Comunista del Trabajo (PCT) expresó su “más enérgica condena” ante lo que denominó la “reciente escalada de agresiones e injerencia” del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, incluyendo los ataques aéreos y la captura del presidente Nicolás Maduro. En una declaración pública difundida este sábado, la organización política dominiana calificó los hechos como parte de una “estrategia sistemática” imperialista para restaurar el control sobre países que optan por vías de desarrollo independientes y hacerse con sus recursos naturales. El comunicado, de prosa combativa y anclado en la tradición de la izquierda antiimperialista, sostiene que las acciones de pWashington representan una “violación flagrante del derecho internacional y del principio de autodeterminación”. Para el PCT, los mecanismos de presión económica y militar son “herramientas de dominación” destinadas a castigar a un pueblo que “ha decidido ser dueño de su propio destino”, situando a la soberanía venezolana como “la frontera de dignidad de toda nuestra América”. Un llamado patriótico a la movilización en suelo dominicano Más allá de la condena, el Buró Político hizo un “llamado patriótico y urgente al pueblo dominicano” para mantenerse alerta y expresar un “rechazo activo” a la agresión. Argumentando una “historia compartida de lucha contra las intervenciones extranjeras”, el partido vincula la causa dominicana con la venezolana y subraya que la paz regional depende de “la unidad y el apoyo mutuo” frente a ataques externos. En un paso hacia la acción concreta, el PCT convocó formalmente a “todas las organizaciones democráticas, populares y sociales de la República Dominicana a organizar jornadas de solidaridad y movilización en respaldo a la Revolución Bolivariana”. El objetivo declarado es que “la voz de los trabajadores dominicanos se escuche con fuerza” para reafirmar que no se permitirá “que se violente la paz de un pueblo que solo anhela construir su futuro sin tutelajes extranjeros”. El contexto regional: una crisis que polariza La declaración del PCT se inserta en un panorama regional profundamente dividido frente a la intervención militar estadounidense. Mientras gobiernos como los de Colombia y Cuba han condenado la acción, y Rusia ha exigido la liberación de Maduro, otras voces dentro de la oposición venezolana y algunos gobiernos conservadores de la región podrían ver con buenos ojos la caída del chavismo. El llamado del partido dominiano refleja la postura de los sectores más radicales de la izquierda latinoamericana, que interpretan la crisis venezolana como un punto de inflexión en la lucha histórica contra la hegemonía de Estados Unidos en el continente. Con esta proclama, el PCT no solo se pronuncia sobre un evento internacional de magnitud, sino que busca galvanizar a su base y a los movimientos sociales aliados dentro de la República Dominicana, tratando de transformar la indignación internacional en movilización callejera local. La efectividad de su convocatoria medirá, en parte, la temperatura del sentimiento antiimperialista y la solidaridad con Venezuela en el Caribe hispano.