El péndulo de la DEA apunta a Petro en la recta final: dos investigaciones federales sacuden la campaña colombiana
Fiscalías en Manhattan y Brooklyn indagan al mandatario por presuntos vínculos con el narcotráfico en medio de la puja sucesoria. Mientras la oposición clama por el fondo del asunto, la Casa de Nariño se parapeta en la falta de acusaciones formales y el uso de fuentes anónimas, en un episodio que amenaza con dinamitar la frágil tregua diplomática con Washington y enturbiar los comicios del 31 de mayo. Por: Virtudes Álvarez Sampedro Dos fiscales federales en Estados Unidos mantienen bajo la lupa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en un par de investigaciones que exploran sus presuntos vínculos con estructuras del narcotráfico. La exclusiva, publicada este viernes por The New York Times y confirmada con matices por Reuters, irrumpe en el país sudamericano con la fuerza de un torrente en medio de la campaña electoral más reñida de la última década, justo cuando el mandatario intenta consolidar el relevo de su heredero político. Las pesquisas, radicadas en los distritos de Manhattan y Brooklyn, son llevadas adelante por fiscales especializados en narcotráfico internacional, en conjunto con agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional. De acuerdo con las fuentes anónimas citadas por el diario estadounidense, las indagaciones —que se encuentran en una fase aún preliminar— apuntan a posibles reuniones del entonces candidato Petro con narcotraficantes y la sospecha de que su campaña presidencial de 2022 pudo haber recibido fondos provenientes de esos círculos. No existen acusaciones formales, y la agencia Reuters precisó que Petro no es el “objetivo principal” de ninguna de las dos investigaciones, aunque su conducta ha emergido en el marco de pesquisas más amplias sobre narcoterrorismo y narcotráfico. El silencio del presidente se rompió horas después de conocerse la noticia. Con la contundencia que le caracteriza, Petro recurrió a su cuenta en X para negar cualquier tipo de relación con el crimen organizado. “En Colombia no existe una sola investigación sobre relación mía con narcotraficantes, por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante. […] Respecto a mis campañas, siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos”, escribió. La embajada de Colombia en Washington salió al paso del informe con un comunicado en el que advierte que la información, basada en versiones no verificadas y fuentes anónimas, “debe leerse en su contexto completo y abordarse con la cautela que este tipo de versiones no verificadas amerita”. La misión diplomática defendió la trayectoria del mandatario, subrayando que ha enfrentado “de manera constante e inequívoca la actividad criminal” y recordó que ninguna autoridad competente ha emitido una determinación formal al respecto. Sin embargo, el momento de la filtración resulta letal para el relato oficial. La revelación llega cuando Petro había proclamado el cierre de un ciclo de tensiones con la administración de Donald Trump, asegurando que las sospechas sobre su persona habían quedado zanjadas tras un proceso de reconciliación diplomática. En octubre pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al presidente, a su esposa, a su hijo y a uno de sus ministros en la conocida como lista Clinton, una medida que implicó el congelamiento de bienes y que el propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó afirmando —sin respaldo en las estadísticas oficiales— que la producción de cocaína en Colombia se había “disparado hasta alcanzar el nivel más alto en décadas”. El eco de las investigaciones ha resonado de inmediato en la arena electoral. Paloma Valencia, la candidata del uribismo y una de las aspirantes con opciones reales de llegar a la Casa de Nariño, calificó la situación como “muy grave”. En sus redes sociales, exigió que las autoridades estadounidenses “lleguen al fondo de las averiguaciones y le cuenten al mundo si son o no ciertos los presuntos nexos del presidente con el narcotráfico”. Sin presentar pruebas, vinculó además la política de “paz total” del Gobierno —la apuesta por negociar simultáneamente con todos los grupos armados— con una supuesta “complacencia con el delito”. La oposición, que durante años ha alimentado la tesis de los vínculos criminales de Petro sin presentar fallos judiciales que la sustenten, encuentra ahora en las filtraciones de Washington un combustible inédito. La pregunta que sobrevuela en los círculos diplomáticos y políticos es si la administración Trump, que no ha dudado en utilizar la presión económica como herramienta de política exterior, usará este episodio para influir abiertamente en los comicios del próximo 31 de mayo. Por ahora, la DEA mantiene en sus registros a Petro como un “objetivo prioritario”, según Reuters, mientras los fiscales federales deciden si las pruebas acumuladas justifican dar el siguiente paso. Lo que hasta hace una semana era una campaña dominada por la economía y la seguridad se ha convertido, de la noche a la mañana, en un plebiscito sobre la legitimidad del presidente saliente. Y en ese juicio paralelo, las sombras de dos fiscalías en Nueva York pesan más que cualquier programa de gobierno.
En Colombia: Un Fallo que Divide la Democracia
El Consejo Nacional Electoral de Colombia, con el voto decisivo de un conjuez vinculado a la extrema derecha, excluye al senador—principal favorito en las encuestas— de la consulta progresista, fracturando la unidad de la izquierda y obligándolo a una arriesgada carrera directa a la primera vuelta presidencial, en una decisión que el presidente Petro ha calificado de \»golpe electoral\». Por Servicios umbral.local/ BOGOTÁ.— La democracia colombiana amaneció este miércoles con una nueva cicatriz institucional. En una votación ajustada y cargada de dramatismo político, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó al senador Iván Cepeda, figura principal del Pacto Histórico y puntero en los sondeos de opinión, su derecho a participar en la consulta interpartidista del Frente por la Vida. La decisión, tomada por 6 votos contra 4, no solo desbarata la estrategia unitaria del progresismo, sino que arroja una sombra de parcialidad sobre el órgano electoral y redefine por completo el panorama de las presidenciales de mayo de 2026. El fallo final llegó tras una primera sesión, el lunes, que había quedado en un empate técnico de 5 a 4, insuficiente para resolver. La balanza se inclinó con el voto del conjuez Hollman Ibáñez, cuya trayectoria jurídica estuvo vinculada a la firma de Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial de la extrema derecha. Este detalle, que no pasó desapercibido en los círculos políticos, añadió un matiz de controversia personal a lo que ya era una disputa de alto voltaje constitucional. El argumento central del CNE fue que Cepeda, al haber ganado la consulta interna del Pacto Histórico en octubre pasado, no podía participar en una nueva consulta interpartidista. La reacción fue inmediata y virulenta. Desde su cuenta en la red social X, el presidente Gustavo Petro no buscó eufemismos: calificó la maniobra como un “golpe electoral” y convocó a la ciudadanía a una “tutelatón” masiva para defender, mediante acciones de tutela, los derechos fundamentales “de elegir y ser elegido”. Minutos después, el propio Cepeda, desde un escenario de palpable frustración pero también de desafío, anunció su nuevo rumbo: “El Pacto Histórico se retira y se inscribe para la primera vuelta”. Acusó al CNE de tomar una “arbitraria decisión” que vulnera no solo sus derechos, sino los de miles de militantes que lo apoyan. El trasfondo de esta decisión es una lucha por el poder que trasciende lo meramente procedimental. La exclusión de Cepeda de la consulta —un mecanismo diseñado para unificar fuerzas— fractura al bloque progresista y lo obliga a una competencia más difícil y costosa. Mientras el Frente por la Vida deberá seguir adelante sin su principal atracción, con figuras como Roy Barreras, Camilo Romero o Juan Fernando Cristo, Cepeda cargará sobre sus hombros el peso de llevar al Pacto Histórico en solitario a una primera vuelta donde la dispersión de votos puede ser letal. Pero el golpe no fue aislado. En la misma sesión, el CNE anuló la lista del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá, un movimiento que interpretado en conjunto confirma, para amplios sectores de la izquierda, una “tendencia golpista del sistema electoral” para limitar el acceso de las fuerzas progresistas a las urnas. La advertencia ya había sido hecha por el propio Cepeda el lunes, ante una plaza de Lourdes repleta: “El partido más grande de Colombia no podrá ser detenido en el camino a un segundo Gobierno progresista”. Con el plazo de impresión de los tarjetones para las legislativas del 8 de marzo —jornada que incluirá las consultas— empezando este viernes 7 de febrero, el tiempo para maniobras legales es escaso. El país queda así sumido en una nueva y profunda polarización, donde la batalla ya no se libra solo en las calles o en los debates, sino en la interpretación de los reglamentos y en la composición de los tribunales. Lo que se juega Colombia no es solo la candidatura de un hombre, sino la credibilidad misma de su sistema democrático ante la acusación, cada vez más estridente, de que los dados están cargados.