Fiscalías en Manhattan y Brooklyn indagan al mandatario por presuntos vínculos con el narcotráfico en medio de la puja sucesoria. Mientras la oposición clama por el fondo del asunto, la Casa de Nariño se parapeta en la falta de acusaciones formales y el uso de fuentes anónimas, en un episodio que amenaza con dinamitar la frágil tregua diplomática con Washington y enturbiar los comicios del 31 de mayo.
Por: Virtudes Álvarez Sampedro
Dos fiscales federales en Estados Unidos mantienen bajo la lupa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en un par de investigaciones que exploran sus presuntos vínculos con estructuras del narcotráfico. La exclusiva, publicada este viernes por The New York Times y confirmada con matices por Reuters, irrumpe en el país sudamericano con la fuerza de un torrente en medio de la campaña electoral más reñida de la última década, justo cuando el mandatario intenta consolidar el relevo de su heredero político.
Las pesquisas, radicadas en los distritos de Manhattan y Brooklyn, son llevadas adelante por fiscales especializados en narcotráfico internacional, en conjunto con agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional. De acuerdo con las fuentes anónimas citadas por el diario estadounidense, las indagaciones —que se encuentran en una fase aún preliminar— apuntan a posibles reuniones del entonces candidato Petro con narcotraficantes y la sospecha de que su campaña presidencial de 2022 pudo haber recibido fondos provenientes de esos círculos. No existen acusaciones formales, y la agencia Reuters precisó que Petro no es el “objetivo principal” de ninguna de las dos investigaciones, aunque su conducta ha emergido en el marco de pesquisas más amplias sobre narcoterrorismo y narcotráfico.
El silencio del presidente se rompió horas después de conocerse la noticia. Con la contundencia que le caracteriza, Petro recurrió a su cuenta en X para negar cualquier tipo de relación con el crimen organizado. “En Colombia no existe una sola investigación sobre relación mía con narcotraficantes, por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante. […] Respecto a mis campañas, siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos”, escribió.
La embajada de Colombia en Washington salió al paso del informe con un comunicado en el que advierte que la información, basada en versiones no verificadas y fuentes anónimas, “debe leerse en su contexto completo y abordarse con la cautela que este tipo de versiones no verificadas amerita”. La misión diplomática defendió la trayectoria del mandatario, subrayando que ha enfrentado “de manera constante e inequívoca la actividad criminal” y recordó que ninguna autoridad competente ha emitido una determinación formal al respecto.
Sin embargo, el momento de la filtración resulta letal para el relato oficial. La revelación llega cuando Petro había proclamado el cierre de un ciclo de tensiones con la administración de Donald Trump, asegurando que las sospechas sobre su persona habían quedado zanjadas tras un proceso de reconciliación diplomática. En octubre pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al presidente, a su esposa, a su hijo y a uno de sus ministros en la conocida como lista Clinton, una medida que implicó el congelamiento de bienes y que el propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó afirmando —sin respaldo en las estadísticas oficiales— que la producción de cocaína en Colombia se había “disparado hasta alcanzar el nivel más alto en décadas”.
El eco de las investigaciones ha resonado de inmediato en la arena electoral. Paloma Valencia, la candidata del uribismo y una de las aspirantes con opciones reales de llegar a la Casa de Nariño, calificó la situación como “muy grave”. En sus redes sociales, exigió que las autoridades estadounidenses “lleguen al fondo de las averiguaciones y le cuenten al mundo si son o no ciertos los presuntos nexos del presidente con el narcotráfico”. Sin presentar pruebas, vinculó además la política de “paz total” del Gobierno —la apuesta por negociar simultáneamente con todos los grupos armados— con una supuesta “complacencia con el delito”.
La oposición, que durante años ha alimentado la tesis de los vínculos criminales de Petro sin presentar fallos judiciales que la sustenten, encuentra ahora en las filtraciones de Washington un combustible inédito. La pregunta que sobrevuela en los círculos diplomáticos y políticos es si la administración Trump, que no ha dudado en utilizar la presión económica como herramienta de política exterior, usará este episodio para influir abiertamente en los comicios del próximo 31 de mayo. Por ahora, la DEA mantiene en sus registros a Petro como un “objetivo prioritario”, según Reuters, mientras los fiscales federales deciden si las pruebas acumuladas justifican dar el siguiente paso.
Lo que hasta hace una semana era una campaña dominada por la economía y la seguridad se ha convertido, de la noche a la mañana, en un plebiscito sobre la legitimidad del presidente saliente. Y en ese juicio paralelo, las sombras de dos fiscalías en Nueva York pesan más que cualquier programa de gobierno.
