El Grito de los Sin Poder: La OEA, Escenario del Desgarro Continental entre la Barbarie Imperial y la Dignidad Soberana
Mientras Estados Unidos y sus acólitos del sur justifican el secuestro de un presidente, el bombardeo de una capital y la muerte de inocentes bajo el perverso eufemismo de \»acción de ley\», la voz de la conciencia irrumpe en el templo de la hipocresía para denunciar el robo descarado de petróleo y el funeral de la soberanía. Por Julio César Guzmán Acosta WASHINGTON, D.C.— El salón Simón Bolívar, bautizado con el nombre del libertador que soñó una América unida, se convirtió este martes 6 de enero en la cruda y resonante caja de resonancia de su pesadilla: un continente fracturado, un organismo paralizado y la ley del más fuerte disfrazada de orden. En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), convocada por la urgente y brutal agresión militar estadounidense contra Venezuela, no fueron solo los discursos diplomáticos los que definieron el día, sino un grito desgarrado que atravesó el protocolo: “¡Manos fuera de Venezuela!”. La voz fue de Medea Benjamin, fundadora de la organización feminista Codepink, quien irrumpió en el solemne recinto mientras el embajador estadounidense, Leandro Rizzuto Jr., intentaba maquillar de mera “acción de aplicación de la ley” la operación que, en la madrugada del 3 de enero, secuestró al presidente constitucional Nicolás Maduro y a su esposa, bombardeó puntos de Caracas y cobró la vida de al menos 80 personas, entre ellas decenas de ciudadanos cubanos. Con una pancarta que clamaba “US out of Venezuela now”, Benjamin desnudó ante los embajadores atónitos el verdadero núcleo del conflicto: “Esto no es un asunto de derechos humanos… es acerca de robar el petróleo de Venezuela”. Mientras la seguridad la arrastraba, su acusación final resonó como un veredicto: “Si les importa el pueblo de Venezuela, levantarían las brutales sanciones… Liberen a Maduro… Entierren de una vez por todas la doctrina Monroe”. La réplica de Rizzuto no pudo ser más elocuente para confirmar la denuncia. Recuperando el micrófono, desechó la retórica humanitaria y apeló al lenguaje crudo del hegemon: “Es nuestro vecindario”, citó al Secretario de Estado Marco Rubio. “No podemos permitir que las mayores reservas de petróleo del mundo queden en manos de los enemigos del hemisferio”. La máscara había caído. La justificación era geopolítica, energética y de dominación, un frío cálculo imperial que relegaba a la irrelevancia el derecho internacional y la soberanía nacional. La sesión desnudó una América Latina profundamente dividida, un mapa geopolítico trazado por la sumisión o la dignidad. De un lado, México, Colombia, Brasil, Uruguay, Honduras y Chile alzaron su voz para condenar con firmeza la flagrante violación al derecho internacional, defendiendo el principio sagrado de la autodeterminación de los pueblos. Del otro, los gobiernos de Argentina, Perú, Ecuador, El Salvador, Bolivia, Trinidad y Tobago y República Dominicana se alinearon con la narrativa agresora, justificando la acción militar, pidiendo una “transición” y, en el caso más grotesco, el representante peruano, solicitando un minuto de silencio por las “víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela”, mudo homenaje a la complicidad y la hipocresía. Desde su sitial de observadora permanente, China lanzó un dardo directo al corazón del imperio. Su diplomática calificó la acción estadounidense de “arbitraria y hegemónica”, subrayando que “el uso de la fuerza contra un estado soberano y su líder viola seriamente el derecho internacional y amenaza la paz en la región”. Una admonición que resonó como un eco de lo que gran parte del mundo piensa, pero que muchos en la sala se negaban a decir. Hoy, en el salón que lleva el nombre del gran unificador, no se habló de unidad. Se esbozó, más bien, el acta de defunción de una organización secuestrada por intereses foráneos y la crónica de un crimen en desarrollo. Mientras Maduro permanece secuestrado, Venezuela bajo agresión y su pueblo sufriendo sanciones asfixiantes, el grito de “¡Manos fuera!” que atravesó la OEA no fue una interrupción. Fue, quizás, el único momento de verdad en un teatro de sombras. Es la conciencia moral de un continente que, aunque fracturado, aún encuentra voces para gritarle al imperio que su vecindario ya no le pertenece.
Diosdado Cabello Llama a la Calma y Acusa a EE.UU. de una \»Masacre Cobarde\» en Venezuela
El ministro del Interior y número dos del chavismo, rodeado de militares, insta al pueblo a no \»facilitarle las cosas al enemigo invasor\» y cuestiona la complicidad de los organismos internacionales tras el ataque y captura de Maduro. Por Virtudes Álvarez Sampedro CARACAS, sábado.— En un mensaje de firmeza dirigido a una nación en estado de shock, el ministro del Interior de Venezuela y poderoso número dos del chavismo, Diosdado Cabello, hizo un llamado este sábado a la \»calma\» y a no \»facilitarle las cosas al enemigo invasor\», tras calificar como \»criminal y terrorista\» el ataque ejecutado por Estados Unidos, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa. La alocución, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) con Cabello flanqueado por un alto mando militar, buscó proyectar unidad y control en medio del vacío de poder generado por la desaparición forzosa del mandatario. “Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente”, afirmó Cabello, cuya figura se erige como uno de los pilares del gobierno en esta crisis. El ministro, dirigiéndose directamente a la ciudadanía, pidió confiar \»en el liderazgo\» y en la \»dirigencia del alto mando político, militar\», en un claro intento de cohesionar las filas del chavismo y disuadir cualquier acción de desorden interno que pudiera aprovechar la potencia invasora. Un desafío a la comunidad internacional Más allá del llamamiento interno, Cabello lanzó una andanada de durísimas preguntas retóricas hacia los organismos multilaterales, acusándolos de potencial complicidad por su silencio. “¿Van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles, bombas cayendo en edificios, en lugares habitados por civiles? ¿Van a ser los organismos internacionales cómplices de esa masacre?”, interrogó, elevando la gravedad de los hechos a la categoría de crimen de guerra y exigiendo un pronunciamiento que hasta ahora, salvo por las voces de Rusia, Cuba y algunos líderes regionales, no se ha producido con la contundencia que Caracas demanda. El ministro evaluó que Estados Unidos logró su objetivo \»parcialmente\», una referencia clara a la captura de Maduro, pero destacó como un éxito de resistencia que el pueblo no hubiera salido \»desbocado\», sugiriendo que la operación también buscaba provocar un caos social que no se materializó. Esta narrativa busca transformar la profunda vulnerabilidad demostrada por el ataque sorpresa en un relato de fortaleza y serenidad colectiva. El vacío y la incertidumbre El mensaje de Cabello opera en el tenso limbo creado por el anuncio del presidente Donald Trump en Truth Social, donde confirmó el “éxito” del “ataque a gran escala” y la captura y traslado aéreo de Maduro y Cilia Flores. Mientras, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien mantuvo una llamada con el canciller ruso Serguéi Lavrov, sigue admitiendo que el gobierno desconoce el paradero de ambos y exige una “prueba de vida”. La aparición de Cabello, un histórico de la revolución bolivariana con gran influencia en las Fuerzas Armadas, parece ser la respuesta del núcleo duro del chavismo para llenar el vacío de liderazgo visible y asegurar la continuidad del gobierno. Su discurso, entre la exhortación a la calma y la denuncia internacional, traza la hoja de ruta inmediata del régimen: mantener la cohesión interna, internacionalizar la crisis como una “masacre” y preparar el terreno para una prolongada batalla diplomática y de legitimidad, mientras el destino de su presidente máximo se decide en manos de una potencia extranjera.
El PCT Condena la Agresión a Venezuela y Llama a la Solidaridad Dominicana
El Buró Político del Partido Comunista del Trabajo tilda las acciones de EE.UU. de \»violación flagrante del derecho internacional\» y convoca a movilizaciones populares en la isla en defensa de la soberanía y contra el \»imperialismo\». Por Servicios umbral.local/ SANTO DOMINGO.— En un posicionamiento de firme tono ideológico y llamado a la acción, el Buró Político del Partido Comunista del Trabajo (PCT) expresó su “más enérgica condena” ante lo que denominó la “reciente escalada de agresiones e injerencia” del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, incluyendo los ataques aéreos y la captura del presidente Nicolás Maduro. En una declaración pública difundida este sábado, la organización política dominiana calificó los hechos como parte de una “estrategia sistemática” imperialista para restaurar el control sobre países que optan por vías de desarrollo independientes y hacerse con sus recursos naturales. El comunicado, de prosa combativa y anclado en la tradición de la izquierda antiimperialista, sostiene que las acciones de pWashington representan una “violación flagrante del derecho internacional y del principio de autodeterminación”. Para el PCT, los mecanismos de presión económica y militar son “herramientas de dominación” destinadas a castigar a un pueblo que “ha decidido ser dueño de su propio destino”, situando a la soberanía venezolana como “la frontera de dignidad de toda nuestra América”. Un llamado patriótico a la movilización en suelo dominicano Más allá de la condena, el Buró Político hizo un “llamado patriótico y urgente al pueblo dominicano” para mantenerse alerta y expresar un “rechazo activo” a la agresión. Argumentando una “historia compartida de lucha contra las intervenciones extranjeras”, el partido vincula la causa dominicana con la venezolana y subraya que la paz regional depende de “la unidad y el apoyo mutuo” frente a ataques externos. En un paso hacia la acción concreta, el PCT convocó formalmente a “todas las organizaciones democráticas, populares y sociales de la República Dominicana a organizar jornadas de solidaridad y movilización en respaldo a la Revolución Bolivariana”. El objetivo declarado es que “la voz de los trabajadores dominicanos se escuche con fuerza” para reafirmar que no se permitirá “que se violente la paz de un pueblo que solo anhela construir su futuro sin tutelajes extranjeros”. El contexto regional: una crisis que polariza La declaración del PCT se inserta en un panorama regional profundamente dividido frente a la intervención militar estadounidense. Mientras gobiernos como los de Colombia y Cuba han condenado la acción, y Rusia ha exigido la liberación de Maduro, otras voces dentro de la oposición venezolana y algunos gobiernos conservadores de la región podrían ver con buenos ojos la caída del chavismo. El llamado del partido dominiano refleja la postura de los sectores más radicales de la izquierda latinoamericana, que interpretan la crisis venezolana como un punto de inflexión en la lucha histórica contra la hegemonía de Estados Unidos en el continente. Con esta proclama, el PCT no solo se pronuncia sobre un evento internacional de magnitud, sino que busca galvanizar a su base y a los movimientos sociales aliados dentro de la República Dominicana, tratando de transformar la indignación internacional en movilización callejera local. La efectividad de su convocatoria medirá, en parte, la temperatura del sentimiento antiimperialista y la solidaridad con Venezuela en el Caribe hispano.
Moscú Exige a Washington la Liberación Inmediata de Maduro y su Esposa
Rusia insta a EE.UU. a \»reconsiderar\» la captura del mandatario venezolano, calificándola de violación inaceptable de la soberanía, y aboga por una salida dialogada a la crisis tras una llamada entre Lavrov y la vicepresidenta Rodríguez. Por Ángel F. Guzmán MOSCÚ, sábado.— En la primera reacción de una potencia global con peso en el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia ha exigido formalmente a Estados Unidos la liberación inmediata del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, tras confirmarse su captura por fuerzas estadounidenses. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, en un comunicado de firme tono diplomático, instó a Washington a “reconsiderar esa postura” y a poner en libertad “a un presidente que fue legítimamente elegido”, defendiendo con ello el principio de soberanía nacional y no intervención. La declaración oficial, emitida este sábado, constituye el posicionamiento más claro y contundente hasta el momento de una potencia rival de Estados Unidos frente a la operación militar que culminó con el bombardeo de objetivos en Caracas y la posterior aprehensión de los mandatarios. “Instamos encarecidamente a las autoridades estadounidenses a liberar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa”, rezaba el texto, que además abogó por “la creación de unas condiciones que permitan resolver el conflicto existente a través del diálogo”. Una crisis que escala hacia una confrontación global El pronunciamiento de Moscú se produce tras una conversación telefónica entre el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien horas antes había asumido la conducción del gobierno ante la ausencia forzada de Maduro y exigido una “prueba de vida” a la administración Trump. Este contacto de alto nivel desmiente las especulaciones de algunos medios occidentales que sugerían un posible viaje de Rodríguez a Rusia, y en su lugar subraya el firme apoyo político de Moscú a Caracas en medio de la convulsión. Previamente, la portavocía de Exteriores rusa ya había exigido aclaraciones sobre el paradero del presidente venezolano, advirtiendo que su captura sería una “violación inaceptable” de la soberanía de un Estado independiente. La nueva declaración oficial convierte esa advertencia en una exigencia concreta y pública, colocando a Rusia a la cabeza de la oposición internacional a la acción unilateral de Estados Unidos. El tablero geopolítico se redefine La firme postura de Rusia no es un gesto aislado. Representa la entrada formal en la crisis de un actor con veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y con profundos intereses estratégicos, económicos y militares en Venezuela, país al que ha brindado apoyo financiero, diplomático y de defensa durante años. Al calificar a Maduro como un presidente “legítimamente elegido”, Moscú rechaza de plano la narrativa estadounidense que durante años lo ha deslegitimado, y se alinea explícitamente con el gobierno constitucional venezolano. Este movimiento configura un escenario de alta tensión entre dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, justo cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y otros líderes regionales han exigido una sesión de emergencia del organismo. La demanda rusa de liberación y diálogo contrasta diametralmente con la justificación estadounidense de un “juicio penal” en suelo norteamericano, anticipando un choque diplomático de proporciones en el corazón de la gobernanza global. La crisis venezolana ha trascendido, en cuestión de horas, el ámbito regional para convertirse en un punto de fricción entre grandes potencias. El llamado de Moscú es un primer acto en lo que promete ser una prolongada batalla en los pasillos de la ONU, donde la legalidad internacional y el futuro de la soberanía en el siglo XXI serán puestos a prueba.
La Agresión a Venezuela es la Piratería del Siglo: El Petróleo como Botín de Guerra
El ataque militar estadounidense que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro no es un capítulo aislado de la supuesta lucha contra las drogas, sino la manifestación más cruda de una doctrina imperial que, desde Irak hasta Libia, busca el control de los recursos estratégicos bajo el disfraz de una misión civilizadora. Por Julio Guzmán Acosta La historia, con su memoria implacable, nos obliga a mirar el presente con los ojos del pasado. El anuncio de que fuerzas militares de los Estados Unidos han bombardeado Caracas, La Guaira y Aragua, para después capturar y extraer del territorio nacional al presidente constitucional Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores, no es un evento inaudito. Es, por el contrario, la repetición de un guión neocolonial cuyas páginas están manchadas con el petróleo de Medio Oriente y la sangre de naciones soberanas. Vestir esta agresión con el ropaje de la “lucha contra el narcotráfico” es un insulto a la inteligencia internacional y una burda justificación que ya hemos visto desplegarse antes. Lo que se juega en las ricas tierras de la patria de Simón Bolívar no es la moralidad global, sino el control de las mayores reservas de hidrocarburos del planeta. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el senador Mike Lee, han tenido al menos la cínica franqueza de esbozar la verdadera naturaleza del procedimiento: Maduro será juzgado en un tribunal estadounidense. He aquí la culminación de la doctrina del gendarme mundial. Un presidente elegido, por más que su gobierno sea objeto de controversia interna y externa, es arrancado de su país por la fuerza de las armas para ser sometido a la justicia de quien actúa como juez, jurado y verdugo. Esta es la misma lógica que pretendió imponer la invasión de Iraq en 2003, basada en las infames “armas de destrucción masiva” que nunca aparecieron, y cuyo resultado final fue la destrucción de un Estado y la apertura de sus pozos petroleros a corporaciones foráneas. Es la lógica que convirtió a Libia, tras la intervención de la OTAN en 2011, de un país funcional en un Estado fallido y un mercado abierto para el saqueo de sus recursos. Es la sombra alargada de las invasiones a Granada y Panamá, donde la “restauración de la democracia” sirvió de cortina de humo para ajustar geopolíticas y controlar vías estratégicas. La administración Trump, al autorizar este acto de piratería del siglo XXI, ha cruzado una línea roja que ni siquiera en los momentos más álgidos de la Guerra Fría se osó traspasar: la captura física y el traslado forzoso de un jefe de Estado en ejercicio. Este precedente es catastrófico para el orden internacional basado en la soberanía y la no injerencia, pilares de la Carta de las Naciones Unidas. Que el senador Lee intente justificarlo bajo el ambiguo paraguas de “proteger a personal estadounidense” evidencia el vacío jurídico de la operación. La Constitución estadounidense reserva al Congreso la declaración de guerra, pero, una vez más, el poder ejecutivo actúa como un cowboy global, disparando primero y buscando justificaciones después. La verdadera motivación, como lo ha sido en innumerables ocasiones, late bajo la superficie de las declaraciones oficiales. Venezuela no es atacada por ser una narcodictadura—una acusación jamás probada en tribunales internacionales y utilizada de manera selectiva contra gobiernos desafiantes—, sino por ser la dueña de una riqueza natural que la hace un premio geopolítico. El petróleo venezolano, sus minerales estratégicos y su posición geográfica son el botín. La “lucha contra las drogas” y la “defensa de la democracia” son meros eslóganes de propaganda, diseñados para el consumo interno y para adormecer la conciencia de una comunidad internacional demasiado acostumbrada a la hipocresía de los fuertes. Ante esta atrocidad, el silencio es complicidad. El mundo entero, y en particular los pueblos y gobiernos de América Latina y el Caribe, deben alzar una voz de repudio unánime y contundente. No se puede tolerar que la ley de la jungla reemplace al derecho internacional. Los organismos multilaterales—la ONU, la CELAC, el MNOAL, la Unión Africana—tienen el deber histórico de condenar este acto bárbaro, exigir la inmediata liberación del presidente Maduro y su esposa, y demandar el respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial de Venezuela. Deben recordar las amargas lecciones de Iraq y Libia: el camino de la intervención y el caos sólo conduce a más sufrimiento, inestabilidad y pérdida de vidas inocentes. La solidaridad activa que hoy reclama Caracas no es sólo un gesto de fraternidad; es una defensa del principio más elemental de convivencia entre naciones: que ningún país tiene derecho a imponer su voluntad sobre otro mediante el terror de las bombas. El regreso de Maduro a su país y el cese de esta agresión son el mínimo que la dignidad mundial puede exigir. De lo contrario, habremos validado que el poder bruto y la codicia son la única ley, y que cualquier nación rica en recursos pero pobre en aliados poderosos está condenada a convertirse en el próximo objetivo de la piratería moderna. El legado de Simón Bolívar, el de la independencia y la soberanía, clama hoy desde cada cráter abierto por las bombas en suelo venezolano. El mundo debe escuchar.
El Senador Marco Rubio Afirma que Maduro Enfrentará un Juicio Penal en Estados Unidos
Las declaraciones del senador Mike Lee confirman que la captura del mandatario venezolano por \»personal estadounidense\» busca someterlo a un proceso judicial en suelo norteamericano, descartando nuevas acciones militares inmediatas. Por Brendalis Reyes WASHINGTON, sábado.— En una revelación que añade un cariz judicial a la dramática intervención militar, el senador republicano Mike Lee afirmó este sábado que el secretario de Estado, Marco Rubio, le informó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha sido arrestado por personal estadounidense y será sometido a un juicio penal en los Estados Unidos. Según Lee, Rubio aseguró que las operaciones militares ejecutadas en la madrugada contra objetivos en Caracas tuvieron como único propósito \»proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto\». La declaración, difundida por el senador Lee en la red social X, constituye la primera explicación oficial—aunque indirecta—sobre el marco legal que la administración Trump alega para justificar una acción de tal magnitud en territorio soberano. \»Me ha informado de que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos\», escribió Lee, tras una conversación telefónica con el secretario de Estado. El senador Utah agregó un dato crucial para la tensa calma que sigue a los bombardeos: Rubio le habría asegurado que \»no anticipa nuevas acciones (militares) en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia\». Esta afirmación busca, aparentemente, contener las expectativas de una escalada bélica abierta, aunque deja abierta la puerta a otras formas de presión. El argumento constitucional: una justificación en disputa En su mensaje, el senador Lee intentó encuadrar la operación dentro de los poderes ejecutivos del presidente Trump, arguyendo que este modo de actuar cae bajo la autoridad constitucional para \»proteger a personal estadounidense de ataques inminentes\». No obstante, este argumento choca frontalmente con la disposición de la Constitución de los Estados Unidos que reserva al Congreso —y no al presidente— el poder de declarar la guerra a otra nación, un punto que sin duda generará un agudo debate jurídico y político en los próximos días. Las palabras de Lee sirven de complemento y justificación al anuncio inicial realizado por el presidente Trump en Truth Social, donde proclamó el \»éxito\» de un \»ataque a gran escala\» que resultó en la captura y traslado aéreo fuera de Venezuela de Maduro y su esposa, Cilia Flores. Trump prometió ofrecer más detalles en una conferencia de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, a las 11:00 a.m. hora local (16:00 GMT). De la incertidumbre al proceso: la ruta que se anuncia Mientras la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, sigue exigiendo una \»prueba de vida\» del mandatario capturado, las declaraciones del senador Lee trasladan el foco de la incertidumbre sobre su paradero a la cuestión de su futuro legal. La afirmación de que enfrentará un juicio penal en Estados Unidos supone la materialización de una larga lista de acusaciones federales en su contra, que incluyen narcotráerrorismo y corrupción. La operación, según Trump, fue realizada \»en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos\», un detalle que busca darle un barniz de procedimiento legal a una incursión militar. Sin embargo, la extracción forzosa de un jefe de Estado de su país para ser juzgado en los tribunales de otra potencia establece un precedente de alcance histórico y de dudosa legalidad internacional. El hemisferio se encuentra ahora ante un escenario inédito: la captura militar de un presidente y su anunciado enjuiciamiento en el país que ordenó su aprehensión. Lo que sigue es un capítulo que se escribirá entre tribunales, cancillerías y, probablemente, en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Trump Anuncia la Captura de Nicolás Maduro en una Operación de Agresión Militar contra Venezuela
El presidente estadounidense afirma que el mandatario venezolano y su esposa fueron \»trasladados fuera del país\»; la vicepresidenta Delcy Rodríguez desconoce su paradero y exige \»prueba de vida\» inmediata tras los bombardeos en Caracas. Por Servicios umbral.local/ WASHINGTON/PALM BEACH, sábado.— En un anuncio que conmociona los cimientos del derecho internacional y redefine los límites de la intervención extranjera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó este sábado mediante su plataforma Truth Social que fuerzas militares estadounidenses han capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a la primera dama, Cilia Flores. La operación, descrita por Trump como “un ataque a gran escala” ejecutado junto a agencias federales, se produjo en el marco de una serie de bombardeos sobre objetivos en Caracas, Aragua y La Guaira, confirmados por autoridades regionales en las primeras horas de la madrugada. La afirmación del mandatario estadounidense, quien celebró ante The New York Times una “operación brillante” y prometió ampliar detalles en una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago a las 11:00 AM), ha sumido a Venezuela en una crisis de poder de dimensiones históricas. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, en un mensaje urgente a la nación, admitió que el gobierno desconoce el paradero del jefe de Estado y de la primera dama, y exigió a la Casa Blanca una “prueba de vida inmediata” que certifique su bienestar. “Exigimos al presidente Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y de la primera dama”, declaró Rodríguez, cuya intervención transmitió la gravedad institucional del momento. El anuncio de Trump, que sostiene que los capturados fueron “trasladados fuera del país”, carece por ahora de verificación independiente y se produce en un contexto de extrema hostilidad entre Washington y Caracas, tras meses de amenazas, sanciones y despliegues navales en el Caribe. Bombardeos previos y silencio sobre víctimas La captura anunciada fue precedida por una escalada militar directa. Horas antes, aviones y helicópteros de combate estadounidenses llevaron a cabo incursiones sobre territorio venezolano, atacando según el ministro de Defensa de Colombia, Vladimir Padrino, el complejo militar Fuerte Tiuna en Caracas. Reportes de medios locales también señalaron bombardeos en el cuartel de La Carlota, el aeropuerto de Higuerote, la antena de El Volcán y el Puerto de La Guaira. El gobierno venezolano, en su primera reacción a los ataques aéreos —antes de conocerse el anuncio sobre Maduro—, los condenó como una “gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos”. Hasta el momento, no existe constancia oficial del número de víctimas civiles o militares ocasionadas por los bombardeos, un silencio que agrava la incertidumbre sobre el verdadero costo humano de la operación. Un punto de inflexión geopolítico Este suceso marca un punto de inflexión radical en la prolongada confrontación entre Estados Unidos y Venezuela. La administración Trump, que había justificado previas acciones bajo el argumento de la lucha antidrogas —incluyendo el despliegue de buques de guerra y la incautación de petroleros—, cruza ahora un umbral que muchos analistas consideraban inviolable: la detención por la fuerza de un jefe de Estado soberano en su propio territorio. La comunidad internacional observa con estupor el desarrollo de los hechos, a la espera de reacciones formales de organismos como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y los gobiernos de América Latina. La legitimidad, las consecuencias jurídicas y el impacto desestabilizador para toda la región de esta acción militar unilateral son, en este instante, la interrogante que pende sobre el continente. La crisis venezolana ha entrado, con la aseveración de Trump, en una fase completamente nueva y peligrosa. El mundo aguarda la anunciada conferencia de prensa, donde se espera que el presidente estadounidense ofrezca detalles que sustenten una afirmación que, de confirmarse, reescribiría las reglas de la política hemisférica. Mientras, en Caracas, un gobierno sin su líder visible enfrenta la hora más crítica de su historia.
Estados Unidos Bombardea Venezuela en un Escalada Militar sin Precedentes en la Región
Gobierno de Maduro denuncia \»gravísima agresión\» en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira; Petro exige sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU y Venezuela decreta estado de emergencia nacional, reservándose el derecho a la legítima defensa. Por Julio César Guzmán Acosta CARACAS, sábado.— En un giro dramático que coloca al borde del abismo a la ya tensa relación hemisférica, Estados Unidos ha ejecutado una serie de ataques aéreos contra territorio venezolano, según la denuncia formal presentada este sábado por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. La acción militar, confirmada extraoficialmente por fuentes de la Casa Blanca a medios estadounidenses, representa la materialización de las amenazas que han flotado durante años y la violación más grave de la soberanía de un Estado latinoamericano en décadas. Según el comunicado oficial venezolano, los bombardeos se dirigieron contra \»territorio y población venezolanos\» en instalaciones civiles y militares de Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. El Ministerio de Defensa venezolano los calificó de \»gravísima agresión militar\», con el supuesto objetivo de \»apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales\». Fuentes del Pentágono citadas por las cadenas CBS y Fox News, bajo condición de anonimato, han corroborado el inicio de una \»operación militar\» en suelo venezolano como medida de presión contra el gobierno de Maduro. Revelaron, además, que la orden fue autorizada por el presidente Donald Trump días atrás, y que la ejecución fue postergada en dos ocasiones: primero, por los ataques estadounidenses contra el Estado Islámico en Nigeria, y luego, por adversas condiciones meteorológicas. Explosiones en la capital y una convulsión regional En las primeras horas de la madrugada, los residentes de Caracas reportaron a la agencia Bloomberg el estruendo de múltiples explosiones, el sobrevuelo de aeronaves y el sonido de disparos. Medios locales y el ministro de Defensa de Colombia, Vladimir Padrino —país que comparte una extensa frontera con Venezuela—, han dado cuenta de ataques específicos con helicópteros de combate contra el complejo militar de Fuerte Tiuna, el cuartel de La Carlota, el aeropuerto de Higuerote, la antena de El Volcán y el Puerto de La Guaira. Las autoridades venezolanas aún recaban datos sobre posibles víctimas mortales y heridos. La reacción internacional no se ha hecho esperar y apunta a una severa condena. El presidente de Colombia, Gustavo Petro —cuyo gobierno ha tenido roces con Washington—, fue el primero en alzar la voz, exigiendo en la red social X una reunión \»de inmediato\» del Consejo de Seguridad de la ONU, organismo del cual Colombia es miembro no permanente, para \»establecer la legalidad internacional de la agresión\». \»En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela\», declaró. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se sumó a la denuncia, tildando los hechos de \»criminal ataque de EEUU\» y un acto de \»terrorismo de Estado\» que \»brutalmente asalta\» la zona de paz. Ambos mandatarios hicieron un llamado urgente a la movilización de la comunidad internacional. Venezuela se moviliza y apela a la ONU Frente a lo que califica como una invasión, el gobierno de Nicolás Maduro ha declarado el estado de movilización general y de emergencia nacional, desplegando los mandos de defensa en todo el territorio. Simultáneamente, ha iniciado una ofensiva diplomática para presentar denuncias formales ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la Secretaría General del organismo, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL). En un pasaje de grave advertencia, el comunicado oficial venezolano invocó el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas para \»reservarse el derecho a ejercer la legítima defensa\» y convocó a los pueblos y gobiernos del mundo a una \»solidaridad activa frente a esta agresión imperial\». Del lado interno, la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, mantiene por el momento un \»escrupuloso silencio\», a la espera de \»información confirmada\» para emitir un pronunciamiento oficial. Este ataque marca un punto de no retorno en la crisis venezolana, transformando una prolongada pugna política y económica en un conflicto militar abierto con implicaciones impredecibles para la estabilidad de América Latina y el orden internacional. El mundo espera, con alarma, la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad.
El doble Refajo de Donald Trump en el caso hondureño
La reciente injerencia del presidente Donald Trump en el proceso electoral hondureño ha reabierto el debate sobre el uso político del narcotráfico en la agenda exterior de Estados Unidos. El mandatario no solo pidió públicamente el voto para el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, sino que además anunció su disposición a considerar un indulto para el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), condenado en tribunales estadounidenses a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico. El gesto no pasó desapercibido. Según denunció la candidata Rixi Moncada, el indulto fue promovido por sectores poderosos del país: el bipartidismo tradicional y las “10 familias y 25 grupos económicos” que concentran cerca del 80 % del Producto Interno Bruto de Honduras. La solicitud, según Moncada, surge ante el deterioro electoral de sus dos figuras más visibles: Asfura y Salvador Nasralla. El eventual perdón a Hernández contrasta con la retórica habitual de Trump en materia de seguridad hemisférica. Mientras ha insistido en acusar a Venezuela de ser un “narcoterrorismo” y ha llegado a plantear acciones militares bajo ese argumento, ahora se muestra dispuesto a suavizar la situación judicial de un exmandatario hondureño sentenciado por su responsabilidad directa en el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense. La contradicción pone de relieve un patrón histórico: Washington utiliza el narcotráfico como herramienta política, ajustando su discurso según la conveniencia estratégica del momento. Cuando se trata de gobiernos que desafían su influencia, el señalamiento es inmediato y acompañado de sanciones. Cuando se trata de aliados, incluso aquellos involucrados en redes criminales, la respuesta puede ser indulgente. El caso JOH no es un episodio aislado, sino una señal de cómo se gestionan las alianzas políticas en Centroamérica. Mientras la justicia de Estados Unidos lo define como un actor clave en el tráfico de drogas, una parte de la élite hondureña apuesta por su rehabilitación con apoyo de la Casa Blanca. La contradicción resulta evidente: se condena el narcotráfico cuando sirve para presionar a un adversario, pero se relativiza cuando afecta a un aliado político. Este doble estándar erosiona la credibilidad de la política antidrogas estadounidense y deja al descubierto que, más que un compromiso contra el crimen organizado existe un uso selectivo y geopolítico de la lucha contra las drogas. El indulto solicitado para Hernández —y considerado por Trump— es una muestra de esa lógica. En momentos en que Honduras busca recuperar su institucionalidad y su democracia, la interferencia externa y las señales contradictorias desde Washington solo añaden tensión a un escenario ya marcado por la polarización y la desconfianza ciudadana. Un manejo coherente del tema del narcotráfico, basado en principios y no en conveniencias, es indispensable para cualquier intento serio de estabilidad en la región.
Cuentos gringos y su vieja narrativa de denominación
“La denominada guerra antidrogas es una gran hipocresía del imperio, concretamente de Estados Unidos y sus aliados, con el objetivo de militarizar e imponer políticas contrarias a los pueblos”. Eduardo Galeano El reciente y amplio despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, incluyendo el envío del portaaviones USS Gerald R. Ford, un submarino nuclear y operaciones en las aguas limítrofes con la República Bolivariana de Venezuela, constituye una amenaza regional. Cuando la fuerza naval se presenta bajo la consigna del “combate al narcotráfico”, pero al mismo tiempo existen informes y declaraciones contradictorias sobre la supuesta amenaza real que representaría Venezuela en ese ámbito, es necesario cuestionar las verdaderas intenciones detrás de esta exhibición de poder. Estados Unidos ha utilizado, en repetidas ocasiones, argumentos de orden público, lucha contra el crimen o defensa de la democracia para justificar intervenciones que buscan influir o cambiar regímenes incómodos a sus intereses geoestratégicos y económicos, como es el caso de Venezuela país con la mayor reserva de petróleo del mundo además de poseer múltiples recursos minerales. En la memoria histórica de la República Dominicana se registran intervenciones militares como las de 1905-1907, cuando buques de guerra intervinieron directamente las aduanas dominicanas; la ocupación de 1916-1924; y la intervención de abril de 1965, conocida como Operación Power Pack, en la que se enviaron más de 40 mil marines bajo el argumento de evitar una “segunda Cuba”. La democracia de los pueblos latinoamericanos ha sufrido múltiples retrocesos como consecuencia de estas operaciones armadas: el golpe de Estado contra Jacobo Árbenz en Guatemala (1954), contra Juan Bosch en República Dominicana (1963) y contra Salvador Allende en Chile (1973), todos ellos con el mismo denominador común: fueron coordinados por Estados Unidos en alianza con élites locales, seguidos por gobiernos o juntas militares responsables de persecución, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos. Hoy Estados Unidos ha utilizado el tema del supuesto “Cartel de los Soles” para presionar políticamente, imponer sanciones y construir narrativas de amenaza que forman parte de su estrategia histórica de intervención en el continente. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sostenido públicamente incluso ante la Asamblea General de la ONU que el “Cartel de los Soles” no existe y que dicha denominación es una “excusa ficticia” utilizada por sectores de derecha para desacreditar o intentar derrocar gobiernos no alineados a los intereses estadounidenses. Petro ha argumentado que atribuir el narcotráfico venezolano a una organización militar estructurada es una narrativa política más que una realidad comprobada. En contraste, ha afirmado que el tráfico de cocaína a través de Venezuela estaría controlado por la llamada “Junta del Narcotráfico”, un entramado internacional cuyos principales beneficiarios residen en Europa, Oriente Medio y Estados Unidos. Además, Petro ha insistido en que la lucha antidrogas debe basarse en la cooperación entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela, y no en discursos que perpetúan estigmas y bloquean soluciones reales. La Carta de las Naciones Unidas, las convenciones internacionales y los tratados regionales establecen claramente los mecanismos de cooperación en seguridad, incluyendo combate al narcotráfico, asistencia judicial mutua, intercambio de información y operaciones coordinadas con el consentimiento de los Estados ribereños y el respeto a la jurisdicción marítima. El uso de fuerza letal en aguas internacionales o en zonas próximas a la costa de un país soberano, sin mandato claro o sin coordinación pertinente, abre la puerta a violaciones del derecho internacional y, en el peor de los casos, a crímenes de guerra si se aplica fuerza excesiva contra civiles o tripulaciones no armadas, como está ocurriendo en el mar Caribe y el Pacífico. La ONU, a través de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha condenado enérgicamente los bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe, señalándolos como posibles ejecuciones extrajudiciales. Türk advierte que existen “fuertes indicios” de que esos ataques violan el derecho internacional y recuerda que el uso de fuerza letal debe ser el último recurso, algo que según él no se está cumpliendo. También pidió una investigación urgente por parte de Estados Unidos. Si, como sugieren informes de agencias estadounidenses y observadores independientes, Venezuela no es el principal origen de las sustancias que afectan el mercado norteamericano, el despliegue militar adquiere otra lectura: no se estaría buscando cerrar rutas de narcotráfico, sino ejercer presión política. Estados Unidos ha designado al presidente Nicolás Maduro y a altos funcionarios venezolanos como “terroristas” o vinculados al narcotráfico, lo cual según su propia doctrina autoriza acciones más agresivas como congelar activos, sancionar a terceros o incluso justificar operaciones militares. Esta política hacia América Latina va más allá del caso venezolano. La narrativa conjunta sobre Maduro, los carteles mexicanos y recientes acusaciones contra Petro evidencian un enfoque regional de presión política, sanciones económicas y posibles intervenciones justificadas bajo la bandera de la “guerra contra las drogas”. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado enfáticamente cualquier intervención estadounidense en territorio mexicano. Ha insistido en que puede haber cooperación e intercambio de inteligencia, pero siempre bajo respeto a la soberanía y sin subordinación. El grave consumo de drogas en Estados Unidos no es solo un problema interno, sino un motor de criminalidad y desestabilización regional. Esto subraya la necesidad de políticas integrales de prevención, cooperación internacional y desarrollo alternativo que reduzcan tanto la oferta como la demanda. La situación actual evidencia que la unidad latinoamericana es indispensable frente a la arremetida de la administración Trump, que combina sanciones, presiones diplomáticas, acusaciones y despliegues militares en la región. Eduardo Galeano advertía que donde interviene el ejército estadounidense queda un país convertido en manicomio y ruinas. Basta mirar Irak o Libia para comprender cómo intervenciones disfrazadas de cruzadas por la democracia terminan generando caos, fragmentación y décadas de violencia. Hoy, frente a la escalada contra Venezuela, esta memoria histórica no puede ignorarse. No se trata de apoyar gobiernos, sino de impedir que la lógica de las invasiones y los castigos colectivos vuelva a destruir naciones bajo el pretexto del orden y la libertad. América Latina tiene la responsabilidad histórica de preservar su territorio