Libro historia y fundamentos del SDSS
Más que tratar de convencer, el propósito del libro es contextualizar los antecedentes y la situación económica, social, política e institucional, que condicionaron las características y la lógica interna del funcionamiento del SDSS. De esa forma, el lector queda en completa libertad de evaluar su coherencia y pertinencia para el universo de los afiliados y para el país. Seguridad Social para todos Por Arismendi Díaz Santana Este lunes 18 de noviembre será la puesta en circulación de mi libro HISTORIA y FUNDAMENTOS DEL SDSS, Una explicación sencilla del Sistema Dominicano de Seguridad Social. La actividad tendrá lugar en el Auditorio del Observatorio de la Seguridad Social (OSES) de INTEC a las 6:00PM. Los interesados en el tema están cordialmente invitados. Todos estamos conscientes de la complejidad del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) debido a su carácter universal, solidario y plural en el aseguramiento y la provisión de los servicios y prestaciones. Por esa razón, la Ley 87-01 en su Art. 06 dispuso la introducción de módulos educativos en el sistema de enseñanza nacional, mandato que todavía no se ha cumplido. Esta lamentable ausencia de más de dos décadas ha contribuido a la denegación de derechos, ha prohijado distorsiones en su aplicación y ha dificultado la formulación de las propuestas de reformas. Esperamos contribuir a la calidad del debate, formulando propuestas viables y sostenibles orientadas a una mayor protección social en cobertura, calidad, oportunidad y satisfacción. Una reforma integral del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) presupone conocer los fundamentos y la lógica interna de su funcionamiento. En tal sentido, el libro tiene tres objetivos específicos: Exponer los antecedentes, la evolución y la situación general del Seguro Social dominicano, como condicionantes del diseño del nuevo sistema; Explicar los fundamentos sociales, financieros y técnicos del SDSS, así como sus avances, distorsiones y las reformas pendientes; y Proponer el perfil general de las reformas y los cambios necesarios para el fortalecimiento y el avance cualitativo hacia el logro de los objetivos y metas prometidos, y que merecen y esperan todos los dominicanos y residentes en el país. Está especialmente orientado a más de cuatro millones de dominicanos quienes, por su juventud, desconocen los antecedentes, las políticas, las limitaciones y la situación social que predominaron durante la segunda mitad del siglo pasado, y que condicionaron el diseño de las características del SDSS. En la primera parte se demuestra que los seguros sociales constituyen una conquista económica y social de los trabajadores, y que el Seguro Social Dominicano fue el más atrasado, excluyente, politizado y burocratizado de América Latina, a excepción de Haití. Además, que el Estado dominicano ha sido un promotor consistente de la privatización del sistema de salud y de pensiones. En la segunda parte, la exposición se fundamenta en que el derecho universal a la salud (DUS) constituye el objetivo fundamental, el principio y el fin del Seguro Familiar de Salud (SFS). Que este derecho no es abstracto ni absoluto, cuya garantía y entrega implican un costo, el cual está limitado por los recursos disponibles. Y, además, que el DUS se concreta en los servicios garantizados incluidos en el Plan Básico de Salud (PBS). La tercera parte está dedicada a exponer los antecedentes de la protección social para la vejez, el proceso de conformación de un archipiélago previsional. Además, los criterios que sirvieron de base para la decisión sobre el sistema de pensión más conveniente para el país y los factores condicionantes del diseño del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS). Se presentan los avances, limitaciones y el perfil de los cambios necesarios para elevar la tasa de reemplazo general y la solidaridad social a favor de los afiliados con aportaciones insuficientes. Y, finalmente, se formulan propuestas orientadas al desarrollo cualitativo del SDSS para avanzar hacia una protección social acorde con la cobertura alcanzada y con el nivel del crecimiento económico y social del país. Más que tratar de convencer, el propósito del libro es contextualizar los antecedentes y la situación económica, social, política e institucional, que condicionaron las características y la lógica interna del funcionamiento del SDSS. De esa forma, el lector queda en completa libertad de evaluar su coherencia y pertinencia para el universo de los afiliados y para el país. La conclusión general del libro es que si bien hemos avanzado en relación al viejo seguro social, todavía estamos a mitad de camino en relación a la protección social prevista. Al alcanzar la cobertura del 98% de la población afiliada, el SDSS tiende a ralentizarse, ya que para reducir el gasto familiar de bolsillo y la mortalidad materno-infantil, es imprescindible e impostergable ejecutar las reformas establecidas en la Ley, pendientes de ejecución 23 años después.
Informales “subsidiados” con capacidad contributiva
• Según la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) del Banco Central, de los 5,029,347 trabajadores activos al cierre del tercer trimestre de este año existían 2,781,229 en la informalidad, es decir, que no cuentan con la protección de la Ley 87-01 de Seguridad Social, ni con los beneficios laborales del Código de Trabajo. Seguridad Social para todos Por Arismendi Díaz Santana La informalidad laboral aún supera el nivel anterior al Covid-19. En 2019 el 54.8% eran empleados por cuenta propia, en tanto que en la actualidad son el 55.3%, según la publicación del semanario El Dinero bajo la firma de Esteban Delgado. La información fue suministrada por Héctor Valdez Arbizu, gobernador del Banco Central. Según la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) del Banco Central, de los 5,029,347 trabajadores activos al cierre del tercer trimestre de este año existían 2,781,229 en la informalidad, es decir, que no cuentan con la protección de la Ley 87-01 de Seguridad Social, ni con los beneficios laborales del Código de Trabajo. Como bien señala El Dinero, el 31% de los trabajadores formales corresponden al Estado y están afiliados a la Seguridad Social. En cambio, los asalariados privados ascienden a 4,332,453, de los cuales 1,551,225 son formales, apenas el 30.9%, mientras que los restantes 2,781,229 son autónomos (69.1%), todos pertenecientes al sector privado de la economía. Estos trabajadores independientes, conocidos como cuentapropistas, carecen de una relación de dependencia laboral con una empresa privada o con una institución pública. No están afiliados a la seguridad social, a pesar de que la Ley 87-01 les creó el Contributivo Subsidiado, un régimen adaptado a sus características laborales y sociales. En términos oficiales, estos informales fueron afiliados masivamente al Régimen Subsidiado del SENASA para facilitar su acceso a los servicios médicos durante la pandemia. No obstante, la opinión generalizada es que muchos no han utilizado dichos servicios porque no saben que están afiliados y porque no los consideran de calidad insuficiente. 7 de cada 10 tienen capacidad contributiva. No califican como subsidiados y tampoco como contributivo por la ausencia de un empleador Lo cierto es que, superada esta emergencia, la gran mayoría no encaja ni se siente cómoda en su estatus de población “subsidiada”. Ello así, porque según la citada encuesta, alrededor del 70% de esos trabajadores independientes tiene capacidad contributiva por lo que no califica como subsidiado de acuerdo a la Ley. Pero tampoco corresponden al Contributivo, porque carece de un empleador y de una relación salarial. La decisión de afiliación masiva al régimen subsidiado fue adoptada también por otros países de América Latina, aprovechando la coyuntura de la Pandemia, a veces con intenciones más políticas que sociales. En varios países se afilia automáticamente a todos los trabajadores no inscritos en el Seguro Contributivo de Salud, con resultados poco alentadores en términos de garantía de derechos. Precisamente en este momento me encuentro en Perú apoyando a los trabajadores en la presentación de una propuesta a las autoridades para afiliar a los independientes a la seguridad social, a partir de la experiencia grupal de AMUSSOL. Las estadísticas oficiales sitúan la informalidad en el 74.8% de la población económicamente activa (PEA), una de las más altas de la región. Las autoridades peruanas han hecho esfuerzos en esta dirección. Kirsis Jáquez, presidenta ejecutiva de ADAFP señaló que el país tiene la necesidad de adaptar la seguridad social para abordar una informalidad del 56% de la fuerza laboral, mediante soluciones innovadoras como las micro pensiones y mecanismos de ahorro flexibles, que permitan a los trabajadores informales participar en el sistema de manera más efectiva. La desidia oficial en las últimas dos décadas ha impedido la puesta en marcha el régimen Contributivo Subsidiado a favor de la fuerza laboral mayoritaria del país. La propuesta de ADAFP debe considerarse porque se ajusta a la Ley y porque mientras más se dilate una solución adecuada más incierta es la situación actual y el futuro de esos trabajadores. Precisamente, desde hace dos décadas, la Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) viene insistiendo en la necesidad de iniciar el régimen Contributivo Subsidiado para los trabajadores autónomos, tanto para salud como para pensiones, como lo dispone la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Es necesario que las autoridades tomen conciencia de que el mantenimiento de estos trabajadores autónomos como subsidiados, a pesar de la gran mayoría tener capacidad contributiva, lejos de beneficiarlos, los perjudica porque les impide aportar y ahorrar para su retiro. Ello así, porque sería un contrasentido mayúsculo ser un contributivo para pensiones y al mismo tiempo, un subsidiado para salud.
¿Despenalizar la mala praxis médica?
Si la muerte de un paciente solo sería penalizada cuando exista una mala intención del médico, entonces también habría que liberar a un conductor que mata en un accidente involuntario. Seguridad Social para todos Por Arismendi Díaz Santana Ha causado muchos comentarios y controversias el depósito del Colegio Médico Dominicano (CMD) en el Congreso de un anteproyecto de ley para despenalizar los actos médicos que tengan desenlaces fatales cuando no haya intención dañina. Rápidamente, circuló en todas las redes sociales el siguiente mensaje: “El cirujano dejo una gasa dentro. Se murió la paciente. No fue intencional. No hay problema”. Este corto mensaje se tornó viral y lo renvié en varias redes sociales. Hubo muchos comentarios y uno muy especial de un médico eminente con quien me une una amistad y lo admiro por sus éxitos profesionales en una clínica con acreditación internacional. Creo que el intercambio resultó de gran interés. “Arismendi NO FUE INTENCIONAL. Eso ha ocurrido toda la vida. Se le persigue por vía civil, para reparación de daños y perjuicios. Le pueden penalizar todo el dinero que la ley permite. Pero, CARAJO, algo así que es atribuible a un error de humanos no puede ser motivo de meterle 5 a 10 AÑOS DE CARCEL”. “Creo, querido amigo, que debes nivelar un poco tu percepción de los miles y miles de profesionales en una cirugía de emergencia, donde la vida del paciente depende de la rapidez del equipo quirúrgico. Para fundamentar una demanda por mala práctica médica, es necesario construir un caso sólido que demuestre que el profesional actuó de manera negligente o fuera de los estándares aceptados, resultando en daño al paciente”. Querido amigo. Esas normas existen en países en donde realmente se respetan los derechos humanos. Se trata de la vida de pacientes indefensos, por lo que hay que poner más atención y nunca dejar una gaza ni una tijera en su cuerpo. Aprecio a muchísimos médicos amigos, incluyéndote como te consta, pero, perdóname, ni a mí ni a ningún familiar me gustaría ser víctima de un descuido de ese tipo. Puede ocurrir porque son humanos, pero con penalidad, te aseguro que serán mucho menores. ¿Si yo atropello a un transeúnte y lo invalido con mi vehículo, no tendría penalidad porque no fue mi intensión? Aja? Y por qué tiene que ser distinto, tratándose de un médico y de la vida humana? Saludos especiales. “Arismendi es así. Un error humano NO INTENCIONADO no puede convertirse en el FINAL ABRUPTO de un profesional tan necesario para la sociedad. Pero \\\»no hay problema\\\», ya pronto no los necesitaremos, todo lo vamos a resolver con Google y la IA. Y además, mi querido amigo Arismendi, la principal \\\»espada de Damocles\\\» para nuestro gran sistema del seguro familiar de salud, SON LOS COSTOS por el uso excesivo e indiscriminado de los procedimientos diagnósticos, que se obliga al médico, para \\\»tener instrumentos de defensa\\\» en caso de la demanda. Algo que ha dado una vuelta de 180 grados en la destruida relación médico-paciente de antaño. Muchos médicos estarían dispuestos a colaborar en su contención, siempre que no haya un riesgo mayor de DESTRUIR SU PROFESIÓN, EL SUSTENTO DE LA FAMILIA Y SU PROPIA PERSONA. Se los garantizo yo, que hace ya más de 15 años que no tengo ese riesgo, pero que lo vivo a diario, con mis colaboradores médicos de todas las ramas de la medicina”. Apreciado amigo, tienes toda la razón sobre el gran problema de los costos y sobre prescripción de estudios y análisis. Así ningún sistema será sostenible. Y qué bueno que venga de tu parte. Entiendo el lado de los médicos, pero también siento la angustia e inseguridad de los pacientes y de sus familiares. Sigo creyendo que el mejor equilibrio reside en el cumplimiento de los protocolos de atención que en el 65% de los casos no se cumple, según un exministro. La demanda por mala práctica solo es válida cuando se demuestra que el daño se derivó del incumplimiento de la guía o protocolo. Así se protege tanto al paciente como al médico. Sin protocolos, ¿cómo controlamos los costos y garantizamos el equilibrio financiero?. ¿Esa propuesta contribuiría a reducir la alta mortalidad materno-infantil? Mis respetos de siempre. “Arismendy es absolutamente FALSA tu percepción de que la validez de las demandas se hace por la NO verificación del cumplimiento de los protocolos. NOOOO. Las demandas EN NUESTRO PAÍS no tienen nada que ver con eso, ni tampoco las sentencias de nuestros tribunales mal informados. Las demandas SON SOLO UN INSTRUMENTO PARA ROBARLE AL SISTEMA y A LA SOCIEDAD UN DINERO. Por eso las conciliaciones nunca ocurren. Por eso los peritajes no son valorados en la corte. Y la inmensa mayoría de las demandas que incluyen aspectos penales (aparte de los civiles) lo usan para presionar, por el dinero. La sociedad no se da cuenta de esta encerrona donde nos están metiendo, tampoco lo entienden las ARSs; mucho menos los políticos que son mayoritariamente abogados. Si seguimos con esta falsa percepción, nunca podremos llegar a tener un sistema sostenible. Y este tema TIENE QUE DISCUTIRSE, no es solo seguir con la ceguera de querer echarle la culpa a un lado de la ecuación: LOS MÉDICOS. En este interesante momento intervino una brillante profesional, de muy alto nivel académico y décadas en el sector salud y escribió “Creo que Arismendi expresaba lo que debería ser, no lo que es actualmente”. Apreciado amigo, entonces si no es así, lo que procede es modificar la ley para que la mala praxis se penalice por incumplimiento de los protocolos, lo que dicta mucho de la propuesta del CMD. Estamos claros que hay que evitar el abuso de los vividores. Pero la Constitución no permite privilegios, si la penalidad médica depende de la intención, las muertes por accidentes de tránsito sólo serían punibles cuando exista mala intención. Solo pretendo defender el derecho de todos, sin distinción.
No a la piñata previsional (y 4)
Las pensiones otorgadas a los maestros, a los médicos y a otras minorías no están contempladas en la ley 379-81 a cargo del Estado, ni en la Ley 87-01 de Seguridad Social, generando grandes desequilibrios que aumentan el déficit fiscal.Seguridad Social para todos Por Arismendi Díaz Santana El 21 de diciembre del 2020, el Poder Ejecutivo le concedió al Colegio Médico Dominicano (CMD), un sindicato especializado en huelgas y paros contra un derecho humano vital, uno de los mayores privilegios, una clara distorsión social que confirma la existencia de una “piñata previsional”. Mediante un simple acuerdo se otorga una pensión del 100% del último sueldo, incluyendo el monto de los incentivos otorgados por antigüedad, distancia y docencia. Además, se establece que “a partir del 1 de junio de 2021, (las pensiones) serán aumentadas hasta RD$ 50,000.00 mensuales para los médicos que estén por debajo de ese monto”. Todo, muy a pesar de que más de 100,000 pensionados inferiores a 15,000.00 pesos tienen más de una década esperando que sus pensiones sean actualizadas al costo de la vida, mientras las instituciones autónomas y descentralizadas lo hacen libremente cada año y algunas hasta pagan una pensión 14. Hemos retornado a un archipiélago previsional. Esta semana, la Asociación de Médicos Pensionados le solicitó al presidente Abinader, un reajuste de su pensión, así como la reducción del aporte que hacen al Seguro Médico de los Pensionados. Y señalan que hace cinco meses el presidente se comprometió a bajarlo del 6.4 % al 3.2 %. Para que se tenga una idea de la magnitud de estos privilegios, supongamos que el sueldo promedio de los médicos sea de 80,000.00 pesos y que los incentivos promedian otros 20,000.00 pesos. Este acuerdo establece una pensión de 100,000.00 pesos, aunque el médico nunca cotizó por los 20,000.00 de incentivos, otra versión de la “piñata previsional”. A lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Se trata de un privilegio irritante, por demás ilegal, porque ninguna ley faculta a conceder una pensión incluyendo emolumentos sobre los cuales nunca se cotizó. Esa disposición no existe en la Ley 379-81 sobre pensiones a cargo del Estado, ni mucho menos en la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Para que se tenga una idea del costo de esos privilegios, un médico pensionado a los 60 años, con un promedio de vida de 75 años, al Estado le costará unos 19,500,000.00 (100,000x13x15), incluyendo unos 3,900,000.00 por una pensión adicional basada en incentivos sobre los cuales nunca cotizó. Multiplique esta diferencia por 30,000 médicos. Hasta donde conocemos, no existen valuaciones actuariales sobre su sostenibilidad, ni jurídica sobre su sustentación legal Hasta donde conocemos, en ninguno de estos casos, ni en decenas de muchos otros, las autoridades pasadas y presentes, han dispuesto una valuación actuarial para calcular su impacto en el déficit fiscal antes de ceder a tales presiones. Ni tampoco un examen jurídico a la luz de la legislación vigente. Según el Art. 237 de la Constitución, \\\»no tendrá efecto ni validez la ley que ordene, autorice un pago o engendre una obligación pecuniaria a cargo del Estado, sino cuando esa misma ley identifique o establezca los recursos necesarios para su ejecución\\\». Hace dos semanas criticamos el privilegio del pago del Estado durante 30 años de toda la nómina de los maestros pensionados y jubilados, en adición al 8% que le corresponde como empleador. Ahora con estas concesiones extralegales a los médicos, tenemos que llegar a la conclusión de que no estamos en un Estado de derecho, sino en un Estado de privilegios de minorías influyentes. Que vivimos en una sociedad basada en la existencia de ciudadanos de primera clase, con prerrogativas por encima de la Constitución y de las leyes, y personas comunes de segunda categoría, cuya función principal es financiar, con el sudor de su frente, esas distorsiones y privilegios de los nuevos herederos de Trujillo. La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) reitera que los maestros y los médicos tienen el derecho a ingresos adecuados de acuerdo a su desempeño y a un retiro digno, siempre que no se constituyan en privilegios y que predomine un Estado de derecho donde todos los dominicanos tengamos los mismos derechos. Llama la atención que, ante un déficit fiscal creciente, el gobierno no haya dado señales de corregir estas distorsiones y privilegios, antes o como parte de la propuesta de reforma fiscal. Esperamos que ahora el presidente Luis Abinader incluya todos estos correctivos, como parte de los reajustes prometidos.
No a la piñata previsional (3)
Todavía estamos en la etapa de Concho Primo: minorías con altas pensiones y bajos aportes, calculadas sobre el último salario; concesión de pensiones no contributivas holgadas y pensiones que pierden su poder adquisitivo. ¿Hasta cuándo? Seguridad Social para todos Por Arismendi Díaz Santana La piñata previsional es propia del sistema público de reparto porque carece de dolientes. La pensión que se otorga sólo depende de la cantidad de años aportados, sin tomar en cuenta el monto acumulado. Todavía en nuestro país la pensión se otorga sobre el último salario. Ambas características llevan implícita el desequilibrio actuarial y financiero. Permiten cotizar con un salario muy bajo y luego incrementarlo notablemente durante los años finales, obteniendo pensiones muy elevadas, sin ninguna correspondencia con el salario promedio. Un trabajador con un salario mensual de 35,000 pesos aporta 3,500, el 10%, entre él y su empleador. Durante los primeros 28 años cotiza 1,176,000 pesos (3,500x12x28), y si por cualquier razón su salario se redujera a 20,000 durante los años 29 y 30, su aporte adicional sería de 48,000 (2,000x12x2), totalizando 1,224,000. Al retirarse, su pensión será igual a 16,000, el 80 % de 20,000. Asumiendo un promedio de 16 años como pensionado, el costo para el sistema será de 3,328,000 (16,000x13x16), arrojando un déficit de 2,104,000 (1,224,000 – 3,328,000), cubierto con los aportes de los trabajadores activos, y más tarde, por el Estado, léase por los contribuyentes. En el caso opuesto, el trabajador cotizó durante 28 años a razón de un salario de sólo 20,000 mensuales, acumulando un aporte de 672,000 pesos (2,000x12x28). Pero, por cualquier razón válida o no, elevó su salario a 35,000, aportando durante los años 29 y 30 unos 84,000 pesos (3,500x12x2), para un total de 756,000. A diferencia del caso anterior, este trabajador logra una pensión de 28,000 pesos mensuales (el 80 % de 35,000), con un costo para el sistema de 5,824,000 (28,000x13x16), incurriendo en un déficit de 5,068,000 de pesos (756,000 – 5,824,000). Resultados: 1) a pesar de que el primer trabajador casi duplicó las aportaciones terminó recibiendo una pensión menor, de sólo 16,000 pesos, frente a una de 28,000 pesos del segundo trabajador; y 2) en el segundo caso, esta distorsión triplicó el déficit final del sistema, al pasar de 2,104,000 a 5,068,000. Una verdadera piñata contra los fondos públicos. Estos ejemplos son muy frecuentes. Dos o tres años antes de pensionarse un capitán o mayor, logra ser nombrado jefe de seguridad o de transportación en una institución del Estado, con un salario hasta seis veces superior, y termina retirándose con una pensión seis veces mayor. Un profesor de la UASD se pasó la gran mayoría del tiempo impartiendo una o dos secciones a la semana y años antes ocupa un cargo y duplica las secciones, obteniendo así una pensión por un monto que no se corresponde con su historial académico. También ocurre con un médico nombrado director de un hospital. Y además, suele ser muy común en empresas u oficinas privadas en las cuales a los “empleados preferidos” se les hacen aumentos importantes (o se simulan hacerlos) en los últimos meses para asegurarles pensiones desproporcionadas, a costa del sistema público de reparto, vale decir, de todos los contribuyentes. En nuestro país, se otorgan pensiones calculadas incluyendo los incentivos otorgados sobre los cuales nunca se cotizó. Estas distorsiones responden a presiones gremiales y son posibles debido a la seguridad de que, en última instancia, el Estado cubrirá cualquier déficit del sistema. Este desequilibrio financiero y actuarial termina minando la sostenibilidad del sistema público de reparto. Por esa razón, en la gran mayoría de las naciones el cálculo de la pensión se realiza sobre el salario promedio de los últimos 5 años y en Europa entre 15 y 20 años, eliminando así esa distorsión que genera un privilegio muy costoso e injusto. En nuestro querido país, en materia previsional todavía estamos en la etapa de Concho Primo: 1) la pensión se otorga sobre el último salario; 2) todavía existen altas pensiones con muy bajas cotizaciones; 3) todavía se otorgan pensiones con sólo 20 o 25 años de aportes, a pesar de la longevidad; 4) se multiplican las pensiones no contributivas de lujo; y 5) todavía las pensiones no se actualizan según el costo de la vida. ¿Hasta cuándo?
No a la piñata previsional (2)
Como parte de la piñata previsional, el INABIMA ha logrado acumular el 11.1% del patrimonio total del sistema nacional de pensión, con apenas el 6% de los cotizantes SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS Arismendi Díaz Santana Mientras cientos de miles de envejecientes pobres esperan por una pensión solidaria de 6,000 pesitos; mientras más de 120,000 pensionados del Estado ven reducir su calidad de vida porque su pensión no se actualiza como dispone la Ley 87-01; y mientras miles de pensionados carecen de un seguro de salud, el Estado gasta una millonada mensual pagando las pensiones del INABIMA al margen de la ley, multiplicando las desigualdades sociales entre la propia población. Mientras los estudios y evaluaciones revelan las deficiencias en la formación de los alumnos del sistema público, luego de una década de entrega del 4% para la educación, los maestros disfrutan del increíble privilegio de recibir pensiones totalmente pagadas por el Estado, en adición al 8% mensual que aporta como empleador. Este Plan garantiza una pensión del 100% con 30 años de cotización, sin mínimo de edad; un 90%, con 25 años de aportes y 55 de edad, y un 85% con 20 años de labor y 60 de edad. Este plan sería una maravilla si se pudiese aplicar a todos los dominicanos, dejando de ser un irritante privilegio. A los 30 años de docencia, el afiliado promedio aportará 7,681,115.00 incluyendo los intereses durante su vida laboral. En cambio, el Estado desembolsará 11,726,000.00 de pesos constantes (10,010,000.00 pagados al titular, más 1,716,000.00 al cónyuge sobreviviente), arrojando un déficit de 4,044,885.00 (7,681,115.00-11,726,000.00), por cada uno de los 129,455 cotizantes. En las próximas décadas, esos 129,455 maestros activos generarán un déficit de 1,610,549,712,585.60 de pesos reales, sin inflación. Se trata de una carga fiscal de tal magnitud, que comprometerá el 4 % de la educación y competirá con la deuda externa del país. Si esto no es una piñata previsional, bautícela usted. Este subsidio reduce sensiblemente la cantidad de pensiones solidarias a los envejecientes más pobres y vulnerables. El INABIMA es irrepetible porque es demasiado oneroso para el Estado El patrimonio del Plan de Retiro se ha multiplicado 18.4 veces en los últimos 13 años, mientras la cantidad de cotizantes ni siquiera se ha duplicado (1.96 veces). Actualmente el INABIMA posee el 11.1% del patrimonio total del sistema dominicano de pensión, con sólo el 6.0% de los cotizantes. El Plan de Pensión del INABIMA se mantendrá, no por su propio mérito, ni porque garantice el equilibrio financiero, sino gracias a las presiones gremiales, y siempre a expensas de los contribuyentes. Los maestros se merecen un retiro digno, siempre que con ello no se prive a los demás dominicanos de sus legítimos derechos. El modelo de INABIMA no es replicable a nivel nacional: 1) porque es imposible universalizar un déficit infinito; 2) debido a que supondría una cotización del 20%, arruinando a las pequeñas y microempresas y/o elevando más la carga fiscal; y, 3) porque prestaciones tan elevadas sólo pueden beneficiar a minorías muy poderosas. Ese plan es tan excluyente que no protege al personal técnico y administrativo, como si éstos no fuesen parte integral del sistema educativo. Una valuación actuarial del 2018 concluyó que, de mantenerse el actual esquema, el gasto en pensiones y jubilaciones podría representar un 12 % del presupuesto total del MINERD en el año 2030, y un 17 % en el año 2050. Los privilegios del INABIMA comprenden dos grandes etapas, de acuerdo a la Ley 451-08 y al artículo 6 del Reglamento: Una primera etapa de 15 años, en la cual “el Estado asumirá el pago de las pensiones y de las jubilaciones, y el INABIMA cubrirá las pensiones de sobrevivencia” Una segunda etapa de otros 15 años, durante la cual “la implementación del pago de las pensiones y jubilaciones será compartida entre el Estado y el INABIMA, éste con un máximo del 10%”. El Estado no sólo se obliga a aportar el 8% como empleador, sino, además, a pagar íntegramente todas las pensiones por vejez del INABIMA durante 30 años. ¿Contempla la reforma fiscal la eliminación de este privilegio, para orientar esos recursos a los envejecientes más pobres y vulnerables y a actualizar las viejas pensiones?
No a la piñata previsional (1)
En una década, el 1.0% de las jubilaciones concentrará más del 40% del total pagado con los impuestos de todos los contribuyentes. Un Estado “democrático” convertido en una fábrica nacional de la desigualdad social. SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS ARISMENDI DIAZ SANTANA El otorgamiento de la pensión privilegiada al expresidente del Tribunal Constitucional le generará un déficit mínimo de 81,200,000.00 al Estado Dominicano. Y al agregar el déficit estimado de las pensiones de los 12 jueces restantes, este costo fiscal rondará los 800,000,000.00, asumiendo sólo 10 años promedio de pensión, y sin considerar la pensión de sobrevivencia del cónyuge. Hace tres semanas el amigo Cándido Mercedes me dedicó su artículo “Madurez democrática, el sentido de las elites, establishment y visión”, alarmado ante las pensiones desorbitantes que se están autoasignando los titulares y altos funcionarios de las instituciones autónomas y descentralizadas, y me pidió que evaluara sus implicaciones financieras. Para facilitarme el trabajo, expuso el caso del expresidente del Tribunal Constitucional señalando que disfrutó de un salario mensual de 807,190.00, recibiendo una pensión de por vida de 733,000.00, equivalente al 90% de dicho salario, luego de 9 años frente a dicho Tribunal. Misión cumplida, ahí están los resultados. Estamos en presencia de una auténtica “Piñata Previsional”, donde los altos funcionarios aprueban planes de retiro a su medida, en abierta contradicción con el carácter universal de la ley 87-01 de Seguridad Social. Hace 20 años señalé que el otorgamiento de las pensiones públicas constituye la mayor fuente de privilegios y de desigualdad social. El caso del Tribunal Constitucional es solo un ejemplo que existe, sólo con pequeñas variantes, en todas las instituciones autónomas y descentralizadas. También en el Congreso Nacional, en el Poder Judicial y en las superintendencias. Y, desde luego, en el seno de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Pero en esta repartición de la piñata previsional participan más sectores porque, como explicaremos en los siguientes mensajes, incluye a los maestros, a los médicos, a los profesores y empleados de la UASD y a miles de pensiones no contributivas elevadas. Y como si esto no fuese suficiente, ahora amenaza con incluir a todo el personal del Poder Municipal. Un elocuente homenaje al desamparo y a la desigualdad social, auspiciado por el propio estado, totalmente de espaldas al artículo 39 de la Constitución Nacional que condena cualquier privilegio y que proclama la igualdad de derechos y de oportunidades para todos los ciudadanos, dominicanos y residentes. Planes auto elaborados a la medida de sus intereses, influencias y poderes Mientras la revisión del seguro de pensiones del dominicano común requiere de una Ley, los planes de retiro de estas minorías son elaborados y revisados por ellos mismos, con plena facultad para fijarse pensiones elevadísimas, otorgadas con poco tiempo de cotización, generalmente con aportes del 4% el funcionario y el 8% la institución. Y son actualizadas anualmente, en algunos casos incluyendo el “salario 14”. Pero los privilegios son mucho mayores aún. En realidad, en los casos de las instituciones autónomas, descentralizadas, del congreso nacional y de las superintendencias, el aporte del funcionario es prácticamente nulo, ya que éstos suelen elevar sus salarios mucho más allá del aporte individual al Plan. No sería exagerado señalar que, dentro de una década, menos del 1.0% de las pensiones y jubilaciones concentrará más del 40% de los beneficios otorgados por el Estado y pagados con los impuestos de todos los contribuyentes. Un Estado “democrático” convertido en una fábrica nacional de la desigualdad social. Estos jugosos privilegios se fundamentan en la Ley 379-81. “Art. 11.‐ Las pensiones relativas de los Cuerpos Castrenses y Policiales, y las correspondientes a Organismos Municipales se regirán por Leyes Especiales. Igualmente se regirán por disposiciones especiales las Instituciones Descentralizadas del Estado que se regulen por estatutos particulares dictados al amparo de sus respectivas reglas de autonomía”. Esa ley tiene ya 42 años de vigencia y nadie habla de revisarla para seguir ocultando esos privilegios de espalda a la Ley de seguridad social. Esa ley es tan anacrónica que en su Art. 8 fija en 8,000.00 pesos (si escuchó bien, en 8 mil pesitos) la pensión del presidente de la República y el Art. 9 en 500.00 pesitos la pensión de la viuda del presidente. Desde luego, la libertad para autoasignarse los salarios y para establecer planes de pensiones plagados de privilegios, ha llegado a niveles tales que están generando crecientes protestas y denuncias, en un país donde el 95% de las pensiones públicas no cubre la mitad de la canasta familiar, ni son actualizadas para mantener su poder adquisitivo. Todavía falta mucho por explicar.
CEDIMAT con mayor aceptación
La mayor aceptación de CEDIMAT reside en que sus ingresos son variables y dependen de la cantidad de pacientes atendidos, mientras que en los hospitales tradicionales el presupuesto y los salarios son fijos e independientes del nivel de desempeño. SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS ARISMENDI DIAZ SANTANA Los resultados de una encuesta hecha a pacientes sobre 11 clínicas privadas del país, determinó que CEDIMAT es la empresa más admirada en el sector salud. Las entrevistas fueron hechas por READ Investigación y Consultoría y los resultados publicados por Diario Libre en el 2020. A propósito de la celebración del 25 aniversario del Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT), nuestra Fundación ha consultado a sus miembros coincidiendo en una gran aprobación sobre los servicios, con algunas observaciones que vale la pena puntualizar. “El servicio es excelente. Te cobran las diferencias que corresponden, sin sorpresas, aunque en ocasiones el copago está fuera de la gente común. Tienen médicos y especialistas de calidad, con buenos servicios y un trato más considerado, con modernos equipos y medios de diagnósticos. Llegué con mi suegro por emergencia, no nos exigieron pagos adelantados y lo operaron a primera hora de la mañana. Luego de un intensivo de varios días y de un internamiento de una semana, nos informaron que el plan básico solo lo reciben para consultas, por lo que tuvimos que hacer el pago total. A pesar de esa situación, seguimos yendo porque su servicio está muy por encima de los demás hospitales.”. “Hace un año operaron a mi esposa. El tema del cobro de depósito lo manejan muy sutil. Me invitaron a pasar por caja y solo la continuaron atendiendo cuando pagué el estimado de gastos no cubiertos por el seguro. Casi se adaptan a las tarifas del CNSS, muy inferiores a los 2,000 y 3,000 pesos de una consulta privada. La calidad del servicio es excelente. Prefiero ese hospital equipado y funcional de autogestión cobrando diferencias razonables, a un hospital público gratis, pero carente de todo, con horarios limitados y sin garantía de nada. Lo lamentable es que no está al alcance de la clase pobre”. “Fui dos veces a consulta y en ambos casos pagué 100 pesos de diferencia. Estuve internado varios días por una cirugía nasal. La cuenta hizo 252 mil pesos y me pidieron una diferencia mayor; reclamé y la ajustaron al tope de dos salarios mínimos como establece el CNSS. Hicimos un acuerdo de pago y todo quedó ahí. Las atenciones fueron excelentes y con muy buen servicio del personal”. En lo personal, mi esposa y yo somos pacientes satisfechos. El sistema de citas y recordatorio hace que uno se sienta con derechos. Los médicos y enfermeras son muy profesionales. La calidad del servicio, su costo menor y un trato más considerado atraen a muchos más pacientes, con el riesgo de ralentizar la atención y los servicios. “La principal crítica es que no acepta a los afiliados con solo el plan básico de salud, a pesar de recibir una subvención de 137 millones. Los afiliados del Régimen Contributivo de ARS SENASA tienen cobertura, pero CEDIMAT no atiende a los subsidiados. Y solo acepta a una parte de las ARS privadas. Otra violación a la Ley 87-01. El párrafo del artículo 142 de la ley 87-01 dispone que los subsidios a los centros de salud se destinen a atender a los subsidiados. Pueden tener la mejor atención, pero no es accesible a los más necesitados”. Desde luego, corresponde a la SISALRIL y al CNSS hacer cumplir este mandato en todos los casos de violación. La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) reconoce el rol positivo de CEDIMAT en este cuarto de siglo. Corrigiendo algunas fallas, constituye un modelo a implantar previsto en la Ley 87-01, para transformar a los viejos hospitales en centros de autogestión con ingresos según los servicios prestados. La diferencia esencial entre CEDIMAT y los hospitales tradicionales reside en que sus ingresos son variables y dependen de la calidad y la cantidad de la demanda. En cambio, la baja calidad general de los hospitales se explica porque reciben un presupuesto y salarios fijos, sin tomar en cuenta el desempeño ni los servicios prestados. Esa diferencia explica el contraste entre la práctica en el hospital y en el consultorio privado. Así de simple.
Reformar el Código y la Ley 87-01
La reforma del Código de Trabajo constituye una mejora para los trabajadores, la cual debe ser complementada con la reforma del sistema de salud y con los cambios a la Ley de Seguridad Social para elevar las pensiones. SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS ARISMENDI DIAZ SANTANA El sometimiento en la próxima semana de una reforma del Código de Trabajo evidencia la voluntad política del presidente Luis Abinader de actualizar y modernizar las relaciones obrero-patronales. Una necesidad nacional desde hace décadas, habida cuenta de los cambios en la productividad de la fuerza de trabajo y del surgimiento del teletrabajo. Esta reforma persigue fortalecer los derechos de los trabajadores y los empleadores, aumentar la generación de empleos, elevar la productividad y la competitividad, y fortalecer la paz laboral. También reducir la judicialización laboral, las acciones temerarias y los embargos injustificados. El proyecto consensuado agrega un día más de licencia de paternidad y otro de vacaciones a cargo de la empresa, lo que se traduce en casi 3 semanas. En adición, incluye el teletrabajo y consagra los derechos de las trabajadoras del hogar, formalizando su afiliación y cotización a la seguridad social. Existe una complementación armónica entre el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social. Mientras el primero establece las reglas que definen el contenido y el monto general de los salarios, la segunda garantiza el acceso regular al cuidado de la salud, a la protección contra los riesgos laborales y a un retiro digno. Por tales razones, ambos deben ser actualizados simultáneamente para potenciar su retroalimentación. En el 1992 el Código de Trabajo actual sustituyó al antiguo y obsoleto Código Trujillo de Trabajo, aprobado en el 1952, bajo la férrea dictadura del “perínclito varón de San Cristóbal, como se hizo llamar Rafael Leónidas Trujillo Molina, como parte de su incesante megalomanía y endiosamiento durante la llamada “Erad de Trujillo”. La necesidad de esta reforma data del 2013, cuando se creó una comisión especial para su revisión y actualización, cuyos resultados no fueron remitidos al Poder Legislativo. Su contenido controversial determinó una lenta negociación y acuerdos para su reforma, al igual que ocurre con la ley del Seguridad Social. Cuatro años más tarde, en 2017, el tema fue replanteado en un diálogo tripartita, solo concluyendo que la reforma laboral es una necesidad impostergable para mejorar las condiciones de trabajo y actualizar los mecanismos de relación entre los trabajadores y sus empleadores. Se mantienen las diferencias sobre el tema de la cesantía laboral El empeño del Lic. Luis Miguel De Camps aseguró la participación de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD). Y, también del sector empleador: COPARDOM, ASONAHORES, ONEC, CONEP, ACIS, AIRD, CODOPYME, ANJE y ADOZONA. Es muy lamentable la falta de consenso sobre la cesantía laboral, sin dudas un tema crucial, íntimamente vinculado a la Seguridad Social. A partir de la Ley de Seguridad Social los empresarios han propuesto un tope a la cesantía para reducir la parte que representa el ahorro del trabajador, señalando que no se trata de eliminarla por completo. Por su parte, los dirigentes sindicales insisten en que la cesantía constituye una conquista social innegociable. Abrigamos la esperanza de que dentro de un tiempo razonable este tema sea replanteado y se llegue a un acuerdo equilibrado y satisfactorio, respetando los derechos adquiridos y una mayor flexibilidad para los futuros trabajadores. La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) celebra los avances logrados. Sostenemos que la protección integral y el bienestar de los trabajadores dominicanos implica, tanto la reforma del Código laboral como la reforma del sistema de salud y los cambios en la Ley de Seguridad Social orientados a elevar las pensiones y jubilaciones.
Elevar la calidad de la protección social
Existen todas las condiciones para que el presidente Luis Abinader le ponga la tapa al pomo impulsando las reformas y los cambios que demandan los dominicanos, de acuerdo a la Ley 87-01, y al rápido crecimiento económico durante las últimas décadas. Seguridad Social para todos ARISMENDI DIAZ SANTANA Aprovechando la solemne ocasión de su segunda juramentación como primer mandatario de la Nación, el presidente Luis Abinader Corona hizo varios pronunciamientos y compromisos sobre la seguridad social que vale la pena resumir con sus propias palabras. “Nuestro gobierno, luego de diálogos constantes, presentará en este año 2024 la propuesta de reforma del sistema de seguridad social, encaminada a fortalecerlo y a proporcionar certeza, garantía y calidad de atención y beneficios a los dominicanos y dominicanas”, a reducir o eliminar el gasto de bolsillo, y a otorgar un seguro médico para los pensionados. “Hace 23 años el país adoptó este importante sistema de protección social dando un paso valiente en la dirección correcta. Antes menos del 15% se beneficiaba de algún tipo de pensión, y menos del 20% disfrutaba de un seguro de salud y riesgos laborales. “Sin embargo, ese valiente paso ha esperado que los gobiernos sucesivos lo mejoren”. “Hoy, prácticamente todos los dominicanos tienen el seguro familiar de salud, y toda la población laboralmente activa en la formalidad cuenta con derechos previsionales medibles. Nos proponemos ampliar la cobertura para que más dolencias puedan ser cubiertas y para reducir o eliminar el gasto de bolsillo de la población”. “En materia de pensiones, estamos comprometidos con una reforma que fortalezca, mejore y dé tranquilidad a nuestra población para que cuente con la garantía universal de pensiones dignas”. Y para que todos los pensionados tengan acceso a un seguro médico en la etapa en que más lo necesitan. Como un logro de su gestión, el presidente destacó la incorporación al seguro público de salud a 2 millones 400 mil dominicanos, alcanzando un 97.3% de la población. Anunció la ampliación gradual de la entrega gratuita de medicamentos a pacientes diabéticos e hipertensos, mayores de 45 años. “Hemos trabajado en garantizar salud para todos, de calidad y en todos los rincones del país, y en esa dirección continuaremos”. Aseguró que con la reforma tributaria se mejorará el sistema de seguridad social, con la implementación de la atención primaria en el régimen subsidiario, de forma gradual pero acelerada. Hace varias semanas nuestra Fundación señaló que la mejor justificación de una reforma fiscal integral es garantizándole al país que una parte de los nuevos ingresos, se empleará en las reformas del sistema de salud para elevar la protección sanitaria y reducir el gasto familiar de bolsillo. El mejor mensaje, el más inequívoco de todos, sobre la voluntad política de cambios reales que puede enviar la nueva administración del presidente Luis Abinader es iniciar, a la brevedad posible, las reformas dispuestas por la Ley de Seguridad Social del sistema de salud, ya que ninguna requiere de la modificación de la Ley 87-01. Como hemos señalado en múltiples ocasiones, en el campo de las pensiones la situación es distinta. En esta área sí se requieren cambios importantes en la Ley para elevar las pensiones generales y, muy en particular, para garantizar un mejor retiro a más del 75% de los cotizantes que no podrán acumular las 360 cuotas requeridas. El anuncio de acelerar la atención primaria para los afiliados subsidiados es una buena noticia porque así lo plantea la Ley. Pero debe extenderse al Contributivo, ya que es allí donde es posible reducir el gasto familiar de bolsillo, tal y como se ha prometido. Esta reforma vital debe primar sobre los intereses de quienes se enriquecen manteniendo un seguro de enfermedad costoso y excluyente. Existen todas las condiciones para que el presidente Luis Abinader le ponga la tapa al pomo impulsando las reformas y los cambios que demandan los dominicanos, según la Ley 87-01, y de acuerdo al crecimiento económico de las últimas décadas. La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) apoyará todas las iniciativas oficiales para garantizar los derechos de todos los dominicanos y fortalecer el SDSS