Muchos éxitos presidente Abinader
Nuestra Fundación apoyará todas las reformas y cambios para lograr que, por primera vez en el país, su consigna de “en salud, primero la gente” sea una tangible realidad. Seguridad Social para todos ARISMENDI DIAZ SANTANA Hace apenas 24 horas, Luis Abinader Corona se juramentó por segunda ocasión, como presidente constitucional en presencia de 16 mandatarios del mundo. En esta segunda y última ocasión ratificó formalmente su compromiso de impulsar las reformas pendientes, en su empeño de dejar un legado de un presidente reformador y modernizante. La reforma del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) tiene una gran prioridad dentro en la agenda presidencial. Como dijo el Dr. Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, esa reforma es la madre de todas las demás reformas, porque toca directamente a los 10.8 millones de dominicanos y residentes en el país. A pesar de contar con una apreciable mayoría en ambas cámaras legislativas, y de la existencia de un amplio consenso sobre las reformas y los cambios que reclaman a gritos la población y la opinión pública, el presidente Abinader ha decidido convocar a un nuevo diálogo nacional en un esfuerzo loable por alcanzar el mayor consenso posible. Se espera que esta sana intención democrática, sea correspondida por los diversos sectores y se aboquen a discutir sólo los temas no consensuados durante las jornadas anteriores del Consejo Económico y Social (CES). Y que ahora se aprovechen los valiosos insumos que arrojó el Segundo Congreso Bienal Salud y Seguridad Social realizado exitosamente hace un mes por la Defensoría del Pueblo. Nuestra Fundación aplaude esta convocatoria a un diálogo constructivo porque forma parte del fortalecimiento institucional del país. Pero considera que la misma debe ser bien precisa y debe ejecutarse dentro de un plazo prudente, porque los problemas se agudizan y el tiempo apremia. Como dijo el amigo Jesús Feris Iglesias “este pueblo no aguanta más”. En este sentido, señor presidente, es oportuno recrear el ejemplo del presidente Hipólito Mejía, quien para aprobar la Ley de Seguridad Social tomó la decisión histórica de establecer un plazo prudente para llegar a un acuerdo. Y gracias a esa determinación, hoy todos reconocemos que la aprobación de esa Ley fue el mayor legado de su gestión. Hemos avanzado mucho en la cantidad de afiliados, pero estamos muy rezagados en la calidad de la protección por la ausencia de las reformas Nuestra Fundación reitera que actualmente existen todas las condiciones sociales y políticas para darle un mayor impulso e iniciar la segunda y decisiva etapa del desarrollo del SDSS. En este cuatrienio que concluye se completó el proceso de la afiliación universal, cubriendo más del 97% de la población nacional, colocando al país dentro de los primeros en América Latina. Pero ese gran avance cuantitativo no ha estado acompañado del necesario cambio cualitativo basado en las reformas estructurales. Todavía tenemos tres grandes desafíos que superar en este cuatrienio: 1) reducir sustancialmente el gasto familiar de bolsillo; 2) reducir la mortalidad materno infantil y elevar los principales indicadores de salud y bienestar; y 3) elevar el nivel general de las pensiones para reducir la pobreza e indigencia durante la vejez. Como ha quedado demostrado en la opinión pública, para reducir el gasto familiar de bolsillo y para elevar los indicadores de salud, no es necesario modificar la Ley 87-01. Basta con cumplir con la Ley estableciendo el primer nivel de atención, basado en la estrategia de atención primaria, y asignando todos los recursos públicos del régimen subsidiado, en función de los servicios prestados a la población, entre otras. En cambio, para elevar el nivel de las pensiones sí se requiere de cambios importantes en unos cuantos artículos de la Ley 87-01. Asumimos la responsabilidad profesional de insistir en la necesidad y urgencia de elevar el porcentaje de cotización en forma gradual, tanto para la cuenta personal de los afiliados, como para el Fondo de Solidaridad Social (FSS), nada complicado que no pueda hacerse en unos cuantos meses de trabajo. Señor presidente Luis Abinader, a nombre de nuestra Fundación y de todos los integrantes del chat SS PARA TODOS, del cual usted nos honra formando parte, le deseamos muchos éxitos en su nueva gestión. Y le reiteramos nuestra disposición de continuar respaldando todas las reformas a favor de lograr que, por primera vez en el país, su consigna de “en salud, primero la gente” sea una realidad tangible.
No a la evasión fiscal en la salud
Aplaudimos la acción de las autoridades por considerar que el pago de los impuestos es obligatorio para todos. El cobro de copagos constituye una práctica doblemente informal: es ilegal y constituye una evasión de impuestos. ARISMENDI DIAZ SANTANA Seguridad Social para todos Los médicos y las clínicas están obligados a entregarles factura fiscal a los pacientes. Luis Valdez Veras, director de la DGII, señaló que “todo cobro o servicio profesional debe ser registrado” de acuerdo a las leyes del país. Estas declaraciones se producen en medio del anuncio del gobierno dominicano de realizar una reforma fiscal integral y el reclamo generalizado contra los evasores. Es un secreto a voces que en el sector salud privado se les exige a los pacientes afiliados el pago de diferencias para acceder a casi todos los servicios del Plan Básico de Salud (PBS): consultas externas, análisis de laboratorios, estudios especiales, partos, intervenciones quirúrgicas y tratamientos. De todos, los copagos que cobran los médicos es el más crítico, incierto e irritante, porque sonEvacion establecidos libremente y sin límites, por lo que pueden ser elevados de manera unilateral en cualquier momento. Cobran montos más elevados en los casos de intervención quirúrgica y de tratamientos especiales. No aceptan tarjetas de crédito, ni cheques y se niegan a entregar una factura o recibo que le permita al paciente realizar cualquier reclamación frente a su ARS o solicitar su deducción en su declaración fiscal anual. No se entrega una constancia legal para no pagar impuestos, lo que constituye una evasión fiscal penada por la Ley. Esta práctica golpea fuertemente el presupuesto familiar. Los copagos superan hasta seis veces el pago de la ARS por servicio. Cálculos conservadores estiman entre 30,000 y 35,000 millones de pesos anuales, percibidos sin pagar impuestos. Se trata de una operación totalmente ilegal e informal en beneficio de los médicos y en perjuicio de los afiliados y del fisco. En los casos de una consulta, la secretaria cobra en efectivo, sin dejar rastros ni constancia de la transacción. Y en los servicios más complejos no aceptan tarjetas de crédito y se exigen una transferencia a una cuenta digital, también con fines evasivos. Para la Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) esa es una demostración de la total mercantilización de la medicina de parte de todos los agentes. Lamentablemente, ya ni los médicos se escapan de este calificativo, salvo excepciones, anteponiendo el afán mercantil, al servicio médico y a la vocación social. Se trata de un problema ético y legal creciente que requiere de una atención oportuna de las autoridades para reducir la evasión fiscal. El presidente de ANDECLIP, Rafael Mena, aseguró que el gremio es cumplidor con los pagos de impuestos, y aconsejó a los médicos cumplir con esa obligación para evitar problemas legales. Pero obvió reconocer que en la mayoría de los casos, las clínicas tampoco entregan comprobantes fiscales. Luis Peña Núñez, secretario general del CMD, recalcó que los médicos son los que pagan más impuestos. Si así fuese, ¿por qué calificar como un ataque al gremio la exigencia de entrega de facturas con comprobantes fiscales? La realidad es que luego de muchas exigencias solo algunos entregan un recibo sin valor fiscal y firmado por una secretaria. Consideró que se trata de \\\»ataques despiadados contra los médicos”. “Hay que cobrarles impuestos a los que no pagan\\\». Su defensa fue tan pobre que terminó colocando a los médicos al mismo nivel de un mecánico, un gomero o un vendedor de frutas, señalando que a ellos no se les exigen comprobantes. Al carecer de razón, terminó apelando a la fuerza bruta: \\\»Estamos dispuestos a enfrentar lo que sea. Si hay una selectividad con los médicos, nos van a ver en la calle, porque es muy bueno buscar a la parte más vulnerable, al médico. Aquí habrá líos, si hay una persecución exclusiva a los médicos, que sí pagamos impuestos\\\», advirtió. Nuestra Fundación aplaude la acción de las autoridades por considerar que el pago de los impuestos es obligatorio para todos. El cobro de copagos constituye una práctica doblemente informal: es ilegal y constituye una evasión de impuestos.
La Ley 87-01 no privatizó la salud
La Ley de Seguridad Social no privatizó la salud, porque ya estaba privatizada. Tres décadas antes, Balaguer creó a las igualas y seguros médicos privados y ordenó la afiliación masiva de los funcionarios y empleados públicos, en vez de transformar y fortalecer al IDSS. ARISMENDI DÍAZ SANTANA SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS El Dr. Roa es un profesional con grandes luces, pero a veces opacadas por una defensa radical del mercantilismo gremial. Recientemente le declaró a la destacada periodista Altagracia Ortiz que las aseguradoras fueron creadas por la Ley 87-01, que son innecesarias y que deben eliminarse. La Ley de Seguridad Social no privatizó la salud, porque ya estaba privatizada. No creó a las ARS porque ya tenían más de tres décadas de existencia, y con una gran aceptación. Sólo el fanatismo gremial puede ignorar estas realidades, ampliamente documentadas en documentos oficiales, en múltiples informes de los organismos internacionales y en varios libros escritos por médicos ilustres. Balaguer fue el principal privatizar, pero no el único: 1) creó las aseguradoras privadas mediante la Ley 772 del 1967; 2) financió la construcción de grandes clínicas privadas y la ampliación de decenas de centros de salud privados, y 3) autorizó la afiliación masiva a las igualas y seguros privados de los funcionarios y empleados públicos, en vez de transformar al IDSS y ampliar su cobertura. Antes de la Ley 87-01, por cada tres con algún seguro de salud, dos estaban afiliados a esas aseguradoras privadas y sólo uno al IDSS. Decenas de miles de trabajadores tenían una doble afiliación y cotización porque no confiaban en el IDSS. Nuestro país fue el único en el mundo en donde los seguros privados voluntarios superaban con creces a los afiliados al seguro social obligatorio. Al momento de redactar la Ley 87-01 ya existían 40 igualas y seguro de salud, con más de 600,000 afiliados quienes, desde más de tres décadas, recibían un mejor servicio, ejerciendo la libre elección, nada de lo cual les ofreció un IDSS politizado, corrompido, clientelista, burocratizado y totalmente dominado por los gremios profesionales. Esas igualas y seguros tenían un gran apoyo político ya que todos los altos funcionarios públicos, congresistas, ejecutivos privados y de las instituciones autónomas y descentralizadas, estaban afiliados a ellas, recibiendo servicios continuos, flexibles y humanizados. Por eso todas las propuestas tendentes a eliminarlas fueron rechazadas por los trabajadores privados y públicos, y por el sector empresarial, empeñado en evitar que la doble cotización continuara multiplicándose. La Ley 87-01 cumplió con el principio de respetar los derechos adquiridos. ¿Por qué excluirlas si tenían mayor aceptación, cumplían con las Leyes y aceptaron ser reguladas, habilitadas y supervisadas por el Estado? ¿Por qué ignorar los derechos adquiridos de más de 600,000 afiliados a esas aseguradoras? ¿Por qué eliminar el derecho de los afiliados a la libre elección? Según una encuesta del 2023 del MISPAS la mayoría de los afiliados están satisfechos con los servicios de su ARS, y así lo consigna el PLANDES 2030 en su Pág. 78. Entonces, ¿por qué eliminar un servicio necesario y que libremente es aceptado por la mayoría de los afiliados? Porque existen grupos de médicos que tienen más de 4 décadas ejerciendo la medicina como chivos sin ley, sin controles, fiscalización, supervisión, ni rendición de cuentas. Que quieren continuar haciendo negocios con la enfermedad y se oponen a la promoción y prevención, sin importarles la alta mortalidad materno-infantil ni el enorme gasto familiar de bolsillo. Antes eran bienvenidas porque fueron creadas y propiedad de centenares de médicos visionarios. Pero ahora hay que eliminarlas porque, dentro de sus funciones, exigen el cumplimiento de los protocolos y detectan los fraudes y los excesos de minorías de médicos y clínicas faltos de ética. Controles básicos para asegurar el equilibrio financiero del PBS y garantizar el derecho universal a la salud. Cierto que las ARS tienen fallas y malas prácticas; que hay ARS privadas y públicas que no cumplen con sus funciones, y que deben ser eliminadas en los casos de reincidencia. ¿Pero, por qué se rechazan de plano y no se acepta nuestra propuesta de realizar una evaluación objetiva de la función y del desempeño de las ARS? La Ley de Seguridad Social no privatizó la salud, porque ya estaba privatizada. Tres décadas antes, en vez de transformar y fortalecer al IDSS, Balaguer creó a las igualas y seguros médicos privados y ordenó la afiliación masiva de los funcionarios y empleados públicos, y de las empresas estatales. Ojalá la SISALRIL convoque a un encuentro técnico para analizar este tema con criterio profesional y propositivo.
Este es el cuatrienio decisivo
Esperamos que en este nuevo cuatrienio el presidente Luis Abinader haga realidad su promesa de realizar las reformas para que, de verdad y por primera vez en nuestra historia, el eslogan de “en salud, primero la gente” sea una realidad. ARISMENDI DIAZ SANTANA SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS Constituye un paso positivo la invitación de la Asociación de Industrias a los líderes del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) al “Encuentro Industrial sobre la Situación Actual del Sistema de Seguridad Social”. Siempre hemos señalado que el sector empleador debería poner más atención a la situación, las quejas y los reclamos de sus trabajadores en relación a su protección social, porque su salud, tranquilidad y satisfacción contribuyen a mejorar la productividad y la competitividad del país. Además, porque el sector empleador aporta el 70% del financiamiento del SDSS y el 100% del costo del Seguro de Riesgos Laborales. Una modalidad de seguro social que protege a los propios empleadores contra cualquier demanda de los trabajadores, a consecuencia de daños por un accidente de trabajo y/o una enfermedad profesional. Resultan saludables las palabras del ministro de trabajo y presidente del CNSS, Luis Miguel De Camps: “Las propuestas para una posible reforma a la Ley de Seguridad Social deben cumplir los siguientes criterios: tener en el centro el mejoramiento de las condiciones de vida de los afiliados, ser financieramente sostenibles, mejorar la equidad y la igualdad de los dominicanos e impactar en el gasto de bolsillo de las familias”. Todos los expositores coincidieron con nuestro planteamiento de que, si bien el SDSS ha logrado importantes avances en relación al viejo Seguro Social, no es menos cierto que todavía estamos a mitad de camino, en relación al objetivo y a las metas de la Ley 87-01, y al nivel del crecimiento económico del país durante las últimas décadas. Reiteraron que “entre los retos y desafíos que tenemos en el sistema están lograr la entrada en vigencia del Primer Nivel de Atención de la población, con un enfoque preventivo, y obtener una mayor inversión pública en salud, posibilitando el equilibrio financiero de las prestaciones en especies requeridas y las económicas”. En el encuentro, además participaron el Tesorero de la Seguridad Social (TSS), Henry Sadhalá, el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), Jesús Feris Iglesias, el Superintendente de Pensiones (SIPEN), Francisco Torres y el Gerente General del CNSS, Edward Guzmán. Como era de esperarse, los altos funcionarios destacaron los principales logros del gobierno del presidente Luis Abinader. Señalaron que más de 50,000 pensiones solidarias han beneficiado a familias en situación de vulnerabilidad, así como la ampliación de la cobertura del seguro familiar de salud para trasplante de riñón, reconstrucción mamaria, rehabilitación en caso de cáncer, entre otros. Se citó la reducción de 45 a 44 años para retroceder al sistema público de reparto. El presidente Abinader y los principales directivos del SDSS, cada vez están más conscientes de la necesidad de una reforma orientada a fortalecer el SDSS y centrada en los afiliados, para al menos, reducir las distorsiones y los privilegios e implantar las reformas estructurales establecidas por la Ley 87-01, pendientes desde hace 23 años. Insisten en promover una reforma que coloque al afiliado en el centro de la atención, enarbolando la consigna de que “en salud, primero la gente”. Hablan de desarrollar políticas de contención del costo de los servicios de salud y se resisten a incluir servicios sin identificar las fuentes de financiamiento. Durante el cuatrienio que concluye mejoraron la cobertura de la atención catastrófica y el monto de los medicamentos, entre otras. Pero todavía sin llegar al fondo de los problemas mediante cambios capaces de reducir el gasto familiar de bolsillo y la mortalidad materno-infantil. Mientras tanto, continúan los rechazos, las exigencias y cobro de adelantos para el ingreso y la sensación de orfandad y de desprotección oficial. La Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) mantiene la esperanza de que en este nuevo cuatrienio el presidente Luis Abinader convierta en realidad su promesa de una reforma para que, de verdad y por primera vez en la historia, el eslogan de “en salud, primero la gente”, sea una realidad.
El reto de afiliar a los cuentapropistas
Reiteramos la necesidad de la afiliación de los cuentapropistas porque constituyen el 57% de los trabajadores dominicanos y tienen características laborales y sociales específicas ARISMENDI DIAZ SANTANA SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS En varios países de América Latina crece el interés por la afiliación de los trabajadores autónomos o por cuenta propia. Por diferentes razones, la suerte de estos cuentapropistas es motivo de preocupación, convocando a especialistas de diversos países en la búsqueda común de estrategias y soluciones adecuadas. Tal es el caso del Perú, donde casi el 75% de la población económicamente activa (PEA) se dedica a actividades informales, una realidad lo suficientemente preocupante como para llamar la atención de las autoridades nacionales, e incluso de las organizaciones internacionales especializadas. Durante la semana pasada en Perú participé en una intensa jornada organizada por We Social Movements (WSM), de Bélgica con la participación de su embajador. Un taller de un día con más de 15 organizaciones laborales y populares; sendas visitas a la dirección del Seguro de Salud del Perú, al Ministerio del Trabajo, y a la Dirección Regional de la OIT con sede en Lima Perú. La mejor noticia es que en el centro de todas esas actividades estaba AMUSSOL (Asociación Mutual de Servicios Solidarios) en reconocimiento a la originalidad de su creación y a los resultados obtenidos: 30,416 titulares + 71,378 dependientes; con pagos acumulados a la TSS por 2,933.5 millones de pesos. En el centro de esos tres días de intensa labor estuvo Francisca Altagracia Jiménez, la directora de AMUSSOL, con su liderazgo contagioso. Mi participación consistió en explicar las características del SDSS, el tratamiento especial que le asigna a los trabajadores autónomos, y la forma en que AMUSSOL se inserta en el sistema. Todo bajo la organización de Alexandra Arguedas Jiménez y la coordinación de Abraham Calderón. Llena de satisfacción y orgullo la admiración de organismos internacionales y de sindicatos lejanos por la originalidad y los logros alcanzados por AMUSSOL a favor de los cuentapropistas. Una admiración y orgullo casi inexistente en nuestro propio país. Es importante resaltar que la OIT mundial presenta a AMUSSOL como un modelo de buena práctica a favor de los trabajadores informales. Y es que el propio impulso del desarrollo económico y social y la gobernanza están en juego. Por ejemplo, en Perú el 80% de los periodistas del país se desempeñan como informales mediante la tercerización de sus contratos. Zuliana Lainez, es la primera mujer en 94 años de fundada que dirige el ANP, y está decidida a utilizar su entusiasmo y fuerte liderazgo para lograr la afiliación de los periodistas. En Panamá los autónomos tampoco están afiliados al Seguro Social Panamá es otro país que cada vez vuelca su atención sobre los trabajadores que se ganan la vida realizando actividades consideradas informales, porque supuestamente no pagan impuestos y, sobre todo, porque no están afiliados a la seguridad social. Allí dictamos una cena conferencia, con la participación de 5 recién electos diputados (en Panamá solo son 71), de varios ex consultores de la OPS/OMS, de actuales funcionarios de la Caja Panameña del Seguro Social (CPSS), de médicos y profesionales, y de influyentes asesores técnicos de las dos principales bancadas del Congreso de la República. En Panamá la informalidad ronda el 49% de la PEA, cerca del promedio de América Latina. Tampoco están afiliados porque tendrían que aportar el 100% de la cotización. El problema central de la CPSS es un fuerte déficit del sistema público de reparto, el mayoritario. Una parte de los afiliados tiene capitalización individual, con una posición financiera muy holgada, con sólo 20 años de operación. Las nuevas autoridades panameñas plantean “reformas paramétricas” para enfrentar el déficit, pero muchos no están seguros de que sean suficientes y que los trabajadores las acepten. Otros contemplan la afiliación de los trabajadores autónomos para obtener nuevas aportaciones. La mayoría de los presentes apuntaron hacia una reforma integral de la Caja Panameña, pero se enfrentan a la oposición de los sindicatos. La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) reitera la necesidad de una mayor atención de los cuentapropistas porque constituyen el 57% de los trabajadores dominicanos y porque tienen características laborales y sociales específicas que deben ser tomadas en cuenta para facilitar su afiliación al SDSS.
Muy bien por la SIPEN
Muy bien con la SIPEN Proponemos que la SIPEN y la DIDA ofrezcan información y orientación permanente a fin de que los afiliados puedan evaluar las ventajas y desventajas de optar por una pensión programada o por una renta vitalicia. ARISMENDI DIAZ SANTANA SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS La Superintendencia de Pensiones ha hecho muy bien en alertar a los afiliados del sistema de capitalización individual (SCI) de no enajenar su patrimonio, aceptando planes aparentemente atractivos y tentadores de algunas compañías de seguros, sin antes contar con las informaciones básicas y la orientación de las autoridades. La Ley 87-01 de Seguridad Social prevé dos modalidades de retiro: una pensión basada en una renta vitalicia y un retiro o pensión programada. En nuestro país la modalidad de renta vitalicia es muy novedosa por lo que todavía no puede apreciarse su impacto real. También lo es la opción de retiro anticipado. El mayor riesgo es la desinformación de grupos interesados en presentar sus atractivos, sin explicar claramente los riesgos implícitos. La primera, implica un contrato con una compañía de seguros a la cual el afiliado le traspasa su patrimonio total, y de manera irreversible, a cambio de una renta o pensión de por vida. En esta opción, la compañía asume el riesgo de la longevidad, por lo que sobreestima la esperanza de vida, con lo cual la pensión vitalicia mensual resulta menor. En la inmensa mayoría de los casos se aplican tablas de longevidad propias de países desarrollados y/o de las clases altas, donde la esperanza de vida es considerablemente mayor. Al enajenar la propiedad de su patrimonio, cuando el asegurado fallece antes del tiempo “estimado”, el saldo disponible le queda a la compañía como una ganancia extra. El superintendente, Lic. Francisco Torres, indicó que las mismas podrían ser perjudiciales, ya que la empresa de seguros ganaría dinero sobre el dinero del usuario, afectando su estabilidad financiera en la vejez. Lógicamente, para maximizar sus beneficios, la aseguradora necesita minimizar el riesgo implícito. El gran atractivo de la renta vitalicia es que le asegura al trabajador una pensión fija. Pero a la larga su costo resulta mayor. Es muy importante que los afiliados reciban toda la información y orientación necesarias para que comprendan la lógica, las ventajas y los riesgos de esta modalidad. De acuerdo a la Ley 87-01 los afiliados podrán acceder a una renta vitalicia siempre que hayan cumplido 55 años, y que cuenten con un fondo de retiro acumulado que les asegure una pensión mayor al 50% del monto de la pensión mínima establecida, que en este momento es de 14,161.00 pesos. En cambio, en la segunda opción, basada en una pensión programada, el afiliado conserva la propiedad total de su patrimonio, asumiendo el riesgo de la longevidad. La AFP le determina el monto de su pensión mensual, tomando en cuenta su esperanza de vida y la de su cónyuge. También puede recibir una pensión insuficiente, pero, como norma general el costo de administración resulta menor, en comparación con las ganancias de la compañía de seguro. Según informó el Lic. Francisco Torres, en la actualidad hay 2,348 afiliados al sistema que han completado las cotizaciones meta para acceder a sus ahorros para la vejez. De esos, unos 1,322 optaron por acceder a sus recursos a través de una renta vitalicia y 1,026 a través del retiro programado. Dado lo novedoso de ambas modalidades y de la juventud del sistema de capitalización individual en el país, es necesario que las autoridades ofrezcan suficiente información y orientación a los afiliados, a fin de que éstos puedan tomar una decisión acertada, ya que de la misma dependerá el monto mensual su pensión y su bienestar durante el resto de sus vidas. En ese sentido, la Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT), aconseja una acción combinada entre la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) para ofrecer información y orientación permanente a los afiliados, a fin de que puedan evaluar ambas opciones, de acuerdo a su situación en particular.
Dos grandes retos del presidente Abinader
Las metas del presidente Abinader son viables y para lograrlas en tres cuatrienios es necesario iniciar las reformas estructurales del sector salud y elevar los aportes para garantizar pensiones dignas y sostenibles para todos. ARISMENDI DÍAZ SANTANA SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS El presidente Luis Abinader afirmó que su gobierno está trabajando hacia la meta de convertir a la República Dominicana en un país plenamente desarrollado de cara al 2036, duplicando el producto interno bruto (PIB), durante los próximos 12 años. Una interesante visión de futuro de un presidente que acaba de reiterar que este será su último mandato presidencial. Para alcanzar esta meta en solo tres cuatrienios la economía tendría que crecer a un promedio del 6.2% anual. En realidad es posible, porque la economía dominicana ha tenido uno de los más altos crecimientos de la región durante más de tres décadas. Pero el panorama internacional no resulta el más propicio, por lo que lo más probable es que se tome unos dos o tres años más, lo cual no invalida la importancia de su planteamiento. El presidente Abinader pronosticó un alto grado de inversión que convertirá a nuestra economía en la más próspera de Latinoamérica, creando 1.7 millones de nuevos empleos, triplicando el salario promedio, eliminando la pobreza extrema, y extendiendo en seis años la expectativa de vida. Dado que estas metas son posibles en 12 o 16 años, vale la pena concentrar la atención sobre el rol de la seguridad social durante este proceso. La creación de 1,7 millones de empleos y la triplicación del salario medio sería una bendición para el Seguro Familiar de Salud. Esos permitirían incorporar al PBS la mayoría de los servicios demandados por los afiliados, siempre que se apliquen las reformas previstas en la Ley 87-01 y que se eliminen las distorsiones en la asignación de los recursos y en la contratación del personal. Para mejorar la salud y extender los años de vida, es necesario transformar a los hospitales públicos en centros autónomos y eficientes, con servicios continuos y de calidad. El reto ineludible del Estado es elevar los servicios hospitalarios para equilibrar la balanza entre lo público y lo privado, y reducir el gasto familiar de bolsillo. No estamos hablando de estatizar la seguridad social, como sueñan algunos, para multiplicar la politiquería, el clientelismo y el burocratismo. Necesitamos mejorar los servicios públicos para reducir la privatización y el afán desmedido de lucho, aplicando las reformas consignadas en la Ley de Seguridad Social. El otro tema trascendente es el aumento de 6 años de la esperanza de vida. Una meta menos realizable, ya que la tendencia mundial acusa un aumento entre dos y tres años de vida por cada década. No obstante, sean seis o cuatro años, de todas formas sería un gran avance para el país. Y en este tema, al gobierno actual también le corresponde una gran responsabilidad. Para garantizar pensiones dignas y sostenibles para todos es necesario elevar las cotizaciones, en especial, tomando en cuenta el costo adicional que implica un aumento tan importante de la longevidad. Estamos hablando de dos grandes retos de un Estado de derecho responsable en medio de una impostergable reforma fiscal. Y que bueno que el presidente Abinader haya puesto el tema sobre el tapete, porque de seguro que su equipo coincide en la urgencia de ambas reformas, sobre todo si se plantea eliminar la pobreza extrema antes del 2036. La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) acoge las metas del presidente Abinader. Los dominicanos podemos. Y porque para lograrlas en tres cuatrienios es necesario iniciar las reformas estructurales del sector salud y elevar los aportes para garantizar pensiones dignas y sostenibles para todos.
40 años dedicados a la seguridad social
He puesto mi granito de arena a lograr una mejor protección social para los dominicanos. Aun así, no estoy satisfecho y reitero mi decisión de continuar luchando, porque todavía estoy en deuda con el país por las oportunidades que me ha brindado Por Arismendi Díaz Santana Hace 40 años que comencé a asesorar al Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), gracias a su directora, la inolvidable Dra. Ligia Leroux de Ramírez. Ella tenía gran interés en renovar al Seguro Social, para entonces con cuatro décadas de retrasos y estancamientos. Comencé con una semana de atraso debido a las protestas populares que se desarrollaron entre el 23 y 25 de abril del 1984, en la capital y el interior por los aumentos del costo de la vida, debido a las medidas del presidente Salvador Jorge Blanco, a raíz de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ligia Leroux estaba muy consciente del atraso del IDSS y muy impresionada por las reformas en Centroamérica. Por eso, a mediados de mayo, y con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), me envió a Costa Rica y a Panamá para conocer las reformas de sus seguros sociales. Quedé profundamente impactado por el gran dinamismo de sus directivos y del personal. Era palpable la vocación y dedicación de los médicos, dedicados durante 8 horas a atender a los afiliados. Allí descubrí una realidad sanitaria muy diferente a la nuestra y comprendí que era necesario impulsar un cambio en el IDSS. Pude constatar la buena aceptación de los servicios públicos de los seguros sociales y de los ministerios de salud. Y, en consecuencia, la poca presencia de la medicina privada, prácticamente orientada a las familias de alto ingresos, a los ejecutivos de las grandes empresas, al cuerpo diplomático y a los consultores internacionales. Comprendí que la alta privatización de la salud en nuestro país es una resultante de las tradicionales deficiencias de los servicios públicos. De un Seguro Social dominicano atrasado y excluyente, con una larga tradición de ineficiencia, clientelismo, politiquería y corrupción, y de una SESPAS igualmente deficiente. En ese momento, los seguros sociales de Costa Rica como Panamá trabajaban en fortalecer las unidades de atención primaria en todo el país, y en integrar los hospitales del ministerio y del seguro social en una sola red nacional de salud, para elevar la cobertura y eficiencia. Luego, la Dra. Leroux me envió a España a un curso de Altos Estudios en Seguridad Social. Mi tesis concluyó que todas las propuestas de reformas del IDSS fueron rechazadas porque obligaban a los afiliados a acudir a los hospitales públicos desacreditados, ignorando las preferencias de los afiliados por las igualas médicas y seguros de salud privados, lo que agudizaría la doble cotización. Más adelante, presenté varios estudios con críticas a la situación y propuestas de cambios del IDSS, recibiendo como respuesta la notificación vía alguacil del Dr. Ney Arias Lora, director de entonces, del término de mi contrato con el IDSS. De inmediato fui contratado por la OPS como consultor para Centroamérica, con asiento en Guatemala. En Centroamérica recomendé varias modalidades de fortalecimiento para elevar la cobertura y la calidad de los servicios, porque esa era la principal demanda de la gran mayoría de la población satisfecha. En cambio, aquí mis recomendaciones fueron en otra dirección. La población dominicana no favorecía una solución exclusivamente estatal, porque durante décadas había sufrido en carne propia el costo en salud y en dinero de las ineficiencias públicas. A pesar de un costo mayor, se sentía más cómoda acudiendo a los centros privados de salud. Y todavía es así. Por lo tanto, la única forma de superar el viejo seguro social era construyendo un sistema de seguridad social universal, solidario, mixto y plural, con participación pública y privada en el aseguramiento y la provisión, bajo la conducción del Estado, garantizándoles la libre elección a los afiliados. Como contrapeso, la Ley 87-01 privilegió al IDSS con recursos millonarios para que pudiera transformarse en una institución eficiente, capaz de ganarse la confianza de la población, y ni aún así fue posible. Lejos de reducirse, la politiquería, el clientelismo y la corrupción continuaron su agitado curso, obligando a las autoridades a decretar su eliminación. Durante 40 años de dedicación a la seguridad social he puesto mi granito de arena en lograr una mejor protección social para los dominicanos. Aun así, no estoy satisfecho y reitero mi decisión de continuar luchando, porque todavía estoy en deuda con el país por todas las oportunidades que me ha brindado.
El reto de afiliar a los marginados
Los taxistas, vendedores de los mercados, motoconchistas y artesanos consultados, están dispuestos a afiliarse al seguro familiar de salud, por ser su mayor prioridad familiar, mediante modalidades de afiliación, recaudo y pago adecuadas a su nivel y modalidad de ingreso. Un sistema universal no puede marginar más a los marginados, a pesar de ser el 57% de la PEA. Por Arismendi Díaz Santana La afiliación de los choferes ha sido una promesa electoral y una meta de la mayoría de los políticos y presidentes del país. Especialmente, en la dotación de un seguro médico, incluyendo a sus familiares. En 1980, el presidente Don Antonio Guzmán Fernández, hizo esfuerzos en esa dirección, sin alcanzar la meta propuesta. 20 años después, el presidente Hipólito Mejía, me citó al Palacio Nacional, siendo el Gerente General del CNSS y me pidió a la brevedad un plan para iniciar el Seguro Familiar de Salud con los choferes independientes y sus familiares. Al Presidente le preocupaba el continuo retraso del inicio del SFS del Régimen Contributivo, y pretendía romper el hielo afiliando a los choferes para empujar a un acuerdo. Dos semanas después volví al Palacio Nacional y le presenté la propuesta. La consideró apropiada porque “esa es una deuda social que tenemos desde la presidencia de Don Antonio”. Cuando le expliqué el costo y el aporte del Estado, de inmediato llamó al Secretario de Finanzas para determinar la disponibilidad, tratándose de un compromiso permanente. Lamentablemente, la respuesta fue negativa, debido a la delicada situación económica del país. Ahora, 20 años después, cuando se está hablando de los retos de extender la cobertura a los grupos de difícil afiliación, vale la pena recordar esa deuda social del mismo grupo político, ante una nueva coyuntura nacional más propensa al cambio, por tratarse de un mandato legal. Los taxistas constituyen uno de los grupos de trabajadores autónomos a priorizar en el inicio del Régimen Contributivo Subsidiado. Están asociados para defender sus derechos y proteger su nicho de mercado. Se sienten orgullosos de su trabajo y se empeñan en proyectar profesionalidad, disciplina, cumplimiento, confianza y honradez. La gran mayoría presta sus servicios asociados a compañías de transporte que reciben los pedidos de los clientes y los transmiten a los taxistas asociados. Por cada traslado o servicio se cobra una tarifa, de la cual retiene el porcentaje que le corresponde y entrega el resto a dicha compañía. Totalizan más de 60,000 a nivel nacional. Los vendedores de los mercados tienen la ventaja de que están concentrados, se conocen y están organizados para defender su puesto de trabajo, y porque tienen que pagar una tarifa a los ayuntamientos por el uso del local. Los taxistas, vendedores, motoconchistas y artesanos consultados están dispuestos a afiliarse al seguro familiar de salud, porque es su mayor prioridad familiar. Apertura conceptual para crear nuevas modalidades de afiliación, recaudo y pago En todas las propuestas que he presentado sobre el inicio del Régimen Contributivo Subsidiado, he insistido en seis puntos claves: 1) es necesario mucha apertura conceptual para proponer modalidades de afiliación, recaudo y pago de acuerdo a las características de cada grupo; 2) la afiliación no puede ser obligatoria, ya que el Estado no tiene forma de imponerla; 3) la afiliación debe ser gradual, priorizando a los grupos organizados; 4) es necesario presentar una propuesta atractiva y asequible a cada segmento laboral; 5) la filiación debe ser gradual priorizando el SFS; y 6) su afiliación a la Seguridad Social no debe prestarse a persecución fiscal. Los moldes vigentes de afiliación y pago fueron diseñados por los seguros sociales hace 150 años para las grandes industrias y comercios, por lo que resultan excluyentes en una economía informal, donde la fuerza de trabajo vive de ingresos variables, está dispersa y carece de organización y registros contables. Por esa razón, todos los intentos de afiliar a los autónomos al Contributivo han resultado muy limitados, debido a que tendrían que pagar el 100% del costo de la afiliación. Resulta contraproducente imponer una carga tan pesada, a un sector laboral tan vulnerable. Pero tampoco tiene sentido afiliarlos al Subsidiado, ya que el 70% tiene capacidad contributiva y puede aportar. En adición al alto costo, ese traje tradicional le resulta una camisa de fuerza. La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) reitera su disposición de colaborar con las autoridades en los estudios y el diseño de propuestas viables y sostenibles para afiliar al Régimen Contributivo Subsidiado, a los taxistas, a los vendedores de los mercados, a los motoconchistas y a los artesanos, entre otros. Un sistema universal no puede marginar más a los marginados, a pesar de ser el 57% de la PEA.
Afiliación de los trabajadores autónomos
Los trabajadores autónomos dominicanos representan el 57% de la PEA, aportan más del 15% del PIB y generan millones de empleos, por lo que merecen una mayor atención de las autoridades de la Seguridad Social. Por Arismendi Díaz Santana La afiliación de los trabajadores por cuenta propia o independientes continúa siendo uno de los mayores desafíos de los sistemas de seguridad social. Mucho más en América Latina donde, como en nuestro país, la gran mayoría de estos trabajadores realizan su labor sin estar registrados, ni habilitados por el Estado. El tema va y viene, año tras año, con muy pocos avances porque, siendo un problema muy complejo, se tratan de aplicar soluciones muy simples, poco viables, de espalda a las características laborales, económicas y organizativas de esos trabajadores. Se les induce a afiliarse al Contributivo cubriendo el 100% del costo, lo cual implica un sacrificio muy grande. O se les afilia al Subsidiado, sin realizar ningún aporte, a pesar de que el 70% tiene capacidad contributiva. En esta semana la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) celebra en El Salvador un Congreso con los objetivos de “promover la ampliación de la cobertura en Seguridad Social a colectivos de difícil inclusión, y conocer las experiencias exitosas en Iberoamérica”, con la participación de la DIDA. Esperamos que surjan ideas creativas en esa dirección. La Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) estableció el Régimen Contributivo Subsidiado (RCS), que les otorga un tratamiento especial a los trabajadores por cuenta propia, tomando en cuenta sus características laborales, su nivel de organización y su importancia social. Constituyen el 57% de la población económicamente activa (PEA), generan millones de empleos y aportan más del 15% del PIB. Un sistema de seguridad social universal, obligatorio y solidario, no puede soslayar esta realidad objetiva: 1) que en el país la informalidad es estructural y no coyuntural; 2) que los trabajadores autónomos constituyen la mayoría de los trabajadores dominicanos; y 3) que tienen características laborales, organizativas y contables muy diferentes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Mano de Obra del Banco Central, alrededor del 70% de los trabajadores independientes declara ingresos superiores al salario mínimo nacional, por lo que califica para el RCS, mediante un aporte propio y un subsidio inversamente proporcional al ingreso promedio mensual. El 30% restante corresponde al Régimen Subsidiado. Desde luego, la incorporación de los trabajadores autónomos y de difícil afiliación requiere de flexibilidad, innovación, educación y persistencia. No obstante, lejos de aceptar este desafío, hace cinco años las autoridades sometieron un proyecto de ley para eliminar el Régimen Contributivo Subsidiado, incorporando a esa amplia población a uno de los dos regímenes restantes. El mismo fue desestimado. Algunos técnicos y autoridades han rechazado a priori este nuevo régimen, a pesar de la existencia de tres estudios independientes que confirmaron su viabilidad técnica y financiera. El primero fue elaborado por nosotros mediante concurso de la SIPEN, y los otros dos, por expertos calificados de la OIT y de la OPS, respectivamente. A finales del 2020, las autoridades nacionales y el CNSS optaron por afiliar a todos los trabajadores por cuenta propia al Régimen Subsidiado del SENASA. De esta forma, quedaron privados del derecho a la libre elección, obligándolos a acudir a servicios públicos considerados de baja calidad, incompletos y poco oportunos. Esta indecisión tiene un alto costo financiero y social: 1) muchos no utilizan el carnet y continúan comprando un seguro médico privado cubriendo su costo total; 2) el país pierde la oportunidad de ir avanzando hacia la formalidad laboral; y 3) su afiliación como subsidiados les impide cotizar y acumular para recibir una pensión, al momento de su retiro. La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) hace un llamado a las autoridades nacionales a una debida ponderación de las opciones disponibles a partir de la Ley 87-01, tomando en cuenta las características específicas de los trabajadores autónomos y su importancia en la generación de empleos y de riqueza social.