El todo o nada perpetúa el statu quo
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS En la historia universal generalmente las políticas radicales e intransigentes basadas en el \»todo o nada\» han terminado fortaleciendo al statu quo. Generan una polarización social que acentúa las divisiones y excluye los espacios de concertación democrática. Provocan reacciones extremas del poder y del Estado bloqueando las reformas posibles. Insistimos en el derecho a la libre expresión de las propuestas, sean radicales o no. Pero criticamos la intransigencia en coyunturas poco propicias para cambios revolucionarios. Por ejemplo, la “radicalización” de la lucha por los derechos civiles fue una estrategia para lograr las reformas posibles, mediante el diálogo y la concertación política. Análisis políticos como los de Adam Przeworski, muestran que los sistemas democráticos estables requieren de políticas de compromiso: el 72% de las transiciones exitosas priorizaron las negociaciones sobre las confrontaciones absolutas. Salvo en determinadas coyunturas históricas excepcionales, en la inmensa mayoría de los casos los cambios sostenibles han sido el resultado de reformas graduales. El 93% de los ejemplos históricos (según datos del Peace Research Institute de Oslo) fracasan al persistir en la intransigencia. Aún las conquistas sociales más relevantes (India 1947 y Sudáfrica 1994) finalmente implicaron una negociación, donde el \»todo o nada\» fue solo una herramienta para forzar acuerdos y concesiones, nunca para su imposición total. Como nos señaló el Dr. Luis Collado, el todo o nada implicaría una revolución en materia de seguridad social que ni siquiera Lenin compartiría, pues en su pensamiento filosófico los procesos de avances son graduales, tal cual lo concebían Henry George, John Keynes y Amartya Sen, entre otros grandes pensadores. Sin radicalismos intransigentes, y aún en el poder, AMLO logró una transformación sin precedentes, elevando las pensiones y la solidaridad social del sistema de capitalización individual. Sin grandes fanfarrias, ni radicalismos extremos insostenibles, pero con un firme compromiso social, el presidente Andrés Manuel López Obrador (2018–2024) logró grandes avances sociales en México. Sacó a 13.4 millones de mexicanos de la pobreza multidimensional y redujo la indigencia del 7% a 5.3%, minimizando la “vulnerabilidad extrema”. Lejos de eliminarlo, reformó el sistema de capitalización individual garantizando un aumento de las pensiones del 30% al 70 % del último salario. Elevó la solidaridad social reduciendo la cotización mínima de 1,250 a 750 semanas, a favor de millones de afiliados que no cumplirían con los requisitos anteriores. Aumentó gradualmente la cotización del 6.5% al 15%, logrando la hazaña de elevar el aporte patronal del 5.15% al 13.87%, manteniendo la cotización obrera en sólo el 1.25%. Pero como si esto fuese poco, el gobierno de AMLO redujo a sólo el 0.54% la comisión anual de las Administradoras de Fondos para el Retiro (las AFORES que aquí son las AFP), una de las comisiones más bajas del mundo. México, a pesar de mantener una política social inclusiva y abiertamente crítica al neoliberalismo, fue lo suficientemente inteligente para evaluar la situación real, y flexible para optar por la solución posible. Como resultado de esa política sensata y certera, hoy millones de mexicanos disfrutan de una mayor protección social avanzando hacia un futuro menos incierto. AMLO no sólo se retiró con el más alto índice de aprobación, sino que logró un triunfo arrollador en las urnas de la primera mujer candidata, asegurando la continuidad de la “Cuarta Transformación”. Lamentablemente, las demandas radicales del “todo o nada” priorizan “lo perfecto” sobre lo posible y sostenible”. En Chile, el gobierno fracasó en cambiar la Constitución de Pinochet, debido a los extremismos insensatos, generando una frustración nacional que durará varias décadas. La polarización extrema, lejos de construir puentes de entendimiento sobre los cambios posibles, crea muros insalvables que fortalecen el statu quo. En el caso dominicano, en el 2020 la testarudez ideológica de minorías con políticas del “todo o nada” abortó un acuerdo para impedir un cambio en la comisión de las AFP a todas luces perjudicial para los trabajadores dominicanos. Prefirieron apostar al fracaso del sistema de capitalización individual, como explicaremos la próxima semana.
Una propuesta costosa e insostenible
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS La propuesta de la Coalición Digna generaría un déficit de 5.2 millones por afiliado promedio. Con un salario de 37,000 pesos reales (libre de inflación) el afiliado promedio aportaría 821,221 pesos y si esos aportes se ahorraran y capitalizaran se obtendrían intereses por 732,588 al 5 % anual, acumulando un total de 1,553,809 pesos reales. De acuerdo a la propuesta, este afiliado modelo se retiraría a los 60 años con una pensión del 70% durante un promedio de 17 años, más 3 años del cónyuge sobreviviente. Su pensión total ascendería a 6,728,218, arrojando un déficit per cápita de 5,174,408, debido a que recibiría 4.3 veces más que el total aportado y acumulado de por vida. Demasiado bueno para ser verdad y financieramente sostenible. Los autores ocultan ese déficit, no explican cómo se financiaría ni cuál sería su impacto en la sostenibilidad del sistema. Tampoco, indican cuáles serían sus implicaciones fiscales a largo plazo y cuántos impuestos tendríamos que pagar todos los contribuyentes. Tampoco reconocen que el sistema de reparto fomenta irritantes privilegios de quienes “reparten y reparten y se quedan con la mayor parte”? Esas son las respuestas que el país necesita y reclama para conocer la verdad. Ante la incapacidad de demostrar su sostenibilidad financiera a largo plazo, el sistema de reparto no se justifica por méritos propios, sino descalificando al sistema de capitalización individual. La alta comisión de las AFP es utilizada como un pretexto para desacreditarlo, sin considerar la posibilidad de reducirla para elevar la tasa de reemplazo. Ciertamente los beneficios de las AFP son muy elevados, pero en este caso lo lógico sería proponer una reducción sustancial de la comisión como lo hizo México que ya las bajó al 0.54% anual sobre el fondo administrado. En el 2019, cuando el Senado convocó para discutir el tema, esos grupos radicales se limitaron a denunciar las altas comisiones en vez de proponer su reducción. Se descarta de antemano toda posibilidad de reforma del sistema de capitalización individual porque se trata de un enfoque unilateral para eliminarlo a cualquier costo Se afirma que las grandes corporaciones son las principales beneficiarias y que los afiliados reciben la menor parte. Eso no es cierto de acuerdo a los resultados obtenidos. Actualmente el patrimonio de los trabajadores supera los 1,175,199.4 millones de pesos, de los cuales alrededor de 528,839.7 millones (el 45%) han sido aportados por los afiliados y empleadores y 646,359.7 millones (el 55%) corresponden a las utilidades obtenidas. Se critica la falta de solidaridad social de la capitalización individual de Chile durante la dictadura de Pinochet. Pero no se reconoce que esa falla no justifica su eliminación, ya que hace 24 años nuestro país creó un Fondo de Solidaridad Social (FSS) a favor de los afiliados de bajos ingresos, y ahora lo que procede es fortalecerlo para garantizar pensiones adecuadas a los trabajadores con aportaciones insuficientes. Según afirman, las altas ganancias de las AFP causan las bajas tasas de reemplazo, lo cual no se corresponde con la realidad. De acuerdo a nuestros cálculos, su reducción al 0.54% anual sólo agregaría un año y dos meses más de jubilación por lo que, aún lográndola, todavía el déficit financiero promedio equivaldría a unos 8 años y tres meses de pensión sin fondos para cubrirlos, manteniendo una situación financiera deficitaria e insostenible. Lo cierto es que sin una reforma, las pensiones serán bajas, independientemente de que sea reparto o capitalización individual debido al impacto creciente de la longevidad. Nuestra Fundación asume la responsabilidad técnica de decir la verdad a la población, a la Comisión Bilateral, al movimiento sindical y a los políticos.
Sancionar los anticipos y las retenciones
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) entregó su propuesta de reforma de la Ley 87-01 de Seguridad Social al diputado Rafael Castillo, presidente de la Comisión Bicameral. La misma responde a una amable solicitud del senador Daniel Rivera, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado y vicepresidente de la Comisión Bicameral. Como defensores del derecho de los afiliados, nuestra propuesta se concentra en garantizar una mayor protección social en la cobertura y la calidad de los servicios de salud, así como en la entrega de pensiones dignas y sostenibles para todos, incluyendo a los trabajadores con cotizaciones insuficientes. Atendiendo a la demanda de los afiliados de elevar la cobertura y calidad de los servicios y reducir la privatización y el gasto familiar de bolsillo, se establece un plazo de 12 meses a partir de la modificación de la Ley 87-01, para iniciar las reformas del sistema nacional de salud establecidas en la ley y pospuestas durante dos décadas. Se prohíben las barreras económicas en emergencias, la retención de pacientes y de cadáveres. En los casos de violación, y a reservas de cualquier demanda judicial, la SISSALRIL suspenderá inmediatamente el Contrato de Prestación de Servicios de Salud (CPSS) entre la PSS infractora y TODAS las ARS, pudiendo cancelarlo definitivamente en los casos de reincidencia. La DIDA asistirá a los afiliados afectados. La SISALRIL, en un plazo no mayor de 12 meses propondrá al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) alternativas y modalidades de reclamación y cobro de las PSS a los afiliados que no pueda sufragar de inmediato cualquier costo adicional debidamente documentado y validado y que exceda la cobertura establecida. Además, la propuesta dispone la prescripción de medicamentos ambulatorios por principios activos bioequivalentes (genéricos), aprobados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MINSA). Sólo podrán prescribirse patentados cuando el MINSA certifique la inexistencia de bioequivalentes, y mientras exista esta limitante en el país. Los afiliados podrán comprar medicamentos patentados, siempre que cubran el costo adicional al precio de referencia de los bioequivalentes aprobados. El Catálogo de Medicamentos del PBS será aprobado por el CNSS y revisado y actualizado regularmente en un plazo no mayor de dos (2) años. Se prohíbe terminantemente toda práctica monopolística para obtener beneficios extraordinarios ilícitos a costa del derecho de los afiliados y/o del equilibrio financiero del Seguro Familiar de Salud (SFS). Ningún sector, o grupo de administradores (ARS) o de proveedores de servicios de salud (PSS) podrá presionar, en forma colectiva o asociada, para imponer contratos, tarifas y honorarios de manera unilateral. Tales acciones están claramente prohibidas por el Art. 50, numeral 1 de la Constitución que prohíbe el monopolio de particulares y dispone que el Estado adopte “las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante”. Cualquier administrador o proveedor de servicio que se sienta amenazado o intimidado por prácticas y presiones monopolísticas, podrá solicitar la acción de amparo de la justicia para evitar imposiciones y abusos de poder. La SISALRIL anulará cualquier contrato impuesto en condiciones monopolísticas. A fin de garantizar la calidad de los servicios y la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, el Proyecto declara de alto interés nacional, el inicio progresivo, en los plazos establecidas en la presente Ley, de las siguientes reformas: a) un Plan Básico de Salud equilibrado y sostenible; b) el primer nivel de atención con la estrategia de atención primaria.
Dos de tres decisiones trascendentales
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS La cápita diferenciada está consignada en el Art. 179 de la ley de seguridad social porque es la más justa, racional, equitativa y conveniente para reducir el riesgo de discriminación y sesgo. No es justo asignar la misma cápita para atender a una mujer en edad reproductiva que a un hombre de la misma edad, ya que la mujer demanda más del doble de servicios y se expone a rechazos de las ARS. De acuerdo a la SISALRIL, la demanda de servicios médicos entre las mujeres mayores de 65 años supera 2.3 veces la frecuencia de las mujeres entre 19 y 29 años. Si en promedio una mujer en edad fértil (entre 30 y 49 años) demanda 2.2 veces más atención médica que los hombres de la misma edad ¿por qué una cápita igual para una demanda desigual? La ausencia de una cápita diferenciada aumenta el riesgo de sesgos contra los mayores, las mujeres y las personas de cualquier edad en situación vulnerable de salud. Con esta disposición se eliminó la práctica inaceptable de las antiguas igualas médicas y seguros de salud que excluían a sus propios afiliados cuando cumplían 60 años por su mayor demanda. Igual situación habrá que establecer más adelante con el límite anual de las medicinas ambulatorias. No es justo que un joven en plena salud tenga el mismo tope que su padre o abuelo. O que un mayor de edad hipertenso esté sujeto a las mismas restricciones que un joven afiliado que disfruta de plena salud. Sin este ajuste no se realiza a tiempo, ¿qué pasará en unos años cuando la población continúe envejeciendo, con más jubilados y pensionados viviendo más años? La eficiencia debe provenir del manejo adecuado del riesgo de fraudes, de sobre facturación y de abusos, y no de mantener una asignación artificialmente igualitaria. Tampoco podemos favorecer el incumplimiento de la Ley. Los seguros privados y complementarios establecen una prima (cápita) según el riesgo, creando una barrera excluyente e inaceptable al acceso a un derecho esencial. La Ley 87-01 no establece diferencia alguna en el porcentaje de aporte y, en cambio, dispone asignar la cápita a las ARS en función del riesgo, a fin de garantizar equidad y equilibrio financiero. Una condición necesaria, pero no suficiente para elevar la satisfacción general El modelo de cápita ajustada por riesgo no es una innovación teórica, más bien es una necesidad práctica para alinear incentivos y fortalecer la equidad. Esta asignación no se hizo durante la redacción de la Ley, debido a la gran fragmentación de la demanda de servicios de salud y a la falta de información confiable sobre sus frecuencias. Apoyamos totalmente a la SISALRIL en esta iniciativa y en cualquiera otra que tenga como objetivo elevar los servicios, mejorar la calidad y garantizar los derechos de la población. La propuesta de aplicar la gradualidad es prudente para dar tiempo a que las ARS realicen los ajustes necesarios, evitando cualquier tendencia monopolística que restrinja la libre elección de los afiliados. Exhortamos a la SISALRIL a continuar adoptando medidas tendentes a elevar el desempeño de las ARS y la calidad de la administración del riesgo, en un ambiente de equilibrio, equidad y competencia regulada. En ese sentido, es válido el reclamo de ADIMARS de distribuir a los nuevos afiliados en igualdad de condiciones para todas las ARS. El ajuste diferenciado de la cápita constituye una condición necesaria pero no suficiente. No basta con ajustar la cápita. Es necesario establecer una atención primaria funcional, tarifas de referencia, regular los precios de los servicios básicos, cumplir con los protocolos y realizar auditorías clínicas reales, ya que de lo contrario este cambio podría tener efectos adversos o inocuos, como afirma el Dr. Pedro Ramírez. La Fundación Seguridad Social para todos (FSPT) considera este cambio como un punto de partida. Una oportunidad para impulsar las reformas pendientes llamadas a corregir fallas estructurales, distorsiones, desigualdades y exclusiones que lesionan los legítimos derechos de los afiliados y que acentúan el gasto familiar de bolsillo.
Una de tres decisiones trascendentales
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS El Ministerio de Educación (MINERD) y el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) entregaron las guías didácticas sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) para docentes y estudiantes del nivel primario y secundario del sistema educativo dominicano. Esta iniciativa busca fortalecer el conocimiento de la ciudadanía sobre la protección social. El gerente general del CNSS, Edward Guzmán, dijo que “estos materiales didácticos constituyen recursos pedagógicos adecuados que permitirán a los estudiantes niños y adolescentes a integrarse a la sociedad como sujetos activos al conocer mejor sus derechos y deberes como contribuyentes y beneficiarios de la seguridad social”. El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, agradeció al CNSS por hacer posible esa iniciativa que incorpora la seguridad social como parte del aprendizaje escolar, sobre la forma en la que el Estado cuida de su gente, con la garantía de que, ante una enfermedad, accidente o vejez, existe un sistema diseñado para protegerle. “Aprender seguridad social es aprender a cuidar y a cuidarse; conocer cómo funciona el país y la protección social, y cómo podemos ser parte activa de esa construcción. Cuando la educación despierta conciencia, cada derecho aprendido se convierte en un valioso recurso para cimentar un país más justo”, aseguró De Camps. Para Eddy Olivares, ministro de Trabajo y actual presidente del CNSS, la entrega de esas guías educativas constituye un paso trascendental porque inicia el fomento de una cultura en seguridad social. Un gran esfuerzo y compromiso para seguir fortaleciendo el sistema con transparencia, equidad y visión de futuro. “Me llena de satisfacción ver como un tema que históricamente ha sido visto como muy complejo o distante, hoy empieza a ser parte del lenguaje cotidiano de nuestras escuelas y maestros, y de nuestros niños, niñas y adolescentes”, expresó. La encargada de los programas educativos del CNSS, Maribel Justo explicó que el material didáctico incluye actividades y lecturas diseñadas para fortalecer valores éticos, explicar el funcionamiento del sistema, sus principios y las modalidades de reclamos, acceso y defensa, con un enfoque basado en la garantía de los derechos humanos fundamentales. Con estas guías didácticas los docentes disponen de recursos efectivos para enseñar conceptos básicos de seguridad social de manera clara y sencilla, contribuyendo así al cumplimiento del artículo 6 de la Ley 87-01, que instruye a educar en seguridad social. Además, se operativiza el acuerdo interinstitucional entre el CNSS y el MINERD, cuyo objetivo es fomentar una cultura de protección social en las nuevas generaciones a través de acciones formativas y de sensibilización. Lamentablemente, cada día comprobamos la falta de información y formación de altos funcionarios, de miembros del Congreso y de la mayoría de los informadores públicos. En no pocas ocasiones, esta falencia ha contribuido a confundir a la población, dando pie a la denegación de derechos, a abusos y a discriminaciones inaceptables. El inicio de este proceso constituye la concreción de un sueño profesional. La necesidad de empoderar a la gente introduciendo estos módulos educativos: 1) porque se trata de un derecho fundamental y vital, consagrado en la Constitución; 2) debido a la complejidad de SDSS; y 3) porque su funcionamiento presupone un rol cada vez más activo de los afiliados y las autoridades en el ejercicio real, oportuno y certero de sus derechos y deberes. Esta disposición fue pionera en América Latina. Durante mi gerencia en el CNSS un equipo técnico especializado de la Gerencia General y del Ministerio de Educación, elaboró los módulos educativos con la participación activa y directa de la Dra. Milagros Ortiz, entonces Vicepresidenta de la República y encargada del ministerio de Educación, siendo engavetado por casi dos décadas. La Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) felicita al Dr. Edward Guzmán y al Lic. Luis De Camps por esta brillante iniciativa que viene a saldar una deuda social y educativa de más de dos décadas con la niñez y la juventud y con todos los dominicanos. Tratándose de una misión tan trascendental, ponemos a disposición nuestros técnicos calificados para acelerar la implementación de este importante cambio.
Bien por el presidente Luis Abinader
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS El presidente Luis Abinader consideró que los empleados públicos se merecen y necesitan un aumento salarial. Tenemos \»una deuda pendiente con esos servidores, especialmente con el segmento de menores ingresos, y estamos evaluando el momento para ese incremento salarial”. Recordó que esa propuesta estaba en el proyecto de reforma fiscal que fue retirado en octubre de 2024. \»Nosotros estamos viendo cuando podamos hacerlo, quizás con el nuevo presupuesto\». Esta decisión es coherente con su política de favorecer aumentos regulares a los trabajadores privados y públicos. Durante los cinco años de su administración, el presidente Abinader ha logrado superar los simples ajustes de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC).Así ocurrió en el 2022 y a finales del año pasado, siempre distribuido en dos partidas. El Comité Nacional de Salarios (CNS) aumentó un 25 % y un 30 % al salario mínimo de los empleados del turismo. Además, a finales de abril aprobó un aumento del 25 % al salario mínimo de los trabajadores de zonas francas, en ambos casos en forma escalonada. En el sector público existen tres grandes políticas salariales y prestaciones: 1) una amplia libertad de aumentos de los poderes Legislativo y Judicial y de las instituciones autónomas y descentralizadas; 2) incrementos recurrentes a los médicos y maestros, como resultado de paros de los servicios públicos esenciales, y 3) congelamiento prolongado para los empleados públicos del Poder Ejecutivo y de los municipios. Y, desde luego, esas diferencias discrecionales también se aplican a las pensiones y a su indexación regular. En pocas palabras, tenemos un Estado profundamente segmentado que fomenta la desigualdad y la inequidad, que se cimenta en la toma de decisiones en función de la autonomía y de la capacidad de presión de cada segmento de la administración pública. Reducir la segmentación, las brechas y las desigualdades salariales Las demandas salariales al Poder Ejecutivo han sido muy tímidas debido a la falta de organización de los servidores públicos, a diferencia de lo que ocurre con los médicos, los maestros y los demás poderes del Estado. Resultado: ningún aumento general, a pesar de que los precios se han elevado en más de un 60% desde el 2015. Todavía una buena parte de los técnicos y empleados administrativos, incluso de Salud Pública y de Educación, perciben salarios entre 12,100 y 20,000 pesos, equivalentes a menos de la mitad del costo de la canasta familiar, según el Banco Central. En este período gubernamental, los médicos, los maestros y la UASD han recibido aumentos entre un 55% y un 45%, desigualdades ostensibles Mientras los empleados de la UASD están incluidos y se benefician, los empleados y técnicos de Salud y Educación son marginados. El salario mínimo de los demás servidores públicos sólo registra dos aumentos al pasar de 5,117 en el 2020 a 10,000 pesos en la actualidad. Los salarios de los demás empleados públicos permanecen congelados, a pesar del alza de más del 40% del índice de precios al consumidor y del costo de la canasta familiar. Igual congelamiento sufre la gran mayoría de los pensionados y jubilados a cargo del Estado. Durante más de una década estas pensiones han perdido mucho poder adquisitivo, debido a que sus montos nunca han sido actualizados para preservar su nivel de vida, a pesar del mandato de la Ley 87-01. Los aumentos prometidos por el presidente Luis Abinader no sólo constituyen un acto de justicia social y de equidad orientados a reducir las brechas existentes, sino además, un complemento necesario en la lucha contra la corrupción y en el adecentamiento de la administración pública a todos sus niveles. De concretar esta promesa el presidente Luis Abinader se convertirá en el primer mandatario en decretar un aumento general de salarios del Poder Ejecutivo y del Poder Municipal, desde el 2004. Nuestra Fundación apoya esta iniciativa “porque se lo merecen y lo necesitan”, porque reducirán las brechas y desigualdades sociales, y porque fortalecerán la lucha contra la corrupción administrativa.
Jochy, el novato previsional del año
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS El Dr. Daniel Rivera, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado, invitó al Ministro de Hacienda, José Manuel (Jochy) Vicente, a exponer en el Simposio “Reformando la Seguridad Social”. Si es verdad, como él dijo, que es un principiante en el tema, con todo respeto, al ministro habría que concederle el título del novato previsional del año, por sus acertados planteamientos: “La tasa de cotización del sistema de pensión en RD es una de las más bajas de la región”: Brasil, 28%, Argentina, 27%, Uruguay, 22.5%, Colombia,16.0%, El Salvador 16.0%, Costa Rica 15.4% y México 15.0%. “El envejecimiento pone en riesgo la sostenibilidad financiera del SDSS. Los sistemas de salud y de pensiones se enfrentan a mayores presiones y sacrificios para garantizar una cobertura adecuada y una pensión sostenible”. “Desde la aprobación de la Ley 87-01 la expectativa de vida ha crecido de 69 a 74 años”, elevando en cinco años el costo por pensionado, sin aumentar el aporte para el retiro, ni los años de cotización. Para el 2050 la longevidad llegará a los 80 años. “La informalidad laboral constituye uno de los mayores retos, ya que el 55.5 % de los trabajadores no tiene acceso a la seguridad social, ni al ahorro para su retiro. Solo el 41% de la población económicamente activa (PEA) aporta para pensión”. “En materia de protección social el país enfrenta grandes retos financieros estructurales”. Las tasas de cotización del 9.97% para pensión y del 10.13% para salud, no garantizan pensiones dignas ni coberturas sostenibles. Con un financiamiento basado en salarios reales precarios, no es posible una amplia cobertura en salud y en pensiones. “El 84.19% de los cotizantes gana menos de tres salarios mínimos, de acuerdo con la SIPEN”. “La evasión y elusión de las cotizaciones, especialmente en los sectores informales y de empleos independientes, debilitan la sostenibilidad, equidad y solidaridad social del sistema”. “La fragmentación institucional genera duplicidades y altos costos. Hace falta un fondo de solidaridad para afrontar choques económicos y demográficos”. (Este fondo existe, solo hace falta aumentarlo de acuerdo a las nuevas demandas y necesidades). Ante tal situación, el ministro propone: 1) aumentar progresivamente la tasa de cotización con un plan consensuado; 2) ajustar gradualmente la edad de retiro y el cálculo de la pensiones siguiendo las prácticas internacionales; 3) fomentar aportes voluntarios y el micro ahorro para los trabajadores informales; 4) consolidar la administración de salud y pensiones para reducir costos y mejorar eficiencia; y 5) explorar impuestos específicos sobre los productos nocivos a la salud, para financiar parte del sistema de salud. Además, considera que el sistema debe garantizar dignidad, inclusión, justicia generacional y sostenibilidad en el largo plazo. “Toda propuesta de reforma debe incluir una fuente de financiamiento clara y sostenible, alineada con los objetivos de estabilidad fiscal y viabilidad a largo plazo”. Se trata de una exposición acertada, completa y sin desperdicios que debe ser tomada en cuenta. En mis 41 años de trabajo para la seguridad social en siete países de América Latina, pocas veces he escuchado a un ministro de hacienda priorizar lo social sobre lo fiscal, promoviendo la formalidad laboral por la vía de la protección social. Dentro de 8 años, de no realizar una reforma adecuada y sostenible, más de un 1,300,000 trabajadores llegarán a la edad de retiro recibiendo una pensión tan insuficiente que afectará la gobernanza del sector. Es una bomba de tiempoque podemos y tenemos que desactivar, actuando en consecuencia, a tiempo y con visión de futuro. La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) ratifica su propuesta centrada en tres puntos básicos, para garantizar pensiones dignas y sostenibles para todos: 1) aumento gradual del aporte, incluyendo mayor solidaridad a favor de los afiliados con cotizaciones insuficientes; 2) extensión gradual de los años de cotización según aumenta la esperanza de vida, respetando los derechos de los mayores de 50 años; y 3) reducción porcentual de la comisión de las AFP.
¿Cómo explicar tanto consenso y tan pocas reformas?
La conmemoración de los 24 años de la Ley 87-01, es una oportunidad para reflexionar sobre los logros alcanzados y reafirmar el compromiso con una Seguridad Social digna, inclusiva y sostenible para todos los dominicanos. Hemos avanzado, los seguros privados estaban fragmentados, limitaban el acceso por edad o condición de salud y dejaban fuera a los familiares de los empleados. SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS Daniel Rivera, senador por Santiago: “como legislador escuchamos solicitudes que piden una mejor salud y pensión. Nuestro compromiso es trabajar por una reforma incluyente, racional, eficiente y solidaria, que garantice cobertura para todos y todas, que devuelva la confianza al pueblo y fortalezca la estabilidad democrática y el desarrollo económico de nuestra nación”. Eddy Olivares, ministro de Trabajo: “la conmemoración de los 24 años de la Ley 87-01, es una oportunidad para reflexionar sobre los logros alcanzados y reafirmar el compromiso con una Seguridad Social digna, inclusiva y sostenible para todos los dominicanos. Hemos avanzado, los seguros privados estaban fragmentados, limitaban el acceso por edad o condición de salud y dejaban fuera a los familiares de los empleados”. Rafael Castillo, presidente de la Comisión Bicameral, “estamos organizando consultas y vistas públicas para escuchar a todos los sectores. La Ley de Seguridad Social es tan importante e imprescindible como la Carta Magna”. A pesar de que no hemos avanzado lo suficiente, estamos mucho mejor que cuando existía el IDSS; esperamos tener una reforma este año. Edward Guzmán, gerente general del CNSS: “Hoy reafirmamos un compromiso con una ley que marcó un antes y un después en la forma en que concebimos la protección social, abriendo las puertas a un modelo más inclusivo, equitativo y sostenible. La Ley 87-01 representó un hito trascendental en la historia institucional de la República Dominicana, al establecer los principios y estructuras que sustentan un sistema orientado a la equidad, la sostenibilidad y la protección integral de la ciudadanía”. Miguel Ceara Hatton, Superintendente de Salud, ante la contradicción de la salud como una mercancía y como un derecho humano fundamental, queremos un equilibrio dinámico a favor del derecho. Los bajos salarios limitan este derecho y la sostenibilidad financiera del SFS. Urge prescribir medicamentos genéricos de calidad para contener el gasto familiar de bolsillo. Francisco Torres, Superintendente de pensiones: a pesar de la constante elevación del patrimonio de los trabajadores, es necesario tomar en cuenta la experiencia de Europa. Holanda es el país modelo en materia previsional, gracias a que cotiza un 28% frente a un 8.4% nuestro y ha extendido el retiro a los 67 años. Debemos ir avanzando en esa dirección. Laura Peña Izquierdo, presidenta de COPARDOM, señaló los aspectos de la Ley 87-01 que no se han implementado 24 años después. Valoró la información y educación de la ciudadanía sobre sus derechos y deberes, propuso un plan piloto para el inicio de la APS y reclamó el inicio del Régimen Contributivo Subsidiado para reducir la informalidad laboral. Elías Báez, director de la DIDA, destacó el compromiso y el empeño institucional en empoderar a los afiliados, mediante acciones sistemáticas de información y orientación oportuna sobre sus derechos y deberes. Criticó los abusos y la denegación de servicios y detalló los resultados obtenidos al frente de la DIDA y ratificó las principales líneas de acción en defensa de los afiliados. Vicente Díaz, representante de los trabajadores, reconoció los avances en la cobertura y calidad de los servicios, pero también enfatizó en la necesidad de avanzar en las reformas pendientes. Atribuyó a la falta de voluntad política el retraso en la afiliación de los trabajadores autónomos, se sumó a las críticas sobre los salarios precarios e hizo un llamado a unir voluntades para darle un nuevo impulso al sistema de seguridad social. Hubo otras intervenciones importantes especialmente la del ministro de Hacienda Jochy Vicente que luego comentaremos. Todos los asistentes a ambas actividades coincidieron en reconocer los avances alcanzados en relación al viejo IDSS y al mismo tiempo, en señalar debilidades, distorsiones y retrasos en los cambios y reformas planteados en la Ley 87-01. Ante esa realidad objetiva, varios asistentes se preguntaron ¿cómo explicar tanto consenso con tan pocas reformas?
La salud pública es un barril sin fondo
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS El Servicio Nacional de Salud (SNS) anunció una producción récord de 42,313,776 servicios entre consultas, emergencias, pruebas de laboratorios, imágenes y cirugías. “El año pasado obtuvimos un incremento del 28.11%, 9,283,728 de servicios más que en 2019, cuando registró su mayor producción con 33,030,048”. (https://www.presidencia.gob.do/noticias/sns-exhibe-record-historico-de-mas-de-42-millones-de-servicios-en-2024). Luego de una revisión exhaustiva, lamento informar que esas afirmaciones no se corresponden con los datos oficiales publicados. El informe del SNS del 2019 registra una producción de 40,452,774 servicios. En consecuencia, el aumento de los servicios del SNS del año pasado sólo fue de 1,861,002 servicios, apenas un 4.6% con relación al 2019 y no el 28.11% como se informó. Sin dudas debe tratarse de un error lamentable en las informaciones que le suministraron al Dr. Mario Lama. (Fuente: SNS, Boletín Anual Producción de Servicios, 2019, Cuadro # 4, Pág. 13). Pero lo más preocupante, y grave, es que ese pobre crecimiento de los servicios se produjo muy a pesar de que la cantidad de médicos contratados por el SNS pasó de 15,317 en el 2019 a 24,482 en el 2024, un aumento del 59.8%. Y además, no obstante, la nómina total creció de 61,362 a 87,514 empleados, un 42.6% mayor, en el mismo período. Estos increíbles resultados oficiales en nada contribuyen a que el presidente Luis Abinader pueda cumplir con los cambios prometidos. Se trata de la continuación de la política de “hacer más de lo mismo”, en perjuicio de las familias más pobres y vulnerables, obligadas a acudir a los hospitales públicos no por su calidad y resolución, sino debido a los bajos ingresos familiares. EL SNS: institución clave para elevar la calidad y oportunidad de los servicios, contener la privatización y reducir el gasto familiar de bolsillo ¿Cómo explicar un aumento de los servicios de tan solo un 4.6% en 5 años, a pesar del nombramiento del 59.8% más de médicos y del 42.6% del personal?Estos resultados confirman nuestro planteamiento sobre la baja productividad y el alto costo de la atención pública, debido a la existencia de decenas de miles de médicos abnegados, dedicados y laboriosos que ganan lo mismo que muchos otros que no trabajan y cobran igual. Esta distorsión recurrente, expresada en nóminas supernumerarias, representa un despilfarro estimado en 45,000 millones de pesos al año, unos 30,000 millones heredados, más otros 15,000 millones posteriores al 2019. Estos resultados indican que luego de más de medio siglo, la Salud Pública continúa siendo un barril sin fondos. Nuestra Fundación está obligada a darle un seguimiento especial al SNS porque es la institución clave, donde es necesario introducir los cambios estructurales establecidos en la ley 87-01, para elevar la calidad y oportunidad de los servicios públicos. Su reforma y despolitización constituyen una condición sine qua non para contener la privatización y reducir el gasto familiar de bolsillo. Lamentamos tener que señalar esta situación tan crítica. Pero por encima de todo está nuestro compromiso inquebrantable de defender los derechos de los afiliados y de contribuir al fortalecimiento del SDSS. Alguien tiene que decir estas verdades incómodas. Este dispendio ancestral demuestra que el mayor cáncer del sistema público de salud reside en el pago de salarios fijos e iguales, sin exigir dedicación, ni desempeño, ni rendición de cuentas. El Art. 173 de la Ley 87-01 establece la combinación de salario fijo más crecientes incentivos por la dedicación, el desempeño y los resultados obtenidos. Su violación explica la enorme brecha entre una cápita contributiva de 1,683.00 y una cápita subsidiada recién elevada a 321.97 pesos, para garantizar el mismo Plan Básico de Salud (PBS). Nuestra Fundación espera que el presidente Luis Abinader disponga una investigación objetiva a fin de conocer la verdad y actuar en consecuencia. Reiteramos nuestra convicción de que en la actualidad existen las mejores condiciones para iniciar los cambios prometidos: 1) una creciente insatisfacción y demanda popular; 2) mayoría calificada en el Congreso Nacional; 3) un alto nivel de aprobación presidencial; y 4) rechazo a la tentación de nueva reelección en un gesto histórico sin precedentes.
Respondiendo a dos objeciones
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS Sólo el Seguro Familiar de Salud Contributivo ya maneja más de 110,000 millones de pesos al año, un monto nada despreciable, y mucho mayor si incluimos los copagos. Dada la pasividad del Estado y la debilidad institucional, todos los grupos, SIN EXCEPCIÓN (CMD, PSS, ARS y el propio Estado) luchan por controlar la mayor parte de ese enorme pastel, dejándole a los pobres afiliados el sobrante de esa rebatiña sanitaria nacional. Algunos de mis lectores me señalan que “ataco mucho a los médicos y defiendo a las ARS”. Le tengo un profundo respeto y admiración a la gran mayoría de los médicos, porque son laboriosos, dedicados y capaces, pero no puedo callar que muchos cobran y no trabajan. Los médicos dedicados deberían ganar mucho más, pero el dinero no alcanza porque hay que pagarles igualmente a miles y miles que no trabajan, defraudando al Estado y a los pacientes. Resulta injustificable que las tarifas por consultas se hayan mantenido tan bajas y por tanto tiempo. Se dice que las ARS se lo ganan todo y que con esos recursos se podrían mejorar los servicios y aumentar las tarifas médicas. Aquí están los resultados oficiales y evidencias concretas. Este cuadro, lamentablemente con sólo informaciones de SISALRIL de enero a septiembre 2024, indica que las ganancias netas de las 12 ARS privadas ascienden a 1,695.6 millones, muy lejos de la millonada que algunos proclaman sin aportar pruebas. El SENASA Contributivo también obtuvo ganancias por 418.0 millones. Si proyectamos estos resultados al 2024 completo, posiblemente las ganancias netas de las ARS privadas lleguen a 2,200 millones, con alzas y bajas en los últimos años. ADARS indica que en los primeros tres meses del 2025 las 6 ARS mayores arrojan pérdidas por 438.0 millones, con una siniestralidad del 97.97%, y del 107.89% al incluir los gastos administrativos. En consecuencia, es falso que eliminando a las ARS privadas se pueden cubrir los aumentos de honorarios y tarifas de los médicos, porque esos 2,200 millones constituyen una “chilata” en relación al costo de las demandas del CMD, valoradas el año pasado por la SISALRIL en más de16,000 millones anuales. Defiendo abiertamente la administración del riesgo por ser una función necesaria para asegurar el equilibrio financiero del PBS y el acceso a la salud como un derecho universal. Reconozco que existen fallas y distorsiones que deberían ser sancionadas por la SISALRIL. “DEFIENDO LA FUNCIÓN, PERO NO NECESARIAMENTE A LOS FUNCIONARIOS”. Por eso nuestra Fundación ha propuesto que una firma calificada evalúe objetivamente la administración del riesgo de salud como una FUNCIÓN integral del SFS/PBS, analice el DESEMPEÑO de las ARS y recomiende los correctivos de lugar. Otros, en cambio, cegados por los prejuicios ideológicos y los privilegios del descontrol, plantean su eliminación sin evaluarlas, a pesar de las preferencias de los afiliados, según las encuestas oficiales. Es cierto que critico más a los médicos que cobran y no trabajan, y también a los médicos que imponen copagos excesivos e ilegales. Alguien tiene que decir estas verdades incómodas. La población y la opinión pública tienen el derecho a conocer la verdad, a empoderarse y actuar contra los principales responsables del creciente gasto familiar de bolsillo. ¿Cómo silenciar una doble distorsión tan costosa? Cálculos conservadores estiman en 62,000 millones los copagos cobrados en el 2024. De ese monto, unos 40,000 millones los cobraron los médicos especialistas SIN ENTREGAR UN COMPROBANTE PARA EVADIR LOS IMPUESTOS. (No existe precisión, solo estimados, porque esos copagos médicos no dejan ningún rastro). En cambio, las ARS privadas pagarán IMPUESTOS por 965.6 millones, como indica el cuadro. En ocasiones muchas ARS niegan servicios a los afiliados, pero los números indican que existe un gran abismo entre unos 2,200 millones de ganancias y unos 40,000 millones de copagos. Entonces, ¿Quiénes abusan más de la población, acentuando su inseguridad financiera y familiar? No podemos silenciar estos abusos, vengan de donde vengan.