Más medias verdades e incoherencias
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS El artículo de la semana pasada sobre “El enfoque unilateral de la Coalición” produjo encendidos debates en las redes sociales y por su interés compartimos los puntos más polémicos e importantes. “El SENASA se ha convertido en un pagador de las clínicas privadas ante la mirada impávida de las autoridades”. Esa afirmación es sólo un síntoma de una verdad muy profunda e incómoda.Desnuda las ancestrales deficiencias de los servicios públicos, criticados hasta por las familias más pobres y vulnerables. La Ley 87-01 dispuso reformas estructurales para elevar la eficiencia pública, las cuales han sido permanentemente bloqueadas por el CMD con el silencio de la Coalición. ¿Cómo justificar una estatización total de la salud si la destrucción de lo público proviene del propio Estado? “La transferencia del SENASA al sector privado es una violación fragrante de la ley”. No se trata de transferencias sino de pagos por los servicios prestados. La Ley 87-01 no asigna los recursos directamente a las PSS (hospitales, clínicas, médicos) porque ello no garantiza servicios de calidad a los afiliados. La real violación consiste en la entrega directa de los recursos a la red pública fomentando el ausentismo y el clientelismo. “El SENASA incurre en un drenaje ilegal transfiriendo recursos públicos al sector privado”. El SFS obliga al SENASA a pagar a las PSS de acuerdo a las preferencias de sus afiliados. Es al revés: la desarticulación de lo público obliga a los afiliados a acudir a lo privado. La privatización se inició hace 60 años y es mucho más vieja que la Ley de Seguridad Social. Las deficiencias públicas no provienen del SENASA sino de la red pública a cargo del Servicio Nacional de Salud (SNS). “No hay salud ni seguridad social sin un fundamento estrictamente público”. La salud es tan vital que no admite prejuicios. Las familias necesitan soluciones reales, sean públicas o privadas. Prefieren la pública sólo cuando reciben atención oportuna y de calidad. Toda demanda privada más costosa desnuda las ineficiencias públicas de un servicio vital. “Ustedes no promueven cambios estructurales, sólo remiendos a un sistema que es un negocio”. Solo proponemos cambios posibles, viables, graduales y sostenibles. Las soluciones radicales presuponen revoluciones radicales. El todo o nada no tiene aceptación popular porque termina perpetuando el statu quo, eliminando la posibilidad de avances graduales. SUEÑAN CON CONSERVAR Y FORTALECER A UN SISTEMA CENTRALIZADO Y BUROCRÁTICO PARA CONTINUAR MULTIPLICANDO LAS NÓMINAS SUPERNUMERARIAS, SIN ASEGURAR SERVICIOS ACEPTABLES POR LOS AFILIADOS. “¿Por qué sectores importantes como los fiscales están armando su propio sistema?” Porque un sistema de reparto propio les asegura pensiones privilegiadas hasta tres veces superiores a la acumulación de sus aportes, las cuales terminan siendo pagadas por el pobre pueblo excluido, profundizando las desigualdades sociales. Así lo disfrutan la UASD, el CMD, el INABIMA, el Congreso y el Poder Judicial. entre otros. “La mayoría de gente de la calle prefiere un sistema de pensiones de reparto”. Si, hasta que le expliquen que es el propio contribuyente quien paga todos esos excesos y privilegios. Hasta cuando comprenda que se trata de un sistema insostenible, piramidal, y que las transformaciones demográficas y tecnológicas reducen en forma sostenida la cantidad de cotizantes por pensionado. Y más ahora con la inteligencia artificial. En materia científica, los argumentos populistas acusan falta de fundamentos. “¿Acaso el hecho probado de que la mayoría \»se inclina\» por el servicio privado constituye garantía de un servicio asequible y de calidad?” Desde luego que no. Debe quedar bien claro que, en general, la atención privada no es óptima, ni nada parecido, solamente es más oportuna, confiable y personalizada que la pública. Ciertamente existen distorsiones, privilegios, ganancias excesivas, retenciones y rechazos que empobrecen a los afiliados. ¿Pero por qué descartar la demanda de cambios graduales que corrijan estas distorsiones? ¿Por qué condenar a quienes proponemos soluciones más sensatas, viables y sostenibles para mejorar la suerte de 10 millones de dominicanos? Se propone eliminar las administradoras de riesgo de salud (ARS) no necesariamente porque sean privadas, sino porque exigen disciplina y el cumplimiento de los protocolos, y además, porque controlan los fraudes crecientes, la sobre facturación y las prescripciones de análisis, estudios y medicamentos innecesarios.
El enfoque unilateral de la Coalición
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS El informe de la Coalición por una Seguridad Social Digna plantea que desde el 2010 al 2024 prácticamente el 90% de los recursos del Régimen Contributivo (RC) se transfirieron a los prestadores privados de servicios de salud y también, el 52.3% de los recursos del Régimen Subsidiado (RS). Estas informaciones son ciertas, pero ocultan grandes verdadera. La Coalición califica estos resultados como “transferencias” para confundir, porque no le conviene reconocer que son pagos reales de las ARS a las PSS privadas, como resultado de las grandes preferencias por los servicios privados de más de 10 millones de afiliados. Ello implicaría aceptar que los servicios públicos de salud resultan inaceptables para la gran mayoría de la población porque en su mayoría son insuficientes, inoportunos y de baja calidad. Hasta las familias más pobres prefieren pagar copagos elevados e injustos, antes que acudir a los hospitales públicos, salvo algunas excepciones. No pueden reconocer esta incómoda realidad porque su recomendación es la estatización total de la salud. Resulta incoherente hablar de seguridad social digna cuando no existe el menor respeto ni valoración del hecho de que son los propios afiliados quienes libremente han decidido, de manera consciente y consistente, asignar los recursos de sus cotizaciones de acuerdo a sus propias necesidades e intereses. Cuando promovíamos el SDSS decíamos “donde vayan las preferencias de los afiliados, irán los recursos de la seguridad social”. La clave de esta Ley reside en asignar poder de decisión de los afiliados en función de sus prioridades. Un poder popular que elimina los privilegios y las prepotencias de los políticos, de los burócratas y de los gremios profesionales que siempre se han servicio con la cuchara grande. La Coalición señala que \»estos más de 73 mil millones de pesos, contabilizados del 2010 al 2024, debieron haber ido a los prestadores públicos, un financiamiento sustraído contra la Ley”. FALSO. La Ley 87-01 nunca asigna los recursos directamente a los hospitales (PSS) porque ello no garantiza un retorno adecuado en servicios de calidad. Se desconoce que esos recursos son cotizados por los afiliados y se reitera el total desprecio a su derecho a decidir libremente a cuáles ARS y PSS asignarlos de acuerdo a sus necesidades reales. Esta negación sólo conduce a continuar haciendo más de lo mismo, como en los tiempos del IDSS y ahora en elEl informe de la Coalición por una Seguridad Social Digna plantea que desde el 2010 al 2024 prácticamente el 90% de los recursos del Régimen Contributivo (RC) se transfirieron a los prestadores privados de servicios de salud y también, el 52.3% de los recursos del Régimen Subsidiado (RS). Y que quede bien claro que, en general, la atención privada no es óptima, ni nada parecido, es sólo más oportuna, confiable y personalizada que la pública. La Coalición afirma que la creciente transferencia de recursos hacia el sector privado se produce en detrimento de los servicios públicos de salud. Una grosera tergiversación de la realidad, ya que es exactamente al revés: las deficiencias y el deterioro permanente de la medicina pública son las que han generado y acelerado esas preferencias mayoritarias y sostenidas por la medicina privada. “Los beneficios acumulados por las ARS privadas ascendieron a 24,000 millones en 18 años”. Pero llama poderosamente la atención que, sin embargo, la Coalición silencia que en sólo un año los copagos ilegales superan ese monto, sin entregar una factura ni pagar impuesto. Si las utilidades de 24,000 millones de las ARS privadas son excesivas, imagínense cuando se le agrega al pobre afiliado con el cobro de las PSS de diferencias, al menos 10 veces mayor. El trasfondo de estas medias verdades y críticas unilaterales es justificar la estatización de la medicina y retornar a los hospitales al ministerio de salud para fortalecer y perpetuar el clientelismo, el burocratismo, las ineficiencias y los privilegios de las minorías. Se cuestiona el seguro familiar de salud y la libre elección porque transfieren poder a los afiliados. Y se propone eliminar la administración del riesgo de salud (ARS) no necesariamente porque sea privada, sino porque exige disciplina y el cumplimiento de los protocolos, y además, pretende eliminar los fraudes crecientes, la sobre facturación y las prescripciones innecesarias de análisis, estudios y medicamentos.
Un sector público privatizado
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS 25 años después, la falta de una evaluación exhaustiva sobre el impacto social del Seguro Familiar de Salud (SFS) genera mucha confusión en la opinión pública y en la población. A ello se agrega la complejidad del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y la ausencia de información y orientación oportunas a los afiliados. Una evaluación objetiva del SFS revelaría la existencia de una incompatibilidad estructural que frena su avance hacia una cobertura universal que minimice el gasto familiar de bolsillo. Estamos ante la paradoja de un sistema público de salud cada vez más dominado por la medicina privada lucrativa. Debido a las tradicionales deficiencias públicas y al alto predominio de la medicina privada, la Ley 87-01 estableció una administración y provisión pública y privada, mixta. Creó el Seguro Familiar de Salud (SFS) para garantizar el acceso regular al cuidado sanitario especializando recursos para la atención primaria. En adición, les otorgó a los afiliados el poder de asignar los recursos mediante la libre elección de las ARS y las PSS de acuerdo a sus preferencias. Creó la administración del riesgo (ARS) para evitar los fraudes, la sobrefacturación y la prescripción innecesaria de servicios, entre otras reformas importantes. Por ser obligatorio y por su naturaleza social y universal, reservó exclusivamente al Estado la responsabilidad inalienable de la dirección, habilitación y regulación. La participación privada está sujeta a las políticas públicas basadas en la promoción de la equidad y en una asignación de los recursos con criterio social que garantice la eficiencia y eficacia. Pero las minorías incrustadas en el propio Estado han bloqueado las reformas consignadas en la Ley de Seguridad Social, manteniendo una atención curativa, costosa y excluyente, privatizando el SFS. Mientras la red pública no eleve su capacidad resolutiva no existirá equilibrio financiero y el gran perdedor seguirá siendo el afiliado condenado a un elevado gasto familiar de bolsillo. Un sistema de salud que en casi su totalidad está dirigido por médicos públicos con fuertes intereses privados. Un sistema que, lejos de reducir el afán de lucro, lo incentiva mediante sus tradicionales deficiencias y la ausencia de regulación efectiva. Falencias que reducen el derecho a la salud a una simple mercancía sujeta a la lógica del mercado. En la práctica, el sistema público es un rehén de una medicina curativa cada vez más privatizada y mercantilizada. El SFS ha sido arropado por profundos intereses privados que distorsionan el derecho a la salud, fomentan el afán de lucro y acentúan la inequidad, la ineficiencia y las desigualdades sociales. Como señala el PLANDES 2030, el 62% de los directores de hospitales públicos son al mismo tiempo, dueños o directores de clínicas privadas, en un claro conflicto de intereses en contra de la medicina pública y social. Cada vez son más los médicos que desde los hospitales se dedican a captar pacientes para ser atendidos en las clínicas privadas. Estos conflictos de intereses determinan la falta de liderazgo y las debilidades de las instituciones públicas en el cumplimiento de la Ley 42-01 General de Salud. Lejos de priorizar, obstaculizan la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, fomentando una medicina curativa costosa, excluyente y ejercida con criterio de rentabilidad. Desde hace más de medio siglo, y muy a pesar de las reformas previstas en la Ley 87-01, todavía predomina una práctica que prioriza la medicina rentable, la segmentación de los servicios, la sobreutilización de tecnologías costosas y lucrativas, con notorias exclusiones de las zonas urbanas y rurales de menor poder adquisitivo. La reforma integral del sistema de seguridad social debe rescatar su contenido eminentemente social garantizando la prevalencia de la solidaridad y equidad social por encima del interés mercurial. Ello supone un mayor liderazgo público mediante la elevación gradual y progresiva de la capacidad resolutiva de la red pública de salud y el otorgamiento a los médicos de incentivos a la dedicación y a la eficiencia.
25 años sin una evaluación objetiva
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS Lamentablemente, todavía el país no cuenta con estudios independientes que evalúen el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) en sus 25 años de funcionamiento. Alabanzas de muchos, demonización de pocos, sin la existencia de una evaluación integral y objetiva sobre el impacto de esta importante reforma social. Desde luego, se citan muchos resultados positivos en comparación con la situación del viejo IDSS durante más de medio siglo. El sistema ha logrado una cobertura casi universal, protegiendo a más de 10 millones de personas, ha acumulado un fondo multimillonario para el retiro y ha ampliado notablemente el gasto nacional en salud. Pero, como hemos señalado en varias oportunidades, esos logros sin precedentes, por sí solos, no son suficientes de acuerdo a las necesidades de la población, ni en relación a los objetivos y metas prometidos. Y tampoco se corresponden con el crecimiento sostenido de la economía nacional. La mayoría de los informes disponibles coinciden en que el SDSS constituye \»la conquista social de mayor trascendencia del país”. Pero también reconocen el atraso en la aplicación de las reformas del sistema de salud y la necesidad de cambios urgentes para ampliar los beneficios y asegurar el financiamiento y la sostenibilidad del sistema a mediano y largo plazo. Ante la extrema polarización sobre el impacto real del sistema, la ausencia de una evaluación objetiva cuestiona la responsabilidad de las autoridades sectorialescon suficiente información y recursos para contratar estudios para orientar una reforma integral de la Ley 87-01. La ausencia de un diagnóstico objetivo dificulta definir con precisión la direccionalidad y profundidad de los cambios necesarios. Según los resultados de búsqueda obtenidos, no existen estudios específicos sobre los factores determinantes de la reducción de la demanda de los servicios públicos. ¿Cuáles factores explican la tradicional precariedad de los servicios públicos? ¿Por qué las familias de menores ingresos destinan un 8.8% de su presupuesto al gasto de salud? Pero esta carencia no es accidental. Sectores beneficiarios del statu quo y autoridades complacientes ni siquiera cumplieron con el mandato de revisar la Ley 87-01 al 2011. Una clara evidencia de la ausencia de voluntad política para enfrentar los intereses creados, eliminar distorsiones e impulsar las reformas dispuestas por la ley. Aunque el 97% de la población está afiliada, esto no necesariamente se traduce en acceso real, ni en calidad del servicio, ni en protección financiera real. El alto gasto familiar de bolsillo revela que la mera afiliación no implica una protección efectiva, un punto que rara vez se destaca en algunos informes sobre los logros. Detener la subordinación de la protección social a la privatización y mercantilización Existe una fuerte crítica de que la ejecución actual prioriza la rentabilidad de los actores privados (AFP, ARS y PSS) sobre la protección social. Nuestra Fundación ha denunciado la \»captura del sistema por grupos económicos que bloquean las reformas para mantener privilegios \», evitando la producción de informes que evidencien esa subordinación. No cabe dudas de que cualquier estudio cualitativo e imparcial, terminaría revelando la persistencia de limitaciones y obstáculos durante más de dos décadas. Por ejemplo, la ausencia del Régimen Contributivo-Subsidiado y la estrategia de Atención Primaria. Además, la eliminación hace 9 años del cálculo de las Cuentas Nacionales en Salud (CNS) y la sustitución ilegal del Plan Básico de Salud (PBS) siendo la columna vertebral del SFS. Entre los gremios y grupos más influyentes existe un lamentable \»consenso sobre la inacción\» donde todos los actores y sectores reconocen las fallas, pero “acuerdan implícitamente” no tomar decisiones ni favorecer investigaciones profundas que desnuden las ventajas y privilegios de las minorías dominantes, tanto de derecha como de izquierda. En resumen, la falta de análisis del impacto cualitativo del SDSS no es un mero descuido. Es el resultado de una política pública que aplica la Ley según las presiones de gremios y sectores más retrógrados. Que carece de voluntad política para autorregularse; que mantiene barreras financieras y administrativas excluyentes y que evita la transparencia de cualquier evaluación independiente y objetiva.
25 años después: ni un paso atrás
El mayor logro del Seguro Familiar de Salud (SFS) ha sido universalizar el acceso a la salud: 97% con más de 10.4 millones de dominicanos. Antes un 81.5% carecía de protección y una enfermedad podía significar la quiebra de una familia. Hoy tenemos una cobertura que duplica al promedio del 43% de América Latina. El país la logrado mejoras concretas. Aumento de 500,000 a 2,000,000 de pesos por afiliado el tratamiento de las enfermedades de alto costo. Más de 120 procedimientos contra el cáncer. Elevación del límite de 3,000 a 12,000 pesos incluyendo a más de 400 medicamentos. Reducción del 50% en copagos para hospitalización y cirugías mayores. No obstante, el SFS se encuentra en un punto de inflexión debido a una preocupante asimetría entre el alto crecimiento de la cobertura cuantitativa, frente a una inercia general en la aplicación de las reformas estructurales del sistema nacional de salud dispuestas hace 25 años por la propia Ley 87-01. Lejos de avanzar hacia un modelo de salud que privilegie y promueva la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, se mantiene una atención médica puramente curativa y costosa. En adición, la red pública de salud no ha sido capaz de ofrecer servicios oportunos, continuos y de calidad a la población. El resultado inevitable ha sido la privatización y mercantilización de la medicinacon elevados copagos y un gasto de familiar de bolsillo que afecta incluso a las familias más pobres y vulnerables. A pesar de la alta cobertura la ausencia de la atención primaria se expresa en indicadores de salud incompatibles con el rápido crecimiento económico del país. Existe consenso de que para superar estas limitaciones estructurales y relanzar el sistema nacional de salud no se requieren cambios dramáticos en la ley 87-01, sino voluntad política para concertar el inicio una reforma integral de la red pública y del sistema nacional de salud. Cambios urgentes en el plan de retiro para elevar las pensiones de los trabajadores con aportaciones insuficientes La Ley 87-01 estableció un sistema de capitalización individual superando al chileno en 5 puntos esenciales: 1) un componente de reparto creando el Fondo de Solidaridad Social; 2) una rectoría, regulación y supervisión estatal; 3) una AFP pública para diversificar las opciones de los trabajadores; 4) un recaudo centralizado a cargo de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), y 5) la DIDA. Al 2004 el nuevo sistema elevó la cobertura del 10% a un 95% de los trabajadores asalariados. El SVDS nació con un recorte sensible de la cotización del 12% a sólo el 9.97%. Aun así, dos décadas después, el fondo de pensión llegó a 1.3 millones de millones de pesos, convirtiendo a los trabajadores en el principal accionista del desarrollo nacional. A marzo, 2026, se han otorgado 37,562 pensiones: 18,076 por sobrevivencia y 19,486 por discapacidad. El fondo incluye 2,423.1 millones de dólares para diversificar las inversiones. Además, financia 189 proyectos por 55,207 millones, generando miles de empleos productivos en el turismo, las zonas francas, la industria y la construcción. No obstante, estos avances sin precedentes no garantizan una pensión suficientepara los cotizantes regulares y mucho menos para los trabajadores con aportaciones insuficientes. Dado que la tasa de reemplazo será alarmantemente baja, nuestra Fundación recomienda cambios urgentes para fortalecer los logros y corregir las limitaciones: Elevar la cotización a un 16% en ocho años, Fortalecer el Fondo de Solidaridad Social con un aporte del 4.8% Reducir gradualmente las comisiones de las AFP al 0.5% anual Iniciar el Régimen Contributivo Subsidiado para los trabajadores independientes Devolver el 50% del fondo acumulado y entregar una pensión no contributiva a los trabajadores con aportes insuficientes. Los logros obtenidos todavía no son lo que nuestra gente espera, ni los que les prometimos, pero superan con creces y en todos los campos, al excluyente Seguro Social. NI UN PASO ATRÁS. La Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) felicita y reconoce a todas las mujeres y hombres que han aportado a esta transformación social sin precedentes, en especial al expresidente Hipólito Mejía y al Ing. Ramón Alburquerque (QEPD).
Reformas para reducir el gasto de bolsillo (1/2)
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS El mayor logro del Seguro Familiar de Salud (SFS) en estos 25 años ha sido la universalización del acceso a la salud. Al 2000, sólo un 17.5% de la población contaba con “algún seguro de salud” en un sistema segmentado y excluyente. El restante 82.5% carecía de protección por lo que una enfermedad podía significar la ruina económica familiar. Hoy la afiliación llega al 97%, cubriendo a más de 10.6 millones de dominicanos, más que duplicando el promedio regional del 45%. Durante el período, el gasto familiar de bolsillo descendió del 62% a final del siglo al 43% en la actualidad. A pesar del éxito en cobertura y de la reducción inicial del gasto familiar, el SFS muestra signos preocupantes de desequilibrio financiero, con elevados y crecientes copagos y con riesgos de insostenibilidad a largo plazo. Existe una acentuada asimetría entre el rápido avance de la cobertura cuantitativa y la postergación indefinida de las reformas estructurales establecidas en la Ley 87-01. El principal problema reside en la insuficiente calidad de los servicios públicos.Un lastre de larga data que acelera la privatización y mercantilización de la salud y que mantiene una mortalidad materno infantil totalmente incompatible con una cobertura del 97% y con el crecimiento sostenido de la economía nacional. Esta ralentización es el resultado del bloqueo sistemático a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, manteniendo un sistema anquilosado y arcaico puramente curativo, costoso y excluyente. Además, de un gasto público en salud muy limitado y que fomenta el ausentismo, el clientelismo, el despilfarro y la improductividad. Cambios importantes para elevar la cobertura y la satisfacción de los afiliados La propuesta de reforma integral de la SISALRIL introduce importantes cambios para elevar la cobertura, el acceso y la satisfacción de los afiliados. Incluye a los hijos hasta los 23 años. Amplía la atención a las enfermedades catastróficas (Art. 10), especializando los recursos para garantizar el acceso. Reconoce la libre elección de los empleados públicos. Define el financiamiento necesario para garantizar el derecho de los pensionados a continuar afiliados al PBS. Incluye la atención médica por los accidentes de tránsito de origen no laboral (Art. 167) ahora como parte del PBS, la cual será cubierta mediante una partida del seguro obligatorio de vehículos de motor. Dispone la prescripción de medicamentos ambulatorios genéricos, sin marca comercial, de calidad avalada por los organismos internacionales competentes. (Art. 181). Incluye las compras estratégicas de las medicinas. Estas disposiciones, llamadas a reducir el gasto familiar de bolsillo en alrededor del 40%, son legales y están vigentes hasta en las economías más ricas del mundo. El Art. 206 ratifica la articulación de la red de PSS según su complejidad y prioriza el primer nivel de atención (PNA) como la puerta de entrada a la red de salud. Pero no define ni especializa el financiamiento para asegurar su vigencia tal y como lo hace con las enfermedades de alto costo y con el seguro para los pensionados. La SISALRIL propone elevar el aporte al SFS del Régimen Contributivo del 10.13% actual al 12.97% en cuatro años (Art. 182), aumentando el costo del PBS del 9.58% al 10.31%. Además, especializa el 1.18% para el seguro médico de los pensionados, un 0.56% para las enfermedades catastróficas y un 0.84% para el pago de los subsidios. El aumento de sólo el 0.7% para el PBS luce insuficiente en una medicina altamente privatizada y mercantilizada. Se crearía la Procuraduría Especializada en Seguridad Social con la finalidad de perseguir y someter a la justicia a los infractores y responsables de delitos y fraudes contra el SDSS. Y finalmente, se fortalecería la SISALRIL con mayor capacidad para fiscalizar, sancionar e intervenir los servicios de las ARS y PSS transgresoras. Nuestra Fundación aplaude esas propuestas con las observaciones señaladasporque elevarían la cobertura y reducirían el gasto familiar de bolsillo. Pero esos cambios cuantitativos no son suficientes. El SFS cojea por el retraso de dos décadas del inicio de las reformas estructurales, como comentaremos en el próximo artículo.
Máxima alerta sobre la rentabilidad de César Iglesias
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS Las informaciones acusan una evolución a la baja del precio de las acciones de la empresa César Iglesias en el mercado de valores. En febrero de 2026, el valor de la acción experimentó un desplome, llegando a cotizarse alrededor de 82 pesos, lo que representa una caída absoluta de más de 46 pesos por acción con respecto al precio de emisión. Existen evidencias de que las acciones de esta empresa presentan un rendimiento menor que los intereses pasivos promedios que esos fondos de retiro asegurarían en el Banco Central, en Hacienda y en otras entidades. Además, revelan un riesgo mayor de una posible persistencia a la baja y de pérdidas reales al momento de una eventual venta de las acciones. En agosto 2023, César Iglesias realizó una oferta pública de acciones, un hito en la bolsa de valores del país, con un valor inicial de 128.84 pesos, lo que motivó a la SIPEN a autorizar la inversión de fondos de pensión. La mayoría de las AFP, adquirieron el 70% de sus acciones, convirtiendo a más de 5 millones de trabajadores afiliados en accionistas indirectos, con una inversión de 3,492 millones de pesos. Según la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), este movimiento a la baja de las acciones se debió principalmente a que inversionistas más pequeños vendieron sus acciones, generando una disminución en la demanda y en su valor. Lo que no parece lógico es que solo accionistas minoritarios hayan provocado una reducción tan significativa. Como consecuencia de esta caída, se estima una reducción potencial del fondo de pensión. La inversión inicial de 3,492 millones ahora tendría un valor aproximado de 2,439 millones a los precios actuales. Ello implicaría una pérdida no realizadasuperior a los 1,050 millones de pesos, afortunadamente una reducción teórica solo \»en el papel\» porque la venta no se ha realizado. La situación no es para cundir el pánico, pero tampoco para ignorar la existencia de un riesgo mayor. Sin bajar la guardia, tenemos que confiar en el análisis técnico financiero realizado y en la decisión sopesada de una Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión integrada por la SIPEN, el Banco Central y las superintendencias de Valores y de Bancos. Además, en la solvencia profesional de dos empresas calificadoras de riesgo independientes. La Fitch Ratings Dominicana y Feller Rate Dominicana otorgaron a César Iglesias, S.A. una calificación de riesgo \»AA\», que es superior al grado de inversión, la cual hasta ahora se ha mantenido estable. En 2024 la asamblea de accionistas distribuyó unos 1,200 millones en dividendos (9.29 pesos por acción) con cargo a los resultados del 2023. Vamos a esperar los resultados financieros y el monto de los beneficios del 2025 que será repartido entre los accionistas, incluyendo a la AFP Reservas del Estado, a AFP Siembra y a la AFP Crecer. Se señala que la caída en el precio de la acción no ha impactado de forma negativa a los fondos de los trabajadores porque las AFP no han vendido sus acciones y éstas apenas representan un 0.38% del fondo total. Aunque en el 2025 el patrimonio de los trabajadores creció en un 14.9%, una muestra la solidez general, ello no niega ni le resta importancia y vigilancia a esta delicada situación. Reiteramos la necesidad de evitar alarmas y sensacionalismos tendentes a desacreditar al sistema de capitalización individual con argumentos maliciosos. Lo cierto es que la rápida acumulación del fondo de retiro obliga a diversificar la cartera y a realizar inversiones en instrumentos de renta variable, sujetos a fluctuaciones del mercado, a riesgos bursátiles y a potenciales conflictos de intereses. La Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) espera de la SIPEN un mayor seguimiento e información regular sobre el curso de estos acontecimientos. Especialmente en este momento debido a que la vigencia de una comisión fijaanual sobre el patrimonio billonario de más de cinco millones de trabajadores dominicanos en nada incentiva a las AFP a maximizar la rentabilidad del ahorro acumulado.
Diez normas en contra de los pacientes
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS Durante 7 décadas, el sistema público de salud ha operado en contra de las necesidades de la población más pobre promoviendo la privatización: salarios médicos sin resultados, horarios limitados, huelgas, clientelismo, corrupción y desabastecimiento, con bajos indicadores y un elevado gasto familiar de bolsillo. Contratación sin garantías de resultados. A pesar del eslogan “en salud, primero la gente”, los médicos son contratados sin garantía de dedicación ni rendición de cuentas. Para muchos, una premiación al ausentismo y a la falta de ética. Horarios doblemente limitados. La jornada médica se limita a 4 horas de lunes a viernes, quedando reducida a unas dos horas dos días a la semana, a pesar de que los problemas de salud se presentan a cualquier hora. Los médicos pasantes y ayudantes tratan de dar lo mejor de sí por los pacientes, sin poder reducir la mortalidad maternoinfantil y general. Amplios incentivos improductivos. Los médicos reciben pagos extras de hasta un 20% por antigüedad, localización y riesgos, sin ningún incentivo por la dedicación, el desempeño y la satisfacción de los pacientes. En cambio, en el sector privado, esos médicos ganan de acuerdo a la cantidad y satisfacción de los afiliados. La mayoría cumple y trabaja duro, pero recibe lo mismo que los demás. Ahí está la gran diferencia. Asimetría en la relación médico-paciente. El afiliado contributivo recibe una atención a tiempo y más personalizada porque su elección del médico determina sus honorarios y copagos. En cambio, la atención en el hospital suele ser muy diferente, dado que su salario es fijo y no depende del paciente. La mayoría de los médicos determina libremente cuándo acudir al hospital, durante cuánto tiempo y a cuántos pacientes atender. En cambio, la situación cambia notablemente cuando los recibe en su consultorio privado. Discontinuidad de los servicios. Las frecuentes huelgas médicas violentan el derecho constitucional al cuidado de la salud, fomentando la afluencia a las clínicas privadas de los propios médicos huelguistas. La seguridad de un salario fijo y sin rendición de cuentas fomenta las huelgas, la privatización y el gasto familiar de bolsillo. Graves conflictos de intereses. Según una encuesta de ADESA, el 62% de los directores de hospitales es director o dueño de una clínica privada. A mayores carencias, deficiencias, discontinuidad y baja calidad, mayor afluencia a sus clínicas privadas y mayores ingresos, en un claro conflicto de intereses. La iglesia en manos de Lutero. Es un secreto a voces la “pérdida” de equipos y los daños provocados, para obligar a los pacientes públicos a acudir a las clínicas privadas. Impotencia gerencial. Los directores de hospitales no influyen en la selección de los médicos ni de los directores de departamentos. Carecen de autoridad real para premiarlos o sancionarlos. Las pocas veces en que un Ministro de Salud ha cancelado a médicos incumplidores, ha sido desautorizado, minando su autoridad, obligándolo a reponerlos. ¿Qué director se atreve a hacerlo? Un general impotente, sin ninguna autoridad ni control sobre sus tropas. Designación politizada. Los directores de hospitales son designados más por sus méritos políticos que por su capacidad y experiencia gerencial. Salvo honrosas excepciones, estos directores son controlados a control remoto desde la cúspide. Y suelen ser despedidos arbitrariamente aunque hayan realizado una labor eficiente y a favor de los afiliados. Concentración de las decisiones. Mientras la gerencia de la clínica privada tiene el control del mantenimiento, las compras y los suministros, en el sector público estas funciones están concentradas en la sede central, en manos de burócratas que desconocen los problemas de los hospitales y las necesidades de los pacientes. Ausencia de auditorías externas independientes. No se conocen auditorías externas independientes que evalúen la eficiencia y transparencia en la asignación de los recursos, los resultados obtenidos y la relación costo/beneficio. Los controles existentes están a cargo de los propios médicos con roles de jueces y partes, bajo la amenaza de un Comité disciplinario del CMD. Estas 10 normas improductivas perpetúan un sistema de salud contrario a las demandas de la gente común, relegando a los pacientes a un rol pasivo y secundario. Como la Ley 42-01, General de Salud, no introdujo cambios estructurales, la Ley 87-01 de Seguridad Social sí lo hizo, otorgándole a los afiliados capacidad para asignar los recursos según su nivel de satisfacción. Por eso la primera es bendecida, mientras la segunda es permanentemente cuestionada y satanizada.
Lamentable corrupción mayúscula en el Senasa
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS En el libro Historia y Fundamentos del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) señalamos las principales modalidades de corrupción pública y privada conocidas. Pero a la luz de las investigaciones de las valientes comunicadoras Nuria Piera, Julissa Céspedes, Edith Febles y Alicia Ortega, entre otras, la corrupción en el SENASA supera con creces las modalidades señaladas y las prácticas oscuras del viejo IDSS: 1. Contrataciones multimillonarias de grado a grado y sin la debida rendición de cuentas ni fiscalización; 2. Decenas de miles de pacientes con procedimientos ficticios pagados por el SENASA a médicos, clínicas y farmacias privadas; 3. Sobre facturación de centros privados con la complicidad de funcionarios del SENASA, violando las técnicas más elementales de la administración del riesgo de salud; 4. Desvió a proveedores privados “preferidos” de miles de pacientes que pudieron ser atendidos en los hospitales públicos; 5. Doble contabilidad y falsificación de los reportes financieros mensuales y anuales entregados a SISALRIL; 6. Compra de vacunas entregadas gratuitamente a las clínicas privadas por el Ministerio de Salud Pública; 7. Instalación de prótesis de inferior calidad, afectando la salud y la recuperación de pacientes de bajos recursos económicos; 8. Creación y operación de un call center paralelo privado para simular la prescripción y entrega de servicios médicos. 9. Destrucción de datos esenciales para ocultar la crítica situación del SENASA borrando importantes archivos institucionales; 10. Falsificación del balance de las reservas técnicas para ocultar los déficits financieros reales. Aunque estas denuncias parten de informaciones concretas, para conocer su magnitud debemos esperar las investigaciones de las autoridades competentes. No obstante, el retraso en el pago a las PSS de un 48% durante más de 4 meses promedio, señalado por SISALRIL, no deja lugar a dudas de la existencia de un cúmulo de irregularidades sin precedentes en la ARS pública. Es muy lamentable este escándalo que empaña la credibilidad y sostenibilidad de una institución pública que fue modelo, y de cuya gestión dependen 7.8 millones de dominicanos, la mayoría pobres de solemnidad. Existen grandes diferencias sobre la magnitud del afán de lucro, por lo que habrá que esperar el dictamen de las autoridades competentes. Gracias a la intolerancia del presidente Luis Abinader contra la corrupción, esta estafa mayúscula fue detectada y detenida a finales del año pasado, con la promesa de someter a la justicia a todos los responsables de este doble crimen contra el Estado y tratándose de un servicio tan vital como la salud de los más necesitados. Aunque minorías radicales silencian la existencia del afán de lucro en las instituciones públicas, lo cierto es que la ancestral corrupción, el clientelismo, el despilfarro y la administración de los recursos de manera irresponsable y sin consecuencias, siempre han terminado surtiendo efectos negativos y similares al afán de lucro privado, acentuando los desequilibrios financieros y el costo innecesario del PBS. Desde el punto de vista de los afiliados y del necesario equilibrio del Plan Básico de Salud (PBS), ¿cuál es la diferencia entre el afán de lucro privado y el afán de lucro público basado en una corrupción multimillonaria? Silenciar esta realidad objetiva mediante propuestas estatizantes unilaterales y desfasadas contribuye un atentado inaceptable al derecho universal al cuidado de la salud de todos los afiliados. El carácter mixto del SDSS y particularmente del SFS se justifica por la ineficiencia tradicional de los hospitales públicos expresada en una marcada preferencia por los servicios privados, incluso de las familias más pobres y vulnerables. La pluralidad y la libre elección de los afiliados constituyen un esfuerzo por controlar tanto el afán de lucro privado como el público. Durante años fuimos unos ilusos elogiando el desempeño del SENASA. Esa falsa ilusión indujo a diputados y senadores de buena fe a someter ocho proyectos de ley que proponen la conversión del SENASA en un monopolio estatal, eliminando la libre elección. Ante este escándalo mayúsculo y sin precedentes, lo más sano y aconsejable sería retirar dichas propuestas, proponiendo fórmulas concretas para fortalecer la prevención y sanción de los fraudes públicos y privados.
Protección social de la diáspora
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS La diáspora realiza una contribución vital al crecimiento de la economía, a la estabilidad macroeconómica y al equilibrio de la sociedad dominicana. En 10 años, sus remesas se duplicaron pasando de 5,329 millones de dólares en el 2015 a 10,756 millones en el 2024. Este año podrían superar los 12,000 millones de dólares. Representan alrededor del 8% del producto interno bruto (PIB) superando el aporte del turismo, tomando en cuenta que más de 1.5 millones de dominicanos visitan anualmente el país. Sus envíos anuales superan 2.5 veces la inversión extranjera en el país. No obstante y a pesar de este formidable y creciente aporte, más de 350,000 dominicanos que viven en Estados Unidos y Europa carecen de seguridad social. Son víctimas de una doble desprotección: NO están registrados en el Social Security ni en el Medicare porque son indocumentados, NI tampoco en el SDSS porque son trabajadores independientes. El SDSS incluye a la diáspora en sus artículos 5 sobre los beneficiarios del sistema y 7 sobre las normas complementarias, ambos todavía letras muertas. Esta sábado 30 de agosto, la Organización Mundial por el Derecho de los Pueblos a la Salud, Inc. (WORPHC) realizó una Conferencia para promover la Ley 87-01, demandar la protección de la diáspora a través del Régimen Contributivo Subsidiado y reclamar su participación activa las decisiones del CNSS. La misma se desarrolló en la Alianza Cultural Dominicana en el Alto Manhattan, USA con la participación de una docena de organizaciones sociales y laborales, médicos, enfermeras, sindicalistas y empresarios. Los expositores fueron Arismendi Díaz Santana y la Dra. Carmen Adames Chapman, ésta en representación del Dr. Enriquillo Matos, sobre la protección de los migrantes en la Ley 87-01. Además, Luis Matos y Leo Pieter explicaron las propuestas de la diáspora en la Seguridad Social, y María Kercado, sobre el impacto social de los recortes al Medicaid. Luego de múltiples reuniones, consultas y videoconferencias previos, la Coalición presentó su posición y propuesta: Los aportes de la diáspora superan los 11 mil millones de dólares anuales solo por las remesas, una cuantiosa inversión a la economía nacional y a la estabilidad del peso y un respiro social a la tranquilidad de la familia dominicana; Este aporte es mayor considerando los cientos de miles de cajas y tanquesrepletos de alimentos y vestimentas para el sostenimiento de nuestras familias; Además, realizamos cuantiosas inversiones en la compra de terrenos y en la construcción de nuestras viviendas; No obstante, en muchos casos resultan excesivas las cargas impositivas y tarifas por los servicios consulares (pasaportes, cartas de ruta y certificados, entre otros); Demandamos un tratamiento similar al que otorgan las leyes 171-07 y No.16-95, al inversionista extranjero y local mediante excepciones del 50% por los ajuares del hogar, vehículos, transferencias inmobiliarias, hipotecas y crédito. Los participantes ponderaron la importancia capital de la Ley de Seguridad Social para los migrantes, por lo que reclaman una representación oficial y comunitaria como la de la Junta Central Electoral (JCE), del INDEX, del Comisionado de la Cultura, entre otras instituciones con representación en el exterior. El documento borrador presentado en la Conferencia incluye las siguientes demandas: Que se aplique el RÉGIMEN CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO PARA EL EXTERIOR,ya que un seguro independiente, alternativo y complementario resultaría muy costoso y excluyente, sin posibilidad de aportar para nuestras pensiones y jubilaciones; Que se celebren VISTAS PÚBLICAS en Nueva York por ser un mecanismo transparente y participativo para las organizaciones de la DIÁSPORA; Que se redacte un documento con las necesidades y demandas de la diásporaa ser presentado al presidente Abinader, al Congreso Nacional, al CNSS y a la opinión pública. Nuestra Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) agradece la invitación, celebra el éxito total de esta actividad y apoya las principales propuestas de la diáspora a favor de los dominicanos más necesitados del exterior. Además, felicita a Luis Matos, coordinador general de la WORPHC, a Leo Pieter, coordinador técnico por esta oportuna iniciativa, y por su desvelo y eficiente desempeño en la organización y realización de la Conferencia.