SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS

Durante 7 décadas, el sistema público de salud ha operado en contra de las necesidades de la población más pobre promoviendo la privatización: salarios médicos sin resultados, horarios limitados, huelgas, clientelismo, corrupción y desabastecimiento, con bajos indicadores y un elevado gasto familiar de bolsillo.

1.  Contratación sin garantías de resultados. A pesar del eslogan “en salud, primero la gente”, los médicos son contratados sin garantía de dedicación ni rendición de cuentas. Para muchos, una premiación al ausentismo y a la falta de ética.
2.  Horarios doblemente limitados. La jornada médica se limita a 4 horas de lunes a viernes, quedando reducida a unas dos horas dos días a la semana, a pesar de que los problemas de salud se presentan a cualquier hora. Los médicos pasantes y ayudantes tratan de dar lo mejor de sí por los pacientes, sin poder reducir la mortalidad maternoinfantil y general.
3. Amplios incentivos improductivos. Los médicos reciben pagos extras de hasta un 20% por antigüedad, localización y riesgos, sin ningún incentivo por la dedicación, el desempeño y la satisfacción de los pacientes. En cambio, en el sector privado, esos médicos ganan de acuerdo a la cantidad y satisfacción de los afiliados.   La mayoría cumple y trabaja duro, pero recibe lo mismo que los demás. Ahí está la gran diferencia.
4. Asimetría en la relación médico-paciente. El afiliado contributivo recibe una atención a tiempo y más personalizada porque su elección del médico determina sus honorarios y copagos. En cambio, la atención en el hospital suele ser muy diferente, dado que su salario es fijo y no depende del paciente. La mayoría de los médicos determina libremente cuándo acudir al hospital, durante cuánto tiempo y a cuántos pacientes atender. En cambio, la situación cambia notablemente cuando los recibe en su consultorio privado. 
5. Discontinuidad de los servicios. Las frecuentes huelgas médicas violentan el derecho constitucional al cuidado de la salud, fomentando la afluencia a las clínicas privadas de los propios médicos huelguistas. La seguridad de un salario fijo y sin rendición de cuentas fomenta las huelgas, la privatización y el gasto familiar de bolsillo.
6.  Graves conflictos de intereses. Según una encuesta de ADESA, el 62% de los directores de hospitales es director o dueño de una clínica privada. A mayores carencias, deficiencias, discontinuidad y baja calidad, mayor afluencia a sus clínicas privadas y mayores ingresos, en un claro conflicto de intereses. La iglesia en manos de Lutero. Es un secreto a voces la “pérdida” de equipos y los daños provocados, para obligar a los pacientes públicos a acudir a las clínicas privadas.
7. Impotencia gerencial. Los directores de hospitales no influyen en la selección de los médicos ni de los directores de departamentos. Carecen de autoridad real para premiarlos o sancionarlos. Las pocas veces en que un Ministro de Salud ha cancelado a médicos incumplidores, ha sido desautorizado, minando su autoridad, obligándolo a reponerlos. ¿Qué director se atreve a hacerlo? Un general impotente, sin ninguna autoridad ni control sobre sus tropas.
8. Designación politizada. Los directores de hospitales son designados más por sus méritos políticos que por su capacidad y experiencia gerencial. Salvo honrosas excepciones, estos directores son controlados a control remoto desde la cúspide. Y suelen ser despedidos arbitrariamente aunque hayan realizado una labor eficiente y a favor de los afiliados. 
9. Concentración de las decisiones. Mientras la gerencia de la clínica privada tiene el control del mantenimiento, las compras y los suministros, en el sector público estas funciones están concentradas en la sede central, en manos de burócratas que desconocen los problemas de los hospitales y las necesidades de los pacientes. 
10.  Ausencia de auditorías externas independientes. No se conocen auditorías externas independientes que evalúen la eficiencia y transparencia en la asignación de los recursos, los resultados obtenidos y la relación costo/beneficio. Los controles existentes están a cargo de los propios médicos con roles de jueces y partes, bajo la amenaza de un Comité disciplinario del CMD.

Estas 10 normas improductivas perpetúan un sistema de salud contrario a las demandas de la gente común, relegando a los pacientes a un rol pasivo y secundario. Como la Ley 42-01, General de Salud, no introdujo cambios estructurales, la Ley 87-01 de Seguridad Social sí lo hizo, otorgándole a los afiliados capacidad para asignar los recursos según su nivel de satisfacción.

Por eso la primera es bendecida, mientras la segunda es permanentemente cuestionada y satanizada.