Dirigentes del Frente Amplio, encabezados por su presidenta María Teresa Cabrera, durante una comparecencia en la sede de la organización política en Santo Domingo. El partido ha advertido sobre las consecuencias que, a su juicio, tendría una eventual derogación del Decreto 693-24, al considerar que podría afectar la producción nacional de arroz, los empleos vinculados a toda su cadena productiva y la seguridad alimentaria de la República Dominicana. La discusión sobre la medida se produce en medio de conversaciones entre los gobiernos dominicano y estadounidense acerca de las condiciones de acceso del arroz de Estados Unidos al mercado nacional bajo el DR-CAFTA.
Por Julio Guzmán Acosta
Santo Domingo, RD.— El Frente Amplio advirtió que una eventual derogación del Decreto 693-24 podría afectar la producción nacional de arroz, miles de empleos vinculados al sector y la seguridad alimentaria del país, en momentos en que Estados Unidos ha planteado públicamente la eliminación de esa medida de protección comercial.
La presidenta del Frente Amplio, María Teresa Cabrera, sostuvo que el arroz no debe ser tratado únicamente como una mercancía, debido a su importancia en la dieta dominicana y al amplio entramado económico que genera alrededor de productores, trabajadores agrícolas, factorías, transportistas, proveedores, financiamiento, almacenamiento y comercialización.
“No estamos hablando simplemente de una discusión arancelaria. Estamos hablando de defender una estructura productiva que genera empleos, dinamiza las economías rurales y garantiza al país una capacidad fundamental para producir sus propios alimentos”, afirmó Cabrera.
Un decreto que protege la producción local
El Decreto 693-24, emitido en diciembre de 2024, mantiene para determinadas importaciones de arroz un arancel de 20 % dentro del contingente y de 99 % fuera de este. Además, establece una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz procedente de Estados Unidos con arancel cero, mientras que las importaciones que excedan ese volumen quedan sujetas al arancel de Nación Más Favorecida de 99 %.
La medida continuará vigente hasta que el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional recomiende lo contrario, conforme establece el propio decreto. 
Cabrera afirmó que sustituir producción dominicana por importaciones tendría efectos más amplios que la simple compra del cereal en el extranjero, porque implicaría trasladar fuera del país parte del empleo, los ingresos y el valor agregado que actualmente genera la actividad arrocera.
También cuestionó que una reducción de los aranceles garantice automáticamente una disminución equivalente en el precio al consumidor, al señalar que este depende de factores como los precios internacionales, fletes, seguros, tipo de cambio, costos portuarios, procesamiento y comercialización.
Seguridad alimentaria y competitividad
El Frente Amplio planteó que aumentar la dependencia de las importaciones expondría al país a conflictos internacionales, fenómenos climáticos, interrupciones logísticas, restricciones comerciales y variaciones del tipo de cambio.
“La seguridad alimentaria también es una cuestión de soberanía nacional”, expresó Cabrera.
La organización política insistió en que mantener el Decreto 693-24 debe acompañarse de una estrategia para modernizar la producción arrocera, reducir costos, mejorar rendimientos, fortalecer la mecanización, ampliar la investigación agrícola y hacer un uso más eficiente del agua.
El Gobierno ha defendido anteriormente el decreto como un mecanismo de protección del arroz dominicano frente a la apertura prevista en el DR-Cafta y ha señalado la necesidad de mejorar simultáneamente la productividad y competitividad del sector.
