La colocación de una tarja en honor a Joaquín Balaguer reabre un debate que la historia dominicana no puede eludir: las obras materiales de un gobernante no pueden separarse de la represión, los presos políticos, los exilios y la violencia ocurridos bajo su mandato. A propósito del artículo de Fidel Soto Castro publicado en Umbral.com.do, esta reflexión reivindica el derecho de las víctimas a ocupar también un lugar central en la memoria nacional.
El artículo de opinión de Fidel Soto Castro, “El Mirador, la tarja y la memoria histórica que no se puede borrar”, publicado en Umbral.com.do, merece una reflexión que vaya mucho más allá de la controversia sobre el nombre de un parque o la colocación de una tarja.
Lo que está en discusión es algo de mayor profundidad: cómo recordamos nuestra historia y qué hacemos con la responsabilidad política de quienes ejercieron el poder.
La figura de Joaquín Balaguer Ricardo no puede separarse de sus gobiernos. No es históricamente aceptable destacar al constructor de avenidas, presas, parques y edificios mientras se coloca entre paréntesis al gobernante bajo cuyo mandato la República Dominicana conoció persecución política, encarcelamientos, exilios, represión y asesinatos de opositores.
Un gobernante debe ser juzgado por la totalidad de su ejercicio del poder.
Y Balaguer ejerció durante años un poder extraordinariamente concentrado.
Por eso resulta pertinente el llamado que hace Fidel Soto Castro cuando advierte sobre el peligro de utilizar las obras materiales como mecanismo para rehabilitar políticamente una figura histórica. Una obra pública puede reconocerse como parte del patrimonio nacional, pero el cemento no concede certificados de democracia.
El Parque Mirador Sur forma parte de la ciudad y de la historia urbanística de Santo Domingo. Nadie necesita negar la importancia de esa obra para reconocer, al mismo tiempo, que fue levantada durante un período político marcado por graves restricciones a las libertades públicas y por una represión que dejó profundas heridas en la sociedad dominicana.
Ahí está precisamente la diferencia entre estudiar la historia y blanquearla.
No se puede separar al hombre de su gobierno
Durante demasiado tiempo se ha intentado presentar dos Joaquín Balaguer distintos.
Uno sería el intelectual, el escritor, el constructor y el estadista.
El otro sería el presidente alrededor del cual actuaron organismos represivos, fuerzas militares, policiales y grupos dedicados a perseguir a sectores de la oposición.
Esa separación resulta insostenible.
Joaquín Balaguer era el presidente de la República. Era el jefe del Estado. Era la principal autoridad política del país.
Por consiguiente, su responsabilidad histórica no puede desvincularse del aparato estatal que actuó durante años bajo su autoridad.
Los dominicanos que fueron perseguidos no fueron perseguidos en un territorio sin gobierno.
Los encarcelados no llenaron las cárceles de un Estado inexistente.
Los que tuvieron que abandonar su patria no se marcharon porque un fenómeno natural los expulsara.
Y quienes perdieron la vida en medio de la persecución política no murieron en un vacío de poder.
Todo aquello ocurrió mientras Joaquín Balaguer gobernaba la República Dominicana.
Por eso, cuando se habla de Balaguer, también tenemos la obligación moral de hablar de quienes pagaron con prisión, exilio, persecución y, en numerosos casos, con sus propias vidas el precio de enfrentarse al régimen.
No se puede pretender que el presidente quede históricamente separado de los métodos empleados por el Estado que presidía.
Las víctimas también tienen derecho a una tarja
Cuando las instituciones públicas deciden rendir homenaje a una figura política de tanta trascendencia y controversia, deberían preguntarse también dónde están los homenajes a sus víctimas.
¿Dónde está la memoria permanente de los jóvenes asesinados?
¿Dónde están los nombres de quienes desaparecieron?
¿Dónde recordamos a los presos políticos?
¿Dónde colocamos simbólicamente a las familias obligadas a ver partir hacia el exilio a sus hijos, padres y hermanos?
La memoria histórica no puede construirse únicamente desde el poder.
También debe construirse desde las víctimas.
Resultaría profundamente injusto que las generaciones futuras encuentren grandes placas recordando quién construyó un parque, pero ninguna explicación sobre el precio humano y político que pagó una parte de aquella generación dominicana.
Porque entonces no estaríamos enseñando la historia completa.
Estaríamos seleccionando la parte que resulta más cómoda recordar.
Una obra pública no convierte a nadie en demócrata
Este es uno de los aspectos más importantes del artículo de Fidel Soto Castro.
La democracia no se mide en kilómetros de carreteras.
No se mide en presas.
No se mide en edificios.
No se mide en parques.
Se mide, entre otras cosas, por el respeto a la vida, a la libertad, al sufragio, a la oposición política, a la libre expresión y al derecho de cada ciudadano a pensar diferente sin temor a perder su empleo, su libertad, tener que abandonar su país o incluso perder la vida.
Por eso resulta peligroso convertir las realizaciones materiales de un gobierno en argumento para otorgarle legitimidad democrática.
Trujillo también construyó.
Como lo hicieron numerosos regímenes autoritarios del siglo XX.
Construyeron carreteras, edificios, infraestructuras y monumentos.
Eso nunca los convirtió en democracias.
Las obras pertenecen finalmente al pueblo que las pagó.
No son propiedades personales de los gobernantes ni pueden utilizarse como certificados de buena conducta histórica.
Balaguer también debe ser recordado desde el dolor
Hay generaciones dominicanas para las cuales el nombre de Joaquín Balaguer no evoca solamente parques, grandes avenidas o infraestructura.
Evoca miedo.
Evoca persecución.
Evoca cárceles.
Evoca entierros.
Evoca madres esperando hijos que nunca regresaron.
Evoca jóvenes obligados a abandonar la República Dominicana para preservar su libertad o su vida.
Esa memoria también es República Dominicana.
No puede ser eliminada de los libros, de las calles ni de la conciencia nacional simplemente porque hayan transcurrido varias décadas.
Mucho menos puede ser sustituida por una narrativa donde solo aparezcan las obras materiales.
Los cientos de muertos vinculados a la violencia y represión política de aquellos años, los presos políticos, los perseguidos y los dominicanos empujados al exilio forman parte de un expediente histórico que ninguna rehabilitación simbólica puede borrar.
La historia debe contarse completa
Fidel Soto Castro hace bien en tocar este tema.
Y Umbral.com.do hace bien en abrir sus páginas a este debate, porque uno de los deberes fundamentales de un medio de comunicación es contribuir a preservar la memoria histórica y evitar que las conveniencias políticas del presente terminen imponiendo una lectura incompleta del pasado.
No se trata de borrar a Joaquín Balaguer.
Sería absurdo intentarlo.
Balaguer ocupa un lugar enorme en la historia política dominicana del siglo XX y debe ser estudiado con toda la profundidad que esa importancia exige.
Precisamente por eso no puede ser mutilado históricamente.
Debe aparecer el Balaguer de las obras públicas y también el Balaguer del poder político.
El escritor y el gobernante.
El constructor y el presidente.
Sus realizaciones y sus responsabilidades.
Sus luces, para quien quiera reconocerlas, pero también las enormes sombras de sus gobiernos.
Porque una democracia madura no necesita fabricar santos políticos.
Necesita conocer su historia.
Ni el bronce ni el cemento borran la sangre
Hay una idea del artículo de Fidel Soto Castro que resume perfectamente el fondo de esta discusión: una tarja no puede borrar la memoria histórica.
Podrán colocarse placas.
Podrán levantarse monumentos.
Podrán aprobarse resoluciones.
Podrán cambiarse nombres.
Pero existe algo que ninguna autoridad municipal, ningún Congreso y ningún gobierno puede cambiar mediante decreto: los hechos históricos.
Los asesinados existieron.
Los presos políticos existieron.
Los perseguidos existieron.
Los exiliados existieron.
Las familias destruidas por la represión existieron.
Y forman parte de la historia dominicana exactamente igual que las presas, las carreteras, las avenidas y el Parque Mirador Sur.
La memoria histórica exige que ninguna de esas realidades sea ocultada para construir una imagen parcial o complaciente de quienes ejercieron el poder.
No para alimentar odios.
No para permanecer prisioneros del pasado.
Sino precisamente para que ese pasado nunca vuelva a repetirse.
Una sociedad democrática puede reconciliarse con su historia.
Puede reconocer las obras de sus gobernantes.
Puede estudiar sus aciertos y sus errores.
Lo que nunca debe hacer es olvidar a las víctimas.
Porque cuando una sociedad comienza a recordar únicamente las obras de sus gobernantes y deja en la penumbra a quienes padecieron bajo sus gobiernos, corre el riesgo de convertir la memoria histórica en propaganda.
Y frente a esa posibilidad, artículos como el de Fidel Soto Castro cumplen una función necesaria: recordarnos que la memoria de un pueblo no puede cubrirse con cemento, ni silenciarse mediante una resolución, ni borrarse colocando una tarja de bronce sobre una piedra.
