La UASD no se toca: gremios docentes alzan la voz contra reforma que, advierten, privatizaría la universidad estatal
Asociación Dominicana de Profesores y organizaciones sociales anuncian una consulta popular para frenar la “pretendida reforma” del Gobierno que, según denuncian, buscaría fusionar los ministerios de Educación y allanar el camino para desmontar la autonomía universitaria. “La educación como derecho, no como mercancía”, sentenciaron Por Virtudes Álvarez Sampedro Santo Domingo. – Un clamor gremial sacudió ayer las bases del sistema educativo dominicano. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), junto a un amplio abanico de organizaciones sociales y gremios del sector, anunció el inicio de un proceso de articulación nacional para enfrentar la “pretendida reforma” que, según denuncian, el Gobierno impulsa de manera discreta y que tendría como objetivo final la privatización de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). La advertencia fue lanzada por Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, quien fungió como vocero durante la apertura de un seminario convocado para “pasar revista” a los alcances del plan oficial y construir, en contrapartida, una propuesta alternativa. Hidalgo fue enfático: “La UASD no se toca”. Y explicó que los gremios que orbitan alrededor de estas instituciones “históricas” no pueden desaparecer bajo ningún diseño de reestructuración estatal. De acuerdo con el dirigente magisterial, la reforma que el Gobierno pretende imponer contemplaría, entre otros puntos neurálgicos, la fusión del Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación. Ese movimiento, advirtió, allanaría el camino para despojar a la UASD de su régimen autónomo y someterla a las lógicas del mercado. “La educación como derecho, no como mercancía”, proclamó Hidalgo ante una audiencia que respaldó cada palabra con prolongados aplausos. En el encuentro participan, además de la ADP, organizaciones como Faproguats, Amprotec, el Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, el Frente de Derechos de las Feministas “Magaly Pineda” y diversas agrupaciones defensoras de los derechos de la mujer. Todos ellos, dijo Hidalgo, han manifestado su rechazo a la reforma desde hace aproximadamente un año. Ahora, con este seminario como punto de inflexión, se proponen trabajar en “una ruta alternativa” y en la construcción de un cronograma para impulsar una consulta abierta, popular, participativa y democrática. El objetivo de esa consulta, explicó el dirigente, será advertir a la población sobre los posibles efectos que la reforma tendría “sobre la población pobre y de clase media”, no solo en el terreno educativo sino también en el entramado de la economía popular. Hidalgo apeló a ejemplos concretos que, a su juicio, ilustran el peligro de los procesos de privatización: mencionó el caso de las AFP y la irrupción del sector privado en las pensiones; recordó que en el ámbito de la salud “se privatizó” y hoy resulta “sumamente costosa”; y aludió al sector agropecuario, donde la unificación de dos instituciones dejó “en el aire” a agrónomos y profesionales del ramo. “No se trata solo de reorganizar el Estado”, sentenció Hidalgo. “Se trata de definir qué lugar ocupará la educación en este país: si será un derecho universal o una mercancía al alcance de pocos”. El llamado final del dirigente fue a la ciudadanía toda: “Presten oído a las conclusiones de este seminario y súmense a esta causa justa”. Mientras las organizaciones sociales afinan su cronograma de lucha, la advertencia queda trazada: cualquier intento de tocar la autonomía de la UASD desatará una respuesta popular que, prometen, no se hará esperar.
¡Despertar de las aulas! Educadores convocan consulta nacional para dar contenido popular a la reforma oficial
Ante el Decreto 309-26 que creó la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa, gremios docentes, organizaciones sociales y académicos de la UASD lanzan el Primer Seminario Nacional sobre los desafíos de la educación dominicana. Advierten sobre “intentos de modificación radical” que podrían mercantilizar la enseñanza y vulnerar la autonomía universitaria. El encuentro será replicado en todas las regiones del país durante dos meses Por Julio Guzmán Acosta Santo Domingo. – Un viento de movilización recorre los pasillos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No es un rumor ni una especulación: es la certeza organizada de quienes entienden que la educación no se discute a espaldas del pueblo. Diversos sectores vinculados al ámbito educativo y social convocaron al Primer Seminario Nacional: Desafíos de la Educación Dominicana y cuál es la Reforma Necesaria, una iniciativa que busca abrir un proceso amplio, democrático y participativo de consulta ciudadana sobre el futuro del sistema educativo nacional. El escenario será el auditorio del Edificio de Alta Tecnología de la UASD, se inicia el 27 de mayo a partir de las nueve de la mañana y se desarrollará a lo largo de dos meses. Y la invitación no tiene fronteras: va dirigida a estudiantes, docentes, académicos, organizaciones sociales y ciudadanos de a pie. La convocatoria irrumpe en medio del debate nacional desatado por el Decreto Presidencial 309-26, instrumento oficial que creó la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa y puso en marcha una consulta gubernamental sobre el sistema. Frente a ese proceso, los organizadores del seminario alzan una voz distinta: la del cuestionamiento crítico, la del diagnóstico científico, la del debate horizontal. Plantean que cualquier reforma que pretenda ser legítima debe ser democrática, participativa y tener como protagonistas a la ciudadanía y a los actores cotidianos del quehacer educativo. No se trata, advierten, de imponer cambios desde el escritorio presidencial, sino de construir de manera colectiva las bases conceptuales, éticas, programáticas y humanas de lo que ellos llaman una “verdadera reforma educativa”. El documento de convocatoria no escatima en advertencias. Los organizadores denuncian lo que califican como intentos de modificación radical de la estructura del sistema educativo nacional. A su juicio, algunas propuestas oficiales podrían amenazar derechos históricos del magisterio, conquistas democráticas de la educación pública y, en particular, la autonomía universitaria de la UASD, patrimonio intangible de la dominicanidad. “El sistema educativo no puede ser sometido al estrés de la improvisación ni convertirse en mercancía al servicio de intereses empresariales”, expresa el texto con una claridad que no admite matices. Durante el seminario se analizará el estado actual de la educación dominicana, las políticas públicas aplicadas en el sector en las últimas décadas y el impacto específico del Decreto 309-26 en el proceso de reforma. Pero el encuentro en la UASD no será un hecho aislado: marcará el inicio de una jornada nacional de debates y movilizaciones. De acuerdo con la convocatoria, el seminario será replicado en todas las regiones del país durante los próximos dos meses, acompañado de encuentros municipales, jornadas de debate en centros educativos y campañas informativas en plataformas digitales y redes sociales. Los organizadores sostienen una tesis que resuena como un imperativo ético: solo una amplia consulta ciudadana, abierta y vinculante, garantizará una reforma educativa progresista, alejada de intereses mercantiles y orientada a preservar la educación como un derecho humano fundamental. La cita está dada. El aula, por estos días, se vuelve tribuna. Y la palabra, como siempre en tiempos de definiciones, se convierte en la primera trinchera.
La tensa relación entre el presidente Gustavo Petro y el Congreso: Un año de desencuentros y fracasos legislativos
Por Julio Guzmán Acosta El año 2024 ha sido un periodo de intensos desafíos para la relación entre el presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República. Desde el inicio del año, el mandatario se ha enfrentado a una serie de obstáculos legislativos que han puesto en entredicho su capacidad para gobernar y ejecutar su agenda política. En un análisis exhaustivo de los acontecimientos, se evidencia un deterioro significativo en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, con un balance que se inclina más hacia lo negativo que hacia lo positivo. En el primer semestre, la situación se tornó crítica cuando el Congreso rechazó dos de las reformas más importantes del gobierno: la reforma a la salud, considerada la piedra angular de la política pública de Petro, y la reforma educativa. Estos fracasos fueron solo el principio de una serie de reveses que culminaron en el segundo semestre, cuando los senadores y representantes archivaron el presupuesto para 2025, la reforma tributaria y la política. A pesar de que de enero a julio se aprobó la reforma pensional, esta llegó con ajustes que no cumplían con las expectativas del presidente, lo que dejó claro el distanciamiento entre ambas partes. En un año lleno de tensiones, el único proyecto que logró avanzar con el respaldo presidencial fue la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), un elemento crucial para la descentralización del país, aunque este apoyo llegó solo al final del proceso legislativo. Aún quedan en trámite varias reformas, incluyendo una nueva versión de la reforma a la salud, que deberá ser discutida en plenaria en febrero, así como la reforma laboral, la reforma a la justicia y la jurisdicción agraria, que, a pesar de haber logrado consenso en comisiones, enfrenta el reto de mantenerlo en las plenarias. Un análisis de la consultora Orza revela que el gobierno de Petro ha experimentado una drástica disminución en su efectividad legislativa. Durante las dos primeras legislaturas, la efectividad del presidente alcanzó un 33%, pero en lo que va de la tercera legislatura, esta cifra ha caído a un alarmante 10%. De los 1.011 proyectos de ley presentados, solo 7 han sido aprobados, lo que refleja una incapacidad notable para consolidar mayorías y establecer una coalición sólida. La relación entre el presidente y el Congreso comenzó con un fuerte respaldo tras su llegada al poder en agosto de 2022, cuando Petro logró conformar una amplia coalición que le permitió dominar las mayorías en el Senado y la Cámara. Sin embargo, el desgaste ha sido palpable. La caída en la popularidad de Petro, los escándalos de corrupción en su administración y los desencuentros con los partidos tradicionales han erosionado esta alianza, provocando que los apoyos se vuelvan cada vez más frágiles. Los partidos Liberal, Conservador y de la U, que inicialmente apoyaron al gobierno, comenzaron a distanciarse, lo que dejó al presidente en una posición vulnerable. La situación se agravó cuando Petro, en un arrebato de frustración, descalificó a los congresistas en un discurso reciente, llamándolos “malditos” y anunciando la ruptura de relaciones con las comisiones económicas que habían hundido su ley de financiamiento. Este ataque verbal no solo refleja el clima de tensión, sino que también augura un 2025 aún más complicado, con el avance de investigaciones judiciales relacionadas con un escándalo de corrupción que involucra a altos funcionarios de su gobierno y a varios congresistas. La polarización y la crispación en el ambiente político se intensificarán con la proximidad de las elecciones presidenciales y legislativas de 2026, lo que podría relegar las reformas a un segundo plano y centrar la atención en los procesos electorales. Un contexto de críticas sobre transparencia, corrupción y problemas fiscales ha debilitado la capacidad del gobierno para cohesionar a sus aliados, convirtiendo el panorama político en un campo de batalla donde cada decisión se enfrenta a un creciente escepticismo y resistencia. En conclusión, el año 2024 ha sido testigo de una profunda crisis en la relación entre el presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República. Con reformas clave estancadas y una creciente polarización política, el futuro del gobierno y su capacidad para implementar su agenda se enfrenta a un horizonte incierto, donde la recuperación de la confianza y la construcción de consensos se presentan como desafíos urgentes para el mandatario colombiano.