El pacto secreto: oposición exige transparencia mientras EE. UU. opera en bases dominicanas
Por Theo N. Guzmán SANTO DOMINGO. — “Opacidad” e “incertidumbre” son las palabras que marcaron este miércoles el reclamo de dos voces opositoras ante el silencio del Gobierno dominicano sobre los acuerdos suscritos con la administración del presidente estadounidense Donald Trump. La controversia no solo involucra el memorando migratorio que permite el traslado temporal de extranjeros deportados, sino también la reciente autorización para que fuerzas militares de Estados Unidos utilicen aeropuertos y bases aéreas dominicanas. El ex canciller Andrés Navarro García (PLD) y el diputado Rafael Castillo (Fuerza del Pueblo) coincidieron en un punto: los convenios, que abarcan desde el combate al narcotráfico hasta la admisión transitoria de migrantes, deben ser conocidos a fondo por la ciudadanía. \»En la medida en que haya opacidad en este acuerdo se va a generar el caldo de cultivo para miles de especulaciones\», advirtió Navarro, al tiempo que instó al presidente Luis Abinader a transparentar el contenido por los cauces institucionales. Castillo fue más lejos: \»El canciller tampoco ha dado la cara. República Dominicana no puede ser sede para recibir personas que hayan cometido delitos de un tercer país\». Doble filo de la cooperación militar El detonante del malestar opositor es un acuerdo firmado bajo la iniciativa \»Escudo de las Américas\», mediante el cual República Dominicana concedió un permiso temporal para que aeronaves estadounidenses accedan, se estacionen y sobrevuelen instalaciones nacionales. Según reportes, las facilidades comprenden el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) y la Base Aérea de San Isidro, espacios que han sido utilizados previamente en operaciones de vigilancia e interdicción. El presidente Abinader ha defendido la medida argumentando que no se trata del establecimiento de bases militares permanentes, sino de un refuerzo al \»anillo de protección aérea y marítima\» para combatir el narcotráfico. Sin embargo, la controversia se profundizó al conocerse que el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró como confidenciales todos los documentos relacionados con estas negociaciones. Mediante una resolución suscrita por el canciller Roberto Álvarez, se restringió el acceso a \»todas las piezas documentales generadas o procesadas en el marco de las conversaciones\», un día antes del anuncio oficial del acuerdo. El componente migratorio Junto al componente militar, el memorando incluye un capítulo migratorio que permite el ingreso temporal de un \»número limitado\» de nacionales de terceros países deportados desde Estados Unidos, bajo estrictas condiciones: estarán en tránsito, no poseer antecedentes penales, y quedarán excluidos los haitianos y los menores no acompañados. El gobierno estadounidense proporcionará respaldo financiero y operativo para su retorno ordenado. La embajadora de Estados Unidos, Leah F. Campos, salió al paso de las críticas asegurando que el proceso respetará la soberanía dominicana y las leyes locales. No obstante, la oposición insiste: sin información clara y acceso público a los textos completos, no hay respaldo posible.
Sancionar los anticipos y las retenciones
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) entregó su propuesta de reforma de la Ley 87-01 de Seguridad Social al diputado Rafael Castillo, presidente de la Comisión Bicameral. La misma responde a una amable solicitud del senador Daniel Rivera, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado y vicepresidente de la Comisión Bicameral. Como defensores del derecho de los afiliados, nuestra propuesta se concentra en garantizar una mayor protección social en la cobertura y la calidad de los servicios de salud, así como en la entrega de pensiones dignas y sostenibles para todos, incluyendo a los trabajadores con cotizaciones insuficientes. Atendiendo a la demanda de los afiliados de elevar la cobertura y calidad de los servicios y reducir la privatización y el gasto familiar de bolsillo, se establece un plazo de 12 meses a partir de la modificación de la Ley 87-01, para iniciar las reformas del sistema nacional de salud establecidas en la ley y pospuestas durante dos décadas. Se prohíben las barreras económicas en emergencias, la retención de pacientes y de cadáveres. En los casos de violación, y a reservas de cualquier demanda judicial, la SISSALRIL suspenderá inmediatamente el Contrato de Prestación de Servicios de Salud (CPSS) entre la PSS infractora y TODAS las ARS, pudiendo cancelarlo definitivamente en los casos de reincidencia. La DIDA asistirá a los afiliados afectados. La SISALRIL, en un plazo no mayor de 12 meses propondrá al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) alternativas y modalidades de reclamación y cobro de las PSS a los afiliados que no pueda sufragar de inmediato cualquier costo adicional debidamente documentado y validado y que exceda la cobertura establecida. Además, la propuesta dispone la prescripción de medicamentos ambulatorios por principios activos bioequivalentes (genéricos), aprobados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MINSA). Sólo podrán prescribirse patentados cuando el MINSA certifique la inexistencia de bioequivalentes, y mientras exista esta limitante en el país. Los afiliados podrán comprar medicamentos patentados, siempre que cubran el costo adicional al precio de referencia de los bioequivalentes aprobados. El Catálogo de Medicamentos del PBS será aprobado por el CNSS y revisado y actualizado regularmente en un plazo no mayor de dos (2) años. Se prohíbe terminantemente toda práctica monopolística para obtener beneficios extraordinarios ilícitos a costa del derecho de los afiliados y/o del equilibrio financiero del Seguro Familiar de Salud (SFS). Ningún sector, o grupo de administradores (ARS) o de proveedores de servicios de salud (PSS) podrá presionar, en forma colectiva o asociada, para imponer contratos, tarifas y honorarios de manera unilateral. Tales acciones están claramente prohibidas por el Art. 50, numeral 1 de la Constitución que prohíbe el monopolio de particulares y dispone que el Estado adopte “las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante”. Cualquier administrador o proveedor de servicio que se sienta amenazado o intimidado por prácticas y presiones monopolísticas, podrá solicitar la acción de amparo de la justicia para evitar imposiciones y abusos de poder. La SISALRIL anulará cualquier contrato impuesto en condiciones monopolísticas. A fin de garantizar la calidad de los servicios y la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, el Proyecto declara de alto interés nacional, el inicio progresivo, en los plazos establecidas en la presente Ley, de las siguientes reformas: a) un Plan Básico de Salud equilibrado y sostenible; b) el primer nivel de atención con la estrategia de atención primaria.
Bancada de la Fuerza del Pueblo respalda a Listín Diario ante intento de censura digital
El diputado Rafael Castillo, vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo.umbral.local/ Por Alejandro Fernández G. Santo Domingo – La libertad de expresión en la República Dominicana recibió ayer una clara muestra de apoyo por parte de la bancada de la Fuerza del Pueblo (FP) en la Cámara de Diputados, tras el intento de censura digital que sufrió el Listín Diario, uno de los medios de comunicación más antiguos y prestigiosos del país. Durante la sesión ordinaria del hemiciclo, los 29 diputados que conforman el bloque oficializaron su respaldo al decano de la prensa dominicana, repudiando el ultimátum impuesto por la empresa estadounidense Network Solutions, responsable del dominio digital del periódico, que exigió la eliminación de una noticia bajo amenaza de suspender el acceso a la página web en un plazo de 48 horas. El vocero de la bancada opositora, Rafael Castillo, calificó la acción de la compañía como un “golpe severo” a la libertad de prensa y a la comunicación pública. “Desde esta curul, condenamos este intento de censura que atenta contra la memoria histórica y el derecho constitucional de informar”, afirmó. En respaldo a esta postura, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, manifestó su solidaridad con el Listín Diario y expresó que comparte “gran parte de su discurso” en defensa del derecho a informar sin restricciones. La controversia surge a raíz de un artículo publicado el pasado 22 de marzo de 2024, titulado “Lisandro Macarrulla hijo admite los cargos que le imputa el Ministerio Público en caso Medusa”, donde se informó sobre la admisión de culpabilidad de Lisandro José Macarrulla Martínez en un caso de corrupción administrativa. Esta información, ampliamente difundida por diversos medios nacionales, fue el foco de la petición para su eliminación. Ante la amenaza de un “apagón digital” que impactaría a millones de lectores y constituiría un abuso de poder incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos, el director del Listín Diario, Miguel Franjul, anunció que el medio iniciará el proceso de migración a otro proveedor para garantizar la continuidad de sus servicios digitales. El Listín Diario reafirmó su compromiso con el periodismo independiente, ético y responsable, amparado por el artículo 49 de la Constitución dominicana y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, rechazando cualquier intento de censura o imposición arbitraria sobre informaciones veraces y de interés público. Este episodio pone en evidencia los desafíos que enfrentan los medios tradicionales en la era digital, donde el control de plataformas y dominios puede convertirse en una herramienta para limitar el derecho a la información y la expresión libre, pilares fundamentales de la democracia.