CONANI y su fragilidad operativa
El nacimiento del Consejo Nacional para la Niñez (CONANI) en 1978, bajo el gobierno de Antonio Guzmán Fernández y el impulso de la primera dama Renée Klang de Guzmán, marcó un hito en la historia social dominicana. Por primera vez, la niñez dejó de ser un asunto relegado a la caridad y se convirtió en política pública, gracias a que “la eterna primera dama”, como se le recuerda a Klang de Guzmán, entendió que el futuro del país dependía de garantizar derechos básicos a los niños y adolescentes. Con la visión clara de crear un sistema que protegiera la infancia como patrimonio nacional y no como concesión ocasional, la administración gubernamental sembró esperanzas y creó grandes expectativas entre la gente. El CONANI surgió con programas pioneros como los “Centros Infantiles de Atención Integral” (CIANI), destinados a niños de tres a seis años, y el programa “Ayúdame a ser Niño” (PASN), que atendía a menores en situación de calle. Estas iniciativas, con lógicas motivaciones éticas, políticas y sociales, ofrecían salud, educación y acompañamiento social, abriendo un horizonte de dignidad en un país marcado por desigualdades y que, entonces, se propuso rescatar a la niñez de la marginalidad y convertirla en sujeto de derechos. Durante las décadas siguientes, el CONANI se consolidó como ente rector de las políticas para la infancia, la niñez y la adolescencia. El gran salto llegó en 2003 con la promulgación de la Ley 136-03, que estableció el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, un marco legal que alineó al país con la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que redefinió la misión del CONANI. Esa legislación confirió a la institución la responsabilidad de coordinar, supervisar y garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia. Es verdad que en ese marco se han desarrollado programas de salud infantil, campañas de vacunación, estrategias de prevención de violencia y proyectos de participación juvenil y que también la niñez pasó a ser parte del discurso oficial y de la agenda internacional, con apoyo de organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Pero, el CONANI que nació como símbolo de esperanza, hoy enfrenta grandes debilidades operativas, entre las cuales se citan limitaciones presupuestarias, burocracia excesiva y dificultades para articularse con otras instituciones del Estado. Los programas que cuentan con el aval de instancias nacionales e internacionales parecen bien diseñados, aunque revelan que carecen de sostenibilidad y que muchas veces dependen solo de la voluntad política del momento. La institucionalidad que Renée Klang soñó como sólida y permanente se ha visto erosionada por la falta de planificación estratégica y por la aparente ausencia de un compromiso real de largo plazo. Hoy, más que nunca, se requiere una revisión profunda de la estructura de CONANI y un fortalecimiento operativo que garantice continuidad y eficiencia, con adecuadas y estables políticas públicas, recursos suficientes y una institucionalidad blindada contra la improvisación. Renée Klang de Guzmán sembró una semilla de esperanza en 1978, que germinó a través de leyes, programas y discursos, pero que ahora corre el riesgo de marchitarse si no se atienden las debilidades actuales. El CONANI debe recuperar su rol rector y protagónico como garante real de derechos y de la protección de niños, niñas y adolescentes que, en los últimos días, incluso, han sido víctimas de las mismas debilidades que acusa esa institución. La niñez dominicana merece un sistema que funcione, que proteja y que proyecte su propio futuro. No, uno en el que se produzcan muertes violentas, como la de Nanita Pimentel Paul, de 14 años de edad, ocurrida el pasado 24 de mayo; o la fuga masiva de otros chicos y chicas que huyen de alegados malos tratos y del hacinamiento que sufren bajo la supuesta \»custodia\» del Estado.
La salud mental en la agenda nacional
La salud mental ha sido, por décadas, una deuda pendiente en República Dominicana, donde profesionales de la salud, académicos y organizaciones sociales han advertido sobre el deterioro visible de la atención, la escasez de recursos y la falta de programas preventivos, mientras los casos de violencia, suicidios y crisis emocionales carecían de respuestas proporcionales. No hay dudas de que ese lúgubre panorama puede comenzar a cambiar tras el anuncio de un plan integral por parte del ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, en en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, acompañado por la vicepresidenta Raquel Peña y la primera dama Raquel Arbaje, en el Palacio Nacional. En ese escenario y en presencia de otros funcionarios y la prensa, el Gobierno presentó un programa nacional de prevención, asistencia y tratamiento en salud mental, que incluye la nueva línea telefónica 811, gratuita y accesible desde cualquier punto del país, para atender crisis de ansiedad, depresión, violencia, duelo o emergencias emocionales. El plan contempla, además, el aumento de camas hospitalarias de 137 a 500, de acuerdo a lo previsto para este 2026 y de las unidades de intervención en crisis, de 18 a 89, así como la construcción del Instituto Nacional de Neurociencia, como centro de referencia y formación especializada. Este programa constituye un avance oportuno, con el que se reconoce que la salud mental es un derecho humano y que el Estado tiene la obligación de garantizarlo.La facilidad de marcar tres dígitos (811) para recibir ayuda inmediata simboliza la democratización del acceso y la dignificación de quienes atraviesan momentos de vulnerabilidad. Esta línea será operada por más de 45 psicólogos clínicos, lo que adelanta que los ciudadanos entrarán por la puerta de la atención profesional que permitirá retenerlos o incorporarlos a la red pública sanitaria, de acuerdo a cada caso. La situación de la salud mental en el país es alarmante y así lo confirma el propio ministro de Salud, al compartir resultados de estudios que revelan que el 5.7 % de la población padece o ha padecido de ansiedad, equivalente al 1.3 % más que las personas que han sufrido este mismo trastorno a nivel mundial (4.4 %). Las estadísticas refieren también que el 4.7 % de la población padece o ha padecido de depresión, enfermedad cuyo promedio mundial es de 5.7 %. Esos niveles de incidencia de ansiedad y depresión, que sólo son dos de las múltiples manifestaciones de enfermedades de salud mental, son más relevantes si se toma en cuenta el rango de exposición en los que opera la sociedad en estos tiempos de tecnologías y comunicación. La era digital ha abierto espacios de conversación sobre salud mental, pero también ha expuesto a las personas a juicios públicos y a estigmas que han podido agravar su malestar, lo cual convoca a una respuesta más integral y concertada. Uno de los aspectos a resaltar del plan que entra en vigencia como parte de los avances del Estado en el tema de la salud mental es la diversidad de instituciones que interviene en esta apuesta. Entidades como la Oficina de la Primera Dama, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de Información y Comunicación (OGTIC) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), mancomunados con el área de la salud, impulsan este plan, al que, además, deberían sumarse los ayuntamientos, como gobiernos locales de cada municipio. La salud mental entra ahora en la agenda pública con la fuerza de un compromiso presidencial, por lo que se puede colegir que este es el comienzo de una nueva etapa para los dominicanos. La sociedad debe recibir esta política con esperanza, pero también con cautela, ya que los desafíos acechan y, uno de ellos, es asegurar que la línea 811 y las demás medidas no se queden en promesas aisladas y realmente sean garantías de que, como establece el lema: “La salud mental (estará) en primer lugar”.
Misoginia digital
El informe de la “Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia Contra las Mujeres (IIPEVCM)”, elaborado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado “La violencia digital contra las mujeres en roles públicos en la región”, es una clara evidencia de que, a pesar del desarrollo y avances del mundo, hay ámbitos en los que se vive en la edad del fuego y la piedra. Este estudio analiza la problemática en España, Portugal, México, Uruguay, Panamá, Andorra y República Dominicana, y sus hallazgos son más que importantes para comprender la magnitud y el impacto del fenómeno de la violencia contra la mujer, que no sólo está presente con maltratos verbales personales, golpes y hasta la muerte, sino que también se manifiesta en el espectro digital. El informe se basa en un estudio regional que monitoreó perfiles de mujeres con voz pública, dígase, políticas, periodistas, activistas, etc. con presencia en redes sociales y sus principales hallazgos muestran el nivel de misoginia que aún prevalece en la región. De acuerdo al resultado, uno de cada cinco mensajes dirigidos a mujeres en roles públicos en las redes sociales encerraba algún tipo de contenido agresivo, de los que se identificaron y categorizaron cinco modalidades principales de violencia. La más frecuente de esa violencia es la subestimación de capacidad, un ataque que consiste en menospreciar los conocimientos, habilidades o la credibilidad de las mujeres, a menudo cuestionando su idoneidad para ocupar cargos o roles públicos. También fueron captados ataques por afiliación política, cuestionamientos al cuerpo y a la sexualidad y embestidas a la identidad, sustentados en su raza, etnia, orientación sexual, género o discapacidad de las mujeres, con aproximadamente el 1 % de los ataques. Además, se contabilizó un promedio de tres amenazas recibidas por mujeres durante el período de análisis del acoso en línea, que reveló, igualmente, que un pequeño grupo de usuarios, el 10 % de los agresores más activos, generó el 35 % de los ataques, sugiriendo la existencia de ataques concentrados o coordinados. Esta violencia digital no parece ser un fenómeno aislado y pocos dudarían en considerarlo como parte de una violencia estructural que busca silenciar y restringir la participación de las mujeres en la esfera pública, afectando directamente la libertad de expresión y la calidad democrática de las sociedades. La publicación de este informe es un paso fundamental y urgente que debe convocar al debate porque por primera vez se logra cuantificar y mapear con datos concretos la magnitud de la violencia digital contra las mujeres en la esfera pública a nivel iberoamericano. El estudio resalta que este tipo de violencia tiene un efecto inhibidor y de autocensura en las mujeres, lo cual es un daño directo a la democracia, porque cuando se intenta sacar a las mujeres de la conversación pública, se empobrece el debate, se resta diversidad y se limita la plena ciudadanía. Como el informe es una iniciativa multilateral (SEGIB, PNUD, IIPEVCM) también sienta las bases para la cooperación y la creación de marcos normativos y políticas públicas integrales que trasciendan fronteras, lo cual es vital, ya que el ciberacoso y las amenazas son transnacionales por naturaleza. A partir de las conclusiones se establece que la violencia digital es una extensión de la violencia machista tradicional que se aprovecha de las plataformas tecnológicas para su escalamiento y deja como principal lección que las sociedades y los Estados deben ir más allá de la libertad de expresión y reconocer que la agresión digital es también una violación de los derechos humanos, que atenta contra la participación plena de las mujeres. Esto sugiere que se requiere de un abordaje integral que incluya legislación, educación digital y el compromiso activo de las plataformas, porque, la democracia se empobrece cuando la misoginia usa la tecnología para imponer el silencio.
“Temprano levantó la muerte el vuelo”
Muerte La madrugada del 8 de abril de 2025 quedará marcada en la memoria colectiva de República Dominicana. Lo que debía ser una noche de celebración en la emblemática discoteca Jet Set, de Santo Domingo, se convirtió en una tragedia que ha dejado cientos de muertos y heridos, en un escenario devastador, de destrucción y angustia, al desplomarse por completo el techo de ese centro. Te invitamos a leer: Tragedia del Jet Set: ¿Y los periodistas, cómo lidiaron entre el caos con el impacto emocional? Las historias parecen surgir de entre los escombros; mientras, madres, padres, hermanos, hermanas, tíos, sobrinos, jóvenes se chocan entre sí y consigo mismos, con fotos de sus familiares impresas en sus manos o digitales, en sus celulares, buscando a los suyos, a los que probablemente no vuelvan a ver más. Los rescatistas no han parado y siguen buscando entre las ruinas, mientras la sociedad dominicana, sin reponerse de la tragedia, se pregunta: ¿Qué pasó? ¿Qué pudo provocar que un lugar tan icónico y concurrido haya colapsado de manera tan brutal? Hoy, República Dominicana llora a sus muertos y evoca estribillos de canciones de amor, de tristeza, y hasta de resiliencia, manifestaciones que Rubby Pérez hacía sentir entre sus seguidores y probablemente también piensa en el poema de Miguel Hernández, “Elegía” que, en la voz de Joan Manuel Serrat, es un himno al dolor y a la profunda ausencia que deja la muerte. “Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo”. Jóvenes, adultos, hembras y varones, personas de la vida pública y de la privada, gentes de carne y hueso han dejado grandes vacíos en el seno de sus familiares y amigos, al marcharse sin un adiós, sin despedidas, dejando una estela de preguntas e incertidumbres. En medio del dolor, la angustia y el terror, incalculables todavía en toda su dimensión, es de justicia reconocer a las autoridades nacionales, encabezadas por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, a quien el país vio a primeras horas del día en el lugar de la tragedia, donde le brotaron las lágrimas al ver tantas familias angustiadas y desesperadas por no encontrar a sus parientes. El Centro de Operaciones de Emergencia (COE), las unidades de rescate, la Defensa Civil, las autoridades del Ministerio de Salud Pública, el Sistema Nacional de Emergencias 911; la Policía Nacional, los bomberos de distintas demarcaciones, voluntarios; al igual que medios de noticias del país brindaron confianza; y la población mostró gran solidaridad con las familias. El decreto número 194-25 emitido por el presidente Abinader declaró de Duelo Nacional los días 8, 9 y 10 de este mes, para honrar la memoria de los muertos en la hecatombe, algunos de los cuales podrán ser sepultados por sus familias, aunque otros, probablemente, no sean hallados ni siquiera al pasar el tiempo. Queda un país conmocionado, herido y sangrante y así lo sabe el empresario Antonio Espaillat, quien, en nombre de la familia propietaria de la discoteca Jet Set, quienes también requieren la comprensión y el apoyo social toda vez que lo ocurrido en su establecimiento parece haberse tratado de un accidente, sobre el cual lo que se discutirá es si pudo evitarse o no. Se menciona que el colapso habría sido por fallas estructurales, sobrecarga de personas, o falta de mantenimiento, entre otras cosas. En los actuales momentos, lo prudente es elevar oraciones para que los corazones afligidos por esta inesperada tragedia encuentren calma, paz en medio de la incertidumbre. Más allá de la tristeza y el duelo, esta tragedia obliga a exigir respuestas. La seguridad en espacios públicos y privados la inspección de estructuras y la prevención de desastres deben ser ya parte del debate nacional en el país Hay que aplicar la cultura de la previsión y la prevención, en vez del comportamiento de la reacción, del que ya la sociedad no quiere seguir siendo víctima.
Salud mental en RD: una crisis silenciosa y peligrosa
Por Patricia Arache Por más vueltas que le demos al asunto, el deterioro de la salud mental en estos tiempos sigue siendo una de las manifestaciones más alarmantes. Las pruebas están a la vista: son pocos los días en los que la sociedad dominicana no tenga que estremecerse por acciones criminales que ocurren, además, con una frecuencia preocupante. La conmoción embarga hoy a residentes en el sector Nuevo Amanecer, en el municipio Santo Domingo Este, por la terrible tragedia en la que un capitán ® de la Armada de República Dominicana mató a su esposa, a un hijo, a su nuera e hirió a otro de sus descendientes a tiros y se suicidó. Una familia destrozada ¡Cuatro vidas segadas en apenas minutos! Fabio Montero Berigüete nunca dio señales de “ser un mal hombre ni agresivo”; al contrario, su vecindario lo consideraba amable y amigable y, probablemente, esa misma imagen tenía a lo interno de su familia, a la que atacó con la aparente intención de no dejar huellas de la misma, a juzgar por el hecho de que los impactó a todos. Parece que el capitán retirado, el homicida-suicida, lo analizó todo o, en el otro extremo, no pensó nada, absolutamente nada cuando ultimó a su esposa, Ofrany Canario Montero; a los hijos de ambos, Santo y Andy Montero Canario, único sobreviviente de la matanza; así como a la pareja de uno de ellos, Scarly Mariel Román, mientras dormían, en horas de la madrugada. Es difícil hacer conclusiones que permitan arrojar claridad a este sangriento caso, como casi imposible resulta alcanzar ese objetivo con otro hecho tan inverosímil y fatal como al que hacemos referencia y que, igualmente, ha dejado perpleja a la sociedad, en el que un hombre, Eddy de Jesús Camarena, a plena luz del día, dio muerte a machetazos a su propia madre, Milagros Altagracia Jiménez; a su pequeña hija, de 3 años, e hirió a su pareja sentimental, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Si seguimos narrando los hechos sangrientos y las formas en las que se producen, no podemos menos que apelar a la sensibilidad de las autoridades para que ofrezcan real atención a la salud mental de los dominicanos, como un reclamo de muchos que se ha mantenido desde hace tiempo. La información que da cuenta de que apenas en el primer trimestre del presente año 2025 ya suman 17 los hechos tipificados como feminicidios, no deja lugar a dudas de por dónde anda el nivel de convivencia y aceptación que se está manifestando en la sociedad dominicana ¡Esto es una locura, es un desenfreno total! Es inaplazable tratar el tema de la salud mental, porque de ella dependen los comportamientos, la toma de decisiones, los sentimientos, las emociones, el equilibrio. Estadísticas de organismos nacionales e internacionales indican que, en República Dominicana, aproximadamente el 20 % de la población padece algún trastorno mental, lo cual es validado por psiquiatras y psicólogos. El país ocupa el primer lugar en Centroamérica y el Caribe en carga de enfermedades mentales, según la tasa de años de vida ajustados a discapacidad (AVAD) por cada 100,000 personas. Los trastornos más comunes incluyen trastorno depresivo mayor (TDM), ansiedad, trastorno bipolar y esquizofrenia y, aunque la OMS recomienda que el presupuesto nacional para la atención a esas falencias ronde entre el 5 % y el 10 %, en el país, apenas, es de 0.73 %. El psiquiatra José Miguel Gómez asegura que seis de cada diez personas en el país presentan síntomas de depresión, mientras que los trastornos del sueño se han convertido en la tercera causa de consulta en psiquiatría. “Cuando estamos depresivos tocamos los extremos: comemos poco o comemos demasiado, dormimos mucho o no dormimos, tenemos una sensación de que las cosas que antes tenían sentido y saber han dejado de tenerlos. Sensaciones de vacío, culpa o desinterés que, si no somos dados a reflexionar y autoanalizarnos, pueden incluso pasar desapercibidas por la propia persona que lo padece”, ha dicho Maricécili Mora, psicóloga clínica y docente del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec). Hay que hacer algo. ¡Es urgente!
¿Cuáles son las tendencias en el uso de la IA, según la edad?
Por Patricia Arache ¿Sabías que la inteligencia artificial (IA) está redefiniendo las brechas generacionales en todo el mundo? En conversación con Copilot, de Microsoft, y con Gemini, de Google, dos de las múltiples herramientas de inteligencia artificial con que ahora cuenta la humanidad, quise conocer cuál es la tendencia de uso, de acuerdo a las edades, para establecer la forma en la que interactúan las distintas generaciones, así como las naciones con mayor número de usuarios de estas tecnologías. El resultado es sumamente interesante y permite hacer proyecciones sobre el futuro mismo de las personas y también de la propia inteligencia artificial. No hay dudas de que la accesibilidad y la facilidad de uso son factores clave para que la IA sea adoptada por todas las edades, aunque se requiere la educación y la concienciación para un uso adecuado de ésta cuyos beneficios, incluso, ayudan a reducir las barreras generacionales. Cada grupo de edad enfrenta desafíos específicos al interactuar con la inteligencia artificial, en función de sus experiencias, habilidades tecnológicas y actitudes hacia la innovación, por lo cual, es importante conocer las formas y contenidos de preferencia, en cada caso y aquí lo compartimos: La generación Z, o sea, los menores de 25 años, impulsada por la curiosidad y la integración de la tecnología a su cotidianidad, tiende a adoptar rápidamente herramientas de IA generativa, como asistentes virtuales y aplicaciones creativas, por ejemplo, edición de imágenes o generación de contenido. Los millennials, entre 25 y 40 años, utilizan la IA, principalmente, para mejorar la productividad en el trabajo y la vida personal, mediante herramientas como asistentes de planificación, análisis de datos y aplicaciones de aprendizaje. Personas entre 40 y 55 años, identificadas como generación X, aunque son más cautelosos, están adoptando la IA para tareas específicas, como la automatización en el trabajo o la gestión financiera y muestran mucho interés en aplicaciones relacionadas con la salud. Ya, los mayores de 55 años o generación “baby boomers”, son más lentos al momento de adoptar la IA, pero su uso está creciendo, especialmente en áreas como la salud, la seguridad y la comunicación con familiares. Respecto al mayor uso, de acuerdo a la demarcación geográfica, la propia IA establece que Estados Unidos es el país líder en la adopción de esa herramienta, así como en el desarrollo e inversión de plataformas y en el uso mismo en forma cotidiana, tanto de manera personal como para empresas y/o para procesos de investigación. China es la otra nación que posee una considerable inversión en IA, con un gran apoyo e impulso por parte del Gobierno y es líder en aspectos como los relativos al reconocimiento facial, a la creación de ciudades inteligentes y a la rápida expansión del comercio electrónico. En la Unión Europea se destacan Alemania, Francia y Reino Unido, países en los que además prevalece un fuerte enfoque en investigación, ética y regulación de la IA. Elevada penetración de Internet y una cultura digital bastante avanzada existe en Corea del Sur, convertida en líder en robótica, automatización y aplicaciones de IA en diversos sectores productivos y comerciales. Según Statista, una plataforma que ofrece datos e indicadores de 170 sectores de más de 150 países, China es la nación con mayor número de usuarios de Internet en el mundo, seguido por India y Estados Unidos; mientras, el Foro Económico Mundial ubica a Singapur como líder en eficacia en el uso de tecnología digital, seguido por países europeos como Finlandia y Suecia. En América Latina, Brasil y México son los países con mayores usuarios de Internet. En República Dominicana, el uso de la IA está en crecimiento y, de hecho, el país ya cuenta con su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que busca integrar estas herramientas a la educación, la salud y la economía, para la promoción de un desarrollo sostenible y ético, aunque todavía enfrenta desafíos relacionados con la inversión y la adopción tecnológica.
Las redes sociales no son el problema
Por Patricia Arache Frecuentemente escucho a personas de mucho nivel profesional, inclusive, considerar que las redes sociales han venido a dañarlo todo y que son responsables de la desinformación, de difamaciones, injurias y cuántas violaciones e ilícitos puedan producirse contra grupos, personas o entidades. Opino que es una visión errada y que las redes sociales son una herramienta poderosa y neutral por sí mismas, cuya utilidad es una responsabilidad exclusiva del objetivo, respeto y pudor de las personas que eligen utilizarlas. Al igual que cualquier otro medio de comunicación, incluyendo los tradicionales o convencionales, como prefiero llamarles, las redes sociales pueden ser usadas tanto para el bien como para el mal y hasta para ninguno de los dos. Desde principio de los años 90, más acentuadamente con el inicio de este siglo XXI, las redes sociales han revolucionado la forma en que las personas se comunican con amigos, familia y colegas alrededor del mundo y han permitido la expansión del conocimiento y de un mayor intercambio cultural en todo el mundo. Ningún otro momento como ahora había estado más cerca del predicamento del sociólogo, filósofo y teórico canadiense Marshall McLuhan, cuando en la década de 1960 acuñó el término “aldea global”, un concepto del que se nos hablaba en las aulas universitarias de los años 80 y sobre el cual ahora unos cuántos parecen olvidar. El concepto de la “aldea global” está sustentando en la idea de que los avances en la tecnología de la comunicación, especialmente los medios electrónicos, conectarían a personas de todo el mundo, creando una comunidad global interconectada. Y es lo que ocurre ahora, en una proporción tan aplastante que ya es común escuchar la expresión de que “estamos hiperconectados”. McLuhan predijo que la tecnología permitiría a las personas experimentar y compartir información de manera instantánea, sin importar la distancia geográfica, una visión que se materializó con la llegada disruptiva de Internet, que facilita a personas de diferentes culturas y lugares interactuar e intercambiar experiencias en tiempo real, sin importar dónde se encuentren. Pocas personas apreciarían vivir hoy sin acceso a las redes sociales, que ofrecen información rápida y procedente de diversas fuentes, lo cual puede ser favorable, pero también muy riesgoso porque, como se ha visto, unos cuántos suelen hacer mal uso de ellas, porque lo hacen al margen de la responsabilidad, el compromiso y el respeto. Las redes sociales tienen el potencial de ser una fuerza positiva si se utilizan de manera consciente y ética, y no creo en que deban ser “satanizadas”. Por el contrario, deberían generarse movimientos y prácticas para su buen uso, con el objetivo de que estén al servicio del bienestar de las colectividades. También es importante diferenciar que una red social, no importa cómo se llame, no es un medio de comunicación social. Son cosas distintas. Cualquiera puede hacer uso de las redes, por lo cual lo que se diga a través de ellas no tiene por qué convertirse o ser noticia, si no tiene el aval de la investigación periodística. Corresponde a los ejecutivos y coordinadores de los medios de comunicación establecidos aplicar filtros y tomar medidas para que sea cada vez menor la incidencia de quienes, probablemente, sin saber si están haciendo más daño que bien, se apresuran a divulgar o a repetir, a través de ellos, cualquier chamusquina que hayan encontrado en las redes y que les resulte atractiva. Los usuarios deben aprender a discernir entre fuentes confiables y no confiables, y a entender las consecuencias de compartir información falsa o dañina. A los estudiantes de Comunicación Social aconsejo siempre no validar las redes sociales como si fuesen medios de comunicación, porque no lo son, aunque resultan de gran utilidad y facilitan las cosas como fuentes referenciales para la investigación que deseen realizar. No “satanizar” las redes, pero tampoco “endiosarlas” es el sentido con el cual deben evaluarse estas herramientas de la era moderna, de continuas innovaciones y de impactos dramáticos y transversales en los estilos de vida de la gente de cualquier parte del mundo.
El tránsito en República Dominicana y la ley
Por Patricia Arache El tránsito en República Dominicana es un tema complejo y desafiante y, aunque la Ley núm. 63-17 fue recibida con optimismo y muchas expectativas en su momento, la realidad de su aplicación no ha hecho más que provocar mayores preocupaciones sobre su efectividad. El país enfrenta una alta tasa de accidentes de tránsito, lo que ha llevado a la implementación de diversas iniciativas para mejorar la seguridad vial. Sin embargo, parece que aún hay mucho por hacer en términos de un régimen de consecuencias más robusto y acorde con las infracciones. En República Dominicana, cada año pierden la vida unas tres mil personas a causa del tránsito, lo que sitúa al país entre los primeros lugares en el mundo con las tasas más altas de mortalidad por cada 100 mil habitantes. Esos datos, cuyas fuentes están en las bases de datos de las distintas instituciones que trabajan con prevención, seguridad y tránsito vial pudieran ser estímulos para un mayor esfuerzo colectivo para introducir cambios radicales en la forma en la que se maneja la problemática y en el mismo régimen de consecuencias, que pueda desprenderse de las infracciones y violaciones. La Ley núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece las normas y sanciones para las infracciones de tránsito, pero, es obvio que la aplicación de la ley y la coordinación entre las autoridades ameritan mejoras significativas, que incluyan la aplicación de un sistema de consecuencias efectivo, que contribuya a diluir la percepción de impunidad y desorden en las calles. La seguridad vial es tema también de programas regionales que, como el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que en su meta 11.2, numeral 11, insta a proporcionar “acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y a mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad”. Recientemente, República Dominicana se unió a la “Declaración de Marruecos”, una iniciativa que busca prevenir accidentes de tránsito y fortalecer el compromiso con una movilidad segura, así como reducir las víctimas en las carreteras y mejorar la seguridad vial, al año 2030. Milton Morrinson, director del Instituto de Tránsito Terrestre (Intrant), quien suscribió esa declaración al participar en la «IV Conferencia Ministerial sobre Seguridad Vial», en Marruecos, admite como una catástrofe lo que ocurre en el país en materia de tránsito y hasta el propio presidente de la República, Luis Abinader, ha expresado preocupación por el tema. “Sólo al cierre del 2024, registramos 3,114 muertes por accidentes de tránsito, el 65.5 % involucra motocicletas, lo que plantea la urgencia de legislar e implementar medidas más drásticas”, manifestó Morrison, quien, además, refirió la firma del Pacto Nacional por la Seguridad Vial, encabezado por el presidente Luis Abinader junto a 121 entidades públicas, privadas y de la sociedad civil, con el objetivo de salvar vidas, en noviembre del pasado año. Son acciones que evidencian una intención para enfrentar la problemática, pero cuyos efectos prácticos no son muy visibles, probablemente debido a la misma falta de cumplimiento de las leyes, sin cuya aplicación es muy difícil pretender alcanzar cambios profundos. Sin la educación vial y, mucho menos, sin la concienciación de la población no es posible esperar mejora de la seguridad en las vías públicas. La Ley núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana establece diversas sanciones para las infracciones de tránsito, pero dígame usted, cuáles se aplican, aparte de las multas económicas. ¿Sabía usted que las infracciones de tránsito, aparte de las multas económicas, incluyen penalidades como la que establece el sistema de puntos en la licencia para conducir que conlleva hasta la suspensión o revocación de la licencia de conducir, retención del vehículo, educación vial obligatoria y trabajos comunitarios vinculados a la seguridad vial?…
“Soy una niña, ¿por qué me ha pasado esto?”
Por Patricia Arache Amnistía Internacional (AI) ha echado a correr la voz de alarma. Lo ha hecho a través de distintos medios y plataformas a su alcance, para evitar que prosiga la masacre moral, emocional y sexual a la que están siendo sometidos niños y niñas en Haití. La entidad de solidaridad, surgida en el año 1961, en Londres, Gran Bretaña, es reconocida globalmente por sus luchas a favor de la libertad, la paz, el respeto a los derechos humanos y a la vida de las personas, en cualquier país del mundo y en cualquier circunstancia. En este año 2025, Amnistía se proclama firme en el compromiso de seguir “defendiendo los derechos en cada rincón del mundo” e incorpora en su bastante larga agenda de trabajo lo que define como una crisis urgente: las devastaciones de bandas armadas en Haití, ya no sólo contra hombres y mujeres, sino también, en forma desgarradora, contra la infancia. Las bandas armadas constituyen un mal enraizado y hasta oficializado en la sociedad haitiana, de acuerdo a declaraciones que sostiene el excónsul en República Dominicana, Edwin Paraison, también creador de la entidad dominico-haitiana, Fundación Zile, y quien, además, expone profunda preocupación por la falta de liderazgo político en esa nación caribeña, envuelta en la vorágine de la miseria económica, moral, social e institucional, desde hace décadas. Amnistía Internacional asegura que las infancias de Haití sufren el recrudecimiento de la violencia y un cerco “cada vez más estrecho de las bandas armadas a las comunidades” y lo sustenta con el informe titulado “Soy una niña, ¿por qué me ha pasado esto?… agresiones de bandas a niños y niñas en Haití”, que realizó para exponer el fenómeno. Para hacer este estudio, AI realizó 112 entrevistas, 51 de ellas a menores (31 niñas y 20 niños) en ocho comunas del departamento del Oeste de Haití, que revelaron las agresiones más infames contra la infancia, víctima de reclutamiento y utilización, violaciones y otras formas de violencia sexual, homicidios y lesiones, en prácticas criminales que no excluyen tampoco a los pequeños y pequeñas con algún tipo de discapacidad mental o física. Entre las personas entrevistadas hubo también progenitores, autoridades gubernamentales, personal de ayuda humanitaria tanto de Haití como internacional y miembros del personal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y jóvenes en edad adulta que hoy son sobrevivientes de diversas acciones criminales de las bandas armadas en su contra cuando eran menores. En este informe, la entidad internacional presenta escalofriantes testimonios de niños y niñas, en edades comprendidas entre los 10 y los 17 años de edad: niños forzados a ofrecer el “servicio de caliesaje” o chivatos y soplones, como también identificamos a los espías en este lado de la isla. Niñas abusadas y violadas sexualmente, casi en las propias narices de sus familias, sin que éstas puedan hacer algo para evitarlo; hembras y varones traficantes de drogas, de armas, de municiones y de cuántas maldiciones les pegue en ganas a los bandoleros que, al parecer, son quienes “gobiernan” en Haití, sin que la casta política y burocrática demuestre iniciativas para la toma de decisiones. Como siempre, uno mi voz a Amnistía Internacional y creo necesario que el mundo entero pueda hacerlo también ante la falta de acción interna frente a tantos crímenes y abusos cometidos por las bandas armadas de Haití contra hombres, mujeres, niños y niñas. Es tiempo ya de que haya decisiones contundentes de parte de las personas que todavía creen en el amor, la justicia, la solidaridad y la defensa de la vida, todo esto vulnerado y pisoteado una y mil veces en la República de Haití y que contribuyamos a que cesen las múltiples agresiones y las violaciones que dan paso a la pregunta: “Soy una niña, ¿por qué me ha pasado esto?
Energías verdes y renovables
Por Patricia Arache Hay informaciones que, por lo halagüeñas que resultan, bien vale la pena divulgarlas una y otra vez, hasta que el mundo se percate de que, aunque siempre se puede estar mejor, las sociedades han cambiado, en muchísimos aspectos, y que América Latina y la propia República Dominicana no son excepciones. Un estudio titulado “Energía verde en América Latina”, realizado a finales del recién pasado año por el Centro de Investigación de Sherlock Communications, una afamada agencia de relaciones públicas de América Latina, con sede central en Sao Paulo, Brasil, y oficinas en Argentina, Chile. Colombia, Costa Rica, Guatemala, Ecuador y República Dominicana, confirma que hay muchas luces al inicio, en el trayecto y al final del túnel. Desde los años 1980, 1990 y hasta a principios de los 2000, hubo voces que clamaban por la diversificación del sistema de producción energética nacional, sin descartar propuestas sobre el uso del bagazo de caña, el alcohol, los desperdicios y, por supuesto, la vastedad energética que ofrece el astro rey, el sol, sin aparentemente encontrar eco. Las cosas han cambiado. Hoy, a un cuarto del siglo XXI, ya en la región se puede hablar de energía verde, energía renovable, y los expertos lo están haciendo con números: La Agencia Internacional de la Energía (AIE) asegura que “el 60 % de la electricidad de América Latina se genera a partir de energías renovables, lo que la posiciona como una de las redes eléctricas más limpias del mundo”. La información establece que países como Chile, México y Brasil están a la cabeza, y que este último, será responsable del 58 % de la nueva capacidad de energía renovable de Latinoamérica para el año 2030. República Dominicana no se ha quedado atrás. La Comisión Nacional de Energía (CNE) asegura que la capacidad instalada de energías renovables en el país asciende a 1,475.4 MW, incluyendo fuentes hidroeléctricas, eólicas, solares y de biomasa. Estos datos generan profundas emociones entre quienes han luchado por cambios y han apostado al futuro. Si se toman al pie de la letra las palabras del director ejecutivo de la CNE, Edward Veras Díaz, quien en agosto del 2024 posteó importantes datos sobre las acciones respecto a la producción energética diversificada y limpia, no hay dudas de que se está a las puertas de nuevos modelos de convivencia social y humana y del incremento en la calidad de vida de la gente. El funcionario aseguró que “ya se han adjudicado 2, 000 MW de generación térmica y 1,504 MW de energía renovable”, lo que, sin dudas, garantiza un sistema de producción más eficiente y competitivo. Es esta misma institución, la Comisión Nacional de Energía (CNE), que recientemente obtuvo el primer lugar en la categoría de Descentralización en Electrificación Rural, del premio que otorga la Comisión de Integración Energética Regional (CIER), un organismo internacional del sector eléctrico en América Latina y el Caribe. Denominado Premio CIER de Innovación “Ing. José Vicente Camargo”, el reconocimiento tiene como objetivo resaltar proyectos en las categorías de digitalización, descentralización y descarbonización desarrollados por empresas eléctricas de América Latina y el Caribe, entre otras buenas prácticas en el sector. La CNE indica que, en el 2023 se inauguró un proyecto pionero de almacenamiento con baterías que complementa la generación solar, ayudando a estabilizar el suministro nocturno y a reducir costos operativos. La mayoría de los países aún dependen de una matriz energética predominantemente hidroeléctrica, pero la región viene demostrando avances significativos en la diversificación de sus fuentes de energía limpia, especialmente eólica y solar. Aunque se avanza hacia el liderazgo en la transición energética mundial, expertos señalan que aún quedan importantes retos estructurales para que América Latina consolide su posición en los próximos años y si decirlo a los cuatro vientos contribuye a enfrentarlos hasta que desaparezcan, se habrá colocado un importante granito de arena.