¡ALERTA! ¿Nuevo Código Penal silenciará a los dominicanos? El 3 de agosto entra en vigencia una ley que pone LÍMITE a la libertad de expresión
A solo semanas de que entre en vigor el nuevo Código Penal, el próximo 3 de agosto, un temor recorre la sociedad dominicana como pólvora: ¿acaso esta esperada normativa, gestada durante más de dos décadas en el Congreso, terminará por amordazar a quienes alzan su voz? El fantasma de la censura vuelve a rondar, y no faltan quienes aseguran que el país se prepara para vivir bajo el filo de una ley que castigará hasta el último insulto en Facebook. Por Redacción Nacional Santo Domingo. –La interrogante no es menor. Mientras la Constitución proclama en su artículo 49 el derecho sagrado a expresar pensamientos sin censura previa, el nuevo texto punitivo introduce penas que harían temblar al más osado de los periodistas o al ciudadano que osa criticar en Twitter. El honor y la reputación, dicen los legisladores, también merecen protección. Pero la ciudadanía se pregunta: ¿a qué costo? El artículo 208 del flamante código no deja lugar a dudas: quien impute públicamente un hecho capaz de manchar el honor, la dignidad o el buen nombre de una persona —sea física o jurídica— se expone a penas de dos a cinco años de prisión menor y multas de hasta quince salarios mínimos del sector público. Y cuidado, porque el medio no importa: redes sociales, transmisiones en vivo, plataformas digitales, todo queda bajo la lupa. Pero eso no es todo. El artículo 210 castiga la injuria, esas expresiones ultrajantes que, sin señalar un hecho concreto, hieren la dignidad ajena. Y el 310, quizás el más polémico, establece que ultrajar a un funcionario público —con palabras, gestos o escritos, aunque sean en privado— merece de quince días a un año de prisión, más multa del doble o triple de su salario. Los más avispados recordarán la vieja Ley 6132 de 1962, que hasta ahora regía la materia. En aquel entonces, difamar a un particular costaba apenas quince días a seis meses de prisión y multas de 25 a 200 pesos. Hoy, los valores se han multiplicado y el plazo para que prescriba el delito se ha extendido. La mano dura, dicen, es la nueva firma de la justicia. Sin embargo, no todos cantan malas nuevas. Juristas alertan que el Tribunal Constitucional, mediante su sentencia TC/0075/16, ya dejó claro que la crítica a funcionarios públicos, el debate de interés general y las denuncias verificables están blindadas por la libertad de expresión. Ese fallo, recuerdan, tumbó artículos completos de la vieja ley. ¿Hará lo mismo con el nuevo código? Mientras tanto, el reloj avanza. El 3 de agosto, la espada caerá. Los periodistas, los comentaristas de redes y hasta el ciudadano que suelta un improperio en un grupo de WhatsApp deberán pensarlo dos veces. Porque en la República Dominicana, a partir de esa fecha, la lengua tendrá dueño. O al menos, un juez.
Libertad de prensa en jaque: Persio Maldonado advierte que nuevo Código Penal podría imponer penas de prisión por difamación e injuria
El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios alerta que artículos como el 208, que castiga con dos a cinco años de cárcel a quienes difamen a través de medios tradicionales o digitales, amenazan con generar autocensura y contradicen criterios previos del Tribunal Constitucional. Por: Brendalis Reyes SANTO DOMINGO. – El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, lanzó una severa advertencia sobre las implicaciones que el nuevo Código Penal, cuya vigencia está prevista para agosto próximo, tendría sobre el ejercicio del periodismo, la libertad de expresión y el derecho ciudadano a denunciar asuntos de interés público. En una intervención medida pero de hondo calado, Maldonado señaló que ciertas disposiciones del texto legal reintroducen figuras punibles que el país había dejado atrás por considerarlas lesivas a la democracia. El directivo concentró su inquietud en los artículos relativos a la difamación y la injuria, al advertir que la restitución de penas privativas de libertad para estos delitos —eliminadas en el pasado por mandato constitucional— podría sembrar el temor en redacciones, plataformas digitales y voces ciudadanas que denuncian actos de corrupción o irregularidades. “Una ley excesivamente severa no protege el honor; lo que hace es silenciar”, sentenció Maldonado durante un encuentro con periodistas. El artículo 208 del nuevo cuerpo normativo contempla sanciones de dos a cinco años de prisión, además de multas económicas, para quienes resulten culpables de difamación cometida a través de medios de comunicación tradicionales, plataformas digitales, redes sociales u otros soportes electrónicos. A juicio de Maldonado, esta disposición no solo resulta desproporcionada, sino que además entra en contradicción con criterios previamente establecidos por el Tribunal Constitucional dominicano, el cual en decisiones anteriores había suprimido la cárcel como castigo para estos casos al entender que afecta directamente el ejercicio de la libertad de expresión. “El efecto será la autocensura. El periodista pensará dos veces antes de investigar, y el ciudadano dudará antes de alzar la voz”, advirtió el también veterano comunicador, quien abogó por un modelo de sanciones centrado en la reparación del daño y no en la privación de libertad. Maldonado recordó que la prensa libre no es un privilegio, sino un pilar del Estado de derecho, y que poner en riesgo su función fiscalizadora —en un país donde la corrupción y el manejo opaco de lo público siguen siendo asignaturas pendientes— equivale a debilitar la propia democracia. A solo meses de que entre en vigor la nueva legislación penal, el debate nacional se intensifica. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión, colegios de periodistas y universidades han comenzado a sumar sus voces a la de Maldonado, exigiendo una revisión profunda de los artículos que limitan derechos fundamentales. Mientras tanto, el Congreso y el Poder Ejecutivo guardan silencio, y el país observa con cautela si el nuevo Código Penal será una herramienta de justicia o, por el contrario, una espada sobre la cabeza de quienes se atreven a contar la verdad.
Yeni Berenice Reynoso: La Eficiencia como Mandato
En el marco del 45 aniversario del Infotep, la procuradora Yeni Berenice Reynoso redefine la corrupción como una violación a los Derechos Humanos y enfatiza que la eficiencia en el servicio público no es una aspiración, sino un deber inexcusable. Por Julios Guzmán Acosta SANTO DOMINGO.— Con palabras que resonaron como un fallo judicial, la procuradora general de la República, magistrada Yeni Berenice Reynoso, afirmó que “la corrupción es una grave violación a los Derechos Humanos, no solo es un delito”. La declaración, pronunciada durante la conferencia “Mejoras en el Código Penal de la República Dominicana”, celebrada en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), estableció un nuevo y severo marco conceptual para entender las consecuencias sociales de la deshonestidad en la función pública. Ante un auditorio compuesto por servidores públicos, Reynoso desarrolló un discurso que entretejió principios éticos con precisiones jurídicas, subrayando que “la ineficiencia es muy costosa para el desarrollo”. Con la contundencia que caracteriza a quien ejerce la acusación pública, añadió: “La eficiencia no debe ser una meta aspiracional; la eficiencia es un atributo que debe tener todo servidor público”. La magistrada desglosó las innovaciones de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal —y que sustituye al anterior, vigente desde 1884—, el cual fue promulgado el 3 de agosto de 2025 y entrará en vigor en agosto de 2026. Hizo un llamado urgente a las entidades públicas, al sector empresarial y a la ciudadanía para que, durante este período de transición, se familiaricen con las nuevas disposiciones y adapten sus protocolos al reciente marco legal. Entre los aspectos más destacados, Reynoso señaló que el código eleva la pena máxima para delitos graves hasta 40 años de prisión y permite la acumulación de condenas hasta 60 años en casos de múltiples infracciones de extrema gravedad. Asimismo, explicó que el texto incorpora figuras delictivas inéditas, sanciones proporcionales a la magnitud de los hechos y mecanismos reforzados de protección para las víctimas. Uno de los avances más significativos que resaltó fue el reconocimiento explícito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que permitirá sancionar a empresas que cometan delitos desde su estructura o se beneficien de actos ilícitos, con medidas que van desde multas sustanciales hasta la clausura temporal o definitiva, o la inhabilitación para contratar con el Estado. En su intervención, la procuradora recordó que el código anterior presentaba limitaciones insalvables para enfrentar los delitos complejos del siglo XXI, mientras que el nuevo instrumento legal incorpora figuras acordes con los desafíos actuales. Al cierre del acto, el director general del Infotep, Rafael Santos Badía, expresó la disposición de la institución para colaborar con los órganos del Estado y el sistema de justicia en la realización de talleres, seminarios y jornadas de difusión que faciliten la comprensión y aplicación del nuevo Código Penal entre servidores públicos, estudiantes y la ciudadanía en general.
Código Penal de la vergüenza: un retroceso inaceptable para los derechos de las mujeres
Exigen justicia y autonomía: mujeres luchan por la despenalización del aborto en las tres causales indispensables Por Julio Guzmán Acosta Santo Domingo.- La discusión en el Congreso Nacional sobre el nuevo Código Penal Dominicano ha desatado una fuerte controversia, con voces que demandan avances en derechos reproductivos y otras que apelan a la urgencia de aprobar una ley que consideran indispensable para el país. En la explanada del Congreso, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT) expresó con firmeza su rechazo al anteproyecto de ley, que calificaron como un “Código Penal de la vergüenza” y un “retroceso disfrazado de modernidad”. La organización denunció la exclusión de la despenalización del aborto en las tres causales fundamentales: cuando el embarazo es producto de violación o incesto, y cuando el feto es inviable fuera del útero. “No vamos a abandonar el camino de la lucha”, afirmó Luzeneida Mejía, presidenta del MMT, en representación de mujeres, jóvenes y niñas que exigen respeto a sus derechos. Para Mejía, constitucionalizar la penalización del aborto, incluso en casos tan delicados como la violación conyugal, es una afrenta que empuja a la sociedad hacia atrás. Frente a esta postura, el senador Alexis Victoria Yeb, representante de María Trinidad Sánchez, sostuvo que no cederán ante las presiones para incluir las tres causales en el Código Penal. Victoria Yeb argumentó que el país necesita con urgencia la aprobación del nuevo Código, que no puede seguir postergándose por temas controversiales. “Después que aprobemos este Código, iremos hacia una ley especial para revisar esas causales”, afirmó, reconociendo la complejidad del asunto pero insistiendo en la prioridad de la reforma. Por su parte, Santiago Zorrilla, presidente de la Comisión Bicameral encargada del estudio del Código y senador por El Seibo, calificó la reforma como una “deuda histórica” y recordó que una de las causales ya está contemplada en el anteproyecto: el aborto cuando está en riesgo la vida de la madre. Sobre las otras dos causales, Zorrilla señaló que se está evaluando la creación de una legislación específica que complemente la reforma penal. El debate pone en evidencia la tensión entre la necesidad de modernizar la legislación y las demandas de sectores sociales que exigen mayor protección y reconocimiento de los derechos reproductivos. Mientras el Congreso avanza en la revisión del Código Penal, la sociedad dominicana sigue expectante ante las decisiones que definirán el rumbo en materia de justicia y derechos humanos.