¿En qué selva vivimos?
RAFAEL CHALJUB MEJÍA En su incesante lucha por la salud pública y la seguridad social, el licenciado Arismendi Díaz Santana comenta en un artículo reciente, la condena de diez millones de pesos que se le impuso a la Clínica Doctor Perozo, de Higüey, por negarle asistencia médica y dejar morir al joven de 17 años Nahím Contreras Aristy, que había llegado accidentado, con lesiones de alta gravedad y de madrugada, pero no pudo depositar previamente los 23 mil pesos que le exigían como condición para atenderlo. El joven se desangraba a la vista del personal médico y a la conciencia del dueño del negocio, sin que nadie le cortara la hemorragia, hasta que por ella se le fue la vida. En violación grosera de la ley que obliga a todo centro médico a prestar las atenciones indispensables a todo paciente que la requiera. En transgresión salvaje a la ética profesional de aquel que estudió medicina y al momento de la graduación juró solemnemente poner la salud del paciente y el salvamento de la vida humana por encima de todo, del afán de lucro, de la ambición del dinero, del deseo inmoderado de enriquecerse con la venta de la atención médica. Lo cierto es que estamos llegando a extremos inadmisibles, y uno se ve obligado a preguntar: ¿En qué selva es que estamos viviendo? Esto del manejo de la medicina y la salud pública como una más de las mercancías del capitalismo, ya raya en lo inhumano. La crisis y el deterioro nunca solucionado de los hospitales públicos empuja a la gente a los centros privados y miren ustedes como andan las cosas hasta el punto de que en algunos casos secuestran a los enfermos hasta que salden los costos del internamiento y según se ha denunciado más de una vez, secuestran los cadáveres hasta que los dolientes del difunto paguen el rescate correspondiente. Vaya el saludo al tribunal que dictó esa sentencia. Ojalá sirva de lección y algunos médicos y algunos empresarios del negocio de la salud, entren en razón y se moderen. Y que las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y similares, hagan conciencia de que la lucha contra atrocidades como la que mató al desafortunado Nahím, es un aspecto importante de su trabajo. Gracias, compañero Arismendi por hacerse eco de este caso y por darme motivo para sumarme a la denuncia y protestar con toda indignación.
Una sentencia justa y aleccionadora
Por una solución que garantice el acceso inmediato de los pacientes a las emergencias y que los centros de salud puedan recuperar el costo de los servicios prestados, sin abusos y basados en los protocolos. ARISMENDI DÍAZ SANTANA SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS La condena de la Clínica Dr. Perozo, de Higüey, por diez millones de pesos, sienta un importante precedente para detener la práctica de muchos centros privados y públicos de salud de exigir depósitos o anticipos a los pacientes y familiares, antes de ingresarlos y prestarles los servicios médicos de emergencia. Se trató de una exigencia ilegal porque todo centro de salud está obligado a prestar la atención médica necesaria para estabilizar la situación de un paciente en estado crítico. Con el agravante de que el joven accidentado se estaba desangrando y la exigencia del depósito se realizó en horas de la madrugada. Esa sentencia estableció la responsabilidad de la Clínica de la muerte de Nahim Contreras Aristy, un joven de 17 años, a quien se le negó el ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para prestarle la atención de urgencia que requería, hasta no efectuar un depósito o anticipo de 23,500 pesos. Según los testimonios de los familiares y abogados, \»en la noche del 14 de abril de 2022, Nahim Thomas sufrió un accidente de tránsito mientras se desplazaba a Lagunas de Nisibon, causándole varias lesiones y traumas con heridas abiertas que requerían de atención médica inmediata. De acuerdo a Claudia Fernández, del periódico Diario Libre, el adolescente presentaba fuerte dolor abdominal, una herida en una mano, otra cerca de un codo y un fémur roto. Y, mientras esperaba ser atendido de urgencia sin resultados, sufrió un paro respiratorio y un shock hipovolémico, que finalmente le produjeron la muerte. La indemnización a Joaquín Contreras Hixon y Tauny Aristy, padres de la víctima, no le devolverá a su hijo, pero sienta un importante precedente en el país sobre las pérdidas, humanas y financieras, de una atención tardía a un paciente accidentado o en situación crítica que acude a emergencia en procura de atención médica inmediata. Ese caso conmovió a toda la sociedad higüeyana y llamó la atención de la opinión pública del país, incluyendo a la primera dama Raquel Arbaje, quien tuvo la cortesía de llamar por teléfono al padre y a la madre de Nahim, para manifestarles su solidaridad ante esa lamentable tragedia familiar. Las ineficiencias de los hospitales públicos obligan a acudir a las clínicas privadas Este caso desnuda las deficiencias tradicionales de los servicios públicos de salud. En primera instancia los padres de Nahim lo llevaron de urgencia al hospital Nuestra Señora de La Altagracia de Higüey, un centro público que no pudo tomarle una radiografía y ni llamar a un médico ortopeda para esa emergencia. Esta precariedad pública es muy frecuente, revelando las carencias de la mayoría de los hospitales, incapaces de garantizar servicios tan esenciales. Una situación que revela la falta de garantía del derecho de las familias más pobres y vulnerables a recibir servicios adecuados de salud en el momento oportuno. Deficiencias que acentúan el gasto familiar de bolsillo y las preferencias por los servicios privados. El Lic. Francisco Aristy, pariente y abogado de la familia, se mostró satisfecho por la sentencia dictada por el magistrado Santiago Mata Upia y agradeció el apoyo de la directora de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), Carolina Serrata, durante el proceso. Es bueno saber que se ha hecho justicia en este caso tan triste y desgarrador, que inquietó a la población en general. Sin duda, es un mensaje positivo y alentador que debe llegar a todos los sectores. Nuestra Fundación se solidariza con la familia Aristy y felicita al licenciado Francisco Aristy por el triunfo resonante de la justicia dominicana. De todas maneras, queda en pendiente una solución equilibrada, en la cual los pacientes sean atendidos diligentemente y los centros de salud recuperen el costo de los servicios prestados, sin abusos y basados en la aplicación de los protocolos. Abrigamos la esperanza de que las autoridades presenten una solución sostenible para todos.