RAFAEL CHALJUB MEJÍA
En su incesante lucha por la salud pública y la seguridad social, el licenciado Arismendi Díaz Santana comenta en un artículo reciente, la condena de diez millones de pesos que se le impuso a la Clínica Doctor Perozo, de Higüey, por negarle asistencia médica y dejar morir al joven de 17 años Nahím Contreras Aristy, que había llegado accidentado, con lesiones de alta gravedad y de madrugada, pero no pudo depositar previamente los 23 mil pesos que le exigían como condición para atenderlo.
En violación grosera de la ley que obliga a todo centro médico a prestar las atenciones indispensables a todo paciente que la requiera.
En transgresión salvaje a la ética profesional de aquel que estudió medicina y al momento de la graduación juró solemnemente poner la salud del paciente y el salvamento de la vida humana por encima de todo, del afán de lucro, de la ambición del dinero, del deseo inmoderado de enriquecerse con la venta de la atención médica.
La crisis y el deterioro nunca solucionado de los hospitales públicos empuja a la gente a los centros privados y miren ustedes como andan las cosas hasta el punto de que en algunos casos secuestran a los enfermos hasta que salden los costos del internamiento y según se ha denunciado más de una vez, secuestran los cadáveres hasta que los dolientes del difunto paguen el rescate correspondiente.
Vaya el saludo al tribunal que dictó esa sentencia. Ojalá sirva de lección y algunos médicos y algunos empresarios del negocio de la salud, entren en razón y se moderen.
Y que las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y similares, hagan conciencia de que la lucha contra atrocidades como la que mató al desafortunado Nahím, es un aspecto importante de su trabajo. Gracias, compañero Arismendi por hacerse eco de este caso y por darme motivo para sumarme a la denuncia y protestar con toda indignación.
