Libertad de prensa en jaque: Persio Maldonado advierte que nuevo Código Penal podría imponer penas de prisión por difamación e injuria
El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios alerta que artículos como el 208, que castiga con dos a cinco años de cárcel a quienes difamen a través de medios tradicionales o digitales, amenazan con generar autocensura y contradicen criterios previos del Tribunal Constitucional. Por: Brendalis Reyes SANTO DOMINGO. – El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, lanzó una severa advertencia sobre las implicaciones que el nuevo Código Penal, cuya vigencia está prevista para agosto próximo, tendría sobre el ejercicio del periodismo, la libertad de expresión y el derecho ciudadano a denunciar asuntos de interés público. En una intervención medida pero de hondo calado, Maldonado señaló que ciertas disposiciones del texto legal reintroducen figuras punibles que el país había dejado atrás por considerarlas lesivas a la democracia. El directivo concentró su inquietud en los artículos relativos a la difamación y la injuria, al advertir que la restitución de penas privativas de libertad para estos delitos —eliminadas en el pasado por mandato constitucional— podría sembrar el temor en redacciones, plataformas digitales y voces ciudadanas que denuncian actos de corrupción o irregularidades. “Una ley excesivamente severa no protege el honor; lo que hace es silenciar”, sentenció Maldonado durante un encuentro con periodistas. El artículo 208 del nuevo cuerpo normativo contempla sanciones de dos a cinco años de prisión, además de multas económicas, para quienes resulten culpables de difamación cometida a través de medios de comunicación tradicionales, plataformas digitales, redes sociales u otros soportes electrónicos. A juicio de Maldonado, esta disposición no solo resulta desproporcionada, sino que además entra en contradicción con criterios previamente establecidos por el Tribunal Constitucional dominicano, el cual en decisiones anteriores había suprimido la cárcel como castigo para estos casos al entender que afecta directamente el ejercicio de la libertad de expresión. “El efecto será la autocensura. El periodista pensará dos veces antes de investigar, y el ciudadano dudará antes de alzar la voz”, advirtió el también veterano comunicador, quien abogó por un modelo de sanciones centrado en la reparación del daño y no en la privación de libertad. Maldonado recordó que la prensa libre no es un privilegio, sino un pilar del Estado de derecho, y que poner en riesgo su función fiscalizadora —en un país donde la corrupción y el manejo opaco de lo público siguen siendo asignaturas pendientes— equivale a debilitar la propia democracia. A solo meses de que entre en vigor la nueva legislación penal, el debate nacional se intensifica. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión, colegios de periodistas y universidades han comenzado a sumar sus voces a la de Maldonado, exigiendo una revisión profunda de los artículos que limitan derechos fundamentales. Mientras tanto, el Congreso y el Poder Ejecutivo guardan silencio, y el país observa con cautela si el nuevo Código Penal será una herramienta de justicia o, por el contrario, una espada sobre la cabeza de quienes se atreven a contar la verdad.
Una nueva legislación de prensa
VISIÓN GLOBAL Uno de los temas más controvertidos y generadores de desencuentros fundamentales en cualquier sociedad tiene que ver con el abordaje de reformas a la legislación sobre el ejercicio de la libertad de prensa, de información, de expresión y difusión del pensamiento en todas sus vertientes. En los países donde se ha avanzado en la estructuración de mecanismos regulatorios ha sido posible por la vía del consenso en las sociedades democráticas, o mediante la imposición en las dictaduras. En el primer caso se ha logrado una ampliación de esos derechos individuales y colectivos, pero en el entendido de que estos tienen que ser sometidos a cierto orden. Las dictaduras, por su parte, han impuesto reformas encaminadas a un mayor control de los medios, la información y la opinión, vistos siempre como adversarios o enemigos del estatus quo. Lo referido anteriormente viene a propósito de la aproximación de un amplio debate, luego de que el Ejecutivo sometiera al Legislativo un proyecto que pretende generar un marco regulatorio de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, tomando en cuenta que la ley que rige esta cuestión—la 6132—data de los años 60 del siglo pasado, absolutamente obsoleta y carente de funcionalidad efectiva en las actuales circunstancias. Hay que resaltar que cuando esa disposición se adoptó, en el mundo solo operaban los medios impresos—periódicos y revistas, fundamentalmente—y los limitados electrónicos representados en la radio y la televisión, esta última para entonces todavía en pañales. Entrado el siglo actual existe una diversidad de vías de información, algunas derivadas en demasiados casos hacia la desinformación, el contenido tóxico, una pelea constante por sobresalir, enseñar las bajas pasiones, en fin, un ecosistema que conspira contra su virtualidad orientadora y constructiva, y se adhiere a lo peor. En ese marco surge el proyecto que recoge el interés de someter el desenfreno, sin pretender incurrir en censura previa, pues en caso de ocurrir esto, la inmensa mayoría de quienes hacemos opinión y servimos información con una visión constructiva de la sociedad, no lo permitiremos. Sin embargo, el enorme desierto legal y de obligaciones en el que operan algunos canales para la emisión del pensamiento, en especial las redes sociales, amerita de alguna regulación mínima, que inclusive irá en beneficio de quienes manejan con responsabilidad esas vías de comunicación. La existencia de ese océano regulatorio es lo que permite que cualquiera falto de oficio se despache a sus anchas desde una plataforma virtual arrojando lodo sobre la reputación ajena, sin temor a que el agraviado pueda procurar en justicia la reparación de su honra afectada. Insistimos en que, a quienes explotan las redes sociales y plataformas con sentido de responsabilidad, les conviene cierta limpieza del espectro, pues la buena imagen de este mecanismo de información es beneficioso para todos. Decir estas cosas nos expone a una lluvia de improperios, precisamente de quienes carecen de algo útil que aportar a la sociedad y solo saben insultar al no tener argumentos sólidos para debatir en el terreno de las ideas y la confrontación sana. Nelsonencar10@gmail.com